Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78059
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (arts. 60, inc. 1, CCA y 299 y 300, CPCC). Con costas a la recurrente (arts. 303 y 68, CPCC).
A.78.059 “GARCIA MARIA DEL ROSARIO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPLEO PUBLICO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INCONSTITUCIONALIDAD”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó -por economía procesal y teniendo en cuenta el criterio sentado por la Cámara de Apelación del fuero de esa ciudad en causas análogas- la demanda interpuesta contra la Municipalidad de General Pueyrredon mediante la cual se pretendía la declaración de nulidad del decreto 2.272/18, que modificó el módulo de cálculo de la Bonificación Especial Docente establecida en el art. 82 de la ordenanza 20.760. Impuso las costas en el orden causado, en atención al resultado del proceso y a la naturaleza de la materia ventilada (art. 51 inc. 2, CCA -texto según Ley 14.437-).
Paralelamente, en relación con el vicio en la motivación alegado por la parte actora, advirtió que si bien ésta invocó la violación del principio de no regresividad, no estableció vinculación alguna con el mencionado defecto en el acto cuestionado. Señaló que el derecho de defensa en juicio y el principio de congruencia le impedían avanzar en este aspecto. No obstante, recordó su postura al emitir opinión en causas análogas (CCAMDP, “Pérez”, sent. de 18-XI-2021; CCAMDP “Selmi”, sent. de 23-XI-2021; CCAMDP, “Gennaro”, sent. de 25-XI-2021), en las cuales sostuvo que el decreto 2.272/18 carecía de una motivación suficiente como para justificar la regresión que sufrieron los actores en sus salarios (art. 108, ord. gral. 267/80).
Por último, desestimó el planteo relacionado con la violación del procedimiento previo al dictado del decreto impugnado, toda vez que tratándose de un acto de alcance general, no eran obligatorios los dictámenes legales, técnicos o contables, en forma previa a su emisión.
II. Apelado el pronunciamiento por la parte actora, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso interpuesto y, consecuentemente, confirmó el fallo de grado en cuanto resultó materia de agravios (v. sent. de 19-IV-2022).
Para así decidir, señaló que lo resuelto por el juez que previno, lejos de constituir una contradicción a sus propias convicciones, se asentaba en la necesidad de procurar y mantener la unidad de la jurisprudencia, lo cual se vería frustrado si los jueces de las instancias inferiores insistieran en propugnar soluciones que irremediablemente habrán de ser revocadas.
Adicionando a ello que el acatamiento de los pronunciamientos de las instancias superiores contribuye con la celeridad de los procesos (art. 15, Const. prov.) y con el adecuado resguardo del principio de seguridad jurídica.
Resolvió, en definitiva, por los fundamentos expuestos en las causas análogas sustanciadas ante ese mismo tribunal (CCAMDP "Magrini", sent. de 13-VII-2021; "Mele", sent. de 31-VIII-2021; "Pérez", sent. de 18-VI-2021; "Selmi", sent. de 23-XI-2021 y "Gennaro", sent. de 25-XI-2021) que el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo municipal dispuso modificar las pautas de liquidación de la bonificación especial docente a partir del mes de octubre de 2018 y hasta diciembre de 2019 (fecha en la cual comenzó a regir el decreto 79/20 que dejó sin efecto los arts. 9 y 10 de su similar 2.272/18, a partir del 1 de enero de 2020, estableciendo su cálculo con la referencia de 35 horas semanales), era legítimo.
Impuso las costas en el orden causado (art. 51 inc. 2, CCA, texto según ley 14.337).
III. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 26-IV-2022, 20:13:08), en el cual alega que el fallo impugnado vulnera el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial que consagra los principios de progresividad, de primacía de la realidad y de indemnidad.
Expresa que el principio de progresividad fue receptado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, y se encuentra contemplado en el art. 1 del Estatuto para el Personal de las Municipalidades, ley 14.656.
Mediante resolución de fecha 19-V-2022 la Cámara interviniente concedió el remedio extraordinario y luego de haber conferido vista al Procurador General (v. proveído 9-IX-2020) esta Corte llamó autos para resolver (v. proveído de 15-IX-2022).
IV. Cabe señalar inicialmente que el llamamiento de autos no le impide a la Suprema Corte, al resolver la causa, examinar nuevamente si se han cumplido los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario sometido a su conocimiento (doctr. causas A. 70.583, "Robla", resol. de 2-XI-2011; A. 71.180, "Coluccio", resol. de 11-XI-2015; A. 72.878, "Iogha", resol. de 19-X-2016; A. 73.282, "Gire SA", resol. de 29-VIII-2017; A. 75.647, "Rodríguez", resol. de 31-V-2021; e.o.).
Sentado lo anterior, se impone advertir que –en el caso- las decisiones de la instancia ordinaria han transitado por argumentos de cuño netamente legal, siendo cualquier alusión a garantías constitucionales una referencia coadyuvante pero no fundamento expreso para juzgar acerca de la validez o invalidez de la actuación municipal impugnada en el presente proceso.
Dicho eso, recientemente esta Corte en una causa sustancialmente análoga a la presente (A. 77.837, "Gennaro", sent. de 24—XI-2022), sostuvo -tal como sucede en el sub lite - que si bien la parte actora adujo en su escrito inicial que el decreto impugnado en autos era inconstitucional toda vez que -a su entender- transgredía los principios contemplados en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, lo cierto es que el juez de primera instancia rechazó la demanda por el principio de economía procesal y aplicación del criterio de la Cámara departamental sentado en los antecedentes "Magrini", sent. de 13-VII-2021; "Mele", sent. de 31-VIII-2021; "Pérez", sent. de 18-VI-2021; "Selmi", sent. de 23-XI-2021 y "Gennaro", sent. de 25-XI-2021". Ello, sin perjuicio de dejar a salvo su criterio personal, en relación a la falta de motivación del acto.
Igualmente, desestimó un supuesto vicio en el procedimiento, en el entendimiento de que el decreto 2.272/18 importa un acto de alcance general y, como tal, no exige como requisito para su validez la emisión de dictámentes previos a su dictado (art. 123, ord. gral. 267/80).
Por su parte, la sentencia de la Cámara tampoco abasteció su decisión confirmatoria a partir de un marco de análisis estructurado en términos de compatibilidad constitucional con el mentado art. 39 inc. 3.
Ello es algo reconocido en la misma pieza recursiva, al quejarse de que el fallo "no realiza adecuadamente en ningún momento el análisis y escrutinio de constitucionalidad de dicho decreto, en cuanto a las impugnaciones de inconstitucionalidad formuladas por nuestra parte" (v. pto. VI.2., último párr., recurso extraordinario).
En suma, de una atenta lectura de las decisiones judiciales que dirimieron la contienda, cabe concluir que la recurrente erró a la hora de escoger la vía idónea a los fines de concretar una impugnación satisfactoria. Lo expresado, dado que sus planteos o bien se refieren a la omisión de tratamiento de una cuestión constitucional que se reputaba esencial (conf. arts. 161 inc. 3 apdo. 2, 168 y 171, Const. prov. y 296 y sigs., CPCC; doctr. causa A. 76.208, "Trejo", sent. de 22-IX-2021), o alternativamente debieron encaminarse por la errónea aplicación de las normas de rango legal efectivamente actuadas por los jueces (conf. arts. 161 inc. 3 apdo. 1, Const. prov. y 278 y sigs., CPCC).
Ello es así, en la medida en que el análisis acerca de la validez del decreto 2.272/18, antes que basarse en su supuesta inconstitucionalidad por violar los principios contenidos en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial -norma que, en rigor, no fue actuada por ninguno de los órganos intervinientes-, ha sido basada a partir de la atribución municipal para disponer la adecuación en de la base de cálculo de la bonificación en cuestión.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia, oído el señor Procurador General
Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (arts. 60, inc. 1, CCA y 299 y 300, CPCC). Con costas a la recurrente (arts. 303 y 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2023 10:01:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:14:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:44:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 12:51:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 19:06:44 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/02/2023 19:11:44 hs. bajo el número RR-13-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia