Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78037
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.78.037 “CALVO JUAN PABLO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE AYACUCHO S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPLEO PUBLICO -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-“
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión articulada por la Municipalidad de Ayacucho en virtud de la acción interpuesta por los señores Eduardo Ovidio Pereyra, Eduardo Américo Pereyra y Juan Pablo Calvo por la que pretenden impugnar la resolución 80/18 emitida por el Intendente de la citada comuna, en cumplimiento de la sentencia dictada por el mismo tribunal en el marco de la causa "Liuzzi, Jorge Aníbal y otros c/ Municipalidad de Ayacucho s/ Pret. Anulatoria-Empleo Público" (Expte. n°9017).
Para así decidir, apartándose de los fundamentos esgrimidos por el juez de primera instancia, el Tribunal de Alzada expuso que una vez corrido el traslado de la demanda, el Municipio articuló excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión remarcando, entre otros argumentos, que la resolución cuya nulidad aquí se pretende les fue notificada a los actores en la causa referida, donde se había ordenado el dictado de un nuevo acto administrativo.
Continuó la Cámara refiriendo que en el marco de aquellos autos, los coactores plantearon un incumplimiento de la sentencia dictada por esa Alzada, cuestión que fue resuelta oportunamente por el juez de grado, no haciendo lugar a dicha pretensión.
Advirtió, así, que es con el foco en tales circunstancias que la Municipalidad de Ayacucho opuso su excepción de inhabilidad de la pretensión en el nuevo proceso iniciado contra aquella resolución, argumentando que aquella sentencia interlocutoria dictada en la citada causa "Liuzzi" demuestra que los agentes que denunciaron el incumplimiento de la sentencia de Cámara por parte de la comuna, resultaron perdidosos.
Recalcó la Alzada que el art. 64 del Código Contencioso Administrativo regula que "los actos administrativos dictados como consecuencia de lo resuelto en la causa, proveniente de alguno de los entes previstos en el art. 1, podrán ser impugnados en el propio procedimiento de ejecución de sentencia. No darán lugar a un nuevo proceso, aunque se aparten abiertamente de lo decidido en el fallo o, so pretexto de cumplirlo, lo interpretaren en forma perjudicial a los derechos o intereses reconocidos o restablecidos a la parte vencedora".
Destacó que la contundencia del léxico utilizado por el legislador "...no darán lugar a un nuevo proceso..." no puede ser obviada por la jurisdicción frente a una excepción de inadmisibilidad de una pretensión incoada contra un acto administrativo dictado como consecuencia directa de un mandato judicial recaído en otro proceso, en el que los actores resultan ser los mismos que en la posterior e impropia acción.
Añadió que el art. 64 del Código de la materia, respecto del acto administrativo emitido en aparente cumplimiento de un mandato judicial formulado en alguno de los procesos regulados por el ordenamiento del fuero, exige del interesado un cuestionamiento jurisdiccional directo en la etapa de ejecución de sentencia ya abierta al efecto y no mediante la iniciación de una nueva pretensión.
Finalmente, concluyó que deducida la excepción de inadmisibilidad formal de la pretensión por la demandada, reconocido que fue el tránsito y resolución desfavorable para los aquí actores de la impugnación que formularan respecto de la resolución 80/18 en el marco del proceso de ejecución de sentencia llevado a cabo en la mencionada causa en la que tramitó la pretensión anulatoria, todo debate que se intentara introducir en este nuevo proceso, sea en torno a los recaudos de admisibilidad contenidos en el art. 18 del ritual (agotamiento de la vía administrativa y/o plazo de caducidad), sea en los aspectos sustantivos de la antedicha resolución municipal, se encuentra expresamente vedado por el art. 64 citado, lo que sella desfavorablemente la apelación intentada por los demandantes.
Confirmó de ese modo el decisorio, por los fundamentos expuestos (v. sent. de 22-II-2022).
II. Frente a ello, los coactores, mediante presentación electrónica de fecha 16-III-2022, interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual reeditan e insisten en introducir agravios ya vertidos en ocasión de interponer el recurso de apelación. En ese sentido, se agravian de lo que consideran un excesivo rigorismo formal, viéndose afectado el acceso efectivo a la justicia.
Por otra parte, hacen hincapié en que la Alzada -en el voto mayoritario- confunde el thema decidendum, el cual no versa sobre la posibilidad o no de iniciar un nuevo proceso (conf. art. 64, ley 12.008) sino simplemente sobre la aplicación o no del plazo de caducidad para iniciar la acción en virtud de la deficiencia demostrada por la comuna demandada en sede administrativa, violando o aplicando erróneamente doctrina legal de este Tribunal.
Asimismo, denuncian en la sentencia impugnada la violación o aplicación errónea de los arts. 11, 15 y 39 incs. 1 y 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14 inc. "b" de la ley 12.008; 1 y 98 de la ordenanza general 267/80. Indican también conculcados los arts. 16, 17, 18, y cctes. de la Constitución nacional y violación o errónea aplicación de doctrina legal emanada de los fallos que citan.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. La parte recurrente, frente a las justificaciones brindadas por el a quo para decidir que la inviabilidad de la acción intentada resultaba ex lege (en la inteligencia que del art. 64 del Código de rito surge que el acto administrativo aquí cuestionado no puede ser objeto de una nueva pretensión, sino que impone un cuestionamiento jurisdiccional directo en el marco de la ejecución de sentencia en el proceso en el cuál fue ordenado), se limita a insistir con su particular punto de vista respecto a que debía darse curso a su pretensión con base en la interpretación del cómputo del plazo dispuesto en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo, apartándose de ese modo de la línea argumental desplegada por la Cámara, sin controvertir adecuadamente los fundamentos en los que dicho órgano cimentó su decisión.
En tal sentido, resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se ciñe a reiterar un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del juzgador, sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron fundadamente desechadas, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas (doctr. causas A. 73.816, "Moyano Walker", sent. de 21-II-2018; A. 74.741, "Sacco", resol. de 21-XI-2018; A. 76.856, "Geraghty", resol. de 19-VIII-2021, e.o.).
Por ende, la deficiente técnica desplegada por los apelantes, que se desentienden por completo de los argumentos ofrecidos por el a quo para obturar el progreso de esta acción y remitir al proceso principal en vías de ejecución, dejan firme el decisorio atacado. Y ello es con independencia del acierto o error de su lectura del art. 64 de la ley 12.008 actuado en autos, aspecto medular del fallo que la pieza en tratamiento no se dedica a elaborar concretamente.
V. Respecto a la mención de la doctrina legal efectuada por la recurrente, deviene ineficaz en tanto en los precedentes de este Tribunal invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren de los que se presentan en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021 y A. 76.002, "Agustoni", sent. de 22-IX-2021, e.o.).
VI. En punto a la vulneración de los arts. 11, 15 y 39, incs. 1 y 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14 inc. "b" de la ley 12.008; 1 y 98 de la ordenanza general 267/80 y 16, 17, 18 y cctes. de la Constitución Nacional, la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tales agravios, en tanto, partiendo de la sola invocación de las mencionadas normas, no hace más que exponer un fundamento disímil al sentado por la a quo e insuficiente para rebatirlo debidamente.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.629, "Vázquez", resol. de 5-XII-2018), tal como acontece en la especie.
VII. Por último, cabe recordar que no resulta idónea como sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la remisión a los fundamentos del voto que quedó en minoría. Máxime si por esa vía se elude -tal como se ha visto- controvertir eficazmente los fundamentos que estructuran la construcción jurídica del fallo dictado por la mayoría del tribunal (conf. causas A. 72.739, "Rérez", sent. de 10-V-2017; A. 73.397, "Dospital", sent. de 5-VII-2017; A. 72.710, "Alveolite", sent. de 16-VIII-2017).
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2023 10:01:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:14:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:44:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 12:51:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 19:06:43 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/02/2023 19:11:42 hs. bajo el número RR-12-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia