Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79680
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.79.680 "RAMOS MANUEL MIGUEL Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL. PUBLICO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Manuel Miguel Ramos y David Alberto Montero contra la Municipalidad de Tres Arroyos. Consecuentemente, condenó a la demandada a abonar a los actores una indemnización equivalente a la prevista en el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 en el plazo de sesenta días de quedar firme la liquidación, con intereses y costas a la vencida (v. sent. de 5-VII-2022).
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó los recursos de apelación deducidos, tanto por los actores como por la Municipalidad de Tres Arroyos y confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fue materia de agravio, con costas de alzada en el orden causado ante los vencimientos recíprocos registrados (art. 51 inc. 1, segunda parte, CCA; v. sent. de 4-VI-2024).
En lo que aquí interesa, para decidir el rechazo del recurso de los actores, la Cámara repasó los antecedentes laborales acompañados a la causa, destacando que los recurrentes alegaban que les asistía el derecho a ser reincorporados en el cargo que revistaban al momento de su baja, en razón de la estabilidad que consideraban haber adquirido por el transcurso del tiempo y lo prescripto en el art. 70 de la ley 14.656. En contraposición, la Comuna pregonó que los actores no solo carecían del derecho a ser reincorporados, sino que tampoco resultaban merecedores de la indemnización por despido arbitrario que -tras receptar la pretensión subsidiaria formulada en autos- les había otorgado el juez de grado. Tras ello, anticipó que, en las circunstancias de la litis, la pretensión de reincorporación formulada por los actores no podía ser receptada.
Recordó que, sobre el punto y en principio, los agentes temporarios participaban de un status jurídico de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen de derecho público que había disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo.
Mencionó, con apoyo en doctrina de la Corte federal, que tampoco hubieran podido reclamar un derecho a la reincorporación con carácter de permanencia o estabilidad, en la medida que tal estado de cosas resultaría violatorio del régimen que regulaba los requisitos y medios de selección para el ingreso a la función pública, con el consecuente menoscabo al derecho a la carrera administrativa.
Sostuvo, asimismo, que no era menos cierto que los principios antes aludidos habían sido atemperados por la jurisprudencia, no ya para consagrar el derecho a la estabilidad de los agentes de planta no permanente, sino para reconocerles (bajo ciertas condiciones) un derecho indemnizatorio frente a un obrar de la Administración empleadora que en forma patente se hubiera apartado de la esencia de estas herramientas excepcionales de vinculación. De modo que los referidos lineamientos jurisprudenciales, debían ser sopesados con especial mesura en situaciones como la de autos, toda vez que se trataba de conceptos que habían sido acuñados en relación a regímenes estatutarios de empleo público que no contemplaban mecanismos normativos de adquisición del derecho a la estabilidad para los agentes integrantes de la planta de personal temporaria.
Luego, destacó que la sanción de la ley 14.656 había introducido significativos cambios en la rama del empleo público, e interesaba destacar que el art. 64 había dispuesto la derogación de la ley 11.757 y sus modificatorias (v. párr. primero), aunque aclaró -a renglón seguido- que aun con posterioridad al período de vigencia de la ley 11.757 “se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo resultantes de la misma hasta tanto se dicte la ordenanza municipal reglamentaria del régimen de empleo municipal, se suscriba Convenio Colectivo de Trabajo o resulte aplicable el régimen supletorio de empleo municipal previsto en la presente ley”.
Reparó en que la operatividad de la Sección III de la ley 14.656 se había visto aplazada por diversos actos normativos, que postergaron la puesta en marcha del referido régimen supletorio con el fin de brindar a las municipalidades un mayor margen temporal para que -en el ejercicio de sus poderes autonómicos- pudieran elaborar y/o concertar su propio régimen de empleo público.
Sin embargo, aclaró que el precepto invocado carecía de injerencia concreta en la situación de los exagentes Montero y Ramos, pues el esquema de la regulación supletoria prevista en la Sección III de la ley provincial no podría tener ninguna incidencia, ya que la relación con los empleados municipales de Tres Arroyos pasó a regirse por un Convenio Marco que fue fruto de la negociación colectiva en la que ellos habían estado representados. De ese modo, analizando el pedido de reincorporación de los demandantes a la luz de las disposiciones previstas en la norma colectiva, vigente a la época del distracto, se advertía que su reclamo carecía de sustento normativo y, por tanto, merecía ser desestimado.
Finalizó señalando que el referido pedido de reincorporación tampoco podía apuntalarse en el art. 4 de la ley 14.656, norma que luego de prescribir que todo nombramiento es provisional hasta tanto el trabajador adquiriera estabilidad, preceptuaba que ese derecho se adquiría a los doce meses, de no mediar previamente oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente. Pese a que la disposición invocada no revestía carácter supletorio (ya que integraba la Sección I de la ley) y que su vigencia no había sido objeto de aplazamiento, tampoco podía ser aplicada a la situación acaecida en autos, dado que se trataba de una norma que no estaba dirigida a la generalidad de agentes, sino a un universo concreto y particularizado al que no habían pertenecido los actores, pues había quedado fuera de discusión que todas sus designaciones habían sido instrumentadas en la órbita de la planta de agentes temporarios.
Afirmó asimismo que tampoco podría tenerse por cumplido el período de prueba de los agentes con el lapso en el que estos se habían desempeñado como personal temporario o sin estabilidad, por lo que la pretensión de reincorporación blandida en el caso no podía tener recepción favorable, lo que sellaba la suerte adversa de la apelación presentada por los actores.
II. Frente a ello, la parte actora (mediante presentación electrónica de fecha 25-VI-2024) interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denuncia violación y absurdo en la interpretación de la ley, sosteniendo que la sentencia impugnada incurrió en un evidente absurdo en relación al art. 70 de la ley 14.656; que soslayó los arts. 2 y 3 del CCT 58; y desoyó el art. 65 de la ley 14.656 que establece su aplicación supletoria.
Entendió que las disposiciones citadas, violadas por la sentencia en crisis, no dejan lugar a dudas respecto de la aplicación al caso de autos del art. 70, punto 2, anteúltimo párrafo, de la ley 14.656.
El recurso fue concedido por la Cámara (v. resol. de 3-IX-2024).
III. El remedio no puede prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV. Los actores aducen que la Cámara incurre en un evidente absurdo en la interpretación del art. 70 de la ley 14.656, al sostener que no incluir o excluir del CCT 58 una disposición legal, implica su no aplicación, violando el principio de progresividad y soslayando los arts. 2 y 3 del convenio colectivo citado.
Tiene dicho este Tribunal que quien afirma que la sentencia viola preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la simple exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 09-III-2016; A. 74.131, "Magadán", resol. de 30-V-2018; A. 75.469, "Olano", resol. de 21-XI-2018, entre muchas otras).
Los fundamentos expuestos ordenada y detalladamente por la Cámara, no han sido objeto de impugnación idónea por los recurrentes, en tanto se han desentendido de ellos, limitándose a exteriorizar su opinión discrepante con el resultado obtenido y a esgrimir su particular punto de vista sobre las constancias de la causa y el derecho aplicable.
La escueta argumentación de los impugnantes no constituye un ataque directo y eficaz como lo exige esta instancia extraordinaria, sino que importa una fundamentación en paralelo. Repárese en este aspecto que la sentencia de Cámara descartó la incidencia de la regulación supletoria de la sección III de la ley 14.656 en razón de la entrada en vigencia de un Convenio Marco fruto de la negociación colectiva y lo expresamente dispuesto -entre otros- por el art. 65 de aquella misma ley. Esta afirmación es estructural en la decisión atacada y no ha merecido impugnación idónea por parte de los recurrentes.
Es clara la doctrina de esta Corte, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; A. 78.088, "Uzcudum", resol. de 7-XII-2022; Q. 78.993, "Valbuena", resol. de 19-VIII-2024, entre muchas otras).
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2025 21:01:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 11:03:22 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 14:10:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 18:57:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:04:40 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/07/2025 19:08:23 hs. bajo el número RR-415-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia