Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78169
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.78.169 “GODOY OSCAR SABINO C/ MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-“
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la demanda deducida por el señor Oscar Sabino Godoy contra la Municipalidad de Mar Chiquita mediante la cual persigue la anulación del decreto 764 de fecha 21-IV-2015, por cuyo intermedio se dispuso su cesantía por abandono de cargo.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada puntualizó que el magistrado de la instancia anterior había efectuado un cuidado análisis de los elementos de la causa, especialmente sobre los certificados médicos acompañados por el actor una vez cesada la licencia anual sin goce de haberes que había solicitado, precisando que la Junta Médica convocada por la comuna demandada había concluido que aquel se encontraba en condiciones aptas para retomar sus tareas.
Señaló que el juzgador de grado había advertido que aquel dictamen no fue impugnado debidamente, que el actor había ignorado las intimaciones a reincorporarse a sus tareas en el municipio, al tiempo que había quedado demostrado que aquél desarrolló labores similares en el sector privado durante el mismo período. En ese sentido el magistrado había rechazado el planteo que buscaba declarar la ilegitimidad de un acto que, cumpliendo con el requisito de la intimación previa, había dispuesto la cesantía del actor por abandono del cargo, y había resuelto que la decisión de la Administración era razonable, en tanto se había ajustado a lo previsto en el art. 65 de la ley 11.757.
Sentado ello, la Cámara observó que el recurrente, lejos de objetar fundadamente aquel razonamiento, se limitó a cuestionar la valoración de la prueba realizada por el sentenciante exhibiendo una mera disconformidad con la decisión impugnada, sin hacerse cargo de los aspectos centrales que el fallo brindó al confirmar la decisión segregativa.
Destacó el Tribunal de Alzada que en su derrotero el apelante pasó por alto que la Junta Médica había descartado la existencia de la patología laboral que aquel alegó en la órbita administrativa y había determinado que se encontraba en condiciones de trabajar, con argumentos que controvertían, en forma directa, las conclusiones de sus médicos particulares.
Recordó que el mencionado antecedente técnico del que se valió el municipio para intimar al señor Godoy a reintegrarse a cumplir sus labores, no fue cuestionado por el actor, quien insistía en su postura teniendo como único sustento un informe de su psiquiatra tratante, cuyo contenido había sido severamente rebatido por el cuerpo médico sin introducir otros elementos que superaran las deficiencias observadas.
Agregó que aquel informe y la propia sentencia de grado habían tenido en cuenta especialmente la relación laboral que vinculó al actor con la empresa Cardio durante el mismo período en el que acusó padecer una patología incapacitante para prestar tareas en el municipio, y que por el contrario el recurrente nada manifestó a ese respecto.
Resaltó de ese modo la insuficiencia de la apelación intentada, en tanto se desentendía de los pilares argumentales esgrimidos por el fallo de origen para convalidar la cesantía dispuesta en los términos del art. 65 de la ley 11.757. y desestimar así la demanda incoada.
Frente al acuse de irrazonabilidad de la sanción aplicada, la Cámara expresó que el fallo de origen había ponderado correctamente que, configurada la situación prevista en el primer párrafo del art. 65 de la ley 11.757, la única consecuencia que quedaba expedita era la cesantía en el cargo.
En ese sentido, señaló que quedó demostrado que luego de notificársele al agente el dictamen que determinó su aptitud laboral y haberlo intimado a reincorporarse a sus tareas dentro del término de un día hábil sin que este lo hiciera, el municipio decretó el cese por abandono del cargo por aplicación de la señalada norma, actuación que se evidenciaba como un ejercicio razonable de la potestad legal ejercida en la especie por parte del ejecutivo comunal.
Por otro lado, la a quo desestimó el embate tendiente a tachar de inconstitucional el citado art. 65, con base en lo resuelto por esta Corte en la causa I. 2021, "Municipalidad de San Isidro", ello por cuanto no obstante recordar que aquella declaración no goza de efectos erga omnes , señaló que en aquel precedente fue el municipio quien cuestionó la validez del régimen de empleo público establecido en la ley 11.757, al reputarlo restrictivo de su potestad reglamentaria y lesivo de la autonomía municipal; mientras que en la controversia en estudio el municipio demandado, lejos de considerar que la norma en cuestión vulneró su esfera de autonomía regulatoria en materia de empleo público, sustentó en esa previsión la decisión segregativa puesta en crisis.
Finalmente, la Cámara rechazó las críticas del recurrente en punto a la valoración de la prueba testimonial y pericial producida, en tanto el fallo de grado había analizado detalladamente la primera y considerado que el dictamen de la Junta Médica había sido emitido considerando que no existía un informe del psiquiatra con un diagnóstico de certeza y un tratamiento que se le indicara, siendo que sólo se limitó a referir una situación de acoso laboral mientras que el informe psicológico indicaba una situación de estrés y angustia que resultaba incompatible con el trabajo desempeñado por el actor en la empresa de emergencias médicas Cardio.
Advirtió que del informe pericial de fecha 15-X-2019 se desprendía que el propio demandante había reconocido que la problemática laboral denunciada tuvo relación directa con incompatibilidades horarias entre su trabajo en el municipio y aquel que desarrollaba en el sector privado como enfermero y chofer.
Señaló que tampoco se verificaban en el expediente administrativo constancias que dieran cuenta de los cambios de horarios, ni denuncia por parte del actor de la que surgiera información sobre la situación de acoso laboral informada a la perito médica interviniente, ni se evidenciaba que durante el período de licencia que solicitó como consecuencia del "estado de angustia, irritabilidad y frustración" que le provocaba su situación laboral, el actor se hubiera sometido a algún tratamiento psicológico o psiquiátrico, haciéndolo recién cuando se agotó la referida licencia.
Concluyó entonces que el recurrente simplemente introducía un criterio discrepante con el del pronunciamiento de grado sin lograr demostrar una contradicción entre su razonamiento y las constancias probatorias obrantes en las actuaciones, valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica racional.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. sent. de fecha 19-IV-2022)
II. Frente a ello, el actor vencido, mediante presentación electrónica de fecha 4 de mayo de 2022, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual reitera argumentos ya expuestos en oportunidad de apelar, esgrime que el fallo atacado ha incurrido en una errónea interpretación de la doctrina legal, a la vez que denuncia que incurre en absurdo en tanto ha aplicado el sistema de la libérrima convicción rechazando sin más la prueba de su parte. Se agravia al denunciar que en no se aprecia base ni apoyo legal, doctrinal y jurisprudencial incuestionables para llegar a esas conclusiones.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; A. 78.088, "Uzcudum", resol. de 7-XII-2022).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por el recurrente respecto a la omisión por parte de la a quo de considerar lo diagnosticado por su médico tratante, la justificación de sus inasistencias basada en certificados médicos presentados a su empleadora, la falta de proporcionalidad en que habría incurrido la Administración y la disconformidad planteada en torno al modo en que la Cámara abordó el planteo de inconstitucionalidad intentado, no pasan de expresar criterios divergentes y reiteratorios respecto de los expresados en el decisorio impugnado sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos que fueron dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019, entre otras).
No es ocioso destacar que los agravios indicados, planteados nuevamente en esta instancia extraordinaria, fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015)
IV.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa, se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
IV.3. Por último, se observa que tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal.
Al respecto, es del caso recordar que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
Del mismo modo este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados -como aquí acontece- mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, entre muchas otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:41:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 19:32:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2023 08:13:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 10:08:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 11:32:33 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/03/2023 11:37:05 hs. bajo el número RR-68-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia