Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 80958
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Q.80.958 "SALAZAR NAHUEL SEBASTIAN C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA. EMPL. PUBLICO - QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas y de aquellas disponibles en el portal de la Mesa de Entradas -MEV- de esta Suprema Corte, el señor Nahuel Sebastián Salazar promovió demanda contencioso administrativa pretendiendo la anulación de la resolución 2024-3036-GDEBA-MSGP, por la cual el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires encuadró dentro de las previsiones del art. 339 del Anexo del decreto 1050, reglamentario de la ley 13.982, las lesiones que sufrió. A partir de esa anulación solicitó la modificación de dicha calificación por "en acto de servicio", de conformidad con el art. 51 de la ley mencionada y, en consecuencia, el reconocimiento y condena a la demandada al pago retroactivo de las sumas mensuales correspondientes al subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985, devengadas desde 25-V-2017 hasta el momento de su retiro. Planteó que, para ello, deberá declararse la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10, en tanto condiciona el subsidio a la suma equivalente al sueldo básico con más la bonificación remunerativa y no bonificable fijados para el grado de Teniente Primero del Subescalafón General. Asimismo, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 inc. "b" del aludido reglamento, en cuanto disponen que aquellos efectivos que hayan perdido de manera definitiva la capacidad para realizar tareas operativas deberán contar con una incapacidad igual o superior al 50 % para recibir ese beneficio (v. presents electr. de 18-III-2025 y 6-VIII-2025.
I.2. Una vez sustanciada la acción, la demandada interpuso excepción previa de inadmisibilidad parcial de la pretensión, en los términos del art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en la falta de caso o controversia que habilite la vía judicial (v. present. electr. de 29-VIII-2025).
Adujo que el actor, a través de su demanda reclama a la jurisdicción el reconocimiento de un derecho (subsidio, ley 13.885), que no ha sido debatido y/o denegado por parte de la Administración.
Señaló que de las actuaciones administrativas surgía que después de que la autoridad demandada reconociera que las lesiones del señor Salazar fueron enmarcadas dentro de la previsión del art. 339, la contraria dio por generada una controversia inexistente y acudió directamente a juicio.
Destacó que el necesario respeto de la competencia prioritaria de la Administración en el tema, no sólo se justifica para permitir el ejercicio de las incumbencias gubernativas que tiene asignado el ejecutivo en la materia, sino también para evaluar las condiciones de procedencia del reclamo, para tener la oportunidad de satisfacerlo extrajudicialmente en su instancia (sin cargar con los mayores costos de un proceso), para dar las eventuales razones que pudieran oponerse al otorgamiento, generando una instancia previa de resolución del punto, con virtual descongestión del servicio de justicia, para permitir que sólo lleguen a juicio los conflictos madurados, con información suficiente como para facilitar la tarea de debate en el proceso.
I.3. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial La Plata desestimó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por Fiscalía de Estado y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda (conf. art. 36, inc. 1, CCA; v. resol. de 11-XI-2025).
I.4. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fue materia de agravio, con costas de la instancia a la demandada vencida (arts. 35 inc.1 "i", 51 inc. 1, 55, 56 y concs. CCA; v. resol. de 26-III-2026).
Para así decidir, sostuvo que la línea de la queja de la demandada se endereza a sostener el desdoblamiento de todo lo pretendido por el señor Salazar, al plantear que el actor debe promover la pretensión anulatoria de manera autónoma, como carril previo y requisito sine qua non para acceder luego a la revisión judicial tendiente a analizar la procedencia del beneficio reclamado (condicionado a la previa declaración de inconstitucionalidad de las normas que lo limitan).
Entendió que, frente a la complejidad que presenta la determinación de la naturaleza jurídica de las posibles heridas sufridas con motivo o en ocasión de servicio y las consecuencias jurídicas que de ellas se derivan (subsidios e indemnizaciones regulados bajo regímenes distintos), la decisión sobre la conveniencia respecto del avance de la acción debe abrevar en las reglas hermenéuticas constitucionales. De ese modo se inclinó a favor del acceso a la jurisdicción y la garantía de la tutela judicial efectiva (arts. 15 y 166, Const. prov. y 8 y 25, CADH), máxime cuando el eventual avance de la pretensión relacionada con el alcance del subsidio peticionado requerirá expedirse sobre la constitucionalidad de la normativa involucrada (arg. art. 14.1.b, CCA), tarea que es privativa del Poder Judicial.
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. resol. adj. de 21-IV-2026), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. resol. adj. de fecha 5-V-2026), motivó la presente queja (v. presentación de fecha 13-V-2026).
III.1. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 74.472, "Luis Serrano", resol. de 23-XI-2016; Q. 75.004, "Burzi", resol. de 13-XII-2017; Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 77.290, "Colman", resol. de 22-IX-2021; Q. 78.954, "Moliendas Del Sur SA", resol. de 8-XI-2023, e.o.).
En este supuesto, el Tribunal de Alzada confirmó la resolución de primera instancia que, a su turno, desestimó la excepción de inadmisibilidad parcial de la pretensión intentada por la demandada y ordenó reanudar el plazo para contestar la demanda. Así, en tanto no se advierte la presencia de alguna circunstancia que, por excepción, permita concluir lo contrario, la sentencia impugnada no produce el aludido efecto (conf. causas Q. 79.089, "Lucero", resol. de 6-V-2024; Q. 79.138, "Serafini", resol. de 26-VI-2024; Q. 79.178, "Nieva" y Q. 79.186, "Bordon", resols. de 11-VII-2024; Q. 79.098, "Ribas", resol. de 28-VIII-2024; Q. 79.571, "Alcon", resol. de 21-X-2024; Q. 79.687, "Gorosito", resol. de 30-XII-2024; Q. 79.909, "Bustos", resol. de 4-VI-2025; Q. 79.787, "Altamiranda", resol. de 11-IV-2025; Q. 80.009, "Clavijo", resol. de 27-VIII-2025 y Q. 80.175, "Gimenez", resol. de 18-IX-2025; e.o).
III.2. La regla general aludida no aparece conmovida, en el presente, por la invocación de precedentes alusivos a la existencia de "gravedad institucional".
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a su invocada existencia si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 78.617, "Gomez", resol. de 7-IX-2023; Q. 78.402, "Barrio", resol. de 4-X-2023; A. 78.731, "Luna", resol. de 11-X-2023; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III.3. Con respecto a la denuncia de existencia de cuestiones federales -más allá de destacar que no se aprecia su presencia en este caso- no obsta a la solución adoptada, en tanto las normas procesales que establecen que los recursos extraordinarios locales solo proceden contra las sentencias definitivas, no importan restricción alguna a las posibilidades de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida en que el recurso federal también procede únicamente contra dicha clase de providencias (doctr. CSJN in re "Strada" y "Di Mascio"; Q. 74.702, "Scarimbolo", resol. de 10-V-2017; Q. 75.688, "Tolosa Paz", resol. de 13-III-2019; Q. 76.618, "Fisco de la Provincia de Buenos c/ Medina", resol. de 19-III-2021; Q. 78.129 "Carrete", resol. de 13-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068). Con costas (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2026 11:58:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2026 10:19:53 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 13:40:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2026 11:08:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2026 11:53:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2026 11:58:36 hs. bajo el número RR-730-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia