Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75105
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.105 "BERRA EDUARDO OSCAR Y OTRO/AC/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/PRETENSION ANULATORIA - EMPLEO PUBLICO (344) -RECURSO EXTRAORD. INAPLICABILIDAD DE LEY-"
La Plata, 21 de agosto de 2019.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación articulado por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que a su turno- desestimó la demanda contencioso administrativa promovida por el señor Eduardo Oscar Berra y la señora Susana Esther Ortega contra el Ministerio de Seguridad provincial, mediante la cual pretendieron la nulidad de la resolución 6.334/08 -y su confirmatoria 3.190/09-, por cuyo medio se impuso a los accionantes la sanción de exoneración de las fuerzas de seguridad, por considerarlos responsables de la falta prevista en el art. 118 inc. "a" y "h" del decreto 3.326/04, al haber denunciado un domicilio falso para percibir indebidamente el beneficio de zona desfavorable, contemplado en la ley 10.323.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada efectuó las siguientes consideraciones:
Liminarmente, señaló que los agravios expresados no constituían una réplica idónea para quebrar la línea lógica seguida en la sentencia, pues resultaban un mero descontento que no cumplía con la carga técnica requerida para los recursos ordinarios (arts. 260 y 261, CPCC).
No obstante, ponderó cumplido el debido proceso en la resolución sumarial cuestionada, en tanto dio cuenta de los términos de la defensa y se explayó sobre los hechos imputados.
En este sentido, destacó la prueba valorada por el Auditor a cargo del trámite administrativo -por la cual constató que los actores no residían en el domicilio que consignaron para percibir un adicional salarial- y puntualizó que el agravio referido a la desestimación parcial de la prueba carecía de entidad para informar la alegada violación del derecho de defensa, siendo que la autoridad administrativa no está obligada a proveer todo cuanto se le proponga, sino sólo la conducente a la elucidación de los hechos. Asimismo, ponderó que la sede judicial les permitió desplegar toda la prueba que consideraran pertinente, lo cual saneaba cualquier carencia en este aspecto, advirtiendo que los actores desistieron de varias pruebas ofrecidas en la demanda.
Por otra parte, descartó el planteo basado en el archivo de las actuaciones penales, al considerar que no se trató de una absolución o de un sobreseimiento que pudiera comprometer la justificación de la existencia de la materialidad del hecho.
Finalmente, señaló que encontrándose a cargo de los actores la prueba de las circunstancias en las que sostenían la invalidez del acto administrativo de sanción expulsiva -esto es, el asiento real del domicilio que los actores predicaran para el cobro del adicional salarial-, la falta de sufragio de ese deber procesal dejó sin consistencia el reclamo impetrado.
II. Contra tal pronunciamiento, ambos actores dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 323/330 vta.), el que fue concedido a fs. 334/335.
En su presentación alegan que la decisión atacada resulta violatoria del art. 18, 19 de la Constitución nacional; art. 15 de la Carta local; arts. 163 inc. 5, 362 y 384, del CPCC. Asimismo, denuncian absurdo en la valoración de la prueba y violación de la doctrina legal que citan.
Básicamente, insisten en reprochar a los sentenciantes haber efectuado una errónea valoración de las constancias de la causa al potenciar indebidamente la prueba de cargo, desconociendo el principio de presunción de inocencia del derecho administrativo sancionador, y omitir infundadamente ponderar la prueba ofrecida por su parte -fundamentalmente la testimonial-, que daría cuenta de la ubicación efectiva de su domicilio. Denuncia que ello, significó adoptar una decisión irrazonable y arbitraria, es decir, llevó al dictado de una sentencia absurda.
III. El recurso intentado ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
III. 1. Liminarmente, debe señalarse que de la lectura del escrito recursivo emerge que la queja esgrimida no ataca los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para rechazar la apelación interpuesta.
En este sentido, se advierte que el primer fundamento expuesto por el a quo para confirmar la sentencia de primera instancia, se asentó en la inconsistencia de la impugnación de los recurrentes, en tanto la pieza recursiva adoleció de la crítica a los fundamentos centrales del fallo de primera instancia (arts. 260 y 261, CPCC).
Así, la Cámara puntualizó que "...los agravios expresados no constituyen una réplica idónea para quebrar la línea lógica seguida en la sentencia pronunciada, pues ofrecen un mero descontento que no alcanza a sufragar la carga de refutación que es inherente a la técnica de los recursos ordinarios...". (fs. 313 vta.).
Ello imponía, como carga de los recurrentes, desbaratar esta parcela del decisorio acreditando que su pieza recursiva sí cumplía con las mandas legales impuestas por la ley procesal y que, consecuentemente, el Tribunal incurrió en un yerro al sostener que su apelación no constituía una crítica concreta y razonada de la sentencia de origen.
Desde esta óptica no resulta ocioso destacar que, este Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que, la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena en principio al conocimiento de esta Corte y susceptible de ser revisada sólo mediante denuncia y demostración de absurdo (doctr. causas A. 71.276, "González", sent. de 20-XI-2013; A. 71.487, "Bonicalzi", sent. de 3-IV-2014; A. 74.894, "Baez", sent. de 11-IV-2018; e.o).
Este vicio se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa, no quedando demostrado con la mera exhibición de un criterio discordante por parte del recurrente (doctr. causas A. 70.569, "Bottaro", sent. de 26-IX-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 70.978, "Magadan", sent. de 8-V-2019; e.o.).
Bajo tales premisas, la crítica resulta inhábil para demostrar su configuración, desde que los impugnantes, sin invocarlo, se limitan a expresar ante esta Suprema Corte argumentos meramente discrepantes, omitiendo toda crítica respecto del razonamiento actuado por la Cámara interviniente.
Lo expuesto sella irremediablemente la suerte adversa del recurso.
IV. Sin perjuicio de la aludida deficiencia, que constituye un valladar para el progreso de la protesta traída a esta sede, cabe abundar que tampoco en el sub lite la parte actora ha demostrado algún vicio casatorio que justifique revertir lo fallado por los jueces de grado en el marco de su competencia, habida cuenta que lo que se plantea como absurdo, violación a la ley y doctrina legal, no pasa de ser en rigor- una mera disconformidad de los impugnantes con el sentido de lo resuelto, circunstancia que no alcanza para tener por cumplidas las cargas técnicas que supone el tránsito por ante esta Suprema Corte.
En este sentido cabe señalar que:
IV.1. Las cuestiones de hecho y prueba por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvedad hecha del supuesto excepcional de absurdo (doctr. causa A. 74.126, "Martínez", sent. de 27-III-2019).
Los impugnantes, si bien denuncian la existencia del vicio de absurdo, luego se limitan a reiterar planteos esgrimidos desde el inicio de la causa -tales como insistir en alegar la errónea valoración de las constancias de autos y denunciar la falta de ponderación de la prueba ofrecida por su parte -fundamentalmente la testimonial-, que daría cuenta de la ubicación efectiva de su domicilio. Más en ese derrotero, omiten atacar cada uno de los elementos que tuvo en cuenta la Cámara para llegar a la conclusión desfavorable a su interés, como así también, los fundamentos por los cuales los sentenciantes restaron eficacia probatoria a la prueba testimonial, soslayando -de este modo- acometer una réplica integral que ponga en evidencia la existencia de absurdo en la valoración de los elementos probatorios examinados, como respecto de las conclusiones fácticas que sobre su base fueron delineadas. Sus críticas resultan -en rigor- una mera discrepancia que, como es sabido, no constituye per se base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía queda conformada sólo cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en lo decidido por el sentenciante (conf. doctr. causas C. 98.961, "Gasparoni", sent. de 18-V-2011; C. 117.063, "Gabutti", sent. de 30-X-2013, e.o.).
Por lo demás, cabe destacar que, la selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde, es facultad propia de los jueces de grado -potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas- y no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro (conf. doctr. causa A. 74.126, "Martínez", sent. de 27-III-2019).
Asimismo, sabido es que la invocación aislada de determinados medios de prueba, carece de virtualidad para invalidar un análisis en el que ha primado la consideración integral de los elementos colectados en la causa, cuya valoración de manera conjunta e interrelacionada, constituye un método que aleja la posibilidad de vislumbrar en la labor del judicante la presencia del citado vicio invalidante (doctr. causa A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018).
Lo expuesto es suficiente para desestimar esta parcela del intento recursivo.
IV.2. La misma suerte adversa se impone para la invocada violación de principios y normas constitucionales y legales, por cuanto no se acredita de qué manera el resolutorio colisiona con los derechos y garantías emergentes de esos preceptos que se dicen infringidos, tarea a cargo de los agraviantes -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (doctr. causas A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017; A 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017, e.o.).
IV.3. Finalmente, tampoco es de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal de este Tribunal que los recurrentes intentan fundar con la trascripción de sumarios jurisprudenciales provenientes de fallos de esta Suprema Corte que recayeron en causas con distinta plataforma fáctica a la que conforma el caso sub examine (doctr. causa A. 73.665, "Andreoli", sent. de 14-II-2018, e.o.).
Conforme tiene dicho esta Corte, para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. causa A. 73.515, "Katz Jora", sent. de 13-IX-2017, e.o.).
Por lo demás, la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doctr. causa A. 73.332, "Tevéz", sent. de 15-VIII-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ko-Pe-To
Reg. Nº 391
Fin de la sentencia