Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 80907
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.80.907 "SANTOLIQUIDO JORGE LUIS C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA. EMPL. PUBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I.1. Conforme se desprende de las constancias acompañadas y de las que se encuentran disponibles para su consulta en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) de esta Suprema Corte, el señor Jorge Luis Santoliquido promovió demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a fin de que, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamenario 149/10, se le reconozca su derecho al reajuste del subsidio previsto en el art. 1 de la ley 13.985, por todo el tiempo que duró su incapacidad laboral (8-IX-2023 - 8-X-2024), conforme el salario que por todo concepto percibe un Teniente Primero (E.G.) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con 22 años de antigüedad. Adujo que la aludida reglamentación restringe el monto del subsidio previsto en la ley 13.985, contraviniendo expresamente sus disposiciones e infringiendo, de ese modo, los arts. 144 inc. 2 de la Constitución provincial y 31 de la Carta nacional (v. presents. electr. de 9-V-2025 y 31-VII-2025).
I.2. Corrido el traslado de ley, se presentó Fiscalía de Estado y opuso excepción previa de inadmisibilidad parcial de la pretensión, en los términos del art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en la falta de caso o controversia que habilite la vía judicial (v. present. electr. de 3-IX-2025).
Adujo que el actor intenta judicializar en forma simultánea planteos que deben tratarse en forma sucesiva, por depender de trámites propios. Entendió que a lo único que debe ceñirse la demanda en traslado es a la discusión vinculada al reconocimiento del período durante el cual duró su incapacidad laboral, deviniendo a su vez una cuestión prejudicial de la que depende todo análisis ulterior (autónomo) sobre temas sucesivos (subsidio, reajustes, aumento de haberes, etc.), en relación a los cuales todavía no existe caso o controversia (ni puede suponerse que exista uno implícito por el debate suscitado), porque en relación a ellos no se generó ningún planteo en sede administrativa que haya sido rechazado.
Agregó que no obsta a lo expuesto el hecho de que el demandante haya pedido la declaración de inconstitucionalidad de las normas que determinan el cálculo del subsidio, desde que el planteo se introduce sin haberse determinado siquiera si corresponde ampliar el período de reconocimiento del subsidio, retroactivos, etc.
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial La Plata desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por Fiscalía de Estado y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda (conf. art. 36, inc. 1, CCA; v. resol. de 29-X-2025).
Para así decidir, consideró que de las constancias de autos no surge la existencia de planteos sucesivos que tornen inadmisible la pretensión deducida.
Señaló que el reconocimiento del derecho al cobro del subsidio en los términos peticionados -esto es, en un monto equivalente al que percibe por todo concepto un Teniente Primero (E.G) de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, con 22 años de antigüedad- constituye una consecuencia directa de la nulidad del acto administrativo impugnado, cuya procedencia requiere únicamente, como cuestión previa, la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 149/10. En ese marco, destacó que tal petición es materia exclusiva y privativa del Poder Judicial.
Concluyó que en el caso, se está ante una pretensión anulatoria con reconocimientos de derechos, promovida en tiempo y forma, sin configurarse planteos sucesivos ni supuestos que autoricen a tenerla por inadmisible, al menos en lo que respecta a la etapa de análisis sobre la admisibilidad formal de la acción, sin que ello implique emitir jurídico de valor alguno sobre el fondo de la cuestión.
I.4. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fue materia de agravio, con costas de la instancia a la demandada vencida (arts. 35 inc.1 "i", 51 inc. 1, 55, 56 y concs. CCA; v. resol. de 10-III-2026).
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electr. de 30-III-2026), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. de fecha 21-IV-2026), motivó la presente queja (v. presentación de fecha 30-IV-2026).
III.1. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.472, "Luis Serrano", resol. de 23-XI-2016; Q. 75.004, "Burzi", resol. de 13-XII-2017; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 77.290, "Colman", resol. de 22-IX-2021; Q. 78.954, "Moliendas Del Sur SA", resol. de 8-XI-2023, e.o.).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución de primera instancia que, a su turno, desestimó la excepción de inadmisibilidad parcial de la pretensión intentada por la demandada y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto (conf. causas Q. 79.089, "Lucero", resol. de 6-V-2024; Q. 79.138, "Serafini", resol. de 26-VI-2024; Q. 79.178, "Nieva" y Q. 79.186, "Bordon", resols. de 11-VII-2024; Q. 79.098, "Ribas", resol. de 28-VIII-2024; Q. 79.571, "Alcon", resol. de 21-X-2024; Q. 79.687, "Gorosito", resol. de 30-XII-2024; Q. 79.909, "Bustos", resol. de 4-VI-2025; Q. 79.787, "Altamiranda", resol. de 11-IV-2025; Q. 80.009, "Clavijo", resol. de 27-VIII-2025 y Q. 80.175, "Gimenez", resol. de 18-IX-2025; e.o).
III.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III.3. Con respecto a la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su presencia en este caso- no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129 "Carrete", resol. de 13-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:10:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2026 15:25:18 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:44:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:18:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:11 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:39 hs. bajo el número RR-664-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia