Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79131
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se declara prescripta la acción (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen por su orden, en función del cambio normativo (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 segunda parte y arg. 274, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.131, "Vogel, Ricardo Damián y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria-Empleo Público. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión anulatoria dirigida contra la resolución 14/19 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y, en consecuencia, ordenó el pago de las diferencias salariales devengadas desde el día 14 de noviembre de 2005 hasta el día 1 de mayo de 2014, en favor de los actores, a excepción de la coactora Evangelina Mariel Golovko, a quien sólo le reconoció las generadas desde el día 13 de junio de 2009 hasta el día 1 de mayo de 2014 (v. sent. de fecha 23-III-2023).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-IV-2023, 11:09:36 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 30 de noviembre de 2023.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda interpuesta y, en consecuencia, anuló la resolución 14/19 de la ARBA. Ordenó el pago de las diferencias salariales devengadas desde el día 14 de noviembre de 2005 hasta el día 1 de mayo de 2014, en favor de los actores, a excepción de la coactora Golovko, a quien sólo se las reconoció desde el día 13 de junio de 2009 hasta el día 1 de mayo de 2014. Todo ello con intereses a la tasa pasiva más alta (v. sent. de fecha 23-VII-2020).
Para así resolver, y en lo que aquí interesa, efectuó las siguientes consideraciones:
I.1.a. Puso de resalto que el decreto 8.373/87 y sus modificatorios, establecieron una bonificación especial a favor de los agentes afectados a los Centros de Cómputos, con fundamento en las características especiales de su labor.
I.1.b. Indicó que el decreto 2.599/05 —según se desprendía de sus considerandos— tuvo por objeto homogeneizar el régimen horario en el ámbito de la ex Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, pautando un régimen de cuarenta horas semanales, con una bonificación equivalente al 125% del sueldo básico que perciban los empleados de la mencionada repartición (art. 1).
Sin embargo, para los agentes dependientes de la Dirección de Sistemas Informáticos que optasen por igual régimen horario —como los actores de autos—, estableció sin mayor justificación que la bonificación sería menor, equivalente al 60 % (art. 6).
I.1.c. Advirtió que, con posterioridad, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.316/15 por el que equiparó dicho suplemento determinando que, a partir del día 1 de mayo de 2014, la bonificación prevista en el art. 6 del decreto 2.599/05 sería equivalente al 125%, igual que para el resto del personal alcanzado por la misma norma.
I.1.d. Sentado lo expuesto, remarcó que no surgía del texto del decreto 2.599/05, como tampoco de sus considerandos, fundamento alguno en respaldo de la distinción formulada entre los agentes de una misma repartición que cumplían el mismo régimen horario.
Y así, aseveró que no resultaba atendible el argumento esgrimido por el Fisco en juicio, tendiente a justificar el diferente trato retributivo en la circunstancia de que los actores ya percibían la bonificación especial prevista en el decreto 8.373/87, por cuanto de la lectura de los fundamentos expuestos al tiempo de dictarse las normas precitadas se colegía que los beneficios respondían a motivaciones bien diferenciadas.
Reafirmó lo anterior con las declaraciones contenidas en el decreto 1.316/15 (que finalmente reconoció a los actores la bonificación del 125% a partir del día 1 de mayo de 2014), de que ello se hacía a fin de "lograr una equiparación salarial en el otorgamiento de la bonificación implementada por la normativa descripta" (cons. 7°).
I.1.e. En virtud de lo expuesto, concluyó que la distinción efectuada en el art. 6 del decreto 2.599/05 había sido discriminatoria y contraria al postulado de igualdad, por carecer de una justificación objetiva y razonable para la diferencia de trato.
I.2. En cuanto a la prescripción liberatoria opuesta por la demandada, aplicó el plazo decenal del art. 4.023 del Código Civil (ley 340).
A partir de allí, tomando como hito interruptivo —para la mayoría de los actores— el reclamo administrativo de fecha 29-XII-2014, consideró que los períodos reclamados no se encontraban prescriptos.
Sin embargo, en este punto, distinguió la situación de la coactora Evangelina Mariel Golovko, por cuanto no había suscripto aquella presentación. En función de ello, indicó que la prescripción —a su respecto— recién se interrumpió con la interposición de la demanda el día 13 de junio de 2019, razón por la cual declaró prescriptos los períodos comprendidos entre los días 14 de noviembre de 2005 y 13 de junio de 2009.
I.3. Al hacer lugar a la pretensión anulatoria, mandó a pagar las diferencias salariales, con más intereses a calcularse a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado, confirmando de ese modo la sentencia de primera instancia.
II.1. Con relación a la excepción de prescripción, coincidió con lo resuelto por la señora jueza de grado en cuanto consideró aplicable el plazo decenal del antiguo Código Civil (ley 340).
II.2. Luego se adentró al tratamiento de la cuestión de fondo, desestimando los agravios planteados a tenor de los siguientes fundamentos:
II.2.a. Ponderó que la propia Administración había reconocido el trato desigual recibido por los actores respecto del resto de los agentes, al dictarse el decreto 1.316/15.
II.2.b. Precisó que la equiparación de la bonificación especial del personal de la Dirección de Servicios Informáticos (art. 6, decreto 2.599/05) con el resto de la planta del organismo, en el 125% del salario, sin referencia alguna al beneficio que ya percibían en virtud del decreto 8.373/87, implicó admitir que no eran mutuamente excluyentes.
II.2.c. Tildó de evidente que el beneficio conferido por esta última normativa no se encontraba vinculado con el estatuido en ocasión de implementar el régimen horario de cuarenta horas semanales (dec. 2.599/05), ni tampoco surgía de sus previsiones razón alguna que permitiese inferir que ambas fueran complementarias.
II.3. Confirmó así que el art. 6 de este último decreto, a falta de cualquier explicación plausible, produjo una distinción arbitraria para el personal del área de sistemas al asignarles una bonificación especial inferior que al resto de la planta ministerial.
III. Disconforme con lo resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denuncia errónea aplicación del art. 4.023 y violación del art. 4.027 inc. 3 del derogado Código Civil, además de la errónea interpretación de los decretos 8.373/87; 2.599/05 y 1.316/15. Finalmente, alega absurdo valorativo y violación de la doctrina legal que cita.
III.1. Inicia su embate sosteniendo que el acto por el cual se terminó equiparando a los actores (dec. 1.316/15) fue meramente constitutivo y se dictó hacia el futuro. Es decir, sin contener reconocimiento retroactivo alguno o admitir una situación preexistente, de modo tal que la Cámara mal pudo aferrarse a aquel para fundar su sentencia.
III.2. En cuanto al absurdo en la valoración de la prueba e interpretación del plexo normativo aplicado, reprocha que la a quo no haya valorado los argumentos que culminaran con el dictado de la resolución 14/19 por la cual se rechazó el reclamo en sede administrativa, como así tampoco las razones brindadas por la Administración al dictar el decreto 1.316/15.
En concreto, cuestiona que el Tribunal de Alzada haya interpretado que el decreto 2.599/05 resultó discriminatorio, argumentando que su finalidad fue que la totalidad del personal actualmente dependiente de la ARBA percibiera un adicional del 125%. Siendo esto así, entiende razonable que se establecieran dos bonificaciones diferentes de manera expresa, las cuales obedecían a la circunstancia de que los actores —en su condición de agentes de la Dirección de Sistemas Informáticos— ya se encontraban cobrando una bonificación salarial de hasta el 65%, prevista en el decreto 8.373/87.
Afirma que, justamente por ello, el decreto 1.316/15 unificó la equiparación salarial que regía en los hechos por aplicación de tres normas: respecto de los actores por los arts. 1 del decreto 8.373/87 y 6 del decreto 2.599/05. Y con relación al resto de los agentes, por el art. 1 del decreto 2.599/05. En ambos supuestos, ecualizando la bonificación especial en el 125% del salario básico.
