Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76584
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal en materia de conflictos externos municipales (art. 196, Const. prov.).
B.76.584 “MUNICIPALIDAD DE LA PLATA C/ MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. La Municipalidad de La Plata, a través de apoderado, promueve pretensión anulatoria contra el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la invalidez de las disposiciones N°s DISPO-2020-231-GDEBA-DLRTYELPMTGP y DISPO-2020-3-GDEBA-DPNCMTGP y la Resolución N° RESO-2020-214-GDEBA-MTGP, dictadas en el marco del expediente administrativo Nº EX-2020-05874534-GDEBA-DPNCMTGP, en trámite por ante la Dirección Provincial de Negociación Colectiva de dicho organismo. Asimismo, solicita cautelarmente la suspensión de los efectos de los actos impugnados.
Manifiesta que, con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N°297/2020, un grupo de trabajadores no concurrió a prestar servicios en la Dirección de Coordinación del "Programa 147", el cual reviste carácter esencial conforme lo establecido por decreto municipal N°46/2020.
En virtud de ello, se decidió no renovar los contratos que los vinculaban a la comuna, a partir del 1 de abril del corriente año, toda vez que éstos finalizaban el 31 de marzo de 2020. Luego relata que, ante la toma de conocimiento de supuestos actos ilícitos perpetrados en la función, se formuló una denuncia penal contra tales agentes que dio inicio a la IPP N° 06-00-01174-20/00, que tramita ante la UFI N°7 del Departamento Judicial de La Plata.
Por otro lado, expone que, como consecuencia de la presentación efectuada por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata (SOEMLP) ante el Ministerio de Trabajo provincial, la cual dio origen al expediente administrativo N° EX2020-05874534-GDEBA-DPNCMTGP, determinó llevar adelante el procedimiento de conciliación obligatoria previsto en la ley 10.149.
Al respecto, señala que la comuna ha interpuesto en aquellas actuaciones diferentes recursos administrativos por vicios procedimentales, que no fueron oportunamente tratados. Aduna que, por las irregularidades incurridas y la presunta comisión del delito contemplado en los arts. 248 y 249 del Código Penal, se procedió a realizar una denuncia contra las funcionarias intervinientes, lo que dio inicio a la IPP N° 17262/2020, ante la UFI N°11 departamental.
Explica que, frente a lo expuesto y a fin de salvaguardar las garantías del debido proceso, se inició la causa "Municipalidad de La Plata c/ Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires s/ Medida cautelar autónoma o anticipada" (causa N° 65.433), en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata. Allí, el magistrado subrogante ordenó suspender los efectos de las disposiciones cuestionadas "hasta tanto se resuelvan los recursos interpuestos en sede administrativa y se alcance una resolución definitiva en dichas actuaciones".
Indica que el sindicato exigió judicialmente el cumplimiento de los actos impugnados, lo que provocó el dictado de otra medida cautelar, pero esta vez, en los autos caratulados "Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata c/ Municipalidad de La Plata s/ Ejecución de resolución administrativa" (expte. N° 26.372), que tramita ante el Tribunal del Trabajo N°5 del Departamento Judicial de La Plata. Asimismo, alega que tal pronunciamiento fue considerado a los fines de la emisión de la Resolución N° RESO-2020-214-GDEBA-MTGP controvertida.
Concluye que, en el caso, se encuentra vulnerado el principio de autonomía municipal y solicita, en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad del art. 60 de la ley 14.656.
Posteriormente, amplía demanda, manifestando que en la causa N° 26.372 citada el Tribunal del Trabajo N°5 declaró abstracta la cuestión llevada a su conocimiento.
II. En lo que aquí concierne, la causa se radicó directamente por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial La Plata. Ello, a pedido de la actora y por razones de economía procesal, toda vez que este órgano había entendido previamente en los autos "Municipalidad de La Plata c/ Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires s/ Medida cautelar autónoma o anticipada".
Sin embargo, el juez subrogante rechazó el pedido de radicación por conexidad en la inteligencia de que, si bien entre ambos procesos existe identidad de sujetos, el objeto de éstos difiere de modo sustancial. A esto, adunó que en la causa N° 65.433, la actora "dedujo una pretensión cautelar autónoma que, como es sabido, no se encuentra supeditada a la promoción ulterior de un proceso principal, y que se agotan o clausuran en sí mismas". De esa forma, ordenó remitir electrónicamente las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes de La Plata (v. resol. de 20-VII-2020).
Efectuado el sorteo que fuera dispuesto, los obrados recayeron nuevamente en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. En esta oportunidad, su magistrado se inhibió de conocer en el asunto por considerar que el caso se enmarca en lo previsto en el art. 196 de la Constitución local, pues importa un conflicto entre un municipio y una autoridad provincial (v. resol. de 28-VIII-2020).
Al decidir así, elevó las actuaciones a este Tribunal para que se expida en punto a su propia competencia, de carácter exclusivo e improrrogable en esa categoría de asuntos (doctr. causa B. 73.520, "Concejo Deliberante de San Pedro", resol. de 29-XII-2014).
Ahora bien, de la consulta del expediente en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) surge que contra dicho pronunciamiento la accionante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sosteniendo que la falta de tratamiento de la medida cautelar requerida provoca un grave perjuicio a sus intereses. El juez de grado, pese al desprendimiento efectuado, rechazó la reposición y remitió, paralelamente, el segundo remedio incoado a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata para su tratamiento.
III. En este estado, es dable señalar que reiteradamente se ha determinado que las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia a las que alude el art. 161 inc. 2 de la Constitución, al igual que los conflictos que se producen entre las municipalidades y autoridades provinciales a los que se refiere el art. 196 de dicha Carta, requieren para su configuración la existencia de una contienda entre los órganos involucrados con motivo o en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, lo que ocurre cuando alguno de ellos aduce que el otro ha invadido o intenta invadir su esfera de competencias (doctr. causas B. 60.622, "Presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos", sent. de 3-XI-1999; B. 71.532, "Municipalidad de La Plata", sent. de 7-III-2012; B. 72.132, "Fiscal de Estado", resol. de 19-IX-2012; B. 74.083, "Municipalidad de San Nicolás", resol. de 27-IV-2016 y B. 74.858, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VIII-2017).
Sobre esa base, cabe adelantar que en la especie no se verifican los extremos que por mandato constitucional demandan la intervención de esta Suprema Corte de Justicia.
IV. En efecto, la actora persigue la declaración de nulidad de las disposiciones y resoluciones dictadas por el Ministerio de Trabajo en el marco del expediente administrativo N° EX2020-05874534-GDEBA-DPNCMTGP, iniciado tras la no renovación de los contratos de un grupo de trabajadores municipales que prestaban servicios en la Dirección de Coordinación del "Programa 147".
Al respecto, más allá de la argumentación formulada por la accionante en torno a la alegada vulneración del principio de autonomía municipal que podría aparejar, a su entender, un conflicto de poderes, es evidente que tal aseveración carece de virtualidad para comprometer la jurisdicción originaria de este Tribunal en ese tipo de contiendas.
Para más, luego de efectuar en su demanda el análisis antes mencionado, es la propia comuna la que manifiesta que "dado ello esta parte evaluará la interposición de dicha acción además de la presente" (v. punto V.1 del escrito inicial de fecha 15-VII-2020); y esto, sólo puede ser interpretado como una voluntad eventual de esgrimir un futuro planteo respecto a dicha cuestión.
Siendo así, toda vez que la Municipalidad de La Plata promueve la presente acción con el objeto de impugnar judicialmente una serie de actos concretos de aplicación emitidos por un organismo provincial, la contienda no atañe a la competencia originaria de este Tribunal en los términos del art. 196 de la Constitución local, al no tratarse estrictamente de un "conflicto de poderes" según la definición que invariablemente se le ha asignado a ese término, que antes se recordara (doctr. causas B. 72.835, "Municipalidad de Tigre", resol. de 23-XII-2014; B. 73.546, "Municipalidad de San Miguel", resol. de 22-IV-2015; B. 75.338, "Municipalidad de Avellaneda", resol. de 23-V-2018 y B. 75.625, "Municipalidad de Florencio Varela", resol. de 20-III-2019), sino a la materia contencioso administrativa (cfr. art. 166, últ. párr., Const. prov.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal en materia de conflictos externos municipales (art. 196, Const. prov.).
Devuélvanse electrónicamente las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata, para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:28:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:54:23 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 21:29:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 11:26:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 14:07:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 10:48:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia