Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76567
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.76.567 “PEÑA JUAN JOSE C/ MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO - RECURSO EXRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani, Torres y de Lázzari dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la demanda deducida por el señor Juan José Peña contra la Municipalidad de Tres Arroyos por la que se persigue la anulación del decreto 2319 de fecha 2-XII-2016, mediante el cual el señor Intendente Municipal dispuso la cesantía del actor con sustento en los arts. 62 inc. d) y 64 incs. 2, 3, 4, 5 y 10 de la ley 11.757, al tiempo que reclama su reincorporación al cargo que desempeñaba a la fecha del cese y la condena a la accionada al pago de los salarios caídos con más sus accesorios y el reconocimiento de una suma en concepto de daño moral.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada adelantó que el recurso articulado por la accionada no lograba superar el umbral de la suficiencia que exigen las normas de rito.
Señaló que el señor magistrado de grado había anulado el decreto cuestionado, al considerar que la inobservancia del recaudo exigido en el art. 77 de la ley 11.757, al decidirse una sanción expulsiva, constituía un vicio grave del procedimiento insusceptible de ser saneado con el dictamen emitido por el Instructor sumariante en los términos del art. 75 del citado Estatuto.
Puntualizó que el apoderado municipal, procuró justificar tal omisión alegando que el juzgador de origen había incurrido en un exceso de rigor formal al considerar incumplido el citado precepto, en tanto no existe norma alguna en la ley de empleo municipal que vede la intervención del Asesor Letrado del Municipio en el doble carácter de instructor sumariante y órgano de asesoramiento jurídico.
Advirtió la Cámara interviniente que el apelante desatendió los datos relevantes que surgían de las actuaciones administrativas, que habían sido puntualmente consideradas por el magistrado para arribar a la solución propiciada, y de ese modo, prescindió de controvertir el razonamiento formulado en apoyo de tal conclusión.
Indicó a su vez que el municipio soslayó también, la actuación del Asesor Letrado en el procedimiento sumarial que culminó con la elaboración del informe al que atribuyó carácter de opinión fundada en los términos del art. 75 último párrafo de la ley 11.757, pues no consta en las actuaciones administrativas ninguna otra intervención previa al acto sancionatorio que dispuso la cesantía del actor.
Entendió entonces la a quo , al igual que el señor juez de primera instancia, que no surgían de las actuaciones elementos de convicción suficientes que permitieran siquiera presumir que se había dado cumplimiento con el dictamen contemplado en el art. 77 del citado Estatuto y a cuyo respecto el apelante se limitó a reiterar lo ya señalado al contestar la demanda acerca de la doble condición en la que intervino en el sumario administrativo -instructor y asesor legal- atento el carácter unipersonal de la Asesoría Letrada del Municipio.
A la vez expresó que con tal argumento el apelante no se hacía cargo del incumplimiento señalado por el magistrado en relación al requisito procedimental exigido por el ordenamiento jurídico aplicable como condición de validez de la decisión.
Añadió que los argumentos blandidos en el memorial no traducían sino el patente desenfoque incurrido por el apelante, lejos de constituir una crítica concreta y razonada encaminada a rebatir el pilar argumental del pronunciamiento que se controvertía, el cual además lucía suficientemente motivado para sustentar el resultado del pleito.
Para más agregó, que la intervención consultiva jurídica, imparcial e independiente del desarrollo sumarial, que debe emitir el órgano de asesoramiento jurídico municipal, cuya producción dispone el art. 77 mencionado constituye un requisito obligatorio como condición de validez del acto que disponga una sanción de naturaleza expulsiva. Se trata, en definitiva, de un mandato normativo expreso y específico cuya finalidad persigue asegurar el debido proceso adjetivo, la juridicidad de la actuación administrativa y salvaguardar los derechos que pudieran asistir al agente.
En ese sentido señaló que la inobservancia estructural detectada quebrantaba el derecho del actor a obtener una decisión emitida con la debida observancia de los recaudos técnicos y con ello excedía el plano meramente formal, deviniendo en un vicio grave lesivo de las garantías mínimas que caben exigir en esta clase de procedimientos.
Advirtió que mal podía el apelante pretender subsanar aquella omisión intentando asignarle al informe conclusivo de la etapa investigativa el carácter de dictamen jurídico obligatorio, amparado en el carácter unipersonal del órgano de asesoramiento jurídico municipal y en el doble rol en que actuó el Asesor Letrado en el procedimiento. Intervención, que a su vez, consideró la a quo , lejos estaba de reflejar la existencia de un análisis profundo y exhaustivo de la situación fáctica y jurídica investigada en el sumario seguido al actor, encuadrada en las normas vigentes al momento de los hechos y de los principios que los informaron, con el objeto de poner de manifiesto las conductas ajustadas a derecho y la transgresión en que habría incurrido el agente.
Expuso que dicho accionar tampoco denotaba el correcto ejercicio de la aludida función consultiva de tipo jurídica previa acto al acto administrativo, y cuya finalidad consiste en asegurar la juridicidad de la actuación del órgano estatal.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. sent. de fecha 26-V-2020).
II. Frente a ello, el municipio vencido, mediante presentación electrónica de fecha 12-VI-2020 a las 12:05:30 p.m., interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual reiterando argumentos ya expuestos en oportunidad de apelar, esgrime que el fallo atacado incurre en absurdo en tanto se han desinterpretado materialmente las pruebas reunidas al no haberse evaluado en forma íntegra el proceso sumarial y con ello la legalidad del acto administrativo que dispuso la cesantía del agente.
A su vez invoca violación de doctrina legal, agravio que posteriormente no desarrolla en forma acabada.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio respecto de la existencia y efectiva emisión por parte de la Administración del dictamen jurídico obligatorio cuya producción configura un requisito ineludible para el dictado del acto segregativo, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011, A. 73.960, cit. y A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018, entre otras).
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
IV. 3. Para más, no resulta ocioso destacar que, este Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que, la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena en principio al conocimiento de esta Corte y susceptible de ser revisada sólo mediante denuncia y demostración de absurdo, tarea que, como se refirió anteriormente no ha sido abastecida en la especie (doctr. causas A. 74.790, "Henarejos", resol. de 7-III-2019; A. 75.105, "Berro", resol. de 21-VIII-2019, entre otras). (A. 76.001, "Ruiz", resol. de 30-X-2019)
IV. 4. Por último se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 09:31:31 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:10:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 17:47:23 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 10:22:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 11:25:44 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia