Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 78993 P
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 278, 292, CPCC; 60 CCA y Acordada 4068).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal incoado, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas a la recurrente (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
78.993-P "VALBUENA DIEGO ARIEL C/ MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPLEO PUBLICO"
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño, dijeron:
I.1. El Juzgado de Primera instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el señor Diego Ariel Valbuena contra la Municipalidad de Tres Arroyos; declaró nulo el decreto 36/22 (dictado el 6-I-2022) que dispuso la cesantía del actor y ordenó a la demandada a que, en el plazo de 60 días hábiles administrativos, reedite el análisis de las actuaciones administrativas y dicte un nuevo acto donde brinde adecuados motivos de la sanción que decida escoger para reprender la conducta del actor.
Asimismo, mandó reincorporar al señor Valbuena al cargo que ejercía al momento de la cesantía, difiriendo el tratamiento de la pretensión resarcitoria a las resultas del ejercicio de la potestad disciplinaria en el plazo otorgado (v. sent. de 15-XI-2022).
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, por un lado, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 1-XII-2022, con costas a la recurrente en su condición de vencida (art. 51 inc. 2, CCA). Por el otro, acogió el remedio intentado por el actor el mismo día 1-XII-2022 y revocó el fallo en cuanto ordenó a la demandada que dicte un nuevo acto administrativo sancionatorio y difirió el tratamiento de la pretensión resarcitoria.
En consecuencia, hizo lugar a la pretensión indemnizatoria incoada y condenó a la comuna a abonarle al señor Valbuena los conceptos reconocidos en los considerandos "II.3.1.1"; "II.3.1.2." y "II.3.2" del voto que concitó adhesión, con el alcance y extensión allí establecido, con costas a la Municipalidad demandada en su calidad de vencida (confr. art. 51 inc. 1, CCA; v. sent. de 9-V-2023).
I.3. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso un recurso de aclaratoria (conf. art. 52, CCA), solicitando que en la parte dispositiva se exprese claramente que también se hace lugar a la pretensión de reincorporación (v. escrit. elect. de 10-V-2023). El pedido aclaratorio fue desestimado por la Cámara mediante la resolución de fecha 11-VII-2023.
II. Frente a lo así resuelto, la Municipalidad demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 24-V-2023), el que denegado -con sustento en que el valor del litigio no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial- (v. resol. de 12-IX-2023), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de fecha 21-IX-2023).
III. Requerida la radicación electrónica de los autos principales mediante oficio electrónico de 07-IX-2023, ésta se hizo efectiva el 23-XI-2023. Las constancias de la causa corroboran lo anteriormente expuesto.
IV.1. En la queja, la Municipalidad de Tres Arroyos habla de "dudas y/o falta de claridad de la parte dispositiva de la sentencia" de la Cámara. Aduce que, a la hora de evaluar la vía recursiva y su procedencia, el Tribunal de Alzada se limitó a considerar la parte resolutiva de la sentencia en cuanto hizo lugar a la pretensión resarcitoria y que, de los considerandos de ese pronunciamiento, surge claramente que se decide la nulidad del decreto 36/22 que dispuso la cesantía del actor y su consecuente reincorporación. Agrega que, al momento de justipreciar una de las parcelas del reclamo indemnizatorio, el mencionado tribunal lo refiere y/o establece hasta el momento de la reincorporación del señor Valbuena.
Explica que cuestionó la declaración de nulidad del decreto que dispuso la cesantía del actor y su consiguiente reincorporación y que, el aspecto indemnizatorio estimado, es sólo una de las parcelas de la sentencia dictada por la Cámara.
Concluye que, atendiendo a la anulación del decreto de cesantía dictado oportunamente por la comuna, cabe considerar que la cuestión en debate tiene un monto indeterminado, no rigiendo la exigencia del monto mínimo.
Ello, en cuanto cabría cuantificar los futuros salarios que se devenguen a partir de la reincorporación del actor a la Municipalidad de Tres Arroyos y la consiguiente obligación de pago por parte de ésta hasta que se produzca el cese del señor Valbuena por jubilación y/o el motivo que fuere.
Peticionó que se tenga por bien interpuesta la queja y se conceda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denegado.
IV.2. Le asiste razón a la recurrente. Se advierte que la decisión de la Cámara comprende la nulidad del decreto que dispuso la cesantía del actor y su reincorporación. Por ello, el valor del agravio en este estadio del proceso, de conformidad con los argumentos desplegados y la cuestión que se debate en la causa, es de monto indeterminado a los fines del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causa L. 128.436, "Franco", resol. de 26-IV-2022).
IV.3. En atención a lo expuesto y hallándose reunidos los demás recaudos de admisibilidad, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, 292, CPCC y Ac. 4068).
V. Pasando a analizar la procedencia del remedio, éste no puede prosperar atento la insuficiencia que porta (conf. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
VI.1. La Cámara revocó la sentencia de primera instancia argumentando, luego de revisar la legislación aplicable al caso y analizar en detalle los fundamentos brindados por la Municipalidad demandada al decreto 36/22 aquí cuestionado, que surgía claramente un grave defecto de motivación por lo que correspondía declarar su nulidad.
En tal sentido, apreció que el Departamento Ejecutivo de la comuna no había siquiera indicado que las conductas investigadas en el marco del sumario disciplinario instruido respecto del agente Valbuena merecieran ser tenidas por acreditadas, ni mucho menos que éstas pudieran configurar alguna de las transgresiones regladas en el Título V del Régimen Disciplinario aplicable al caso.
Estimó, asimismo, que mal podría tenerse por integrada la fundamentación del acto atacado con lo expresado en los dictámenes producidos por el órgano de asesoramiento jurídico del Departamento Ejecutivo y por la Junta de Ascensos, Calificaciones y Disciplina, cuando el decreto en crisis se limitaba a mencionar –sin más- la existencia de dichas opiniones, prescindiendo de hacer mérito de su contenido o de trascribir pasaje alguno de las consideraciones allí vertidas.
Entendió que asistía razón al actor en cuanto planteó que la entidad del defecto en la fundamentación que portaba el acto atacado, tornaba procedente acoger íntegramente la pretensión entablada, al no configurarse en autos aquellas circunstancias valoradas por la Cámara en un propio precedente jurisprudencial citado por el juez de primera instancia, con el fin de justificar la devolución de las actuaciones administrativas a la demandada para que reedite el análisis del sumario e imponga al actor una sanción motivada.
De modo que el Tribunal de Alzada acogió el recurso de apelación interpuesto por el actor y revocó la parcela del fallo que ordenó la devolución de las actuaciones administrativas, para luego analizar la procedencia de la pretensión accesoria, de naturaleza patrimonial, que el demandante había adosado en el escrito inicial a su pedido anulatorio.
VI.2. Frente a lo así decidido, la Municipalidad reedita argumentos vertidos desde el inicio del juicio, inclusive en la apelación. Aduce que el pronunciamiento de la Cámara resulta arbitrario y absurdo, al no fundarse en la valoración de la prueba producida en autos. A su vez, esgrime que el fallo ha incurrido en una errónea interpretación de la doctrina legal de este Tribunal.
VI.3. Es clara la doctrina de esta Corte, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; A. 78.088, "Uzcudum", resol. de 7-XII-2022).
Asimismo, ha reiterado este Tribunal que si el recurrente limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018; A. 75.857, "Spicoli", resol. de 06-XI-2019, e.o.).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio de la recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 74.922, "Aguirre", resol. de 14-XI-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019, entre otras).
En tal sentido, se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente por los que concluye que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada resulta arbitrario, no pasan de expresar un criterio divergente sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por la Cámara para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
La sentencia impugnada fue contundente al sostener que, tras un análisis detallado de la causa, quedaba claramente expuesta la falta de motivación del acto administrativo.
De allí que los agravios vertidos en el escrito recursivo lucen como meras afirmaciones dogmáticas y no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados en el pronunciamiento impugnado (doctr. causas A. 70.339, "Buschiazzo", sent. de 6-VIII-2014; A. 74.622, "Martínez", resol. de 20-II-2019).
VI.4. Igual suerte corre el agravio referido a la vulneración de la doctrina legal de este Tribunal.
Conforme tiene dicho esta Suprema Corte, para que una alegación semejante resulte procedente no basta, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, con la mera individualización del precedente, sino que resulta imprescindible indicar los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que la impugnante pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud de las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa, debiéndose señalar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causa A. 71.888, "Díaz", sent. de 25-II-2015 y A. 71.706, "Fernandez", sent. de 20-V-2015, entre muchas otras).
La impugnante no desarrolla la correspondencia fáctica y jurídica existente entre los fallos que cita y el presente caso. De modo tal que el planteo luce insuficiente, pues es claro que omite explicar de qué manera concreta los precedentes de esta Suprema Corte que denuncia transgredidos, se relacionarían con la supuesta actuación indebida de la Cámara interviniente (v. art. 279, CPCC).
VII. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 278, 292, CPCC; 60 CCA y Acordada 4068).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal incoado, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Con costas a la recurrente (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2024 20:14:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2024 11:44:02 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2024 18:19:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 10:04:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 10:47:57 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/08/2024 13:15:25 hs. bajo el número RR-587-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia