Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77224
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.224, "Urbina, Aldo Ezequiel c/Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria-Empleo Público. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Carral, Borinsky, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata acogió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y rechazó el deducido por la Fiscalía de Estado, en consecuencia, revocó el pronunciamiento de grado solo en cuanto condena a la Administración a reexaminar al actor y dictar un nuevo acto administrativo, dejando a salvo la facultad legal que le confiere la ley 13.982 y el decreto 1.050/09, y confirmó en lo restante el pronunciamiento de grado que hizo lugar a la demanda articulada por Aldo Ezequiel Urbina declarando la ilegitimidad de la resolución 1.359/17, que dispuso su baja (v. sent. de fecha 22-X-2020).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 14-IV-2021) el cual fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 22-VI-2021.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. auto de fecha 3-IX-2021) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, revocó la sentencia dictada por el juez de grado, solo en cuanto ordena a la Administración a reexaminar al actor y a dictar un nuevo acto administrativo y confirmó la ilegitimidad declarada de la resolución que dispuso la baja del actor, al tiempo que condenó a la Provincia de Buenos Aires a que reincorpore al agente Urbina a la fuerza policial en las condiciones y términos en que revistaba al momento de hacerse efectiva la baja. Asimismo, confirmó la condena por daño patrimonial estimada en una suma equivalente al 60% del sueldo actual de la categoría ocupada al momento de imponérsele la sanción.
Respecto a los intereses dispuso que deberán ser calculados al 6% anual, desde el momento de la imposición de la medida (19-V-2017) y hasta el momento del dictado de la sentencia de Cámara (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.; doctr. SCBA causas "Vera" y "Nidera"). Y de allí, en más, resultará aplicable la tasa de interés pasiva digital, establecida en la causa B. 62.488, "Ubertalli" (v. punto 2.2.1., cons. VI de la sent. de fecha 23-III-2021).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada señaló que en el caso no está en discusión la facultad de la Administración de verificar la aptitud de desempeño de su personal, sino el modo de ejercer tal prerrogativa.
Afirmó que en todos los casos en que se disponga la baja o cese de un agente por falta de aptitud, deben especificarse las conclusiones médicas a partir de las cuales se determina la existencia de un perfil psicológico inadecuado, de lo contrario el acto se torna ilegítimo por carecer de adecuada motivación.
Luego de efectuar un detallado racconto de lo actuado en sede administrativa, destacó que la motivación de los actos de la Administración, en especial en materia de potestades discrecionales, es un recaudo que tiende a consolidar la vigencia del principio republicano de gobierno, evitar que se afecten los derechos de impugnación de los particulares alcanzados por la resolución, y se impida la revisión judicial de su legitimidad y razonabilidad.
Sostuvo que los agravios vinculados con la declaración de nulidad del acto segregativo tenían como base la defensa de la atribución de la Administración de realizar revisiones periódicas a su personal y permitir la baja de aquel agente que, como en el caso, no contaba con las capacidades y aptitudes que debe poseer, que subsumió en la discreta fórmula de "paciente no apto o perfil psicológico inadecuado", con remisión a los antecedentes obrantes en el procedimiento administrativo, sin que tal conclusión, según la demandada, pueda ser puesta en crisis por un informe pericial como el practicado en autos.
Señaló que la postura de la recurrente de argumentar sin prueba alguna que el acto emitido fue consecuencia de los resultados de los exámenes que se le realizaran al actor, deja sin crítica eficiente la concreta imputación de falta de elementos que acrediten el contenido de aquellos.
Agregó que el esfuerzo de la demandada para convencer que su accionar fue correcto no alcanza su objetivo, en la medida que, aún con la prueba producida, no resultaba claro que la autoridad administrativa hubiera seguido el protocolo de actuación que la situación requería.
En ese sentido, detalló que en el transcurso del trámite, en ninguna de las ocasiones en que el agente fue sometido a reconocimiento médico se siguió el "Protocolo para la Evaluación Psicológica a los postulantes a ingresar a los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad" y menos aún que a los fines de relevar su perfil psicológico se hubieran utilizado los criterios de evaluación allí previstos ni su puntaje, conforme el modelo de informe que el mismo protocolo prevé.
Entendió que, si bien dicha normativa establece los aspectos a tener en consideración al momento de evaluar psicológicamente a los agentes afectados al servicio, tal circunstancia no dispensa al evaluador de emitir su imprescindible opinión que sirve para validar -o no- la permanencia de los efectivos en la fuerza policial y, a la vez, para analizar la razonabilidad de la apreciación practicada.
Sentado ello expresó que, contrariamente a lo sostenido por la Fiscalía la función de los protocolos de actuación autoimpuestos es justamente la de encauzar y guiar en la especie el proceder de los profesionales de la medicina laboral, quienes deben indicar con detalle la etiología de la ineptitud, los procedimientos utilizados para escrutarla y formular el diagnóstico, entre otras pautas.
Añadió que el disfuncional proceder de la demandada quedaba más expuesto frente al informe técnico brindado por la perito oficial psicóloga María Florencia Galizio, quien a contramano de la discreta fórmula utilizada por la Administración, expuso con criterio científico, metódico y fundado, que el agente no presenta indicadores de cuadro psicopatológico asociado al motivo de autos, y dictaminó que Urbina no se encontraba apto para desempeñarse como agente de policía usando armas, y sí recomendó -en cambio-, el desempeño de toda otra función en la fuerza pública que no implique el uso y la tenencia de armas, dato objetivo con entidad suficiente para corroborar la necesidad de tachar por arbitraria la decisión que porta la resolución 1.359/17.
Asimismo, destacó que tampoco se explicitó la razón por la que optó por la más grave de las medidas, esto es la extinción de la relación de empleo, cuando disponía de otras menos gravosas, como ser tareas no operativas u otro destino dentro de la fuerza. Extremo que entendió patentiza aún más la carencia de una motivación que apuntale la ruptura del vínculo laboral.
Concluyó así que la referencia a fórmulas genéricas carentes de todo contenido o justificación, demuestran la grave deficiencia de motivación que portan los actos impugnados.
Por su parte estimó insuficiente también el argumento de la recurrente respecto a la existencia de una motivación integrativa en tanto no existe una sola alusión o remisión a los antecedentes del caso, circunstancia que descarta de plano, de conformidad con los recaudos que debe cumplimentar este tipo de fundamentación a la luz de la doctrina sentada por este Tribunal en las causas B. 65.739, "Burtin", sentencia de 9-XII-2010 y B. 63.744, "Pecoraro", sentencia de 29-VIII-2012.
Ahora bien, respecto a los alcances de la decisión adoptada en la primera instancia, que ordena reincorporar al demandante a la fuerza de seguridad, aunque instando también a la demandada a "...que vuelva a examinar al señor Aldo Ezequiel Urbina, conforme los estándares y precisiones detalladas y dicte el nuevo acto que corresponda..." estimó que tal modo de componer el pleito supuso un exceso en la facultad decisoria del juez, por cuanto dicha pretensión no formó parte del conjunto de requerimientos formulados por el actor al demandar, quien solamente requirió la nulidad de la resolución 1.359/17 y su reincorporación a un cargo de igual o superior remuneración que el que ocupaba.
En consecuencia y como corolario de la nulidad de la actuación estatal dispuesta, para la Cámara la solución que cabe no es otra que la reincorporación del agente Urbina a la fuerza policial en las condiciones en que revistaba al momento de concretarse la baja, en atención a que la nulidad decretada vuelve las cosas al estado anterior (arg. arts. 1.050, Cód. Civ. -t.a.- y 390, Cód. Civ. y Com.), sin que ello importe desconocer la prerrogativa de la autoridad policial de examinar las aptitudes psicofísicas del agente, quien claro está, queda sujeto a las evaluaciones pertinentes, con estricto apego a las formas exigidas por la reglamentación y en un todo de acuerdo con los lineamientos allí expuestos en punto a la motivación (v. punto II.1.8.).
En relación con la indemnización por daño patrimonial y su cuantía a raíz de la irregular baja obligatoria, con base en la doctrina forjada por esta Corte y el Máximo Tribunal de la Nación que cita, sostuvo resultaba válido tomar como patrón de referencia para el cálculo de la reparación los salarios dejados de percibir por el agente durante el lapso transcurrido desde el cese dispuesto por la autoridad hasta la efectiva reincorporación. Añadió que no obstante, en situaciones como la examinada, la menor o mayor extensión de la indemnización por el daño causado, cuya existencia cabe presumir en modo relativo, está ligada a las circunstancias de la causa y a la prueba rendida en el proceso.
En tal sentido, para la fijación del quantum distinguió dos segmentos temporales bien diferenciados, de un lado el período comprendido entre el acto de cese y la decisión que ha agotado la vía administrativa para acceder a esta instancia judicial. Del otro, un segundo período que se extiende desde el acto de clausura de la instancia administrativa hasta el dictado de la sentencia judicial que ordena la reincorporación. Correspondiendo al primer período como presunción hominis reconocerle al agente el valor equivalente a la totalidad de los haberes dejados de percibir por las razonables expectativas de obtener una resolución favorable, en tanto en el segundo intervalo, la extensión del perjuicio dependerá de la prueba obrante en la causa, pues forzoso es concluir que aquella expectativa se reduce.
En consecuencia, con los criterios expuestos, confirmó la indemnización por daño material fijada en la suma equivalente al 60% de los salarios dejados de percibir por el actor desde el momento en que se materializó la baja obligatoria (19-V-2017) y hasta su efectiva reincorporación.
Siguiendo la doctrina mayoritaria sentada por esta Corte en la causa B. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019, sostuvo que, para calcular la indemnización debía tomarse el sueldo actual del agente, pues en el caso se verificaba la continuidad del vínculo de empleo público a consecuencia de la declaración de ilegitimidad del cese y se ordena su reincorporación. Respecto a los intereses ordenó la aplicación de una alícuota del 6% anual, desde el momento de la imposición de la medida segregativa (19-V-2017) y hasta el momento del dictado de la sentencia de Cámara y de allí en más la tasa pasiva digital conforme doctrina de la causa B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016.
Finalmente, respecto al reconocimiento del rubro daño moral, ratificó el criterio expuesto por el juzgador de grado, que a su turno lo cuantificó en la suma de $40.000, por tratarse de un agente estatal privado ilegítimamente durante un largo período de su empleo, circunstancia que verosímilmente provocó intranquilidad y sufrimiento en el damnificado. Y sin que la demandada, como responsable de la acción antijurídica, pudiera acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral. Lo expuesto con cita de la doctrina mayoritaria de esta Corte, en las causas B. 63.582, "Ametrano", sentencia de 29-VIII-2019 y B. 62.043, "Karanicolas", sentencia de 31-X-2016 (v. punto II.2.2.1.). Respecto a los intereses destacó que, en este rubro, deberán adicionarse desde el 19-V-2017, conforme las pautas fijadas por esta Corte en la causa "Ubertalli", ya citada.
De este modo, confirmó lo sustancial del decisorio apelado, que reconoció en concepto de daño patrimonial una suma equivalente al 60% del sueldo actual de la categoría que ocupaba el agente al momento de imponérsele la baja obligatoria (v. resol. de fecha 23-III-2021).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia violación de los arts. 7, 8, 11, 12, 127 y concordantes del decreto 1.050/09; 108 del decreto ley 7.647/70; 772 y 1.748 del Código Civil y Comercial y 14 bis de la Constitución nacional. A la vez esgrime que la decisión del Tribunal de Alzada incurre en absurdo en la valoración de la prueba y desoye la doctrina legal de esta Corte que menciona (v. presentación electrónica de fecha 15-VI-2020).
En primer lugar, señala que la Cámara erró al controlar el obrar administrativo prescindiendo del marco regulatorio aplicable, esto es, conforme al art. 8 del decreto 1.050/09, "baja por latencia", o "enfermedad preexistente no detectada al inicio", que solo requiere un breve procedimiento de "información sumaria", en los límites de un dictamen médico. Se equivocó también, afirma, al exigir trámites que son ajenos a la causal de baja por latencia y que responderían a la baja disciplinaria o por incapacidad laboral.
En segundo orden cuestiona por absurdo que la Cámara diera preeminencia al dictamen del perito psicólogo presentado en el juicio, por sobre el de la Junta Médica Superior integrada por tres médicos psiquiatras que establecieron su falta de aptitud para permanecer en la policía.
En tercer lugar, se agravia por la reincorporación del actor que ordena la sentencia, en base al peligro y eventual responsabilidad para el Estado que conlleva contar con agentes sin la aptitud psicofísica para la función asignada.
Particularmente afirma que el tribunal a quo , confundió el régimen legal aplicable para la baja por invalidez, art. 138 del decreto 1.050/09 con el de la baja por enfermedad preexistente del art. 8 de igual norma, al exigir mayores trámites administrativos que los observados y el otorgamiento de tareas acordes. Y que este error en el encuadramiento del hecho, provocó una sentencia injusta que impone a la Administración reincorporar a un agente que carece de aptitud psicofísica para el desempeño policial.
Con relación a la condena patrimonial, se agravia del pago de salarios caídos, con base en que el acto administrativo no es ilegítimo, sumado a la falta efectiva de prestación del servicio. Añade que el porcentaje estipulado en el 60% del sueldo contradice la doctrina de esta Corte en distintas causas que cita, que ha reconocido porcentajes sustancialmente menores (v. punto 4, apdo. "b").
También cuestiona que el cálculo se haga sobre la base del salario actual, aplicando un interés del 6% anual desde el cese hasta la sentencia y de ahí en más con la tasa digital más alta, con el argumento de que aún luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación sigue vigente la prohibición de indexar las deudas dinerarias, conforme al art. 766, e invoca el fallo "Álvarez, Gladys" de fecha 5-XI-2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se reiteró la subsistencia de la prohibición de indexar junto con la validez de la ley 23.928.
Con similar propósito invoca precedentes de esta Corte, en los que se ha expresado que los valores sobre los cuales debe efectuarse el cálculo liquidatario son aquellos que efectivamente hubiera percibido en cada período con los descuentos correspondientes a obra social y al régimen previsional.
Finalmente se agravia de la condena en concepto de daño moral. Sostiene que la reparación por este rubro se basó solamente en lo afirmado por la actora sin ningún otro respaldo, apartándose de lo consignado en la pericia psicológica que indicó que la actora no presenta indicadores de cuadro psicopatológico asociado al motivo de autos.
III. Adelanto que el recurso interpuesto no prospera atento la insuficiencia que porta.
III.1. En efecto, ésta radica en la omisión por parte del recurrente de impugnar concretamente y de manera fundada, los argumentos centrales de la sentencia del Tribunal de Alzada mediante los cuales resolviera -por interpretación de la totalidad de las normas aplicables: esto es la ley 13.982 y su decreto reglamentario 1.050/09, como así también de doctrina emanada de este Tribunal- que el cese del agente dispuesto mediante la resolución 1.359/17 es nula por vicio en la motivación.
El Tribunal de Alzada comenzó por realizar un racconto de los antecedentes administrativos relevantes que precedieron al dictado de la resolución impugnada a fin de desentrañar el ejercicio de la prerrogativa contenida en los arts. 7, 8 incs. "d" y "e", 61 y 64 inc. "d" de la ley 13.982 y 7, 8 y 148 del decreto 1.050/09. Citó además precedentes de la propia Cámara y así recordó que la motivación de los actos de la Administración, especialmente en materia de potestades discrecionales, es un recaudo que tiende a consolidar la vigencia del principio republicano de gobierno, imponiendo a los órganos administrativos la obligación de dar cuenta de sus actos al tiempo que evita que se afecten los derechos de impugnación de los particulares alcanzados por la resolución y se impida la revisión judicial de la legitimidad y razonabilidad de tales actos (conf. doctr. causas B. 63.473, "V., H. R.", sent. de 19-VIII-2009; B. 62.434, "Cassini", sent. de 21-X-2015; A. 72.774, "Sisto", sent. de 27-IX-2017; e.o.).
Ahora bien, de conformidad con las particularidades de la causa y por aplicación de estos preceptos, el Tribunal de Alzada resolvió que el acto en cuestión no poseía una motivación adecuada y que por esta razón debía ser anulado, sin desconocer la potestad con que cuenta la autoridad administrativa de extinguir la relación de empleo público cuando se verifica una disminución de aptitudes físicas o mentales con entidad para impedir el desempeño de las funciones inherentes a la función policial.
El reproche se centró en el modo en el que ejerció esa especial potestad, considerando la ausencia de una adecuada fundamentación, requisito que tampoco se encontró abastecido por la remisión a un dictamen médico que solo consigna que carece de las aptitudes psicofísicas para ser agente policial. Y ello pues no obstante el margen de discrecionalidad con que cuenta la Administración para apreciar y delinear las cuestiones vinculadas al cuadro de salud psicofísica de los agentes, aquella se halla fuertemente condicionada por una serie de criterios predeterminados de evaluación de las capacidades de una persona, lo que demanda dar cuenta de un proceso intelectivo y valorativo que indique la etiología de la ausencia de aptitud; los procedimientos utilizados para escrutarla y formular el diagnóstico que justifique lo que se ha decidido o propuesto sea en favor o en contra de las habilidades del evaluado.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.