Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77864
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (arts. 60, inc. 1, CCA y 299 y 300 CPCC). Con costas a la recurrente (arts. 303 y 68, CPCC).
A.77.864 “SELMI MARIA JOSEFA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INCONSTITUCIONALIDAD-“
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata admitió la demanda deducida y declaró nulo el decreto 2.272/18. En consecuencia, le reconoció a la parte actora el derecho al cobro de la bonificación especial docente prevista en el art. 82 de la ordenanza 20.760/12, conforme al método de cálculo utilizado hasta el dictado del acto dejado sin efecto (es decir, tomando el salario que corresponde al nivel 12 del escalafón, subnivel de 35 horas semanales) y condenó a la municipalidad demandada al pago de las diferencias salariales reclamadas (v. sent. de 2-VIII-2021).
Para así resolver, sostuvo que la bonificación especial docente prevista en el art. 82 del Estatuto del Docente Municipal (ordenanza 20.760/12) tiene carácter remuneratorio y se encuentra amparada por los principios que contempla el art. 1 de la ley 14.656 sobre el Estatuto para el Personal de las Municipalidades.
Estimó que el decreto 2.272/18, mediante el cual se modificó la forma de cálculo de la bonificación especial docente a partir del mes de octubre de 2018 (tomando como referencia el módulo de 24 horas semanales del nivel ocupacional 12 y no el módulo de 35 horas como venía liquidándose) no era compatible con el principio de progresividad o no regresividad.
Adicionó, para fundar su anulación, que el decreto 2.272/18 carecía de una motivación suficiente como para justificar la regresión que sufrieron las demandantes en sus salarios (art. 108, ord. gral. 267/80).
II. Apelado el pronunciamiento por la parte demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso deducido y revocó la sentencia de primera instancia, rechazando en todos sus términos la demanda promovida (v. sent. de 23-XI-2021).
Para así decidir, indicó que la solución propuesta por el magistrado de la instancia no se colige con el análisis ni la solución que la Alzada diera a una causa análoga, en la cual se pronunció a favor de la legitimidad del decreto 2.272/18, en la que se dispuso modificar las pautas de liquidación de la denominada bonificación especial docente a partir del período 10-2018 y hasta el período 12-2019 (esto último, como consecuencia de la revocación del referido decreto 2.272/18 por razones de oportunidad, mérito o conveniencia dispuesta mediante el decreto 79/20, actuación que vino a restablecer a partir de 1-I-2020 el esquema de liquidación utilizado sobre la base de 35 hs. semanales).
Para ello recordó los fundamentos expuestos en causas análogas sustanciadas ante ese mismo tribunal (CCAMdP causas "Magrini", sent. de 13-VII-2021 y "Mele", sent. de 31-VIII-2021).
III. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 7-XII-2021, 10:30:02), en el cual alega que el fallo impugnado vulnera el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial que consagra los principios de progresividad, de primacía de la realidad y de indemnidad.
Expresa que el principio de progresividad fue receptado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, y se encuentra contemplado en el art. 1 del Estatuto para el Personal de las Municipalidades, ley 14.656.
Mediante resolución de fecha 15-II-2022 la Cámara interviniente concedió el remedio extraordinario y luego de haber conferido vista al Procurador General (v. proveído 20-V-2022) esta Corte llamó autos para resolver (v. proveído de 1-VII-2022).
IV.1. Cabe señalar inicialmente que el llamamiento de autos no le impide a la Suprema Corte al resolver la causa examinar nuevamente si se han cumplido los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario sometido a su conocimiento (doctr. causas A. 70.583, "Robla", resol. de 2-XI-2011; A. 71.180, "Coluccio", resol. de 11-XI-2015; A. 72.878, "Iogha", resol. de 19-X-2016; A. 73.282, "Gire SA", resol. de 29-VIII-2017; A. 75.647, "Rodríguez", resol. de 31-V-2021; e.o.).
Por eso, se debe advertir que –en el caso- las decisiones de la instancia ordinaria han transitado por argumentos de cuño netamente legal, siendo cualquier alusión a garantías constitucionales una referencia coadyuvante pero no fundamento expreso para juzgar acerca de la validez o invalidez de la actuación municipal impugnada en el presente proceso.
IV.2. Recientemente esta Corte, en una causa sustancialmente análoga a la presente (A. 77.837, "Gennaro", sent. de 24—XI-2022), sostuvo -tal como sucede en el sub lite - que si bien la parte actora adujo en su escrito inicial que el decreto impugnado en autos era inconstitucional toda vez que -a su entender- transgredía los principios contemplados en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, lo cierto es que el juez de primera instancia no ingresó en ese campo al acudir directamente al art. 1 de la ley 14.656 que consagra similar principio, siendo cualquier referencia a una garantía de tipo fundamental algo genérico o subsumido dentro de algún pasaje jurisprudencial.
Pero más allá de eso, es claro que el núcleo de la decisión se focalizó en la competencia, motivación y objeto de la conducta enjuiciada, a través del estudio analítico de los elementos esenciales del acto administrativo. Aspectos que el magistrado encontró viciados y en pugna con los términos del art. 108 de la ordenanza general 267/80. De allí que procediera a declarar la "nulidad" del decreto 2.272/18, pero sin poner el asunto en términos estrictamente constitucionales, ni citar expresamente la cláusula que aquí tanto se invoca en sustento del recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
IV.3. Por su parte, la sentencia de la Cámara tampoco abasteció su decisión a partir de un marco de análisis estructurado en términos de compatibilidad constitucional con el mentado art. 39 inc. 3.
Ello es algo reconocido en la misma pieza recursiva, al quejarse de que el fallo "no realiza en ningún momento el análisis de constitucionalidad del decreto 2272/2018 en cuanto a la impugnación hecha por esta parte" (v. pto. V.2., último párr., recurso extraordinario).
V. En suma, de una atenta lectura de las decisiones judiciales que dirimieron la contienda, cabe concluir que la recurrente erró a la hora de escoger la vía idónea a los fines de concretar una impugnación satisfactoria. Lo expresado, dado que sus planteos o bien se refieren a la omisión de tratamiento de una cuestión constitucional que se reputaba esencial (conf. arts. 161 inc. 3 apdo. 2, 168 y 171, Const. prov. y 296 y sigs., CPCC; doctr. causa A. 76.208, "Trejo", sent. de 22-IX-2021), o alternativamente debieron encaminarse por la errónea aplicación de las normas de rango legal efectivamente actuadas por los jueces (conf. arts. 161 inc. 3 apdo. 1, Const. prov. y 278 y sigs., CPCC).
Ello es así, en la medida en que el análisis acerca de la validez del decreto 2.272/18, antes que basarse en su supuesta inconstitucionalidad por violar los principios contenidos en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial -norma que, en rigor, no fue actuada por ninguno de los órganos intervinientes-, ha sido basada a partir de la atribución municipal para disponer la adecuación en la base de cálculo de la bonificación en cuestión.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia, oído el señor Procurador General
Rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (arts. 60, inc. 1, CCA y 299 y 300 CPCC). Con costas a la recurrente (arts. 303 y 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:41:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 19:32:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2023 08:13:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 10:08:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 11:32:28 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/03/2023 11:36:57 hs. bajo el número RR-63-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia