Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78440
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.440, "Benítez, Evangelina c/ Poder Judicial - Suprema Corte de Justicia s/ Pretensión anulatoria. Empleo público. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Maidana, Budiño, Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata resolvió rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto fue materia de agravio.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver, agregada la memoria de la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor juez de grado hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la señora Evangelina Benítez, quien cumplía funciones como Interventora de la Curaduría Oficial de Alienados del Departamento Judicial de Bahía Blanca, declaró nula la resolución 80 de fecha 27 de febrero de 2019, que le aplicó la sanción de cesantía en el marco del sumario administrativo disciplinario tramitado en el expediente 3001-20837/17 de la Suprema Corte de Justicia —P.G. 46/14—, y ordenó a la Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial), a que en el plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos, reedite el análisis de las actuaciones administrativas y dicte un nuevo acto donde brinde adecuados motivos de la sanción que decida escoger para reprender la conducta de la actora, ello bajo apercibimiento de dar por decaído su derecho a ejercer la potestad disciplinaria.
Decidió asimismo reincorporar a la actora al cargo que ocupaba al momento de la cesantía, y difirió el tratamiento de la pretensión resarcitoria a las resultas del ejercicio de la prerrogativa disciplinaria en el plazo acordado, con costas a la vencida.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata desestimó la impugnación de la demandada, afirmando no advertir que los argumentos esgrimidos por la apelante pudieran conmover a los vertidos en la sentencia de grado.
II.1. Para así resolver estimó en primer lugar, respecto al primero de los agravios por el que la demandada proponía analizar si se encontraba o no demostrada la configuración de las faltas endilgadas, que este no merecía ser abordado pues únicamente la elección de la sanción aplicable había sido descalificada.
En este sentido, señaló que, si bien el fallo de grado había invalidado el acto enjuiciado, tal censura no recayó sobre el cuadro fáctico normativo de tipificación de la conducta reprochada a la agente, sino únicamente sobre la medida expulsiva decretada, al no hallar suficientemente fundada la elección de la sanción más gravosa escogida por la autoridad.
Ello así, el Tribunal de Alzada ponderó que este agravio no merecía ser abordado, en tanto la propia actora no sólo prescindió de recurrir la decisión de primera instancia en torno a la comprobación y tipificación de las conductas que se le reprochaban, sino que propugnó el rechazo del recurso analizado y la confirmación del pronunciamiento apelado que invalidó la medida segregativa por exceso de punición.
II.2. Por otra parte, la Cámara de Apelación consideró insuficiente la pieza recursiva con relación a la crítica formulada contra la porción del fallo que encontró configurado un exceso de punición.
Meritó que de solo contrastar los fundamentos dados por el a quo para expedirse como lo hizo, y la crítica formulada por la parte demandada, se advertía tal insuficiencia, ya que la sola argumentación expresada por la Fiscalía de Estado con la que se pretendió controvertir solamente una de las razones brindadas por el magistrado de grado, pero sin cuestionar las restantes que por sí solas brindaban adecuado fundamento a aquella sentencia, no bastaba para revertir lo decidido.
La referida crítica, explicó, se limitó a indicar que resultaba inexacto afirmar que en la causa la autoridad administrativa había omitido valorar la inexistencia de antecedentes de la sumariada; pues esa fue la razón por la que impuso una sanción de cesantía y no de exoneración.
En tal sentido puntualizó que dicho razonamiento no fue incluido en la resolución impugnada para justificar la cesantía dispuesta; y destacó en tal sentido, que en el acto no surgía ninguna mención sobre la valoración de la inexistencia de antecedentes disciplinarios para, a partir de esa circunstancia, imponer a la agente una sanción de cesantía, descartando la de exoneración.
II.3. Por lo demás, el Tribunal de Alzada entendió que el criterio sancionador de la demandada lucía desajustado a la realidad investigada, pues si bien había quedado evidenciado un contralor defectuoso por parte de la agente en su calidad de titular de la dependencia, ello se habría debido en parte a las circunstancias que fueron soslayadas por la autoridad jerárquica para mensurar la medida segregativa que finalmente impuso.
Similar exceso observó al repasar la inconducta comprobada en orden a la transgresión a lo normado en el art. 12 inc. "b" del Acuerdo 3354, y en ese orden, remarcó que la Suprema Corte de Justicia provincial debió explicar con especial esmero de qué modo la sumariada afectó con su proceder "el prestigio del Poder Judicial" o "lo perjudicó materialmente"; máxime cuando en definitiva, fue la acompañante terapéutica Gabriela Utizi la única autora penalmente responsable de los delitos de administración fraudulenta en concurso real con los delitos de falsificación de documentos públicos y privados, conforme se desprende de fs. 1.410/1.442 de la causa penal n° 1507/16, que tramitaron ante el Juzgado en lo Correccional n° 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
II.4. Por último, la Cámara de Apelación indicó que la sanción que se le aplicó a la señora Benítez se apartó del precedente administrativo emanado de la misma autoridad y por análogos hechos que los sancionados en el presente caso —conforme el expediente administrativo P.G. 64/11— en el cual, mediante la resolución 882/14 de fecha 25 de noviembre de 2014, se impuso a la entonces señora curadora oficial de alienados de Bahía Blanca, doctora Jaquelina Mariela Rodríguez, una sanción correctiva de treinta días de suspensión; proyectando así sus efectos disvaliosos sobre el principio de igualdad e incurriendo en arbitrariedad.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La recurrente alega que el Tribunal de Alzada ha incurrido en absurdo, por su claro e indubitado apartamiento de la prueba documental pública producida —y agregada— en la causa, que certifica la existencia de las faltas disciplinarias que fueran sancionadas por la Suprema Corte de Justicia. Denuncia errónea aplicación del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial.
Manifiesta en tal sentido, que la Cámara de Apelación fundamentó su decisión de manera aparente, al invocar causas superfluas e irrelevantes, que no hacen al aspecto medular de la controversia, ni enervan la legitimidad del accionar administrativo, todo ello con violación del derecho de defensa y debido proceso (art. 18, Const. nac.).
Sostiene que terminó desconociendo, por vía indirecta, el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia (arts. 164, Const. prov.; 32, Ley Orgánica 5.827 y 12 inc. "b", SCBA Acuerdo 3354), y el ejercicio de la superintendencia del Máximo Tribunal provincial.
Formula reserva del derecho a interponer recurso extraordinario federal (art. 14, ley 48), por vulnerarse la garantía de defensa en juicio, y su derecho de propiedad.
IV. Adelanto que el recurso no puede prosperar.
IV.1. De la simple lectura de la pieza recursiva surge claro que la impugnación básicamente se circunscribe a invocar la configuración de absurdo en la sentencia del tribunal de apelación y desconocimiento del ejercicio de la potestad de superintendencia de la Suprema Corte de Justicia, pero omitiendo precisar de qué modo el a quo habría incurrido en tales vicios.
Así los principales agravios de la recurrente en el caso, se dirigen a cuestionar la valoración de los hechos y las pruebas efectuada por la Cámara, a partir de las cuales entendió configurado un exceso de punición en la sanción escogida.
Sentado lo expuesto, cabe destacar que dichos aspectos en debate, en tanto reconducen a cuestiones de hecho y prueba, resultan ajenos —por regla— a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvedad hecha del supuesto excepcional de absurdo (doctr. causa A. 75.455, "Colturi", sent. de 26-XII-2019).
Asimismo, es doctrina consolidada de este Tribunal que el mencionado vicio es el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal e insostenible en la discriminación axiológica (doctr. causas A. 75.943, "Romero", sent. de 12-VII-2022; A. 77.421, "Báez", sent. de 7-III-2024; e.o.).
Pues bien, en la especie la impugnante no logra demostrar la existencia de un vicio de las características señaladas, que justifique revertir lo decidido por los jueces de grado; más aun teniendo en cuenta que tampoco ataca ninguno de los argumentos que fundan el pronunciamiento impugnado. Sólo expresa su disconformidad con lo decidido, al sostener que la resolución judicial recurrida contiene una solución inconciliable y deliberadamente desvinculada de los hechos certificados en la documentación pública obrante en los expedientes administrativos agregados a la causa, sin demostrarlo.
Por otra parte, la recurrente insiste en el punto V.1.d. de la pieza recursiva en sostener que "...de la lectura de las actuaciones administrativas se advierte que expresamente se consignó como atenuante la inexistencia de antecedentes disciplinarios (fs. 681 vta.), y justamente por ello se fijó una sanción de cesantía y no de exoneración, tal como prevé el Ac. 3354 para aquellas faltas encuadradas en el art. 12 inc. b) —falta grave que afecte el prestigio del Poder Judicial—...".
Al respecto, obsérvese que idéntica argumentación fue tratada, resuelta y rechazada por el a quo , al observar que la exigencia de la debida fundamentación respecto a la sanción escogida no quedaba saldada por la inclusión en la resolución impugnada de la leyenda "...no obstante valorar como atenuante la inexistencia de antecedentes disciplinarios..." sino ello no conllevaba una explicitación del razonamiento seguido, sin que la reedición en esta instancia de ese mismo argumento logre rebatir la decisión.
Sobre este modo de proceder, este Tribunal tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 inc. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y correctamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. causas A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013 y A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014).
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
IV.2. Por último y con referencia al agravio vinculado con el supuesto desconocimiento de las facultades de superintendencia por anular la sanción disciplinaria aplicada, debo destacar que lejos de ello la solución otorgada, esto es el reenvío a sede administrativa para el dictado de un nuevo acto sancionatorio, justamente importó el debido respeto a esa potestad, razón por la cual también corresponde el rechazo de este planteo.
V. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Maidana , la señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Natiello , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/03/2025 13:47:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/03/2025 12:46:32 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2025 10:42:43 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2025 12:55:23 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2025 08:04:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/04/2025 08:04:59 hs. bajo el número RS-20-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia