Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77343
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289, in fine , CPCC).
A.77.343 “VARGA JUAN CARLOS C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I.1. Con fecha 27 de junio de 2019, la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial La Plata, hizo lugar a la demanda promovida y anuló la resolución 752/17, dictada el 21 de marzo de 2017. En consecuencia, ordenó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires reconocer al señor Juan Carlos Varga el otorgamiento del beneficio plasmado en el art. 1 de la ley 13.985 y su reglamentación, desde la fecha del accidente (3-IX-2009) y en adelante, de acuerdo con las pautas establecidas en dicha manda y de conformidad con la liquidación que a tal fin se practique en autos.
I.2. A su turno, el día 22 de diciembre de 2020, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad, rechazó el recurso de apelación deducido por la demandada y confirmó la sentencia cuestionada, con costas a la recurrente vencida.
Para así resolver, en lo que aquí interesa, hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte por la que se sostuvo que el reclamo de la indemnización laboral no resulta incompatible con el subsidio mensual a cargo del Estado para reparar los daños sufridos en ejercicio de la función de la policía de seguridad que disponen los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10 (v. causa B. 60.833, "Noriega", sent. de 8-IV-2015).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 in fine del decreto 149/10, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente. Alegó, además, que la Cámara incurrió en absurdo y violación de la doctrina legal, afectando garantías constitucionales.
Sostuvo finalmente que existe un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el principio non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. escrito electrónico de fecha 11 de febrero de 2021).
La Cámara concedió el recurso con fecha 2 de septiembre de 2021.
III. Pasando a analizar la procedencia de la impugnación, corresponde apuntar que el art. 31 bis de la ley 5827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a rechazar los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
Sentado lo que antecede, es dable señalar que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros", sent. de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sent. de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sent. de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodríguez", sent. de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sent. de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sent. de 6-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sent. de 11-IX-2019; criterio reiterado en las causas L. 119.756, "Goitea", sent. de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sent. de 23-XI-2020; A. 75.633, "Abraham", sent. de 25-XI-2020; A. 75.713, "Fanello", sent. de 12-V-2021; A. 77.114, "Jungton", resol. de 28-VIII-2021 y A. 77.182, "Campo", resol. de 22-IX-2021, esta Suprema Corte propició la procedencia de la acumulación de ambos beneficios.
En las últimas causas señaladas se reseñó, asimismo, que si bien el art. 10 del decreto 149/10 (reglamentario de la ley provincial 13.985) establece que la percepción del subsidio previsto en dicha ley es "incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente". La mentada previsión -ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80- pone en crisis los argumentos de la recurrente, quien, por otro lado, tampoco aquí ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión, circunstancias que resultan suficientes, de acuerdo a lo establecido en la disposición referenciada más arriba, para proceder a su rechazo (art. 31 bis, cit.).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Tal como sostuviera en oportunidad de sentenciar la causa A. 75.998 ("Rodriguez, Luis Esteban contra Ministerio de Seguridad", sent. de 19-VIII-2021), dejando a salvo mi opinión y en razón de la celeridad y la economía procesal, he de acompañar -conforme lo dispuesto en el art. 31 bis de la ley 5827 y modificatorias- la propuesta decisoria formulada por los jueces preopinantes, en tanto refleja el criterio mayoritario de esta Suprema Corte de Justicia.
En virtud de ello corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289, in fine , CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289, in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2022 11:22:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/02/2022 16:16:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2022 08:54:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/02/2022 12:50:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/02/2022 13:52:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/02/2022 15:30:34 hs. bajo el número RR-130-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia