Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75003
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.003 “ALCARAZ SERGIO LAUTARO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OT S/ PRETENSION ANULATORIA E INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
La Plata, 12 de diciembre de 2018.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás de los Arroyos confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Sergio Lautaro Alcaráz contra la Provincia de Buenos Aires, admitiendo el planteo tendiente a obtener la indemnización prevista en el art. 4 de la ley 13.417 a la vez que rechazó las pretensiones que perseguían la anulación de las resoluciones 622/06 y 877/07 dictadas por el entonces Ministerio de Justicia que declararon su prescindibilidad y el pago de una indemnización por los daños y perjuicios padecidos.
Para así decidir el Tribunal de Alzada entendió que la jueza de grado había evaluado el material probatorio aportado de conformidad con las reglas de la sana crítica.
Al efecto destacó que los argumentos traídos por el accionante al recurrir resultaban insuficientes y tardíos en tanto los fundamentos del fallo cuestionado seguían un camino lógico basado en los distintos elementos que le otorgaban convicción.
A su vez, en cuanto al alcance de la pretensión indemnizatoria perseguida en virtud del acuse de nulidad de las decisiones adoptadas señaló que, al no admitirse la declaración de ilegitimidad de los actos cuestionados, aquélla corría la misma suerte.
Seguidamente la Cámara interviniente rechazó el cuestionamiento dado a la reparación fijada por la magistrada de grado al considerar que no se había controvertido la norma de aplicación ni se había invocado al apelar la alternativa indemnizatoria pretendida.
En tal sentido concluyó que no correspondía modificar el alcance ni el encuadre del resarcimiento decidido por la jueza de primera instancia.
Rechazó por último el planteo de inconstitucionalidad de la ley 13.417 que el actor perseguía.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs.471/477 vta.).
II. Frente a ello, la parte actora vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la errónea aplicación al caso de lo dispuesto en la ley 13.417, en tanto esgrime que tal normativa ha sido utilizada para fines distintos a los de su dictado -el de suprimir funciones innecesarias-, en el caso, para despedir a un agente.
Arguye que de ese modo el actuar de la demandada conduce a la falta de sustento legal de la resolución 622/06 que deviene carente de motivación.
A su vez denuncia la existencia de absurdo en tanto entiende que la Cámara interviniente ha valorado erróneamente las constancias de la causa subrayando que el verdadero motivo que llevó a la administración a separarlo de la fuerza fue el estar padeciendo las consecuencias de un accidente laboral sufrido in itinere no habiendo la demandada podido demostrar lo contrario. Reclama en consecuencia la aplicación de la ley 23.592.
A su vez se agravia al entender que se vulneran los arts. 14 bis, 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 3, 45 y 171 de la Constitución provincial y diversas normas supranacionales que cita (v. fs. 478/484).
III. El remedio no debe prosperar, atento su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827)
IV. 1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, A. 73.960, cit., entre otras).
En tal sentido se evidencia que los argumentos traídos por la accionante respecto de las motivaciones ocultas que encuentra en los actos de dispusieron su prescindibilidad no pasan de expresar un mero criterio divergente al del juzgador, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
IV. 2. Para más, en punto a la vulneración de lo de lo dispuesto en la ley 13.417 el recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Tiene dicho este Tribunal que quien afirma que la sentencia viola preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un escrito interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", 9-III-2016 y A. 73.506, "Scarimbolo", sent. 22-III-2016; entre otras).
El argumento traído por el impugnante y ya señalado, respecto a otras circunstancias que habrían motivado el dictado de los actos controvertidos no logra rebatir el fundamento central en el cual se apoya el fallo atacado en este aspecto al remitirse a los fundamentos dados por este Tribunal en la causa A. 72.759, "Paolini", sent. de 16-III-2016, en la que sostuvo que la prescindibilidad dispuesta bajo las circunstancias de emergencia no afecta el derecho a la estabilidad del agente público, fundamental en nuestro ordenamiento, agregando que tal derecho no es absoluto ni obliga a mantener, bajo cualquier circunstancia, en actividad al funcionario aunque sus servicios dejen de ser necesarios por causas razonables. Es decir, ante una situación excepcional de emergencia, formalmente declarada, el derecho a la estabilidad del empleado público puede ser reemplazado por una indemnización o por el otorgamiento de un beneficio previsional.
Por ello es claro que el recurso no trasunta más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por el a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos, esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto por la Cámara importa una violación de la norma aplicada (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-201; A. 74.336, "Macia", resol. de 10-X-2018, entre otras).
IV. 3. A su vez, es del caso señalar, que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales no acreditada en el caso (doctr. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016, A. 74.065, "Civale", resol. de 11-IV-2018, entre otras).
IV. 4. Por último, respecto al alegado vicio de absurdo, es preciso resaltar que esta Corte ha expresado que la fijación de los hechos y la valoración de la prueba es privativa de los jueces de la causa, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo el supuesto de absurdo que se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa, no configurándose con la mera exhibición de un criterio discordante por parte de quien recurre, tal como aquí acontece (doctr. causas A. 70.673, sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, sent. de 3-XII-2014, A. 73.762, "Benitez", resol. de 27-XII-2017).
Tal situación está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC).
IV. 5. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 675
Fin de la sentencia