Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76572
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos, atento que han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.76.572 “CONTRERAS FELISA TOMASA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE LA COSTA S/PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO - RECURSOS EXRAORDINARIOS DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
El señor Juez doctor Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la acción intentada por Felisa Tomasa Contreras. En cambio, acogió al recurso de apelación interpuesto por las coactoras Mónica Alicia Ramírez y María del Carmen Pegue e hizo lugar a la pretensión anulatoria interpuesta por dichas agentes respecto del Decreto 164/2012 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de La Costa en cuanto dispuso su cesantía, reconociéndoles el derecho a ser reincorporadas a los cargos de los que fueran ilegítimamente separadas y condenó a la accionada a abonarles los conceptos resarcitorios que allí reconoció (v. sent. de fecha 12-III-2020 y su aclaratoria de fecha 11-VI-2020.
Para decidir como lo hizo, comenzó por reseñar que los hechos investigados en el sumario que se les instruyera se relacionan con las funciones que desempeñaban las actoras como agentes de percepción de la tasa por otorgamiento de licencias de conducir, reprochándoseles la falta de ingreso al erario municipal de los montos recaudados por ese concepto en el lapso comprendido entre el 1-I-2008 y el 13-III-2009, trasgresiones que acarrean la sanción de cesantía.
En ese marco, en relación a la coactora Contreras, teniendo en cuenta los elementos de prueba valorados por la Administración -informe contable producido en el procedimiento disciplinario y denuncia efectuada por el señor Jesús Alonso- y la denuncia penal formulada por el Secretario de Ordenamiento de la Comuna, consideró acreditada la participación de la mencionada en los ilícitos que se investigaban.
Asimismo desestimó el planteo -efectuado en oportunidad de apelar- referido a que la omisión de ponderar el contenido de su legajo personal tornaba arbitraria la valoración probatoria reflejada en el acto segregatorio. En ese sentido el Tribunal de Alzada señaló que la apelante no explicó de qué modo -frente a la gravedad de la conducta que se le reprochaba- tales antecedentes, a los cuáles hacía referencia en forma genérica, podían impedir tener por acaecida la falta que se le atribuía o -al menos- atenuar su gravedad.
En cambio, acogió el agravio introducido por las coactoras Ramírez y Pegue por considerar que el único fundamento que sostenía la imputación que se les formulaba respecto a su intervención en los sucesos investigados, era la denuncia penal del Secretario de Ordenamiento Urbano en la cual declaró que la señora Ramírez había confesado ante el Tesorero Municipal la participación de las tres agentes en la sustracción de los fondos públicos.
El a quo entendió que tal apartado de la denuncia penal, con la que el municipio intentaba tener por demostrada la participación directa de las accionantes, resultaba inhábil para fundar por sí sola, y sin más elementos la mentada imputación subjetiva en tanto no constituía más que un testimonio "de oídas", resultando de esa forma ilegítimo el decreto atacado en relación a las mencionadas agentes.
Con esos fundamentos revocó el decisorio apelado en relación a las citadas coactoras e hizo lugar a la demanda a su respecto.
II. Frente a ello tanto Felisa Tomasa Contreras como el Municipio demandado interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 16-IV-2020 a las 04:52:42 p.m. y 21-V-2020 a las 9:59 a.m., respectivamente), los que fueron concedidos (v. resol. de fecha 21-VII-2020).
II.1. La Sra. Contreras, reeditando argumentos ya vertidos en oportunidad de accionar, denunció absurdo en la interpretación de las constancias de la causa y de la prueba producida.
II.2. Por su parte la comuna adujo que el fallo atacado, en lo que respecta al acogimiento de la acción deducida por las coactoras Ramírez y Pegue, incurrió en una absurda apreciación de la prueba que deriva en la errónea aplicación de normativa que invoca. A su vez citó la doctrina legal que considera violada en relación a la presunción de legalidad de los actos administrativos, agravio que posteriormente no desarrolla en forma acabada.
III. En relación al remedio intentado por la coactora Contreras se adelanta que la impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
III.1. En efecto: es clara la doctrina de este Tribunal en punto a que, en los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, es ineludible la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo impugnado, puesto que la insuficiencia en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Ese déficit se presenta, entre otros supuestos, cuando no se lleva a cabo un cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia controvertida (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio respecto de la omisión de ponderar su legajo personal por parte de la Administración previo a la emisión del acto de cese, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Al respecto esta Suprema Corte tiene dicho que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 73.960, cit. y A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018, entre otras).
En el caso se observa que dicho argumento -abordado por la Cámara interviniente en virtud del principio de apelación adhesiva (ver apdo. II, ptos. 3 y 3.6)- fue expresamente tratado y rechazado, lo que torna aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015).
III.2. Asimismo, cabe señalar que en el caso los argumentos de la impugnante, más que evidenciar un yerro de índole normativa, se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba -especialmente el informe contable y las declaraciones del señor Alonso-, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
IV. Por otra parte, en cuanto al remedio introducido por la demandada, cabe adelantar que tampoco será de acogida en razón de su insuficiencia técnica (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
Como se expuso en el punto precedente es doctrina de esta Suprema Corte que las cuestiones de hecho y prueba, por regla general, resultan ajenas a su competencia extraordinaria, salvedad hecha del supuesto excepcional de absurdo (doctr. causa A. 74.126, "Martínez", sent. de 27-III-2019).
Así, las críticas de la impugnante, dirigidas a insistir en la comprobada participación de las tres agentes en los hechos investigados y en la existencia de otros medios de prueba que dieron sustento a la sanción impuesta a las coactoras Ramírez y Pegue resultan -en rigor- una mera discrepancia que, como es sabido, no constituye per se base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía queda conformada sólo cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en lo decidido por el sentenciante (conf. doctr. causas C. 98.961, "Gasparoni", sent. de 18-V-2011; C. 117.063, "Gabutti", sent. de 30-X-2013, e.o.).
Además, cabe destacar que la selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde, es facultad propia de los jueces de grado -potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas- y no se configura absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro (conf. doctr. causa A. 74.126, "Martínez", sent. de 27-III-2019; A. 75.105, "Berra", resol. de 21-VIII-2019; A. 76.280, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fin SA", resol. de 6-VII-2020).
No mejora la suerte de la impugnación la crítica formulada respecto de la violación de la doctrina emanada del precedente que cita (causa B. 67.076), en tanto en aquel mediaron presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que, no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, entre muchas otras)
V. Lo expuesto alcanza para rechazar las impugnaciones articuladas (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos, atento que han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/05/2021 12:00:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2021 12:15:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 13:30:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 14:32:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 19:07:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia