Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77029
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado en lo Correccional N°4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.77.029 “VIVES, ALFREDO RODOLFO C/ MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El señor Nicolás Antonio Iaconis, a través de su apoderado, promueve pretensión anulatoria contra la Municipalidad de Bahía Blanca, a fin de que se deje sin efecto la clausura dispuesta sobre el inmueble -del que alega ser poseedor a título de dueño- identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Manzana 205, Partida N° 2420 y se ordene a la demandada proveer los niveles definitivos del terreno, para proceder con el abatimiento de un barranco que existe allí.
Relata que, ante el peligro inminente, grave y cierto que el mencionado barranco representa, comenzó a gestionar las pertinentes autorizaciones para llevar adelante las tareas de explanación necesarias en el lugar. En este sentido, manifiesta que el 27 de noviembre de 2018 solicitó ante la Dirección de Minería de la Provincia de Buenos Aires la inscripción como usuario de guías de tránsito de minerales como productor no minero.
Explica que para poder continuar y culminar con el trámite administrativo iniciado, solicitó cierta información al municipio, con lo que se formó el expediente n° 0-5469/2018. Sin embargo, refiere que tras realizar una inspección en el sitio el día 28 de agosto de 2020, la demandada ordenó la clausura inmediata del predio, por considerar que se estaba realizando una actividad de cantera no habilitada y que esto fue cuestionado ante el Juzgado de Faltas N°2 comunal en la causa n° 2-2020-13651.
Añade que, luego de efectuarse una segunda inspección en la zona el 21 de septiembre de 2020, se dispuso una nueva clausura, pese a nunca haber decretado el levantamiento de la anteriormente dispuesta. Al respecto, entiende que la sanción impuesta resulta arbitraria, toda vez que no se ha precisado concretamente la infracción que la motiva.
Finalmente, peticiona que cautelarmente se lo autorice a remover la tierra eliminando las alturas de tal manera que impida el acceso de terceros a la finca.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, cuyo titular se inhibió de intervenir en el asunto. Para así decidir, sostuvo que tanto en materia de faltas municipales como provinciales se encontraba previsto un régimen específico que asigna competencia a los órganos del fuero penal o de paz letrados, según corresponda (v. resol. de 1-III-2021).
De esta manera las actuaciones pasaron al Juzgado en lo Correccional N°4 departamental. Sin embargo, su magistrada también se rehusó a conocer en la controversia, por estimar que de los términos en que había sido planteada la cuestión se desprendía que se trataba de un caso que debía ventilarse por ante el fuero especializado. Para más, consideró que de las constancias del expediente no surgía que se hubiera dictado sentencia definitiva por parte del Juzgado de Faltas municipal, por lo que la controversia escapaba al supuesto previsto en el art. 24 inc. 3 del Código Procesal Penal (v. resol. de 14-IV-2021).
Devueltos los obrados al juzgado de origen, éste mantuvo su primigenia postura. De este modo, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. En primer lugar, corresponde señalar que la jurisdicción en materia de faltas municipales, según lo establece el decreto ley 8751/77, será ejercida por los jueces de faltas en aquellos partidos en los que el Departamento Deliberativo hubiere dispuesto su creación, o por los intendentes en los municipios donde no se hubiesen creado tales juzgados o cuando, existiendo ellos, sus titulares se hayan excusado de actuar.
En relación a la competencia de alzada, el plexo citado establece que la ejercerá el "Juez en lo Correccional en turno de la jurisdicción, o de Paz Letrado en aquellos partidos de la Provincia que no sean cabecera de Departamento Judicial", quien entenderá en los recursos de apelación y nulidad que se interpongan contra las "sentencias definitivas" emanadas de los juzgados de faltas municipales (art. 54), pudiéndose recurrir en queja directamente ante ese órgano cuando se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar sentencia (art. 57).
Sentado ello, cabe recordar que, en principio, si una determinada normativa sectorial con arreglo a la Constitución prevé un canal específico de impugnación en materia de faltas, la competencia quedará de ese modo fijada y sólo habrá de ceder si del relato de los hechos surge de modo indubitable que la cuestión debatida excede el marco estrictamente contravencional (doctr. causas B. 73.566, "Valdata", resol. de 16-III-2016; B. 74.502, "Vepez SA" y B. 74.498, "CFA Compañía Fiduciaria Americana SA", ambas resol. de 7-XII-2016 y B. 75.289, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 15-VIII-2018).
De allí que este Tribunal haya sostenido tanto en casos de análoga configuración al presente como en el ámbito de conflictos resueltos en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia, que compete a los jueces en lo correccional -o de Paz, según corresponda en función del territorio- entender en los casos en los cuales, al margen de su procedencia o viabilidad adjetiva, se peticionan medidas suspensivas de sanciones adoptadas por jueces de faltas en el ámbito del procedimiento reglado por el decreto ley 8751/77 -en virtud de su accesoriedad-, como así también se articulan las impugnaciones deducidas contra esas sanciones (doctr. causas B. 68.506, "Juzgado en lo Correccional N°2 del Departamento Judicial de Dolores", resol. de 31-V-2006; B. 69.026, "Shoines SRL", resol. de 2-V-2007; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.196, "Solfima SA", resol. de 8-V-2013; B. 74.352, "Asociación Mutual de los Trabajadores del Estado", resol. de 26-X-2016; B. 74.502, B. 74.498 y B. 75.289, cit. y B. 75.542, “Moto Club Mercedes”, resol. de 10-VII-2019, e.o.).
Por último, es útil adunar, en atención a la medida cautelar requerida, que es consolidada doctrina de este Tribunal que la competencia para impulsar la tramitación de diligencias preliminares o precautorias recae en el juez que habrá de conocer y decidir en el proceso principal (doctr. arts. 6 inc. 4º, CPCC y 77 inc. 1º, CPCA; doctr. causas B. 52.950, "Torres", resol. de 20-II-1990; B. 54.029, "Latrecchiana", resol. de 29-X-1991; B. 61.685, "Santana", resol. de 5-VII-2000; B. 63.514, "Brandoni", resol. de 27-XII-2001; B. 64.730, "Cooperativa de Trabajo Taller Naval Ltda.", resol. del 30-X-2002; B. 68.339, "Colombo", resol. de 7-IX-2005; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.574, "Bingo Adrogué SA", resol. de 4-XII-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 73.540, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 74.233, "Playa de Camiones Quequén SA", resol. del 22-VI-2016; y B. 74.599, "Díaz Sierra", resol. de 10-V-2017).
IV. Sobre la base de lo expuesto, toda vez que la parte actora persigue el cese de la clausura impuesta por un juez de faltas comunal con motivo de presuntas infracciones a ordenanzas locales en materia edilicia y -cautelarmente- la suspensión de tal medida, a fin de remover la tierra del predio para eliminar los desniveles existentes y así desalentar el acceso de terceras personas al inmueble, es dable concluir que el presente caso es ajeno a la competencia del fuero contencioso administrativo y resulta propio de la jurisdicción que le corresponde al órgano en lo correccional departamental.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado en lo Correccional N°4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/07/2021 14:25:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/07/2021 17:13:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2021 14:28:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 17:30:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 19:34:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia