Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78366
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.366, "Arguello, Alejandro Agustín c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria - Empleo Público. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda.
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Alejandro Agustín Arguello, declarando la nulidad de la disposición 357/14 del Director General Legal y Técnico y de la resolución confirmatoria 1.812/18 del Ministro de Seguridad, reconociendo, en su lugar, que las lesiones padecidas por el actor eran consecuencia de un "acto de servicio", en los términos de los arts. 51 de la ley 13.982 y 338 del decreto 1.050/09.
De allí que tuviese derecho al subsidio de la ley 13.985 para el personal policial herido e incapacitado transitoriamente en acto de servicio y en función de policía de seguridad.
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso deducido por la demandada y confirmó el fallo de grado.
Para así resolver, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, efectuó las siguientes consideraciones:
I.2.a. Preliminarmente, aclaró que la controversia quedaba circunscripta al encuadre legal que había realizado la Administración.
Precisó que la disposición 357 determinó que la lesión de carácter grave sufrida por el teniente Arguello el 24 de abril de 2012 resultaba "imputable al servicio" (pero no causada "en acto de servicio"), por haberse producido con motivo o en ocasión de su ejercicio, sin que haya mediado culpa o negligencia del agente, encuadrando el evento dentro de las previsiones del art. 339 del decreto 1.050/09, reglamentario de la ley 13.982. Por consiguiente, al actor lo que le correspondía era una indemnización típica por accidente laboral.
Recordó que eso fue lo impugnado y anulado en la sentencia de mérito, en la que la jueza coincidió con el actor acerca de que el infortunio se suscitó "en acto de servicio".
I.2.b. Destacó que el art. 51 de la ley 13.982 considera "acto de servicio", "…a todo aquel resultante del cumplimiento del deber de defender contra las vías de hecho o en acto de arrojo, la vida, la propiedad o la libertad de las personas, de la condición policial del agente o de su obligación de mantener el orden público, preservar la seguridad pública, prevenir y reprimir los delitos y las contravenciones, como así el enfrentamiento armado con delincuentes".
Añadió que en la reglamentación del "subsidio por accidente", se explica que: "A los fines del presente se considerará que un accidente se ha producido en o por acto de servicio en los casos previstos en el artículo 51 de la 'Ley de Personal'" (art. 338, dec. 1.050/09, dentro del Título XV "Procedimiento especial por accidentes").
Paralelamente, remarcó que en el art. 339 del reglamento se establece que "El personal que sufriera lesiones con motivo o en ocasión del servicio sin que medie culpa o negligencia de su parte y no se hallare comprendido en las previsiones de los párrafos que anteceden tendrá derecho a percibir la indemnización que estatuye al efecto la Ley Nacional Nº 24.557".
I.2.c. Hecha la reseña normativa, concluyó que el decisorio apelado lucía acertado al declarar la nulidad de la disposición 357 —y su confirmatoria—, siendo correcto el encuadre de la situación en los términos de los arts. 51 de la ley 13.982 y 338 del decreto reglamentario 1.050/09. Lo anterior, en tanto que de la prueba producida y ponderada por el a quo podía vislumbrarse que la decisión de la autoridad administrativa carecía de sustento fáctico, denotando una errónea valoración de las circunstancias del accidente por el cual se reclamó.
En tal sentido, puso de relieve que el suceso en el que intervino el teniente Arguello al dar respuesta a un llamado proveniente de 911 por ruidos extraños en la vivienda de la calle Ituzaingó n° 577 del partido de Ezeiza (que lo obligó a trepar por una escalera de madera suministrada por los denunciantes para verificar la presencia de extraños en el techo del domicilio, la cual se rompió y provocó su caída desde altura, causándole fractura expuesta de muñeca), se trató de un acto de servicio, pues lo fue en cumplimiento de "…su obligación de mantener el orden público, preservar la seguridad pública [y] prevenir y reprimir los delitos y las contravenciones", de conformidad con el texto del art. 51 de la ley 13.982.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. Anuncia que la Cámara violó el art. 51 de la ley 13.982, apartándose de los criterios de interpretación jurídica de dicho precepto.
Afirma que el infortunio ocurrido no fue resultante del cumplimiento del deber de defender contra las vías de hecho o un delito o acto ilegítimo, donde es inminente defender una persona o una cosa; ni tampoco un acto de arrojo, como lo sería participar de un enfrentamiento armado.
Repudia que la Cámara haya avalado lo dicho en primera instancia, cuando se reputó que el hecho de que el actor no hubiese encontrado delincuentes sobre el tejado no era óbice para calificar lo ocurrido como un accidente en acto de servicio, en vez de un accidente laboral en el servicio policial, como en su hora entendió el Ministerio de Seguridad.
Dice que el a quo erró al conceptualizar el acto de servicio al que refiere el art. 51 como cualquier daño que pudiera afectar a un agente policial cuando está en el ejercicio de sus funciones, vaciando así de significado el régimen indemnizatorio estatutario. Asegura que se habría amplificado la noción de "acto de arrojo", haciendo que englobe todo tipo de circunstancias sin distinción de su gravedad o seriedad, tornando trivial el distingo entre lesiones "por acto de servicio" y lesiones "imputables al servicio".
Insiste, por eso, en que aquí se trata de un accidente laboral común, indistinguible del que podría sufrir cualquier otro empleado público, cosa que es cubierta por la ART, tal como lo consignó en su momento la disposición 357.
II.2. Manifiesta también que fue equivocada la invocación del precedente "Yurrita" (CSJN Fallos: 341:1460), efectuada por la jueza de grado. Esto, con fundamento en las diferencias que, a su criterio, existen entre la normativa federal y la provincial para calificar a un infortunio como suscitado en acto de servicio, siendo la segunda más rigurosa.
II.3. Denuncia absurdo en la valoración de los hechos.
Se queja de que en el caso existió una evaluación ilógica e irrazonable de las circunstancias de la causa que banaliza a los actos realmente heroicos, los únicos que podrían dar lugar a la especial reparación de los arts. 51 de la ley policial y 388 del reglamento, por haber derivado en una lesión "en acto de servicio".
II.4. Concluye alertando que la recalificación del accidente —confirmada por la Cámara— implica que el agente, además de percibir las prestaciones de la ART, pueda obtener paralelamente toda otra serie de "subsidios" policiales, lo cual es contrario a derecho.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. El eje de la impugnación gira en torno a una cuestión predominantemente fáctica, como es la apreciación de los hechos y su subsunción bajo una norma determinada. Esto es una temática que, como regla, resulta ajena a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvo que se denuncie y configure el supuesto excepcional del absurdo (doctr. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; A. 72.829, "Romero", sent. de 5-VII-2017; A. 71.872, "Gómez", sent. de 5-XII-2018; e.o.).
Ese vicio ha sido definido como un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa. Y que no basta un error meramente opinable, ni se trata de un carril para la expresión de criterios discordantes por parte de quien impugna (doctr. causas A. 71.156, "D. P. G., N. C.", sent. de 12-IX-2012; A. 72.024, "Astori Estructuras S.A.", sent. de 21-XII-2016; A. 75.733, "Busse", sent. de 5-X-2020; e.o.).
III.1.b. Concretamente, en autos se debate la ponderación efectuada en las instancias anteriores acerca de si el accidente que involucró al teniente Arguello —en función de las circunstancias que lo rodearon y la dinámica con la cual se desarrolló— lo fue "en o por acto de servicio", encuadrable en los términos del art. 51 de la ley policial (conf. art. 338, dec. 1.050/09) o, por el contrario, lo fue "con motivo o en ocasión del servicio" e indemnizable según la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 339, dec. cit.).
En esa apreciación, tal como se anticipó, los jueces de la causa son soberanos, por lo que la temática se encuentra —como regla— excluida del control casatorio, a menos que se presente una seria desviación como la apuntada (conf. causas A. 70.984, "Bellocchio", sent. de 15-X-2014; A. 71.051, "Torres", sent. de 27-IV-2016; A. 73.397, "Dospital", sent. de 5-VII-2017; e.o.).
Al haberse inclinado por lo primero, el Fisco se agravia y busca desbaratar semejante conclusión.
III.1.c. Sin embargo, lo esgrimido en el recurso no aporta una explicación que deje al desnudo una desinterpretación grosera de las constancias objetivas de la causa y de lo que fuera materia de debate en ella.
En tal sentido, no puede tildarse de absurda la conclusión a la que arribaron tanto la jueza de grado como los camaristas, de que la respuesta a un llamado del 911, la investigación in situ y la posterior caída del agente policial producida desde una escalera al verse forzado a subir a una terraza en busca de sospechosos, se asemeje más a un accidente "en o por acto de servicio", que a uno "con motivo o en ocasión de servicio".
Si bien han de existir diferencias entre ambos conceptos, puesto que de lo contrario —como hace notar el Fisco— la dualidad de régimen carecería de justificación ("banalizándose", como se dice en el recurso, actos policiales encomiables), la descripta se muestra como una situación lo suficientemente ambigua como para admitir más de una interpretación posible. Entonces, el raciocinio judicial no puede ser catalogado de caprichoso, máxime cuando se sustentó en las múltiples definiciones que brinda el art. 51 de la ley 13.982 para describir al acto de servicio, las cuales —como se encargó de destacar la Cámara— no están circunscriptas a enfrentamientos armados o actos inusuales de valentía, tal como parece sugerir la apelante como las únicas situaciones encuadrables en aquellos términos.
De allí que sea insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que en este aspecto exhibe una mera discrepancia subjetiva con el criterio expuesto por el juzgador para arribar a la subsunción jurídica de los hechos, en el marco de sus atribuciones privativas (conf. causa A. 70.569, "Bottaro", sent. de 26-IX-2012).
III.2. Para más, resulta inefectivo el cuestionamiento que formula ante la invocación del precedente de la Corte federal que hiciera la jueza de primera instancia (causa "Yurrita").
Al margen de que esto no fue algo reiterado por la Cámara, en la sentencia de grado, su invocación no fue sino un fundamento adicional, coadyuvante del análisis principal basado en los acontecimientos y su subsunción dentro del marco normativo local.
Por ende, aun si hubieran apreciables distancias entre el régimen nacional y el provincial en materia de indemnizaciones por accidentes acontecidos en el contexto del servicio de policía de seguridad, ello no sería dirimente a los fines de casar aquel fallo, pues este se sostiene a partir de otros pilares —reafirmados por la Alzada— que no logran rebatirse (conf. doctr. causa A. 70.763, "Chaves", resol. de 29-VI-2016; e.o.).
III.3. Tampoco prospera el último aspecto de la queja, consistente en la indebida doble indemnización o enriquecimiento sin causa que —dice el Fisco— se produce en los casos donde se reconoce algún subsidio especial de los previstos en la legislación policial, junto con una reparación por accidente laboral o fundada en el derecho común.
Independientemente de lo insuficiente del desarrollo expositivo en esta parcela (art. 279 in fine , CPCC), he de recordar que la percepción de una indemnización de raigambre laboral, en principio, no resulta incompatible con el cobro de un beneficio a cargo del Estado para auxiliar los infortunios padecidos en ejercicio de la función de policía de seguridad (conf. doctr. causa B. 63.730, "Vandamme", sent. de 18-IV-2011 y todas las posteriores).
III.4. Lo expuesto es suficiente para disponer del remedio en sentido desfavorable, pues lo que también se alega en torno a la afectación de ciertos principios constitucionales (razonabilidad, supremacía, igualdad), más allá de la generalidad con la que se lo plantea, está subordinado a la —no comprobada— configuración del absurdo (v. supra pto. III.1.).
IV. Por todo ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2025 10:21:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:10:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2025 13:10:10 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2025 17:10:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2025 07:20:12 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/08/2025 07:23:10 hs. bajo el número RS-62-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia