Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76965
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.965, "Critelli, Lucas c/ Municipalidad de Malvinas Argentinas s/ Pretensión Anulatoria-Empleo Público. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Torres, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que dispuso desestimar la demanda (v. sent. de 4-II-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, el demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 23-II-2021, 11:58:01 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de 17-III-2021.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El señor Lucas Critelli promovió demanda contra la Municipalidad de Malvinas Argentinas pretendiendo la nulidad del decreto de cese y, consecuentemente, su reincorporación al empleo como agente de planta permanente junto al pago de los salarios devengados hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia. Subsidiariamente, solicitó el pago de una indemnización en los términos del art. 30 de la ley 10.430, en virtud de la doctrina emanada de la causa "Ramos" decidida por la Corte federal (v. demanda de 12-V-2017 a fs. 9/19).
I.2. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín desestimó la demanda, pues consideró que si bien el decreto atacado 15.821/16 que declaró el cese del agente resultaba ilegítimo -sin expresamente anularlo-, al carecer aquel de estabilidad en el empleo no correspondía su reincorporación ni indemnización alguna. Ello, conforme a las razones que expone en el pronunciamiento (v. sent. de 22-VI-2020).
II. Apelada por el actor la sentencia de grado (v. presentación electrónica de fecha 5-VII-2020, 13:07:11 hs.), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso incoado y confirmó dicho pronunciamiento (v. sent. de 4-II-2021).
En primer lugar, reseñó el vínculo que unió al actor con el municipio demandado. Ponderó que del legajo personal del demandante surgía que comenzó a desempeñarse como becario en la Contaduría Municipal a partir del 6 de agosto de 2007 (v. dec. 2.666/07), beneficio que fue ampliándose ininterrumpidamente mediante sucesivos decretos hasta el 1 de mayo de 2011, fecha en la que se dio de baja la beca (v. dec. 4.319/11) y, paralelamente, se lo designó como coordinador en la misma área comunal (v. dec. 4.286/11).
Continuó relatando que el 1 de agosto de 2013 se dispuso la baja como coordinador (v. dec. 6.489/13), fecha en la que a su vez se le otorgó un nuevo beneficio de beca (v. dec. 6.555/13) en la Dirección de Recursos Humanos, siendo renovada a través de sendos decretos hasta el 1 de noviembre de 2015, fecha en la que se la dio por finalizada.
Finalmente, también a partir del 1 de noviembre de 2015 fue designado coordinador en la mentada Dirección (v. dec. 9.910/15) hasta el 1 de diciembre de 2016 en que se dispuso su cese en el cargo por decreto 15.821/16.
En consecuencia, entendió que fue mutando el vínculo entre el actor y la comuna, al prestar aquél servicios en distintas oportunidades en calidad de becario y de personal temporario.
En ese contexto, sostuvo que, en línea con la postura expresada por esta Suprema Corte en la causa B. 64.699, "Fazio", sentencia de 19-XII-2012, el instituto de las becas no compartía las características y los recaudos propios del empleo público, por lo que no se configuraba en tal supuesto una relación de tal carácter.
En lo concerniente al desempeño del agente como coordinador, señaló que la actual ley 14.656 al regular el derecho a la estabilidad distingue entre dos grupos de agentes, diferenciando al personal permanente del temporario. Lo anterior, determinando en cada caso los derechos que le asisten a cada uno de ellos, como así también las condiciones y modalidades de acceso. Precisó que en autos no se había demostrado que se hubiese dado cumplimiento con los requisitos necesarios para el ingreso del agente a planta permanente (conf. arts. 2 y 4, ley 14.656).
Invocó la doctrina mayoritaria de esta Corte relativa al personal de planta temporaria -agentes mensualizados y jornalizados-, afirmando que aquel participaba de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo.
Recordó también que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo entre el agente y la Administración estaba dado por la modalidad de designación. Ello, sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con el carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista.
En base a ello, advirtió que el actor no adquirió estabilidad en el cargo, toda vez que -al margen del período en que se desempeñó como becario- su vínculo de empleo con la comuna se desarrolló bajo la órbita de designaciones en calidad de personal transitorio, las cuales no le conferían aquella situación subjetiva al integrar la planta temporaria comunal (conf. arts. 2 y 70, ley 14.656).
Reiteró que se había acreditado que el actor fue designado como becario y como personal temporario, y por tanto quedaba excluido de las previsiones que en materia de estabilidad prevé el plexo normativo aplicable por su condición de agente transitorio. Por ello consideró que, más allá de la ilegitimidad o no del acto del cese, no correspondía la reincorporación pretendida por el apelante debido a que nunca había adquirido el carácter de agente permanente.
En ese piso de marcha, estimó que si se atribuyera la condición de agente permanente a quien no fue incorporado a los cuadros de la Administración municipal con los recaudos y medios de selección previstos para ello, se estaría alterando el régimen normativo aplicable.
Razonó, con cita en la causa "Berardozzi" -resuelta por esa Cámara mediante sentencia de 2-VIII-2018 (v. cons. 9)-, que la sanción de la ordenanza 1.610/15 -que reconoció el pase automático a planta permanente de todos los trabajadores municipales que hubieren ingresado con anterioridad al 31 de octubre de 2014, ya sea como coordinadores o becados (art. 1)- no cambiaba la postura sustentada en este decisorio respecto a que el actor no había demostrado que obtuvo estabilidad en el cargo. Sostuvo que ello era así, pues, de un lado, dicha ordenanza fue dictada con alcance general, en tanto que el mentado nombramiento supone un acto administrativo expreso de designación; y, de otro, que no alcanzó la alegada permanencia ya que, de acuerdo al ordenamiento aplicable, la estabilidad no se adquiere por acreditar un año en la función, sino al año de haberse dictado el acto de designación en planta permanente (conf. ley 14.656); lo cual no ha sucedido en autos.
Por tanto, expresó que resultaba erróneo el razonamiento del demandante en torno a que adquirió estabilidad en el cargo, al haberse efectuado su baja luego de cumplido el período de doce meses posteriores a su nombramiento (ord. 1.610/15) como personal de planta permanente.
Incluso, refirió a que la ordenanza 1.667/16, sancionada el 11-VIII-2016 derogó el pase a planta permanente instrumentado por la ordenanza 1.610/15. Al respecto, rechazó el agravio formulado en relación a la inconstitucionalidad de aquella norma comunal en cuanto sustentara la ilegitimidad del decreto de cese, debido a que no se hallaban vicios que justificaran tal declaración. Por último, concluyó que, más allá de la legitimidad o ilegitimidad del acto de cese, no prosperaba ni la reincorporación del agente como así tampoco la reparación económica, en la medida que, de conformidad a las circunstancias acreditadas en la causa, no se observaba que la modalidad empleada por el ente estatal en su relación con el actor haya conllevado a una aplicación desviada de la normativa.
III. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 31, 39 y 103 inc. 12 de su par provincial; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 4, 7, 70 y 119 de la ley 14.656; 83 inc. 9 del decreto ley 6.769/58 y el quebrantamiento de la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de las causas A. 69.913, "Villafañe"; B. 64.315, "Carrizo"; A. 71.045, "Colombo"; B. 62.793, "Maza Vergara"; A. 74.235, "Mesiano"; entre otras.
También alega absurdo y plantea el caso federal.
III.1. Inicialmente, explica que, contrariamente a lo sostenido en la sentencia impugnada respecto de la ordenanza 1.610/15, el acto de designación efectuado mediante dicha norma comunal tuvo alcance individual, en tanto proyectaba sus efectos sobre un grupo determinable de agentes municipales.
Asimismo, al exponer que la ley 14.656 de empleo público municipal establece que las comunas que utilizan personal temporario sin sujetarse a tal normativa, se las sanciona con el pase a planta de aquellos (conf. art. 70, ley 14.656), considera que posee estabilidad en el cargo por ser personal de planta permanente.
Arremete contra la decisión de la jueza de grado, por excederse de lo debatido por las partes en el pleito, en orden a la aludida ordenanza 1.610/15. De un lado, pues frente al propósito de ese dispositivo normativo -según considera el actor- de reconocer el período de prueba normado en la legislación de empleo municipal, la magistrada dilucidó que el personal temporario reunía los recaudos de idoneidad para el cargo; y, del otro, por entender dicha sentenciante que la normativa comunal precitada al resultar ilegítima se derogó por la ordenanza 1.667/17, revocándose así -sostiene el recurrente- un acto regular (ord. 1.610/15) que por imperativo legal era irrevocable.
III.2. Por otra parte, se agravia acerca de que absurdamente el pronunciamiento atacado concluyó que el municipio demandado no había utilizado en forma irrazonable la contratación temporaria, dado que sostiene que no se halla controvertido que su desempeño en la comuna fue durante nueve años como administrativo en carácter de becario, lo cual no se corresponde con la naturaleza temporal o no permanente asignada.
Invoca la doctrina legal de esta Suprema Corte relativa al personal de planta temporaria que reputa vulnerada, transcribiendo extractos de las causas A. 69.913, "Villafañe" y B. 64.315, "Carrizo", sentencias de 13-XI-2012 y, en función de ello, arguye el desvío de poder de la Administración demandada en cuanto al incumplimiento de la normativa sobre contratación de personal.
Finalmente, alega que para el supuesto de rechazarse la estabilidad en el cargo y ante las irregularidades denunciadas, la denegación de una indemnización a su favor viola la doctrina de este Tribunal emanada de las causas precedentemente citadas por resultar sustancialmente análogas al sub examine .
IV. Adelanto que el recurso interpuesto no prospera atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. En instancia extraordinaria es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018; Ac. 90.421, "C.I.C.O.P.", sent. de 27-VI-2007; A. 70.224, "Arce", sent. de 6-IV-2011; A. 73.367, "Fuente", sent. de 26-XII-2018; e.o.), lo cual acontece en la especie.
IV.2.a. En tal sentido, las manifestaciones del impugnante expresan un mero criterio divergente al de la Cámara respecto de su desempeño en la Municipalidad demandada, toda vez que aquel insiste, a lo largo de la pieza recursiva, en postular que durante la totalidad de su relación laboral con la Administración comunal ejerció como administrativo bajo la figura de "becario". Veamos.
En apretada síntesis, conforme a las constancias obrantes en la causa, a partir del decreto 2.666 de 6-VIII-2007 se le otorgó al actor el beneficio de una beca correspondiente al Programa de Becas Municipal n° 2 según decreto 448/98, a implementarse en la Contaduría Municipal, ampliándose aquella sucesivamente hasta el 1 de mayo de 2011 (dec. 4.319) y renovándose posteriormente en fecha 1 de agosto de 2013 (dec. 6.555) al 1 de noviembre de 2015 (dec. 9.898) en la Dirección de Recursos Humanos.
Por último, en los períodos intermedios que abarcaron a partir del 1 de mayo de 2011 (dec. 4.286) al 1 de agosto de 2013 (dec. 6.489) y desde el 1 de noviembre de 2015 (dec. 9.910) hasta su cese a partir de fecha 1 de diciembre de 2016 (dec. 15.821) lo hizo bajo la designación de "coordinador" (v. legajo personal del actor).
De lo reseñado se desprende con claridad que, como lo señalara el Tribunal de Alzada, el actor no ejerció exclusivamente en condición de becario tal como aduce en su impugnación, sino que durante el vínculo con la comuna alternó períodos en carácter de coordinador.
IV.2.b. Ahora bien, en orden a determinar la naturaleza de su condición como becario en el marco del Programa de Becas Municipal n° 2 (v. Anexo I, dec. 448/98), el plexo legal que rigió el sistema de becas municipal conformado por el decreto 448/98 preceptuó que " la vinculación existente entre el becario y el municipio no configurará relación de empleo público, por lo que no resulta aplicable el régimen para el personal de la administración pública municipal" (art. 2, dec. 448/98).
Por su parte, el a quo basó su concepción en torno al sistema de becas de acuerdo al criterio apuntado por esta Suprema Corte en la causa B. 64.699, "Fazio", sentencia de 19-XII-2012, en la cual el beneficio de la beca tenía un alcance semejante al del sub lite (v. Anexo I, Programa de Becas Municipal n° 2, dec. 448/98), sosteniendo en concreto que "...el instituto de las becas no comparte las características y recaudos propios del empleo público". Y finaliza recordando que también el Supremo Tribunal provincial ha excluido expresamente a los becarios de la aplicación de la doctrina sentada en la causa A. 69.913, "Villafañe", sentencia de 13-XI-2012, en la que se receptó la postura de la Corte federal en los fallos "Ramos", "Sanchez" y "Cerigliano" aplicable a los agentes de planta temporaria (cons. 5).
Al respecto, es dable aseverar que el cuestionamiento del demandante al fallo en crisis no logra conmover la decisión adoptada por el tribunal a quo en lo relativo a la interpretación conferida al sistema de becas municipal, como así tampoco consigue demostrar que se haya tendido a ocultar mediante las sucesivas renovaciones de la beca asignada un vínculo de empleo estable (conf. causas L. 83.217, "Morales", sent. de 14-XII-2005; A. 107.854, "Moreno", sent. de 3-IV-2014 y A. 72.788, "Pla", sent. de 18-X-2017).
En base a lo expresado, en el sub lite la normativa aplicable a la beca municipal otorgada al agente es concluyente, para culminar confirmando en esta parcela la ausencia de un vínculo de empleo público entre el demandante y la Administración comunal (conf. doctr. causa B. 64.699, "Fazio", sent. de 19-XII-2012).
En consecuencia, el agravio aquí articulado no es de recibo.
IV.3. Sentado lo anterior, no altera la suerte de la impugnación el planteo del agraviado dirigido a porfiar por su estabilidad, mediante el cual rebate el razonamiento efectuado por el Tribunal de Alzada, con base en lo previsto en la ley de empleo municipal (ley 14.656) y en lo que -según considera- sería el verdadero alcance de la ordenanza 1.610/15 que lo condujo a planta permanente.
En este punto, el recurrente aduce que la designación efectuada mediante la ordenanza 1.610/15 tuvo alcance individual y que su propósito era reconocer el período de prueba regulado en la ley de empleo municipal (art. 4, ley 14.656), por cuanto tuvo por "... cumplido el periodo de prueba establecido en el Artículo 4 de la Ley 14.656 a todos los trabajadores municipales que hayan ingresado con anterioridad al 31 de Octubre de 2014, ya sea como coordinadores o becados, pasando automáticamente a planta permanente con derecho a la estabilidad que consagra el Art. 14 bis de la Constitución nacional " (art. 1, ord. 1.610/15).
Asimismo, indica que las comunas que utilizan personal temporario y no se sujetan a la normativa de empleo municipal son pasibles de sanción con el pase a planta de aquellos (conf. art. 70, ley 14.656).
En esta parcela del embate se presenta una situación similar a la de la causa A. 75.578, "Berardozzi", sentencia de 5-VIII-2022, en donde se rechazó el recurso interpuesto por la actora. Allí, el voto de mi distinguido colega doctor Soria, al que adherí oportunamente, señaló, respecto al desacierto del planteo relativo al período de prueba previsto en la ley 14.656, que "la actora lee el art. 4 de la ley 14.656 como regulando la situación de los empleados 'provisionales' -que no sería su caso-, planta funcional que no existe como tal (conf. art. 70, ley 14.656)".
A continuación, dicho magistrado sostuvo "...la apelante prescinde de algo prácticamente incontrovertido, como es que la naturaleza de su vínculo con el municipio se concibió -más allá de si hubo desviación de la finalidad o no, cuestión que debe analizarse aparte- como de tipo transitorio [...]". "Por eso es que la Cámara entendió que ese 'reconocimiento' por acto de alcance general no alteraba su situación anterior al dictado de la ordenanza". Incluso, en el sub examine , la sentencia del Tribunal de Alzada citó en este aspecto a la dictada oportunamente en la propia causa "Berardozzi" (v. cons. 9).
Ello es también lo que se aprecia que acontece en la especie, toda vez que el actor en lugar de refutar idóneamente lo resuelto en el sentido apuntado por el dispositivo sentencial, articuló meras argumentaciones subjetivas acerca del alcance de la norma municipal mentada (ord. 1.610/15).
En esas condiciones, este Tribunal tiene dicho que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión del tribunal de apelación y se dedica a criticarla con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (cfr. causas A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 71.718, "Raymundo", sent. de 14-VI-2017; A. 73.023, "Rodriguez", sent. de 9-V-2018; A. 73.962, "Herscher", sent. de 15-V-2019; e.o.).
Por lo demás, tampoco prosperan por insuficientes los restantes cuestionamientos del agraviado en torno a la ordenanza 1.610/15, puesto que no constituye base idónea en vía extraordinaria atacar las conclusiones expresadas al efecto por la sentenciante de primera instancia.
IV.4. Del mismo modo, luce inhábil el agravio apuntado a que el pronunciamiento impugnado resultó absurdo al no advertir que la Administración municipal aplicó abusivamente la contratación temporaria e incurrió en de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.