Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77186
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.186, "Soto, Leonardo Roberto contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria - Empleo público. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la sentencia de primera instancia, declaró extinguida por prescripción la potestad disciplinaria ejercida, anuló el acto administrativo objeto del proceso y ordenó la reincorporación del actor a la situación de revista existente al momento de la baja.
Asimismo, condenó a la demandada al pago de una suma equivalente al 35% de los salarios caídos, calculada a valores actuales, con más intereses anuales al 6% hasta la fecha del fallo y en adelante a la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días. También impuso las costas a la vencida.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 22-III-2021), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 3-VI-2021).
Dictada la providencia de autos (v. prov. de 7-IX-2021) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la sentencia de primera instancia, declaró extinguida por prescripción la potestad disciplinaria ejercida, anuló el acto administrativo objeto del proceso y ordenó la reincorporación del actor a la situación de revista existente al momento de la baja.
Asimismo, condenó a la demandada al pago de una suma equivalente al 35% de los salarios caídos, calculada a valores actuales, con más intereses anuales al 6% hasta la fecha del fallo y de allí en adelante a la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días. También impuso las costas a la vencida.
Para así decidir, advirtió un dilatado curso en el trámite del sumario administrativo que -sostuvo- le resta eficacia como fuente de interrupción de la prescripción. Adujo que, para producir esta consecuencia, resulta necesario respetar los plazos para resolver fijados en cada instancia del procedimiento.
En abono de su tesis, invocó la doctrina de la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019, donde esta Corte reconoció los fines públicos de la potestad disciplinaria de la administración y vedó la posibilidad de utilizarla para mantener a sus agentes sometidos sine die a un eventual procedimiento de investigación o a la aplicación de una condena, menoscabando así derechos constitucionales.
Expuso que, de acuerdo con el art. 103 inc. 4 del decreto ley 9.578/80, la acción para reprimir faltas disciplinarias del personal del Servicio Penitenciario prescribe a los cinco años cuando se estime que corresponda retiro absoluto o destitución.
Observó que, según se desprende de las actuaciones administrativas acompañadas, el 25 de junio de 2008 se inició un sumario al actor caratulado como "Infracción al artículo 93 inciso 7 del Decreto Ley 9578/80", por ausentarse de manera injustificada y por más de cinco días a prestar servicio.
Relató que el imputado no compareció a fin de presentar descargo y que, mediante resolución interna 1.896/10, se le impuso sanción de retiro absoluto ad referendum del Poder Ejecutivo a partir del 20 de mayo de 2008.
Agregó que durante el año 2011 tanto la Asesoría General de Gobierno como la Contaduría General se expidieron de manera favorable al establecimiento de la sanción, pero que el Ministerio de Justicia y Seguridad recién dictó la respectiva resolución 34/17 más de seis años después de la emisión de la previamente citada resolución 1.896/10, circunstancia que entendió bastante para valorar excedido el plazo razonable aplicable.
Sostuvo que la modalidad ad referendum adoptada resta validez al primer acto y a la posibilidad de entender clausurado en ese entonces el procedimiento, por cuanto implica el reconocimiento de parte del órgano emisor de un defecto de competencia y de una atribución del superior, sin norma expresa que autorice dicha mecánica.
Puntualizó que -a su entender- no median en la especie hechos que justifiquen la demora en el trámite ni la extensión de la interrupción hasta la finalización del procedimiento. Explicó que las causales que producen este efecto deben limitarse a sucesos singulares y hábiles para la continuidad del sumario abierto, descartándose todo aquello que no reporte a su mantenimiento activo.
Tras propiciar la anulación de la resolución 34/17 por encontrarse prescripta al momento de su dictado la potestad disciplinaria de la administración, se expidió sobre las consecuencias de dicha declaración.
Con sujeción a lo resuelto por esta Corte en la antes citada causa A. 74.138, la mayoría del Tribunal de Alzada estableció así la indemnización correspondiente en el 35% de los salarios caídos, calculado a valores actuales de la categoría de revista del agente al tiempo del cese, con más intereses anuales al 6% hasta la fecha del fallo y en adelante a la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 103 inc. 4 del decreto ley 9.578/80 y 772 y 1.748 del Código Civil y Comercial de la Nación. Reprocha también absurdo por apartamiento de las constancias de la causa que dan cuenta de actos interruptivos de la prescripción y errónea interpretación de la doctrina legal de este Tribunal por ordenar el pago de salarios caídos a valores actualizados.
Plantea que la valoración de las constancias administrativas realizada por la Cámara no es razonable, sino que -por el contrario- el error cometido resulta grosero y ostensible, en tanto se desatendieron las diferentes secuelas de sumario que mantuvieron la vigencia de la potestad disciplinaria y la propia actividad recursiva desarrollada luego de la resolución dictada por el Servicio Penitenciario.
Niega que la resolución 1.896/10 carezca de validez. Contrariamente, la considera permitida por el art. 121 del decreto ley 9.578/80, precepto que indica que el Jefe del Servicio "solicitará" la aplicación de la sanción de retiro absoluto o destitución que corresponda. En abono de su posición, cita jurisprudencia que avala el dictado de actos de ese tipo, asimilándolos a aquellos que requieren de aprobación y destacando su validez, con independencia de que su eficacia quede supeditada a la decisión a adoptar por el ministro (CNCAF causa "Herpazana", sent. de 23-XI-1995).
Puntualiza que, luego del dictado de la resolución 1.896/10, su representada realizó actos que -en su visión- deben interpretarse inequívocamente como interruptivos del plazo de prescripción de la potestad disciplinaria. Invoca en tal sentido lo dispuesto por el art. 103 inc. 4 del decreto ley 9.578/80, al que le atribuye la siguiente regla: "La comisión de una nueva falta y los actos de procedimiento disciplinario que tiendan a mantener en movimiento la acción disciplinaria interrumpen la prescripción de la acción".
Cita, asimismo, precedentes de este Tribunal donde se declaró que el ejercicio de la potestad disciplinaria no puede considerarse extinguido cuando durante la instrucción de las actuaciones existan actos de procedimiento que tiendan a mantener inequívocamente en movimiento la acción disciplinaria (causas B. 51.661, "Álvarez", sent. de 28-III-2001; B. 58.013, "Rojas", sent. de 16-IX-2003 y B. 64.235, "Arias", sent. de 14-VIII-2013).
Sostiene que, en el caso, el procedimiento administrativo disciplinario estuvo en continuo movimiento hasta la fecha en que se decidió aplicar la sanción por medio de la resolución ministerial 34/17. Enfatiza que el propio actor interpuso recurso de revisión contra la resolución 1.896/10 en el año 2011, circunstancia que motivó la intervención de distintas dependencias y que considera arbitrariamente omitida por el Tribunal de Alzada. Advierte que las constancias referidas fueron debidamente denunciadas al contestar la demanda y tenidas en cuenta por la jueza de grado al dictar sentencia.
Luego de mencionar jurisprudencia de la Corte nacional conforme a la cual las normas que admiten la prescripción de la acción en materia disciplinaria son de interpretación estricta (Fallos: 256:97), concluye que el referido apartamiento del material probatorio configura arbitrariedad y absurdo.
Por otra parte, critica que el fallo impugnado reconozca a la actora un 35% de los haberes dejados de percibir desde la separación y hasta la efectiva reincorporación al cargo.
En esa dirección, niega la existencia de responsabilidad de la administración y que corresponda abonar salarios a quien no ha prestado servicios durante el período en cuestión. En sustento de sus dichos, cita jurisprudencia de esta Corte (Ac. y Sent. 1971-II-252; 1972-II-473; 1985-I-212; e.o.) y de la Corte nacional (Fallos: 304:1459; 307:1215, 1220; 308:1795; e.o.).
A todo evento, cuestiona el porcentaje establecido. Solicita que se lo fije prudencialmente en no más del 25%, tomando especialmente en consideración que al dejar de desempeñar la función quedó a disposición del actor el valor económico de su propia actividad.
Seguidamente, se opone a que la condena al pago de salarios caídos se practique sobre valores actualizados. Indica que la decisión adoptada al respecto en la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019, se contrapone con la jurisprudencia de la Corte nacional y que dos de los jueces que conformaron aquella mayoría ya no integran este Tribunal provincial.
Alega que, aun luego de las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, en nuestro ordenamiento siguen rigiendo el nominalismo y la prohibición de indexar las deudas dinerarias o actualizar los créditos, en especial cuando estos resulten tarifados con montos líquidos o fácilmente liquidables. Manifiesta que la deuda por salarios caídos discutida en autos es de carácter dinerario y que como tal debe aplicársele lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
Sustenta su reclamo en la diferencia entre obligaciones de valor y dinerarias, derivada de lo normado por los arts. 765 y 772 del Código Civil y Comercial y de lo explicado por los autores que cita. Se apoya asimismo en jurisprudencia de la Corte nacional ("Massolo", Fallos: 333:447; "Álvarez", sent. de 5-XI-2019) y provincial (causas C. 110.849, "Molina", sent. de 26-VI-2013; B. 66.861, "Verchick", sent. de 29-III-2017; A. 74.360, "APOC", sent. de 29-XII-2020; e.o.).
Expresa que cualquier liquidación por créditos salariales debe practicarse sobre la base de los valores nominales que históricamente hubiera correspondido percibir (doctr. art. 619, Cód. Civ.), resultando improcedente el intento de fomentar una indexación encubierta de la obligación dineraria, como si se tratara de una deuda de valor, a precio actualizado.
En razón de que la Cámara interviniente no ingresó en el análisis de la causal que justifica la sanción aplicada, como manifestación del principio de eventualidad procesal mantiene la totalidad de las defensas expuestas sobre dicha cuestión en su contestación de demanda.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. En autos no se discute que la potestad disciplinaria ejercida por la administración se encuentra sujeta al plazo de prescripción quinquenal establecido por el art. 103 inc. 4 del decreto ley 9.578/80, como expresamente lo indicó el pronunciamiento atacado.
Tampoco es materia de controversia que, conforme al régimen legal aplicable, la competencia para aplicar sanciones de retiro absoluto no pertenece originariamente al Jefe del Servicio Penitenciario.
Justamente por esta razón, la Cámara negó la posibilidad de considerar clausurado el procedimiento disciplinario con el dictado de la resolución 1.896/10, mediante la cual el entonces Jefe del Servicio Penitenciario sancionó con retiro absoluto, ad referendum del Poder Ejecutivo, a Leonardo Roberto Soto. Por idénticos motivos, el tribunal llegó incluso a desconocer la validez de dicho acto.
De su lado, la recurrente reivindica la validez de la resolución 1.896/10, que -según lo aduce- importó una solicitud admitida por el art. 121 del decreto ley 9.578/80, pero no pretende que el acto nombrado haya concluido el procedimiento administrativo desarrollado ni que haya concretado por sí solo el ejercicio de una potestad sancionatoria que -en principio- resulta ajena al Jefe del Servicio Penitenciario.
III.1.b. Lo que la Fiscalía de Estado sí cuestiona a través de su presentación es el cómputo del término prescriptivo aplicable, más precisamente la falta de consideración de ciertos actos que -a su juicio- lo habrían interrumpido.
En su favor, la impugnante cita la regla según la cual "[l]a comisión de una nueva falta y los actos de procedimiento disciplinario que tiendan a mantener en movimiento la acción disciplinaria interrumpe[n] la prescripción de la acción".
Esta cláusula se halla recogida en el segundo párrafo del art. 104 del decreto ley 9.578/80, aunque por un error material la representación fiscal la atribuyó al ya mencionado art. 103 inc. 4 de dicho cuerpo legal, circunstancia que aisladamente considerada no podría hacerse valer para desechar la crítica esbozada, sin incurrir en exceso ritual manifiesto.
Adviértase al respecto que la Fiscalía de Estado cumplió con la carga de mencionar la ley considerada violada, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, reproduciendo de manera textual la disposición en cuestión e identificando el cuerpo normativo al que esta pertenece, si bien equivocó el artículo preciso en el que la misma se inserta.
No se trata entonces de suplir por inferencias la omisión de citas legales que debieron efectuarse, algo vedado por la doctrina de esta Corte (v. causas A. 73.304, "Córdoba", sent. de 1-IV-2015; A. 71.955, "Goldberg", sent. de 28-XII-2016; A. 75.080, "Yanuzzi", sent. de 19-VIII-2020; e.o.), sino antes bien de procurar que la interpretación que se haga de las normas formales no configure un ritualismo evidente, manifiesto, contrario a la idea de equidad, ponderando su incidencia en el caso concreto (arg. causa B. 60.263, "Peralta", sent. de 24-II-2010).
III.1.c. Con independencia de lo manifestado, la crítica mencionada obliga a recordar que, según el consolidado criterio de esta Suprema Corte, los tópicos vinculados con el cómputo de la prescripción, su interrupción o suspensión y punto de arranque son típicos planteos fáctico probatorios y por tal motivo extraños a la competencia de la instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (doctr. causas A. 72.638, "Baran", sent. de 20-IX-2017; A. 73.928, "Kohnen", sent. de 21-VI-2018; A. 75.622, "Torres", sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
En la especie, la impugnante denuncia absurdo por apartamiento de ciertas constancias de la causa que darían cuenta de la existencia de actos interruptivos de la prescripción, pero no logra demostrar -tal era su carga- que el Tribunal de Alzada haya incurrido en el vicio indicado.
Concretamente, el recurso bajo análisis se desentiende del argumento de la Cámara según el cual la interrupción de la prescripción depende de que se respeten los plazos para resolver fijados en cada instancia del procedimiento; de la apuntada falta de razonabilidad del lapso de seis años transcurrido entre las resoluciones 1.896/10 y 34/17, que debe analizarse en sintonía con la ya señalada falta de discusión en torno a la aplicación de un término prescriptivo quinquenal (conf. art. 103 inc. 4, dec. ley 9.578/80); y de la necesidad de que los pretendidos actos interruptivos constituyan sucesos singulares y hábiles para la continuidad del sumario, que reporten a su mantenimiento activo.
El escrito presentado se limita a asegurar que, desde la configuración de abandono del servicio por parte del actor en el año 2008, el procedimiento disciplinario estuvo en continuo movimiento hasta su conclusión. En tal dirección, invoca como hitos el dictado de la resolución n° 1.896/10, la interposición por el actor de un recurso de revisión en 2011 y ciertas intervenciones posteriores de distintas dependencias administrativas, mas sin contrarrestar todas las razones del a quo que han sido detalladas.
De hecho, entre las intervenciones administrativas aludidas en último término, la impugnante refiere únicamente lo actuado por la Dirección de Legal y Técnica los días 12 de julio de 2011 y 20 de noviembre de 2014 (conf. fs. 27 y 50, expte. adm. 21.211-278.447/11) y por la Asesoría General de Gobierno los días 29 de julio de 2011 y 29 de noviembre de 2014 (conf. fs. 28 y 51, expte. adm. cit.), sin explicar los motivos puntuales por los cuales estos movimientos lograrían satisfacer los requisitos necesarios para provocar la interrupción de la prescripción.
Además, de la lectura de las actuaciones administrativas acompañadas se desprende que las providencias dictadas por las dependencias recién identificadas en el año 2011 perseguían simplemente la acumulación del expediente 21.211-664.914/08 y sus alcances, mientras que los dictámenes posteriores -emitidos en 2014- se circunscribieron a considerar que el recurso de revisión intentado resultaba prematuro, por cuanto la resolución 1.896/10, dictada ad referendum del Poder Ejecutivo, revestía el carácter de acto preparatorio (arg. art. 87, dec. ley 7.647/70).
Surge claro de lo expuesto que la recurrente no logra en autos evidenciar el absurdo, instituto creado por la doctrina de este Tribunal que supone un notorio desvío de las reglas del pensar, de la lógica o del sentido común o una grosera desinterpretación del material probatorio aportado que deviene en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causas A. 72.243, "Fittipaldi", sent. de 29-VI-2016; A. 75.684, "Pallanza", sent. de 5-VIII-2020; mi voto en A. 76.328, "Oricchio", sent. de 26-V-2021).
Téngase presente que cuando se pretende impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis no basta con presentar la propia versión sobre su mérito, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (doctr. causa A. 72.952, "Rodríguez", sent. de 8-XI-2017), tarea aquí no satisfecha.
III.2. Igual suerte adversa han de correr las críticas dirigidas contra la indemnización establecida en la sentencia atacada.
III.2.a. En primer lugar, corresponde desestimar el planteo por medio del cual la Fiscalía de Estado niega la existencia de una obligación indemnizatoria a cargo de la demandada, con pretendido sustento en los agravios ya examinados en el punto anterior de este voto.
Asimismo, cabe puntualizar que esta Corte, en doctrina que suscribo, ha reconocido en numerosas oportunidades indemnizaciones por ceses ilegítimos en supuestos vinculados con segregaciones de agentes públicos integrantes de la planta permanente de personal (conf. causas B. 56.525, "Mathieu", sent. de 13-XI-2008; B. 62.126, "Gioda", sent. de 13-VI-2011; A. 75.704, "Vallejos", sent. de 22-XII-2021; e.o.).
Ello así, en el entendimi
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