Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 81029
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.81.029 "MAGALLANES JULIO EDUARDO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA. EMPL. PUBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I.1. Conforme surge de las constancias acompañadas y de aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte, en lo que aquí interesa, el señor Julio Eduardo Magallanes promovió demanda contencioso administrativa pretendiendo la anulación de la RESO-2020-703-GDEBA-MSGP, por la cual el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires encuadró dentro de las previsiones del art. 339 del anexo del decreto reglamentario 1050/09, las lesiones que aquel sufriera el 17-VI-2012.
Asimismo, al ampliar la demanda, pretendió la anulación de la RESO-2025-227-GDEBA-MSGP, que rechazó el pedido de revisión (conf. art. 118, LPA) que intentara contra la citada resolución 2020-703.
A partir de las referidas anulaciones, solicitó la modificación de la calificación legal del infortunio, que entiende debería ser determinada en los términos de los arts. 51 de la ley 13.982 y 338 del decreto reglamentario 1050/09.
En consecuencia, pidió el reconocimiento de su derecho a percibir el subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985, desde el 17-VI-2012 y hasta el momento de su retiro. Para ello planteó la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 del decreto 149/10, en tanto establecen que para percibir dicho beneficio la incapacidad debe ser igual o superior al 50%.
Asimismo, requirió que dichas mensualidades sean equivalentes a lo que por todo concepto, y a valores actuales, perciba un Teniente Primero del Subescalafón General de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Solicitó que, para ello, deberá declararse la inconstitucionalidad del art. 3 del mencionado decreto reglamentario (v. presents. electrs. de 4-VII-2023 y 2-VI-2025).
I.2. Una vez sustanciada la acción, la demandada interpuso excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión, en los términos del art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo. Por un lado, planteó la caducidad de la acción por la firmeza de la resolución que calificó las lesiones y, eventualmente, formuló la falta de caso o controversia que habilite la vía judicial respecto a las pretensiones restantes (v. present. electr. de 4-VII-2025).
I.2.a. Señaló que la parte actora directamente se dedicó a cuestionar la calificación de las lesiones padecidas el 17-VI-2012, realizada por RESO-2020-703-GDEBA-MSGP, decisión que ha llegado firme a esta instancia como lo prueba el recurso de revisión interpuesto casi cuatro años después de notificado el acto que cuestiona, remedio que fue rechazado mediante RESO 2025-227, también impugnada en la demanda.
Sostuvo que de los escritos postulatorios se advierte que no se ha impugnado debidamente el acto que rechazó el pedido de revisión (res. 227 cit.) y tampoco la parte actora aportó ninguna novedad para admitirlo (art. 118, dec. ley 7647/77).
En esas condiciones, adujo que el acto enjuiciado, que serviría de basamento a todas las demás pretensiones (res. 703/2020, que califica las lesiones) se encuentra firme, por haber transcurrido el plazo previsto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo. Ello, dado que entre la fecha en que el interesado tomó conocimiento del acto que pretende impugnar (res. 703, cit.), notificado el 23-IX-2020 y la interposición de la demanda, el 4-VII-2023, ha transcurrido con holgura el plazo de 90 días fijado al efecto por el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
I.2.b. Con carácter subsidiario planteó la falta de caso, por entender que la pretensión intentada solamente podría ceñirse a analizar la legitimidad de la resolución 227/25, que rechaza la revisión interpuesta contra la resolución 703/2020, dentro de los límites habilitados por la normativa aplicable y no el pedido de reconocimiento del pago del subsidio contemplado en la ley 13.985, lo cual resulta prematuro e improcedente.
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar a la excepción planteada por Fiscalía de Estado en los términos del art. 35 ap. 1 inc. i) del Código Contencioso Administrativo y, en consecuencia, declaró inadmisible la pretensión articulada por la parte actora, tornando inoficioso el tratamiento de los demás planteos (arts. 18 inc. 1; 20 inc. 1, ap. "a"; 35 inc. 1, ap'. "i"; 36, inc. 2, ap. "c" in fine y concs., CCA; v. resol. de 11-XI-2025).
Centró la cuestión litigiosa en decidir si procede o no la excepción opuesta por la demandada, respecto del acto firme (reso. 702, cit.) y del vencimiento del plazo de caducidad para accionar previsto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo.
Refirió que de las manifestaciones vertidas en el escrito postulatorio y su ampliación, así como también de las actuaciones administrativas acompañadas por el organismo demandando, surge que el Ministro de Seguridad dictó con fecha 20-VII-2020 la resolución 2020-703-GDEBA-MSGP que declaró las lesiones padecidas por el actor en fecha 17-VI-2012 encuadradas en el art. 332 del decreto 1050/09 y que dicho acto fue notificado al actor el día 23-IX-2020 y no fue impugnado.
Agregó que, con posterioridad, en mayo de 2024 el actor interpuso recurso de revisión el cual le fue denegado mediante resolución 2025-227-GDEBA-MSGP, dictada el día 12-II-2025, en la que indica que no resulta viable rever los actos administrativos a más de dos años de haber adquirido firmeza y que, asimismo, en el caso particular de autos tampoco se advierte la configuración de alguno de los supuestos que prevé el art. 118 del decreto ley 7647/70, para la procedencia de la revisión del acto cuestionado. Señaló que dicha resolución fue notificada al actor el día 21-II-2025 ante lo cual, amplió la demanda y peticionó en autos la nulidad de ambas resoluciones.
