Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77281
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.77.281 “BELLUSCI LUJAN C/ MINISTERIO DE JUSTICIA - SERVICIO PENITENCIARIO S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, por mayoría, confirmó parcialmente el pronunciamiento del juez de primera instancia (v. sent. de 15-X-2020), en cuanto había dispuesto la nulidad de la resolución 322/17 del Ministerio de Justicia, lo que importaba la reincorporación de la agente María Luján Belusci al Servicio Penitenciario.
Para así decidir, señaló que la ausencia de argumentos de peso dirigidos a rebatir la base de los fundamentos del fallo apelado vaciaba de contenido el intento revisor de la demandada, que estaba lejos de constituir un razonado, meditado y fundado reproche contra este segmento del pronunciamiento que lucía suficientemente motivado.
Sostuvo que aquella decisión se había llevado adelante mediante el análisis de la imputación formulada sustentada en prueba de cargo inidónea (planillas de asistencia deficientes, erróneas e inconsistentes), razón por la cual no resultaba necesario pretender que la sumariada demostrara la inexistencia de la falta endilgada.
Frente al fundamento principal de los agravios sostenidos por la Fiscalía de Estado, la a quo resaltó que el juez de grado había conferido una especial trascendencia para la solución de la controversia, a un oficio remitido por el Director Provincial de Salud Penitenciaria que aconsejaba el sobreseimiento del personal sumariado.
Para más, hizo hincapié en que la actora había requerido puntualmente que se tuviera presente lo expresado en la mencionada comunicación, por lo que resultaban carentes de todo sustento aquellas expresiones recursivas en virtud de las cuales el apelante alegaba que en la decisión cuestionada se habrían introducido argumentos y/o hechos que no habían sido planteados adecuadamente en el proceso por la accionante. En ese sentido ratificó, en esta parcela, lo resuelto por el magistrado de grado.
En otro sentido, dejó sin efecto la condena a pagar una indemnización como consecuencia de la declaración de nulidad del acto segregativo, por entender que el juez de primera instancia había fallado con violación del principio de congruencia.
Confirmó así, parcialmente, la decisión de grado (v. sent. de 29-IV-2021).
II. Frente a ello, la parte demandada (mediante presentación electrónica de fecha 18-V-2021) interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que reedita argumentos vertidos desde el inicio del juicio y denuncia absurdo en el análisis de la discusión involucrada (art. 384, CPCC), la valoración de las circunstancias fácticas y la vinculada a los elementos probatorios que realizara la autoridad administrativa durante la tramitación del sumario.
Sostiene además, que se incurrió en violación y/o errónea interpretación de los arts. 91, 92 y 93 del decreto ley 9578/80, en tanto denuncia que la Cámara consideró que el obrar disciplinario resultó ilegítimo e irrazonable por endilgarle a la actora una falta que no fue probada.
El recurso fue concedido por la Cámara (v. resol. de 22-VI-2021).
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina del Tribunal respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
Asimismo, ha reiterado esta Corte que si el recurrente limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018; A. 75.857, "Spicoli", resol. de 06-XI-2019, e.o.).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que, a juicio del recurrente, padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 74.922, "Aguirre", resol. de 14-XI-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019, entre otras).
En tal sentido, se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente, por los que concluye que ha quedado debidamente acreditada la falta administrativa imputada y la consecuente responsabilidad administrativa de la agente, no pasan de expresar un criterio divergente sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
La sentencia de Cámara dio una expresa solución a esta temática, al sostener que la decisión de grado se había dictado mediante el análisis de la imputación formulada sustentada en prueba de cargo inidónea.
De allí cabe concluir que los agravios vertidos en el escrito recursivo lucen como meras afirmaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados por el pronunciamiento impugnado (doctr. causas A. 70.339, "Buschiazzo", sent. de 6-VIII-2014; A. 74.622, "Martínez", resol. de 20-II-2019).
IV.2. En punto a la vulneración de lo dispuesto en los arts. 91, 92 y 93 del decreto ley 9578/80, la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Tiene dicho este Tribunal que quien afirma que la sentencia viola preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la simple exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 74.131, "Magadán", resol. de 30-V-2018; A. 75.469, "Olano", resol. de 21-XI-2018, e.o.).
La recurrente sostiene que se incurrió en violación y errónea interpretación de las normas que rigen el sumario administrativo, porque la Cámara consideró que el obrar disciplinario resultó ilegítimo e irrazonable por endilgarle a la actora una falta que no fue probada, pero ello no trasunta más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por la a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos. Esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto por el Tribunal de Alzada importa una violación de la norma aplicada (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-2018; A. 74.336, "Macia", resol. de 10-X-2018, entre otras).
IV.3. Los argumentos vertidos en el recurso deducido, tampoco demuestran el razonamiento erróneo que, en grado de absurdo, permita reeditar los temas apuntados (arts. 279 y 384, CPCC).
Es que este vicio es de tal magnitud que solo puede constituirse por el error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual haya resultado una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (doctr. causas A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 75.529, "Arias", resol. de 14-VIII-2019; entre otras), extremos que no se encuentran configurados en la especie (art. 279, CPCC).
En el caso, la Fiscalía sostuvo que la prueba incorporada no solo fue incorrectamente valorada, sino también desconocida o relativizada cuando lo cierto es que la misma se asienta en un soporte legal que prevé la obligación estatutaria de tomar asistencia al personal. Sin embargo, la Cámara entendió que debía valorarse la especial trascendencia del oficio remitido por el funcionario que aconsejaba el sobreseimiento del personal sumariado.
Además, cabe destacar que la selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde, es facultad propia de los jueces de grado -potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas- y no se configura absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro (doctr. causas A. 74.126, "Martínez", sent. de 27-III-2019; A. 75.105, "Berra", resol. de 21-VIII-2019; A. 76.280, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fin SA", resol. de 6-VII-2020).
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/05/2022 10:10:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2022 16:49:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:56:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2022 12:37:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2022 13:25:53 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/05/2022 13:45:59 hs. bajo el número RR-418-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia