Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78505
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDejar establecido que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva que a esta Suprema Corte le atribuye el art. 196 de la Constitución de la Provincia y radicar electrónicamente las actuaciones ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, para la prosecución de su trámite (arts. 166 y 196, Const. prov.; 261 y 263 bis, decreto ley 6769/58; 1 y sgtes., ley 12.008).
B.78.505 “R. J. M. C/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BARADERO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS -CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. Los presentes actuados fueron radicados electrónicamente en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo de esta Corte, tras la declaración de incompetencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás para resolver la pretensión anulatoria formulada por un concejal en uso de licencia respecto del acto dictado por la presidenta del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Baradero, ad referendum de ese órgano, mediante el cual no se hizo lugar a su pedido de incorporación al cuerpo colegiado hasta tanto se tenga certeza acerca de su situación procesal en el ámbito de una investigación penal preparatoria en trámite ante la UFI N°7 de la localidad de San Pedro en la que aquel se encuentra imputado y se dispuso la formación de una Comisión Investigadora en los términos del art. 249 del decreto ley 6.769/58 (ver demanda deducida el 17-XI-2022 y su documentación adjunta y sentencia de 22-XI-2022).
Según puede leerse en los considerandos de la decisión cuestionada, tal determinación se adoptó teniendo en cuenta la naturaleza del delito que se imputa al concejal R., los sustantivos cambios normativos que existen en nuestro país y en el mundo en el trámite de cuestiones de género y violencia sexual y, también, el hecho de que la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) fue dictada "en la época del proceso militar" y no contempla las referidas cuestiones.
En la demanda, el presentante sostiene, básicamente, que la presidente del Concejo Deliberante carece de atribuciones para adoptar per se una determinación semejante y que la situación procesal en la que se encuentra en la mencionada IPP no es ninguna de las que contempla la LOM para que un concejal quede automáticamente suspendido o destituido del ejercicio de su cargo.
II. Mediante proveído del 19-XII-2022 se dispuso requerirle al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Baradero que remita la totalidad de los antecedentes vinculados con la licencia otorgada al actor y las decisiones adoptadas a su respecto en el ámbito de ese cuerpo deliberativo.
III. El Concejo Deliberante de Baradero, por medio del decreto 60/22, cuya copia se adjuntó a la presentación del 26-XII-2022, ratificó los arts. 1, 2, 3 y 5 del acto que había dictado su presidenta; es decir, para lo que aquí interesa, no hizo lugar a la petición del actor de reincorporarse al cuerpo por entender que no se había cumplido la condición a la que se sujetó la duración de su licencia, mas no convalidó la decisión de formar una comisión investigadora, por no reunir la mayoría requerida.
IV. Posteriormente, el señor R. pidió que se dicte la medida cautelar requerida en el escrito inicial y, por otra parte, el Concejo Deliberante acompañó una copia del dictamen que le solicitara a la Asesoría General de Gobierno sobre la cuestión suscitada en torno a la licencia del concejal (ver presentaciones electrónicas de 28 y 29-XII-2022).
V. Así las cosas, corresponde resolver la cuestión de competencia planteada por la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás, quien, como se dijo, entendió que la materia involucrada en este caso era propia de la competencia originaria y exclusiva que a esta Suprema Corte le atribuye el art. 196 de la Constitución de la Provincia.
V.1. En relación a los conflictos internos de las municipalidades que se producen en el seno del Concejo Deliberante, se resolvió reiteradamente que las resoluciones susceptibles de cuestionarse en ese marco solo eran aquellas por medio de las cuales se destituía o suspendía preventivamente al intendente municipal o a algún concejal –excepto que se tratara de decisiones adoptadas ante la comisión de delitos dolosos-, así como también y en relación a los concejales, las que apliquen determinadas sanciones (art. 263 bis, LOM; ver por todas causa B. 63.612 “Mazzieri”, resol. de 24-IV-2002).
El criterio restrictivo que informaba esa doctrina fue superado luego por el Tribunal al decidir que, además de los supuestos especiales que contempla el art. 263 bis de la LOM, cabe entender que pueden quedar comprendidas en el alcance de la disposición constitucional (art. 196, Const. prov.) otras situaciones ocurridas en el seno del Concejo Deliberante en la medida que se trate de “conflictos” y que no se encuentren excluidas de la vía en cuestión, advirtiendo que en la medida en que el art. 261 de esa ley remite con amplitud a lo dispuesto en el señalado art. 196 de la Constitución de la Provincia, no puede considerarse que la norma reglamentaria delimite los conflictos ocurridos en el seno del Concejo Deliberante sólo a los referidos supuestos especiales (doctr. causas B 64.165, “Salgado”, resol. de 14-VIII-2002; B. 67.763, "Eurruela", sent. de 28-IV-2004; B. 72.608, "Piacenti", resol. de 5-VI-2013; B. 74.069 "Vrhosvi", resol. de 22-III-2016; B. 74.455, "Pugliese", resol. de 2-XII-2016 y B. 76.780, "Saquilan", resol. de 4-XII-2020, entre muchas).
Ello, claro está, siempre que se encuentre configurada una real situación de “conflicto”, que es la única que habilita la competencia de la Suprema Corte para dirimirlo (doctr. causas B. 68.190, "Roberto", sent. de 18-IV-2007; B. 69.478, "Córdoba", sent. de 11-III-2009; B 74.455, "Pugliese", resol. de 2-XI-2016 y B 76.361, "Schieda", resol. de 29-V-2020, entre otras).
V.2. Sobre tal base, se advierte que este caso no es, de acuerdo a la doctrina reseñada en el considerando anterior, un conflicto producido "en el seno" del Concejo Deliberante, concepto que alude a los que surgen con motivo del ejercicio, por parte del órgano deliberativo, de las atribuciones que la ley le confiere para juzgar políticamente al intendente municipal o a los concejales (causa B. 73.520, "Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Pedro", resol. de 29-XII-2014).
Sin perjuicio de la entidad que pueda atribuirse a los hechos que subyacen al pedido de licencia del concejal, el objeto de la pretensión revela que, conforme la doctrina del Tribunal antes recordada, no se trata de un conflicto de los que esta Corte está llamada a dirimir.
De un lado, es claro que no es un supuesto en el que el órgano deliberativo haya dispuesto alguna medida segregativa con relación al actor, ni que le haya impuesto alguna sanción, situaciones en las cuales el afectado cuenta con la vía impugnativa reglada por el decreto ley 6.769/58 (arts. 261 y 263 bis).
La discusión se centra en este supuesto en los alcances con que cabe interpretar los términos bajo los cuales el actor solicitó -y le fue concedida- una licencia en el cargo de concejal; cuestión que, no habiéndose finalmente constituido una comisión investigadora de su conducta, queda circunscripta a la legitimidad del ejercicio de la atribución que el art. 63 inc. 6 de la LOM confiere a los concejos deliberantes ("...Acordar licencias con causa justificada a los concejales y secretarios del Cuerpo") y desplaza del debate el juzgamiento de su responsabilidad política.
Cabe destacar, por último, que no se advierte que la situación planteada en torno a la licencia otorgada al señor R. impida u obstruya el regular funcionamiento del órgano, supuesto que, conforme lo resuelto por este Tribunal, podría configurar una situación de conflicto (causa B 76.361, cit.).
VI. En virtud de lo expuesto, corresponde decidir que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva que a esta Suprema Corte le atribuye el art. 196 de la Constitución de la Provincia y radicar electrónicamente las actuaciones ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, para la prosecución de su trámite.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Dejar establecido que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva que a esta Suprema Corte le atribuye el art. 196 de la Constitución de la Provincia y radicar electrónicamente las actuaciones ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, para la prosecución de su trámite (arts. 166 y 196, Const. prov.; 261 y 263 bis, decreto ley 6769/58; 1 y sgtes., ley 12.008).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2023 12:34:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 12:46:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 13:14:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 14:17:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/02/2023 14:38:33 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/02/2023 14:38:51 hs. bajo el número RR-42-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia