Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76923
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.923, "Vallejos, Cristina del Carmen c/ Municipalidad de Malvinas Argentinas s/ Pretensión Anulatoria-Empleo Público. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó el recurso de apelación incoado por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que dispuso la desestimación de la demanda (v. sentencia de 17-XII-2020).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de 4-II-2021, 21:34:46 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de 25 de febrero de 2021.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora Cristina del Carmen Vallejos promovió demanda contra la Municipalidad de Malvinas Argentinas peticionando la nulidad del decreto de cese y, consecuentemente, su reincorporación al empleo como agente de planta permanente junto al pago de los salarios devengados hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia. Subsidiariamente, solicitó el pago de una indemnización en los términos del art. 30 de la ley 10.430, en virtud de la doctrina emanada de la causa "Ramos" decidida por la Corte federal (v. demanda de 12-V-2017).
I.2. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín desestimó la demanda, pues entendió que si bien el decreto impugnado 3.525/16 que declaró el cese de la agente resultaba ilegítimo -sin expresamente anularlo-, al carecer aquella de estabilidad en el empleo, no correspondía su reincorporación ni indemnización alguna dado que el escaso material reunido en la causa no permitía evidenciar responsabilidad estatal (v. sentencia de 11-VI-2020).
II. Apelada por la demandante la sentencia de grado (v. presentación electrónica de 26-VI-2020, 20:14:01 hs.), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso interpuesto y confirmó dicho pronunciamiento (v. sentencia de 17-XII-2020).
Inicialmente, reseñó el vínculo que unió a la actora con la Municipalidad demandada, relatando que aquella comenzó a desempeñarse como becaria a partir del 1 de febrero de 2006 (v. dec. 1.246/06), beneficio que fue extendiéndose mediante sucesivos decretos hasta el 1 de enero de 2008, fecha en la que se la nombró como Operaria XI en el Concejo Deliberante (v. dec. 1.452/07) hasta el 1 de octubre de 2010.
Asimismo, en la última fecha precedentemente señalada se la volvió a nombrar como becaria (v. dec. 1.897/10), ampliándose dicha designación hasta el 1 de diciembre de 2013, fecha en la que fue designada como Operaria Cat. XI (v. dec. 2.622/13) hasta que fuera dada de baja.
Así, consideró el vínculo mantenido entre la demandante y la comuna, como becaria y personal temporario y sostuvo que, en línea con la postura expresada por esta Suprema Corte en la causa B. 64.699, "Fazio", sentencia de 19-XII-2012, el instituto de las becas no compartía las características y los recaudos propios del empleo público, no configurándose en tal supuesto una relación de tal carácter, agregando que expresamente se excluyó a los becarios de la aplicación de la doctrina sentada en la causa A. 69.913, "Villafañe", sentencia de 13-XI-2012, que receptara el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Ramos", "Sánchez" y "Cerigliano".
Señaló que, en lo atinente al desempeño de la actora como personal temporario, la actual ley 14.656, al regular el derecho a la estabilidad distingue entre dos grupos de agentes, diferenciando al personal permanente del temporario, y determinó en cada caso los derechos que le asistían a cada uno de ellos, como así también las condiciones y modalidades de acceso.
Precisó que en autos no fue demostrado que se hubiera cumplido con los requisitos necesarios para el ingreso de la agente a planta permanente (conf. arts. 2 y 4, ley 14.656).
Invocó la doctrina legal relativa al personal de planta temporaria -agentes mensualizados y jornalizados-, afirmando que aquel participaba de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo.
Recordó también que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo entre el agente y la Administración se da por la modalidad de designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con el carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista.
Advirtió que la apelante no adquirió estabilidad en el cargo, toda vez que su vínculo de empleo con la comuna se desarrolló bajo la órbita de designaciones en calidad de personal transitorio (conf. arts. 2 y 70, ley 14.656).
Así, al reiterar que de las actuaciones surgía que la actora había sido designada como personal temporario, destacó que más allá de la ilegitimidad o no del acto del cese, no correspondía la reincorporación pretendida, ya que nunca había adquirido el carácter de agente permanente, pues no fue incorporada a los cuadros de la Administración municipal con los recaudos y medios de selección previstos para ello, conforme lo dispuesto en la ley 14.656.
Con cita de lo resuelto en la causa "Berardozzi", estimó que la sanción de la ordenanza 1.610/15 -que reconoció el pase automático a planta permanente de todos los trabajadores municipales que hubieren ingresado con anterioridad al 31 de octubre de 2014, ya sea como coordinadores o becados (art. 1)- no cambiaba la postura sustentada en este decisorio respecto a que la agente no había demostrado que obtuvo estabilidad en el cargo. Indicó que dicha ordenanza fue dictada con alcance general, que no fue un acto administrativo expreso de designación y que la actora no contaba con la estabilidad que alegaba.
Por ello, entendió que resultaba erróneo el razonamiento de la demandante en torno a que ya había adquirido estabilidad en el cargo, al haberse efectuado su baja luego de cumplido el período de doce meses posteriores a su nombramiento (ord. 1.610/15) como personal de planta permanente. Incluso, refirió a que la ordenanza 1.667/16, sancionada el 11 de agosto de 2016, derogó -a nueve meses de la sanción de la ordenanza 1.610/15- el pase a planta permanente instrumentado por aquel dispositivo normativo municipal.
Por último, concluyó que, más allá de la legitimidad o ilegitimidad del acto de cese, no prosperaba ni la reincorporación de la agente como así tampoco la reparación económica, en la medida que, de conformidad a las circunstancias acreditadas en la causa, no se observaba que la modalidad empleada por el ente estatal en su relación con la actora hubiera conllevado a una aplicación desviada de la normativa.
III. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 31, 39 y 103 inc. 12 de su par provincial; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 4, 7, 70 y 119 de la ley 14.656; 83 inc. 9 del decreto ley 6.769/58 y el quebrantamiento de la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de las causas A. 69.913, "Villafañe"; B. 64.315, "Carrizo"; A. 71.045, "Colombo"; B. 62.793, "Maza Vergara"; A. 74.235, "Mesiano"; entre otras.
Alega absurdo y plantea el caso federal.
III.1. En primer lugar, alude a que en la sentencia impugnada se desconoce el acto de designación efectuado a través de la ordenanza 1.610/15, e indica que dicha norma comunal tuvo alcance individual, en tanto proyectaba sus efectos sobre un grupo determinable de agentes municipales.
Expone que la ley 14.656 de empleo público municipal establece que a las comunas que utilizan personal temporario sin sujetarse a tal normativa, se las sanciona con el pase a planta de aquellos (conf. art. 70, ley 14.656), y que por ello la actora posee estabilidad en el cargo por ser personal de planta permanente.
Alega que la señora jueza de grado se excedió del marco de discusión, pues se apartó de la intención de la aludida ordenanza 1.610/15 y, sin considerar el periodo de prueba normado en la legislación de empleo municipal y los recaudos de idoneidad para el cargo, sostuvo que la precitada normativa comunal al resultar ilegítima se derogó por la ordenanza 1.667/17, revocándose así -según sostiene- un acto regular -ordenanza 1.610/15- que por imperativo legal era irrevocable.
III.2. Afirma que la sentencia impugnada concluyó que la comuna demandada no había utilizado en forma irrazonable la contratación temporaria incurriendo en absurdo, dado que no estaba controvertido que el desempeño de la actora en la comuna acaeció durante diez años como personal de maestranza bajo la figura de becaria, y que eso no se corresponde con la naturaleza temporal o no permanente asignada.
Invoca la doctrina legal de esta Suprema Corte relativa al personal de planta temporaria que reputa vulnerada, transcribiendo extractos de las causas A. 69.913, "Villafañe", sentencia de 13-XI-2012 y B. 64.315, "Carrizo", sentencia de 12-XI-2012, en las que -agrega- se ponderó lo decidido por la Corte federal en los precedentes "Ramos" (CSJN Fallos: 333:311) y "Sánchez" (CSJN Fallos: 333:335); y, en función de ello, arguye el desvío de poder de la Administración demandada en cuanto al incumplimiento de la normativa sobre contratación de personal.
Por último, alega que para el supuesto de rechazarse la estabilidad en el cargo y ante las irregularidades denunciadas, la denegación de una indemnización a su favor vulnera la doctrina de este Tribunal emanada de las causas precedentemente citadas por resultar sustancialmente análogas al sub examine .
IV. Anticipo que el recurso interpuesto no prospera en atención a la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. En instancia extraordinaria es requisito de ineludible cumplimiento para quien recurre la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctrina causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018; Ac. 90.421, "C.I.C.O.P.", sent. de 27-VI-2007; A. 70.224, "Arce", sent. de 6-IV-2011; A. 73.367, "Fuente", sent. de 26-XII-2018; e.o.), lo que acontece en la especie.
IV.1.a. En esa dirección, es dable observar que las manifestaciones de la impugnante expresan un mero criterio divergente al de la Cámara respecto de su desempeño en el municipio demandado, puesto que aquella insiste a lo largo de su escrito impugnativo en postular que durante la totalidad de su relación laboral con la Administración municipal llevó adelante tareas de maestranza bajo la figura de "becaria".
De acuerdo a las constancias de la causa, a partir del decreto 1.246/06 del 1 de febrero de 2006 se le otorgó a la actora el beneficio de una beca correspondiente al Plan de Becas Municipales del Concejo Deliberante, ampliándose aquella sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 2007 (v. dec. 1.398/07), y renovándose tiempo después en fecha 1 de octubre de 2010 (v. dec. 1.897/10) hasta el 30 de noviembre de 2013 (v. dec. 2.621/13).
Asimismo, en los periodos intermedios que se extendieron a partir del 1 de enero de 2008 (v. dec. 1.452/07) al 1 de octubre de 2010; y desde el 1 de diciembre de 2013 (v. dec. 2.622/13) hasta su baja a partir del 30 de noviembre de 2016 dispuesta mediante el decreto 3.525/16, lo hizo bajo el nombramiento de Operario XI del Concejo Deliberante (v. documentación digital acompañada con la demanda).
De la reseña precedentemente efectuada, y al igual que lo remarcara la Cámara interviniente, la actora no ejerció exclusivamente en condición de becaria tal como denuncia en su pieza recursiva, sino que durante el vínculo con el municipio alternó periodos en carácter de personal temporario.
IV.1.b. Ahora bien, en punto a determinar la naturaleza de su condición como becaria en el marco del Programa de Becas Municipales del Concejo Deliberante, el a quo basó su concepción en torno al tópico de acuerdo al criterio apuntado por esta Suprema Corte en la causa B. 64.699, "Fazio", sentencia de 19-XII-2012, entendiendo en concreto que "...el instituto de las becas no comparte las características y recaudos propios del empleo público". Del mismo modo, recordó que esta Corte ha excluido expresamente a los becarios de la aplicación de la doctrina emanada en la causa A. 69.913, "Villafañe", sentencia de 13-XI-2012 (v. cons. 6° de la sentencia).
En base a ello, es dable determinar que el cuestionamiento de la recurrente al fallo en crisis no logra conmover el razonamiento elaborado por el Tribunal de Alzada en lo relativo a la interpretación conferida al sistema de becas municipales, como así tampoco consigue demostrar que se haya tendido a ocultar mediante las sucesivas renovaciones de la beca asignada un vínculo de empleo estable (conf. causas L. 83.217, "Morales", sent. de 14-XII-2005; A. 107.854, "Moreno", sent. de 3-IV-2014 y A. 72.788, "Pla", sent. de 18-X-2017); motivos suficientes que en esta parcela conllevan a confirmar la ausencia de un vínculo de empleo público entre la actora y la Administración comunal (conf. doctr. causa B. 64.699, "Fazio", sent. de 19-XII-2012).
En consecuencia, el agravio aquí traído en las condiciones expuestas no es de recibo.
IV.2. Sentado lo anterior, no modifica la suerte de la impugnación el planteo de la agraviada en la que se insiste en su estabilidad, intentando rebatir el razonamiento efectuado por la Cámara con sustento en lo previsto en la ley 14.656 de empleo municipal y en lo que -según considera- sería el verdadero alcance de la ordenanza 1.610/15, la cual la condujo a planta permanente.
Sobre el punto, de un lado, la impugnante sostiene que la designación efectuada mediante la ordenanza 1.610/15 tuvo alcance individual y que su propósito fue el reconocimiento del periodo de prueba regulado en la ley de empleo municipal (art. 4, ley 14.656), por cuanto tuvo por "...cumplido el periodo de prueba establecido en el Artículo 4 de la Ley 14.656 a todos los trabajadores municipales que hayan ingresado con anterioridad al 31 de Octubre de 2014, ya sea como coordinadores o becados, pasando automáticamente a planta permanente con derecho a la estabilidad que consagra el Art. 14 bis de la Constitución nacional" (art. 1, ord. 1.610/15). Del otro, indica que las comunas que utilizan personal temporario y no se sujetan a la normativa de empleo municipal son pasibles de sanción con el pase a planta de aquellos (conf. art. 70, ley 14.656).
En esta parcela del recurso se presenta una situación similar a la de la causa A. 75.578, "Berardozzi", sentencia de 5-VIII-2022, en donde se rechazó el recurso interpuesto por la actora. Allí, el voto de mi distinguido colega doctor Soria, al que adherí, señaló el desacierto del planteo allí efectuado en relación al periodo de prueba previsto en la ley 14.656, dado que la actora interpretaba el art. 4 de esa norma como si regulara la situación de los empleados "provisionales", planta funcional que no existe como tal (conf. art. 70, ley 14.656) y prescindía "...de algo prácticamente incontrovertido, como es que la naturaleza de su vínculo con el municipio se concibió -más allá de si hubo desviación de la finalidad o no, cuestión que debe analizarse aparte- como de tipo transitorio...", y es así "...que la Cámara entendió que ese 'reconocimiento' por acto de alcance general no alteraba su situación anterior al dictado de la ordenanza". Supuesto que se advierte también en este caso en el que el tribunal de apelación ha citado este aspecto de la sentencia que oportunamente dictara en la propia causa "Berardozzi" (v. cons. 10°).
Así las cosas, se observa que la recurrente en lugar de refutar idóneamente lo resuelto en el sentido apuntado por el dispositivo sentencial, articula meras argumentaciones subjetivas acerca del alcance de la norma municipal mentada (ord. 1.610/15).
En esas condiciones, este Tribunal tiene dicho que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión atacada y se dedica a criticarla con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (cfr. causas A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 71.718, "Raymundo", sent. de 14-VI-2017; A. 73.023, "Rodríguez", sent. de 9-V-2018 y A. 73.962, "Herscher", sent. de 15-V-2019).
Por lo demás, tampoco prosperan, por insuficientes, los restantes cuestionamientos de la impugnante en torno a la ordenanza 1.610/15, dado que no constituye base idónea en vía extraordinaria atacar las conclusiones expresadas al efecto por la sentenciante de primera instancia.
IV.3. Asimismo, luce inhábil el planteo en el que se refiere a que el pronunciamiento impugnado resultó absurdo al no advertir que la Administración municipal aplicó de manera abusiva la contratación temporaria.
IV.3.a. Cabe señalar en este punto que indagar en cada hipótesis específica si el encuadre de una relación de empleo público, a través de una modalidad temporaria, oculta -o no- una designación permanente, se presenta frente a esta Suprema Corte y su competencia recursiva como una cuestión de hecho, irrevisable salvo el supuesto de absurdo (v. voto del doctor Hitters en la causa A. 71.329, "Abiuso", sent. de 23-IX-2015 y sus citas), máxime en la especie atento los vaivenes que tuvo el vínculo que ligó a la actora con la comuna demandada a lo largo del tiempo (conf. causas A. 72.386, "Cerardi", sent. de 23-XI-2016; A. 70.947, "Caorsi", sent. de 21-II-2018 y A. 74.949, "Balbín", sent. de 12-II-2021; e.o.).
Recuerdo que, para demostrar la existencia de dicho vicio lógico, no es suficiente denunciarlo y exponer la propia versión de los hechos, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico jurídico empleado por el juzgador ha devenido irrazonable y contradictorio (causa Ac. 57.667, sent. de 5-VII-1996; e.o.), partiendo siempre de que el error en la apreciación de aquellos debe ser palmario, grave y manifiesto, de modo que lleve a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (conf. causas Ac. 63.556, sent. de 8-X-1996; Ac. 64.347, sent. de 18-II-1997; Ac. 71.327, sent. de 18-V-1999; A. 68.272, "Pérez", sent. de 6-V-2009; A. 71.370, "Belardo", sent. de 20-V-2015; e.o.), situación que en modo alguno acontece en la especie.
IV.3.b. En lo referido a la violación de la doctrina legal sentada por el Tribunal, no basta -como lo hace la impugnante- con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar un planteo de ese tenor en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos del caso donde se sentó el criterio que pretend
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