Así las cosas, dice que la sentencia puesta en crisis tendrá la consecuencia de que los actores percibirán un 190% de bonificaciones salariales, lo cual es absurdo.
III.3. Por último, en lo tocante a la prescripción, reclama por la aplicación del plazo quinquenal previsto en el art. 4.027 inc. 3 del viejo Código Civil, por estimar que es el que se adecua a la naturaleza del reclamo.
IV. El recurso prospera (art. 289, CPCC).
IV.1. Este Tribunal, en anterior integración, ha sostenido que frente a la ausencia en el derecho administrativo local de un plazo de prescripción que comprenda a las acciones por las que se reclaman haberes devengados en el marco de una relación de empleo público, debía estarse a lo dispuesto en el Código Civil (conf. arts. 16 y 171, Const. prov.); añadiendo que, acorde con ello, la prescripción decenal del art. 4.023 de esa codificación (ley 340) era la aplicable a toda clase de acciones que no estén sujetas a un plazo distinto (doctr. causas B. 50.934, "Isaac", sent. de 8-VII-1997 y sus citas; B. 55.609, "Vargas", sent. de 19-XII-2001; e.o.).
Sin embargo, diferenciándome de mis distinguidos colegas, he entendido que, en tales supuestos, de ordinario debía estarse a lo fijado en el viejo art. 4.027 inc. 3, precepto comprensivo de los supuestos de atrasos en "...todo lo que debe pagarse por años, o por plazos periódicos más cortos". A ellos, cabe remarcar, se les asignaba un término quinquenal de prescripción, más breve que el término general de diez años que traía el art. 4.023 (v. mis votos en causas B. 61.121, "Bacigalupi", sent. de 21-V-2003; B. 61.667, "Chiase", sent. de 10-XI-2004; B. 61.558, "Galesio", sent. de 6-VII-2005; B. 61.663, "Arce", sent. de 10-X-2012; A. 73.890, "Almirón", sent. de 7-VI-2017; e.o.).
Vale destacar que esta posición que he venido sosteniendo ha sido recientemente convalidada por esta Corte en la causa A. 78.420, "Ledesma", sentencia de 11-IX-2025.
Siguiendo esa lógica, debe concluirse que —actualmente— la regla a observar para los mismos supuestos sería el plazo prescriptivo de dos años, contemplado ahora en el art. 2.562 inc. "c" del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), que de manera semejante abarca "...todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas".
Pero hay que aclarar que ello será así, siempre y cuando pueda reputarse que lo que se reclama es un "atraso" en la obligación a cargo de la Administración empleadora. Esto es, algo que pueda traducirse en un incumplimiento o infracción a un deber de pago que debe llevarse a cabo a plazos y en forma periódica. De lo contrario, el plazo genérico de prescripción será, eventualmente, el aplicable a falta de una previsión más específica.
En la especie, el examen de la cuestión me convence de que la errónea liquidación del rubro salarial implicado, como lo es la bonificación establecida por el art. 6 del decreto 2.599/05, conlleva un "atraso" de las características descriptas, con la consecuente aplicación del plazo de prescripción especial y no del general.
IV.2. Definida la naturaleza periódica de la obligación y la clase de prescripción que le es aplicable, debe tenerse presente que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) fijó pautas para el cómputo de los plazos que se hallaban corriendo al momento de su entrada en vigencia, el día 1 de agosto de 2015 (art. 7, texto según ley 27.077).
En tal sentido, adquiere relevancia lo dispuesto por el art. 2.537, que establece: "Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior".
Cuando comenzó a regir la novel codificación se encontraba en curso el plazo de prescripción de la acción, si se entiende que el dies a quo es el primer día posterior al vencimiento de cada acreencia mensual reclamada, debiéndose prestar especial atención al último período devengado, verificado el día 1 de mayo de 2014.
Como advertí, la nueva legislación establece un plazo menor al requerido por la ley anterior —dos años para las obligaciones periódicas (art. 2.562 inc. "c")—, de modo tal que, en función de los parámetros que brinda el citado art. 2.537, aquí la prescripción se produjo antes de lo inicialmente concebido, pues se verifica aquel escenario en el cual se prevé un acortamiento.
En efecto: de computarse el término de cinco años del art. 4.027 inc. 3 del derogado Código Civil (ley 340) desde la exigibilidad del período reclamado más reciente (esto es, el día 1 de mayo de 2014) o, en su caso, desde la interposición del reclamo administrativo (29 de diciembre de 2014), ellos vencerían en mayo y diciembre de 2019, respectivamente. Pero al tomarse el plazo de dos años de la nueva legislación a contar desde el día 1 de agosto de 2015 —la prescripción del nuevo Código Civil y Comercial— el plazo feneció para todos los actores en agosto de 2017.
IV.3. Así las cosas, concluyo que al momento de interponerse la demanda de autos (el día 13 de junio de 2019), la acción se encontraba enteramente prescripta (arts. 7, 2.537 y 2.562 inc. "c", Cód. Civ. y Com.).
Por ende, le asiste la razón al Fisco en ese tópico, resultando inoficioso que me expida acerca del agravio vinculado con la cuestión de fondo articulada en la pieza impugnativa.
V. Si lo expuesto es compartido, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario, revocar la sentencia impugnada y declarar prescripta la acción (art. 289 inc. 2, CPCC).
Costas de todas las instancias por su orden, en función del cambio normativo (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 segunda parte y arg. 274, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
En lo que respecta a las decisiones adoptadas en las instancias previas respecto del plazo de prescripción en las que se aplicara la doctrina legal que, por ese entonces, este Superior Tribunal provincial —con su anterior conformación y mi adhesión— estableciera para supuestos similares al presente, señalo que:
Los argumentos que expone la Fiscalía de Estado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, sumados a los criterios incorporados en el Código Civil y Comercial de la Nación que determinaron acortar los plazos de prescripción en salvaguarda de la seguridad jurídica y el razonable interés social que exigen que las obligaciones no permanezcan vigentes indefinidamente, me convencen —a través de una nueva reflexión— en modificar la posición que he mantenido hasta ahora para plegarme a la propiciada por el doctor Soria (conf. causa A. 78.420, "Ledesma", sent. de 11-IX-2025).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
Ello así, en tanto una nueva lectura del tema traído a debate en esta causa por la Fiscalía de estado, fue tratado en oportunidad de emitir mi voto en la causa A. 78.420, "Ledesma". Allí consideré que si bien —por economía procesal— en algunas oportunidades previas había compartido el criterio de aplicar la que constituyera la doctrina mayoritaria de esta Suprema Corte en su previa integración, en torno al plazo de prescripción aplicable a las diferencias salariales derivadas de relaciones de empleo público durante la vigencia del Código Civil —ley 340— (v. por todas causa B. 63.373, "Saez", sent. de 14-IX-2020), debía ser superada por la necesidad de ajustar dicha posición a lo dispuesto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, así como también a la tradicional interpretación practicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a dicho respecto (v. CSJN Fallos: 173:289 y 205:200).
Por lo expuesto, voto por la afirmativa.
Respecto de las costas, considero que deben aplicarse las de todas las instancias por su orden, en función del cambio normativo y de la doctrina legal imperante (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 segunda parte y arg. 274, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Con los mismos señalamientos e iguales motivaciones que expresa la señora Jueza doctora Kogan, comparto los fundamentos propuestos por el señor Juez doctor Soria y doy mi opinión en igual sentido.
Voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se declara prescripta la acción (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen por su orden, en función del cambio normativo (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 segunda parte y arg. 274, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/10/2025 09:17:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/10/2025 14:15:30 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 13/10/2025 15:53:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2025 12:12:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2025 15:21:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/10/2025 15:27:41 hs. bajo el número RS-80-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia