Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78220
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.78.220 “DE SANTOLO DANIEL OSCAR C/ MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-“
Los señores Jueces doctores Kogan, Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la demanda deducida por el señor Daniel Oscar De Santolo contra la Municipalidad de Mar Chiquita mediante la cual persigue la anulación de la ordenanza 90/16 sancionada por el Concejo Deliberante el 12 de diciembre de 2016 y del decreto 2.188 dictado por el Departamento Ejecutivo del municipio demandado el 14 de diciembre del mismo año, a través de los cuales se removió al actor del cargo de contador municipal.
I.1. Para así decidir, en lo que aquí interesa, el mencionado Tribunal de Alzada valoró ciertos elementos que el magistrado de grado había tenido en cuenta al sentenciar. En ese sentido señaló:
I.1.a. Que mediante decreto 1.726 del 2 de noviembre de 2015 el Intendente del Partido de Mar Chiquita designó al señor Daniel Oscar De Santolo en el cargo de contador municipal a partir del 1° de noviembre de 2015, otorgándole posteriormente una licencia sin goce de haberes solicitada por el propio actor a partir del 4 de diciembre del mismo año "en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo n° 171/15", decisión que fue oportunamente observada por la delegación local del Tribunal de Cuentas provincial al considerar que se configuraba un incumplimiento de lo establecido por el art. 2 inc. "c" de la ley 11.757 -objeción confirmada por la resolución 164 del 5 de abril de 2017 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires-;
I.1.b. Que en virtud de tal circunstancia, con fecha 11 de diciembre de 2015, el nuevo Intendente en ejercicio, procedió a nombrar un contador municipal interino;
I.1.c. Que estando en uso de dicha licencia, se verificó la participación del aquí actor en carácter de representante de la empresa Pasalto Construcciones SRL, aspirante a ser proveedora del municipio en tres procesos licitatorios que se llevaron a cabo para esa jurisdicción;
I.1.d. Que en ese contexto, el Ejecutivo solicitó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para apartar al funcionario en cuestión, decisión que se hizo efectiva con el dictado del decreto 2.188 del 14 de diciembre de 2016 por el que se dispuso la remoción del señor De Santolo a partir del 9 de diciembre del mismo año, notificándosele dicho acto el 3 de enero de 2017.
I.2. Apuntados estos antecedentes, la Cámara interviniente sostuvo que las críticas vertidas por el actor al apelar no lograban rebatir en forma idónea los fundamentos esgrimidos en la sentencia de grado que sustentaron el rechazo de la pretensión anulatoria entablada, mereciendo ese remedio ser desestimado en razón de su insuficiencia palmaria.
Comenzó por señalar que el magistrado de primera instancia había explicado que, al desempeñarse como contador del municipio, el actor no integraba la planta permanente de empleados ni gozaba del derecho a la estabilidad laboral previsto en el art. 15 de la ley 11.757, atento que el art 2 inc. "c" de dicho estatuto excluye de esta última garantía a los funcionarios para cuyo nombramiento o remoción las leyes establezcan procedimientos determinados, aclarando que la función específica del contador municipal se encuentra regulada en la LOM (decreto ley 6.769/58), gozando tal funcionario -debido a las características atinentes a su rol- de un estatus especial reglado por normas específicas que no le garantizan la estabilidad propia de los empleados de planta permanente, sino que su permanencia esta tutelada a través del mecanismo específico previsto para su remoción, procedimiento que dicho magistrado había considerado legítima y razonablemente llevado a cabo en el caso por el municipio.
Frente a tal cuestión, la Cámara observó que el apelante denunciaba la ilegitimidad de su apartamiento apoyándose en el argumento de la estabilidad que invocaba ostentar en virtud de la antigüedad de la que gozaba en el ejercicio de diversos cargos en el ámbito comunal, aunque prescindiendo de manifestarse en torno al razonamiento jurídico por el cual el magistrado de origen había concluido que la normativa aplicable al caso imponía descartar que el actor quedara amparado por ese beneficio para el cargo del cual fue removido.
I.3. Desestimó a su vez el planteo traído por el apelante en torno a la posibilidad de reserva del cargo de revista previamente desempeñado mientras estuviera vigente su designación como contador municipal, por cuanto la Cámara consideró que tal tópico, al no haber sido sometido a conocimiento del juez de la instancia anterior, constituía el fruto de una reflexión tardía, elemento inhábil para fundar el recurso de apelación.
I.4. Al mismo tiempo rechazó el agravio por el cual se denunciaba la transgresión del derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo, en tanto en su planteo el apelante no lograba desvirtuar los fundamentos por los cuales juez de grado había rechazado tal cuestionamiento en razón de su intrascendencia.
I.5. Por su parte, frente al argumento que buscaba fundar la invalidación del decreto cuestionado sobre la base de que la licencia otorgada al actor habría sido dispuesta por el mismo órgano que luego la invocó a los efectos de fundar su remoción, la a quo consideró que el apelante se desentendía de los concretos fundamentos -descriptos anteriormente- que llevaron al magistrado de la instancia anterior a rechazar la impugnación en estudio y en ese entendimiento desestimó el agravio.
I.6. Igual solución encontró frente a las expresiones vertidas por el apelante en relación a la supuesta falta de prueba que evidenciara la imputación que le fue formulada respecto a sus actuaciones en representación de la firma Pasalto Construcciones SRL y al planteo del exceso de punición en la decisión del caso.
Sobre el particular, la Cámara observó que el quejoso se desentendía de la valoración probatoria efectuada por el juez de grado para tener por acreditado el proceder referenciado y reiteró que los actos impugnados no importaban el ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración, sino que conformaban el resultado de un procedimiento interorgánico de remoción llevado a cabo respetando los pasos legales establecidos y con la debida razonabilidad que por tal razón cabía reputar legítimo.
I.7. Finalmente, rechazó por insuficientes y discordantes los agravios que se orientaban a sostener un obrar discriminatorio por parte de la nueva gestión a cargo la comuna demandada al decidir su apartamiento del modo en que lo hizo.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. sent. de fecha 19-V-2022).
II. Frente a ello, el actor vencido, mediante presentación electrónica de fecha 6-VI-2022, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual, reiterando argumentos ya expuestos en oportunidad de apelar, esgrime que el fallo atacado vulnera doctrina legal de esta Corte a la vez que conculca el derecho al trabajo, a la estabilidad del empleado público y a la igualdad (arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional, art. 6 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 11, 39 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial).
A la vez denuncia que el fallo incurre en absurdo en tanto se ha aplicado el sistema de la libérrima convicción rechazándose sin análisis ni hondura la prueba aportada por su parte, dejando a la decisión en análisis sin base ni apoyo legal, doctrinal o jurisprudencial incuestionables para llegar a esas conclusiones.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; A. 78.088, "Uzcudum", resol. de 7-XII-2022).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por el recurrente respecto a la reserva de cargo y la estabilidad pretendida, el procedimiento llevado a cabo para su remoción, la legalidad de la licencia otorgada, la afectación a su derecho de defensa, el trato discriminatorio en la decisión de apartarlo, la falta de proporcionalidad y el exceso de punición en que habría incurrido la Administración, no pasan de expresar criterios divergentes y reiteratorios respecto de los sostenidos en el decisorio impugnado sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos que fueron dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
Es que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019, entre otras).
No es ocioso destacar que los agravios indicados, planteados nuevamente en esta instancia extraordinaria, fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015)
IV.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente, más que evidenciar un yerro de índole normativa, se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
IV.3. Tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal.
Al respecto, es del caso recordar que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
Del mismo modo este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados -como aquí acontece- mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, entre muchas otras).
IV.4. Por último, se observa que no se encuentra adecuadamente desarrollada alguna explicación de cómo es que los preceptos legales que cita fueron violados por el fallo que impugna.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinadas normas no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018), tal como acontece en la especie.
En particular, frente a la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales, esta no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas, que tal como quedó expuesto no ha sido acreditada en el caso (doctr. causas A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018; A. 74.466, "Fernandez Nogal", resol. de 10-X-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:41:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 19:32:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2023 08:13:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 10:08:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 11:32:35 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/03/2023 11:37:08 hs. bajo el número RR-71-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia