Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79303
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
Remítanse las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro para la prosecución de su trámite.
B.79.303 "PLAZA INDUSTRIAL PILAR S.A. C/ AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. La firma Plaza Industrial SA promueve demanda contencioso administrativa contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), a los fines de que se declare la nulidad de la resolución 11/24, que reglamenta el pago del anticipo extraordinario en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos previsto en el art. 136 de la ley 15.479.
Asimismo, solicita "como pretensión indirecta o refleja" que se declare la inconstitucionalidad del citado artículo, por ser contrario a lo consagrado en los arts. 17, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional y 31, 49, 56, 103 y 144 de la Constitución provincial.
Por último, requiere el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión de los efectos que deriven de la falta de cancelación de la obligación fiscal cuestionada, ello hasta el momento en que se dicte sentencia firme.
II. En lo relativo a los argumentos esgrimidos, sostiene que el acto impugnado vulnera el principio de reserva legal, dado que el anticipo establecido estaría basado en un hecho imponible no configurado. En tal sentido, puntualiza que la base tomada para efectuar su cálculo es la suma abonada por el mismo tributo en el mes de octubre de 2023 -y no el rédito obtenido del ejercicio habitual y con fines onerosos de una actividad durante el año en curso-.
Por otro lado, afirma que dicho principio también se hallaría afectado en tanto se delegó en la entidad demandada la determinación del sujeto pasivo de una obligación fiscal -en este caso, la categoría de grandes contribuyentes-, atribución esta de neto carácter legislativo.
Aduce que, en virtud de la actividad económica que realiza -venta de complejos industriales-, el nivel de sus ingresos es fluctuante. Pone de resalto que actualmente carece de capacidad contributiva para afrontar el pago del anticipo y que, en caso de pagarlo, tendría que interrumpir gran parte de sus trabajos.
Asevera que tanto la resolución atacada como el art. 136 de la ley 15.749 violan los parámetros fijados por el art. 9 de la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, que prevé que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos deberá fijarse a partir de la base de los ingresos percibidos durante un periodo determinado.
Explica que al día de hoy cuenta con un saldo a favor de $28.865.635 con respecto al Fisco provincial -según surge de la copia de declaración jurada que acompaña-, lo que tornaría irrazonable el requerimiento de pago anticipado del tributo.
III. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro, cuyo titular, tras estimar que podía encontrarse comprometida la competencia originaria de esta Suprema Corte (conf. arts. 166 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC), se inhibió de entender en el asunto y dispuso elevar los obrados para su consideración (v. resol. de 3-IV-2024).
IV. Es preciso recordar que, conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019 y B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019).
En el caso, la pretensión anulatoria no persigue, como objeto exclusivo y primordial, la declaración de inconstitucionalidad de una norma en esas condiciones. En efecto, la resolución 11/24 claramente es cuestionada en el escrito inicial por haber decidido el órgano demandado aplicarla a la situación jurídica en la que se encuentra la demandante, pretendiendo cobrarle un anticipo adicional del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos contribuyentes con mayor capacidad contributiva, aun cuando -como en el caso- en virtud del pago de otros anticipos cuenten con un considerable crédito fiscal a su favor.
Así, el objeto primario de la acción es que se declare que lo dispuesto en la resolución 11/24 de ARBA no resulta aplicable -en sus particulares circunstancias- a la sociedad demandante y que, indirectamente, se declare la inconstitucionalidad de la norma que reglamenta.
V. Consecuentemente, por los fundamentos expuestos, la competencia de este Tribunal para decidir en forma originaria acerca de la inconstitucionalidad de normas locales no se encuentra afectada en este supuesto (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC; doctr. causa B. 76.806, "Laborde", resol. de 19-III-2021 y sus citas)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
Remítanse las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro para la prosecución de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 17:28:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:59:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:51:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:19:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 14:14:13 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 14:18:21 hs. bajo el número RR-239-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia