Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79049
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.049, "Gómez, José Alberto c/Ministerio de Seguridad s/Pretensión anulatoria. Empleo Público - Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia por la cual se hizo lugar a la pretensión anulatoria deducida por el señor José Alberto Gómez contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, excepto en cuanto al monto reconocido en concepto de indemnización, el que redujo a un porcentaje equivalente al 35% de los salarios caídos, computados a valores actuales (v. sentencia de fecha 7-VI-2022).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 29-VI-2022), el que fue concedido por la Cámara actuante (v. resol. de fecha 30-IX-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, confirmó parcialmente la sentencia de grado que hizo lugar a la pretensión anulatoria deducida por el señor José Alberto Gómez y declaró la nulidad de la resolución 16/16 del Superintendente General de Policía, a través de la cual dispuso su pase a situación de inactividad por haberse excedido los plazos del período de disponibilidad contemplados en el art. 127 del decreto 1.050/09 para enfermedades o lesiones ajenas al servicio (conf. arts. 23 inc. "a", ley 13.982 y 128, dec. cit.). Por extensión, nulificó también las resoluciones 81/17 del Subsecretario Legal, Técnico y Administrativo y 2019-1181-GDEBA-MSGP del Ministro de Seguridad, ambas confirmatorias de la primera, ordenándole a esta cartera a reincorporar al actor a la situación de revista previa a la baja.
Respecto de la condena por daño moral, mantuvo la suma establecida por la jueza de primera instancia ($50.000).
No obstante, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte demandada, modificando el porcentaje a indemnizar en concepto de daño material, el que estableció en un equivalente al 35% de los salarios dejados de percibir, fijando que debían ser computados a valores actuales.
Para así decidir y en lo que aquí interesa, efectuó las siguientes consideraciones:
I.2. Destacó que la cuestión había quedado acotada a la validez del acto administrativo que diera de baja al actor.
Con cita de precedentes que estimó análogos, juzgó que dicho acto adolecía de vicios que lo invalidaban, puesto que violentaba las garantías constitucionales de estabilidad en el empleo público (art. 14 bis, Const. nac.) y del debido proceso (arts. 18, Const. nac.; 11 y 15, Const. prov.).
En ese orden señaló:
I.2.a. Que la interpretación efectuada por la demandada de los arts. 61 y 64 inc. "c" de la ley 13.982 y 147 del decreto 1.050/09 resultaba incompatible con el derecho a la estabilidad.
Dijo que la aptitud psicofísica constituye un requisito relevante para el ingreso a la carrera policial, pero no se trata de una causal autónoma de extinción de la relación de empleo público una vez consolidada aquella garantía.
En tal sentido, puntualizó que la pérdida de las capacidades psicofísicas, una vez adquirida la estabilidad —y en ausencia de posibilidad de pase a retiro con acceso a los beneficios previsionales— imponía a la Administración empleadora la obligación de limitar funciones o reasignar tareas (conf. art. 138 y sigs., dec. 1.050/09). Dicha solución —añadió— no se veía alterada ni por la naturaleza de la enfermedad que afectaba al agente, como tampoco por el agotamiento de las licencias por enfermedad.
En suma, dados los derechos comprometidos, descartó la aplicación de la doctrina del sometimiento voluntario, y sostuvo que la correcta composición de la situación exigía, en el caso, un cambio de función, destino o agrupamiento, hasta tanto el agente pudiera acceder a una prestación jubilatoria.
I.2.b. Por otra parte, advirtió que el procedimiento administrativo se había tramitado sin intervención del actor, privándolo de ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener así a una decisión fundada.
Concluyó que la gravedad de la afectación jurídica conducía a la ilegitimidad tanto del acto de baja como de los actos confirmatorios, sin que los recursos tramitados en sede administrativa pudieran alterar tal conclusión, pues el vicio originario resultaba insubsanable, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial.
I.3. En lo atinente a la condena por daño material, el Tribunal de Alzada, por voto de la mayoría, modificó la decisión de la jueza de grado que había reconocido una indemnización equivalente a la totalidad de los salarios dejados de percibir por el agente, calculados a valores históricos, estableciendo en su lugar un porcentaje del 35% de los sueldos correspondientes, ponderados a valores actuales.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VI-2022), en el que denuncia la violación y/o errónea interpretación de los arts. 14, 14 bis y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 772 y 1.748 del Código Civil y Comercial de la Nación; 61 y 64 inc. "c" —entre otras— de la ley 13.982 y 7, 8, 11, 12, 127, 147 y 148 y concordantes del decreto 1.050/09. Asimismo, alega absurdo en la valoración de la prueba y violación de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer término, sostiene que la sentencia de la Cámara desconoce el régimen que regula la baja policial por falta de aptitud psicofísica, al confundir un supuesto de cese justificado con otros de invalidez o sanción disciplinaria. Subraya que el actor permaneció con licencia por enfermedad durante más de seis años (2011-2016), excediendo el plazo legal de disponibilidad y que la Junta Médica Superior concluyó que no se hallaba en condiciones de reintegro ni reunía los 2/3 de incapacidad para acceder a beneficios previsionales.
A su entender, el Tribunal de Alzada ignoró el régimen aplicable —arts. 61 y 64 inc. "c" de la ley 13.982 y 127 del decreto 1.050/09— que autoriza la baja obligatoria cuando se agotan las licencias médicas sin aptitud para el servicio.
Equipara el caso al régimen laboral privado (art. 211, LCT), que permite la extinción del vínculo tras el agotamiento de los plazos de licencia por enfermedad.
II.2. Rechaza que se haya vulnerado el derecho de defensa, pues el trámite de baja por inaptitud no contempla el traslado previo del dictamen —por su carácter unilateral— y el agente tuvo amplia oportunidad de resistirse mediante el recurso administrativo interpuesto y luego en sede judicial, sin acreditar su aptitud psicofísica ni desvirtuar la presunción de legitimidad del obrar estatal.
II.3. Denuncia absurdo en la valoración de la prueba, al haberse considerado inmotivado el acto de baja pese a la existencia del dictamen médico de la Junta Médica Superior, cuya validez no fue desvirtuada por prueba alguna.
II.4. Cuestiona la reincorporación del agente, por cuanto su falta de aptitud psicofísica se mantuvo indiscutida, lo que torna imposible su reintegro o cambio de escalafón. Destaca que durante su extensa licencia percibió el 100% de sus haberes, sin haber sido pasado a disponibilidad, lo que incluso lo benefició. Resalta que las funciones policiales exigen condiciones psicofísicas plenas, esenciales para el servicio de seguridad pública.
II.5. Impugna la condena indemnizatoria, por considerarla injustificada ante la inexistencia de prestación laboral. Cita jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte Suprema nacional y sostiene que el porcentaje del 35% reconocido por la Cámara excede el 25% fijado en precedentes análogos.
II.6. Finalmente, se agravia de la cuantificación a valores actuales de los salarios caídos, por constituir un exceso e incongruencia, al modificar aspectos no apelados y que habían sido resueltos a valores históricos en primera instancia. Así también, dice que eso viola la regla del nominalismo, con la consecuente prohibición de indexación o repotenciación de deudas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Este Tribunal ha sostenido que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona los fundamentos esenciales del fallo que impugna y que —en cambio— ha elegido elaborar su crítica sobre la base de una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que lo dotan de contenido (doctr. causas A. 76.000, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2021; A. 76.813, "Riconocsiuto", sent. de 2-III-2023; e.o.), a punto tal de que en autos dicha tarea se traduce prácticamente en una reiteración de los argumentos defensivos avanzados —sin éxito— en la primera instancia y luego ante el Tribunal de Alzada.
Así, la recurrente insiste con la aplicación aislada de los arts. 61 y 64 inc. "c" de la ley 13.982, en cuanto regulan la baja del agente cuando se han excedido los tiempos de licencia por enfermedad y no puede acogerse a los beneficios previsionales, pero sin hacerse cargo de los fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada estimó —por aplicación e interpretación del conjunto de la normativa, esto es la ley 13.982 y su decreto reglamentario 1.050/09— que en el caso resultaba ilegítima la decisión de terminar una relación garantizada por estabilidad (art. 7, ley 13.928), sin antes explorar alternativas que le hubiesen permitido al actor permanecer en la fuerza policial cumpliendo tareas compatibles con su enfermedad, hasta tanto reuniese las condiciones estatutarias para acceder a alguno de los beneficios previsionales que ofrece el régimen de la Caja de las Policías.
En todo esto, la apelante no evidencia violación jurídica o errónea aplicación de las normas específicamente actuadas por la Cámara —en particular, el art. 138 del decreto 1.050/09— y que constituyó el núcleo central de la argumentación en que se sustentó la sentencia. Y esto constituye una de las causales de insuficiencia señaladas por esta Corte desde antiguo, en atención a la clara y estricta manda del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas A. 76.570, "Brunet", sent. de 8-XI-2022; A. 76.813, cit.; e.o.).
A mayor abundamiento y para concluir parcialmente, el criterio seguido en autos por los jueces anteriores se ajusta al adoptado por esta Suprema Corte en un precedente de configuración semejante (v. causa B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016).
III.2. En lo tocante a la reivindicación del procedimiento unilateralmente seguido en sede administrativa sin intervención del agente policial —lo que la Cámara reputó una grave afectación del derecho de defensa con consecuencias invalidantes— y las alegaciones en torno al principio de subsanación y la configuración de absurdo valorativo, tales argumentos se desestiman en virtud de lo previsto en el art. 31 bis de la ley 5.827 —texto según ley 13.812—, en tanto que justificaciones similares ya fueron abordadas y desestimadas —dada la insuficiencia de tales planteos— en casos de análoga configuración al presente (v. causas A. 77.405, "Gutiérrez", sent. de 16-VI-2022; A. 76.246, "Álvarez", sent. de 10-VI-2022; A. 78.418, "Farías", sent. de 11-VIII-2023; e.o.).
III.3. También luce insuficiente el planteo en punto a la violación de las normas constitucionales citadas en la pieza bajo examen, por cuanto la recurrente se limita a enumerarlas sin explicar de qué modo resultan transgredidas o vulneradas.
Esta Corte ha dicho que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causa A. 79.160, "Hernández", sent. de 11-VII-2024) tal como acontece en la especie.
Por otra parte, cabe recordar que la invocación del quebrantamiento de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando tales infracciones constitucionales derivarían de la transgresión de otras normas legales, no acreditada en el caso (doctr. causas A. 72.788, "Pla", sent. de 18-X-2017; A. 77.102, "Pizurno", sent. de 30-V-2024; e.o.).
III.4. Finalmente, tampoco son de recibo los agravios referidos a la procedencia y alcance de la indemnización reconocida.
III.4.a. De un lado, la impugnante cuestiona el pago y porcentaje de los salarios caídos mandados a liquidar, aduciendo que se están remunerando funciones no desempeñadas y que el parámetro fijado es superior al establecido por esta Suprema Corte en varios precedentes.
En esto advierto —de inmediato— que la recurrente yerra en su crítica. Ello es así pues, lejos de lo denunciado, lo que se decidió en autos fue el pago de una indemnización material sustitutiva que —solo como pauta útil de estimación— tomó en cuenta los haberes que el actor dejó de percibir a raíz de su baja. Se trata, pues, de una solución avalada y claramente distinta de aquella que la impugnante pretende equiparar (v. mi voto en la causa B. 64.843, "González", sent. de 14-II-2025).
En cuanto a lo otro, más allá de versar sobre una apreciación predominantemente fáctica ligada a la cuantificación de los perjuicios que, como regla, se encuentra deferida a los jueces de grado y, por lo tanto, resulta extraña a la casación salvo denuncia y demostración de absurdo (doctr. causa A. 74.054, "Baigorria", sent. de 21-XI-2018 y mi voto en causa A. 73.927, "Maiorini", sent. de 23-XII-2020), es de notar que el porcentaje al que arribó la Cámara —reduciendo incluso lo inicialmente establecido por el juez de primera instancia— es coincidente con aquel fijado en numerosos precedentes de este Tribunal (v. p. ej., causas B. 64.158, "Móbili de Zuccarini", sent. de 13-XI-2012; B. 58.622, "Marín", sent. de 31-X-2016; B. 65.702, "Gallo", sent. de 24-X-2018; B. 61.895, "Schiffelbein", sent. de 16-XII-2020; B. 64.394, "Lazzati", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
Lo señalado revela que el recurrente apunta a una jurisprudencia que, partiendo de una premisa constantemente establecida acerca de los factores para tener en cuenta a la hora de resarcir, es variable en su resultado según las cambiantes circunstancias de cada caso. Esto es algo que —por sí solo— deja en evidencia la insuficiencia del planteo basado en un supuesto apartamiento de la doctrina legal, ante la falta de determinación precisa acerca de la analogía en la plataforma fáctico-jurídica de los precedentes en los cuales se habría asignado un porcentaje inferior y que indefectiblemente exigiría su extensión a la presente controversia (doctr. causas A. 75.194, "De Nicola", sent. de 8-VI-2020; A. 76.499, "Cogliano", sent. de 12-VII.2022; A. 77.243, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", sent. de 7-IX-2022; e.o.).
III.4.b. Luego, en lo que atañe a la crítica dirigida contra la condena a abonar la indemnización a valores actuales —por haberse fijado en el decisorio de grado la pauta histórica— y, con eso además, violarse la prohibición de indexación o repotenciación de deudas, la pieza en tratamiento tampoco logra revertir lo sentenciado en la instancia previa (v. mi voto en causas A. 78.351, "Carrillo", sent. de 30-V-2024; A. 78.353, "Leguero", sent. de 20-XI-2024; A. 79.215, "Vera", sent. de 17-VII-2025; e.o.).
Ello, atendiendo a varias de las razones que brindare in extenso en múltiples ocasiones (v. mi voto en causas B. 65.702, "Gallo", sent. de 24-X-2018; B. 63.460, "Corigliano", sent. de 29-V-2019; B. 60.558, "González", sent. de 6-XI-2019; A. 74.138, "Gelvez", sent. de 27-XI-2019; e.o.).
III.4.b.i. En cuanto a lo primero, se advierte que en su demanda el actor efectivamente pidió por la devolución de salarios. El juzgado accedió, a título de indemnización por daño material, ordenando el pago del 100% a valores históricos. La Cámara redujo esto último a pedido de la recurrente, al 35%. Pero al hacerlo, lo estableció a valores actuales.
Aunque no exento de objeciones, entiendo que, en definitiva, ese balance importó la actuación válida por parte del a quo de la facultad prevista en el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. art. 77 inc. 1, CCA).
Y en eso no se ha trastocado drásticamente el equilibrio del contradictorio, debiendo quedar lo actuado sujeto al prudente criterio del órgano apelado (conf. doctr. causa A 72.290 "Galland", sent. de 18-IV-2025).
III.4.b.ii. Respecto a lo segundo, en los casos más arriba citados he brindado una serie de fundamentos para resistir una crítica como la aquí ensayada —que busca imponer a ultranza la regla del nominalismo— que no son objeto de debida confrontación en el escrito de apelación y que, vale decir, exceden la disquisición teórica entre deudas dinerarias y deudas de valor que aquí marcan el eje de la impugnación (v. p. ej., mi voto en causa A. 74.183, cit., en especial ptos. V.2.a. y V.2.e.).
En su lugar, el quejoso se ciñe a reclamar por la aplicación de las leyes 23.928 y 25.561 e invocar un temperamento sentado en un discreto precedente (causa A. 74.360, "APOC", sent. de 29-XII-2020), cuyo contenido —a modo de una suerte de premisa general— no se condice con otros fallos posteriores a los que, eventualmente, cabría asignarles mayor valor como doctrina legal, en los cuales se fijó la indemnización debida a valores actuales (v. p. ej., causas B. 65.203, "Pérez", sent. de 31-VIII-2021; B. 76.049, "Gardinetti", sent. de 9-X-2023; B. 57.667, "Roqueiro", sent. de 23-VI-2023; B. 67.498, "A., J.", sent. de 31-X-2023; e.o.). Y que de ser eso así, serían tales los precedentes a los que cabría mirar a la hora de sentenciar (doctr. causas C. 110.372, "Juárez", sent. de 5-III-2014; C. 102.534, "C., A.", sent. de 10-VIII-2016; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016; C. 122.303, "Dadario", sent. de 25-II-2021; e.o.).
En esas condiciones, cabe recordar que no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar una violación de semejante tenor en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos centrales del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; e.o.).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC; 31 bis primer párrafo, ley 5.827 —texto según ley 13.812—).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
Solo he de señalar que, con relación al punto III.4.b., relacionado con la condena a abonar la indemnización a valores actuales, adhiero y comparto su opinión en cuanto señala, específicamente, la insuficiencia técnica del recurso (conf. causa A. 78.353, cit.).
Por lo expuesto, doy mi voto también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del colega qu
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