De lo expuesto, consideró que la resolución 2020-703 que calificó las lesiones, había adquirido firmeza debido a que ha sido consentida por el interesado, quedando de esa manera agotada la vía administrativa.
Entendió que la resolución 2025-227 dictada en fecha 12-II-2025, desestimatoria del recurso de revisión incoado por el actor, resulta ser un acto vinculado al anterior, y del modo en que fue planteado y resuelto, no modifica el hecho de la caducidad — rectius , firmeza— del acto primigenio.
Por último, respecto a la excepción de falta de caso interpuesta en forma subsidiaria por Fiscalía de Estado, a mérito de la solución que propone, consideró que devenía inoficioso su tratamiento.
I.4. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación articulado por la parte actora y, en consecuencia, ordenó la continuación del proceso en torno a la verificación de los recaudos exigidos por el art. 118 del decreto ley 7647/70, con respecto de la resolución 2025-227-GDEBA-MSGP.
Para así decidir, señaló que en lo que respecta a la resolución 2020-703-GDEBA-MSGP, se encuentra debidamente acreditado en autos que el plazo de caducidad establecido en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo estaba agotado al momento de interposición de la demanda.
No obstante ello, consideró que, en lo que concierne a la resolución 2025-227-GDEBA-MSGP, mediante la cual el Ministro de Seguridad rechazó el recurso de revisión interpuesto, corresponde desestimar la excepción opuesta.
Indicó que dicho acto fue impugnado judicialmente en término, es decir, cuando aún no habían transcurrido los noventa días hábiles requeridos por el art. 18 del Código Contencioso Administrativo. Explicó que el acto fue notificado el 21-II-2025 y la ampliación de la demanda solicitando su anulación fue presentada el 2-VI-2025.
Entendió que la citada resolución es, en principio, impugnable por la acción promovida en este proceso, con la particularidad de que queda limitada a la verificación de los recaudos exigidos por la normativa (art. 118, dec. ley 7.647/70) para su procedencia, quedando vedado entonces —más aún en esta etapa del proceso— el análisis de la totalidad de las cuestiones debatidas en el acto originario, puesto que de no ser así, los actos se encontrarían sujetos a revisión sin límite temporal.
Concluyó que corresponde acoger la impugnación parcialmente, en sentido favorable a la admisibilidad de la vía judicial respecto del acto que rechazó la revisión y hacer lugar al planteo de caducidad dirigido a cuestionar directamente en esta instancia aquel que calificó las lesiones.
Por último, para el supuesto de que se llegare a modificar la decisión con relación a las lesiones sufridas, esto es, si se configurasen los presupuestos de procedencia de dicha petición, entendió que corresponderá estar a la admisibilidad del avance de las pretensiones concatenadas de la demandante que atienden, en definitiva, al reconocimiento de un único derecho, consistente en la percepción de un beneficio.
Disconforme con dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. electr. de fecha 10-IV-2026), el que denegado —con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado— (v. resol. de fecha 19-V-2026), motivó la presente queja (v. presentación de fecha 1-VI-2026).
III.1. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.472, "Luis Serrano", resol. de 23-XI-2016; Q. 75.004, "Burzi", resol. de 13-XII-2017; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 77.290, "Colman", resol. de 22-IX-2021; Q. 78.954, "Moliendas Del Sur SA", resol. de 8-XI-2023, e.o.).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada, al hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, ordenó que el proceso continúe en torno a la verificación de los recaudos exigidos por el art. 118 del decreto ley 7.647/70, respecto de la resolución 2025-227-GDEBA-MSGP y, sólo ante la eventualidad de la modificación de la decisión respecto a la calificación de las lesiones, cabría estar a la admisibilidad del avance de las pretensiones concatenadas planteadas por el actor.
Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto (conf. causas Q. 79.089, "Lucero", resol. de 6-V-2024; Q. 79.138, "Serafini", resol. de 26-VI-2024; Q. 79.178, "Nieva" y Q. 79.186, "Bordon", resols. de 11-VII-2024; Q. 79.098, "Ribas", resol. de 28-VIII-2024; Q. 79.571, "Alcon", resol. de 21-X-2024; Q. 79.687, "Gorosito", resol. de 30-XII-2024; Q. 79.909, "Bustos", resol. de 4-VI-2025; Q. 79.787, "Altamiranda", resol. de 11-IV-2025; Q. 80.009, "Clavijo", resol. de 27-VIII-2025 y Q. 80.175, "Gimenez", resol. de 18-IX-2025; e.o).
III.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III.3. Por último, es útil señalar que no resulta aplicable la doctrina emergente del precedente sentado en la causa Q. 70.902, "Quinteros", resolución de 17-VII-2014 —invocado por la recurrente—, toda vez que alude a presupuestos fácticos distintos a los de autos (conf. causas A. 74.038, "José J. Chediack SA", sent. de 9-V-2018; Q. 77.941, "Aguirre", resol. de 30-VI-2022 y Q. 77.491, "Taravilse", resol. de 18-IX-2023, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2026 11:58:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2026 10:20:16 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 13:40:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2026 11:08:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2026 11:53:44 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2026 11:58:50 hs. bajo el número RR-741-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia