Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79796
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar, por las razones expuestas, que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal para conocer en la constitucionalidad de la ordenanza municipal impugnada (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683, CPCC).
II. Por Secretaría, se devolverá el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, para la prosecución de su trámite.
B.79.796 "CENCOSUD S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LANÚS S/ PRETENSION ANULATORIA. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. La firma Cencosud SA deduce pretensión anulatoria contra la Municipalidad de Lanús, con el objeto de que se declare la nulidad del art. 11 de la ordenanza 13.772/24 -promulgada por decreto 1.218/24-, a través de la cual se habría dispuesto un aumento desproporcionado del 200% en la alícuota de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, incrementándola del 2,76% al 6,36%, que se le estaría exigiendo a la empresa por el desarrollo de actividades vinculadas a la "venta al por menor en hipermercados". Esta circunstancia, que no se daría con otras categorías cuyas alícuotas serían significativamente menores (p. ej., para la venta al por menor en minimercados y supermercados), evidenciaría que dicho cobro constituye un impuesto y no una tasa municipal, ya que no se estaría brindando un "...servicio individualizado y prestado en forma individual a Cencosud".
Adicionalmente, solicita que se declare la inconstitucionalidad del citado artículo, por ser contrario a lo consagrado en los arts. 5, 14, 16, 42, 75 inc. 18 y 123 de la Constitución nacional y 1, 11, 27, 38, 103 inc. 1 y 192 inc. 7 de la Constitución provincial, así como también en los arts. 226 y 227 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y, en particular, en el art. 9 inc. "b" de la ley 23.548. En ese orden, requiere que se cite como tercero al Ministerio de Economía de la Nación, por cuanto la normativa atacada "...interfiere con los instrumentos federales del Gobierno [...] y su política de recuperar la economía y bajar la inflación".
Por otro lado, peticiona el dictado de una medida cautelar para que no se le aplique la normativa cuestionada, hasta tanto se dicte sentencia. A su vez, pide que la comuna demandada se abstenga de: a) "...solicitar y trabar medidas contra Cencosud y/o sus directores, síndicos o gerentes"; b) "...incrementar las alícuotas aplicables y/o de cualquier otra forma gravar regímenes de retención y percepción que resultaren aplicables a Cencosud"; y c) "...implementar contra Cencosud cualquier medida perjudicial (como no otorgar o renovar habilitaciones, etc) que derive de la situación en discusión" (v. escrito electrónico de fecha 9-XII-2024).
II. En virtud de lo narrado por la actora en su escrito postulatorio (conf. encabezado y apdo. VII), las actuaciones se iniciaron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.
No obstante, el juez de ese órgano se rehusó a intervenir, reparando en el hecho de que de la demanda no se vislumbraba la existencia de un acto aplicativo del precepto impugnado, sino que, por el contrario, se desprendía "...una cuestión netamente constitucional, que tiene por finalidad la declaración de inconstitucionalidad de un acto legislativo municipal". Por esta razón -concluyó el magistrado- en el caso se encontraba comprometida la competencia originaria de esta Suprema Corte (conf. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
Igualmente, destacó que con la reforma introducida por la ley 13.101, acciones como las del sub examine -es decir, en las que la inconstitucionalidad pretendida se fundamenta en los términos del art. 12 del código adjetivo- se encuentran excluidas de la competencia de los juzgados de primera instancia del fuero contencioso administrativo (v. resol. electrónica de fecha 16-XII-2024).
Siendo así, los actuados quedaron radicados en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo.
III. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada. De ello se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento judicial en esta vía reside en la discusión sobre la validez de una norma infra constitucional considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 77.824, "Falconnat", resol. de 23-II-2022; B. 78.229, "Lallo", resol. de 5-IX-2022 y B. 78.627, "Mutilva", resol. de 23-VI-2023, e.o.).
Con ese alcance, cuando ese precepto alude a la "materia regida por esta Constitución" hace alusión a las características de la contienda a dirimir. Ella ha de versar sobre una colisión entre la disposición controvertida por el interesado y la o las normas de la Carta local que se consideren infringidas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001 y B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009 y B. 79.608, "Liporace", resol. de 30-XII-2024, e.o.).
De allí que, de ordinario, no sean admisibles bajo el régimen del art. 161 inc. 1 y los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial, las demandas que desarrollen infracciones a la Constitución Nacional o, como en este supuesto también ocurre, a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos de esa índole (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006, B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018 y B. 79.608, "Liporace", resol. de 30-XII-2024).
IV.1. La conclusión anterior se ve reforzada por lo resuelto más recientemente en la causa B. 78.225, "Blasi", resolución de 29-IX-2022, en la cual también se impugnaba ante la justicia de primera instancia una ordenanza de naturaleza impositiva invocando una mixtura de argumentos, constitucionales y legales.
Allí esta Corte valoró los contratiempos provocados por la ley 13.101, reformadora del art. 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6.769/58, con múltiples reformas), así como la confusión que su sanción generó; muy especialmente alrededor del sendero procesal apto para la impugnación directa de las normas locales en cuestión. Reñida con elementales pautas de seguridad jurídica, la citada modificación procuraba instaurar, en cuanto aquí importa, una parificación de las ordenanzas municipales con las leyes en sentido formal carente de sostén constitucional.
IV.2. El mencionado precedente ha terminado de descartar la pertinencia de la asimilación antes comentada, conclusión que en manera alguna conspira contra la condición autonómica que debe reconocérsele a todo municipio (arg. art. 123, Const. nac.). A la vez, perfila mejor el campo de incidencia de la demandabilidad contra las ordenanzas, sobre todo cuando se alega la existencia de vicios de legalidad y se lo hace acompasadamente con una inteligencia funcional de los arts. 1, 3, 12, 50 y concs. del Código Contencioso Administrativo, en correspondencia con el modelo, vigente en la Provincia, que admite el carácter difuso de la revisión constitucional (arts. 1, 15, 20 inc. 2, 57, 161 inc. 1 y concs., Const. prov.).
Si la demanda tiene en mira una o más infracciones atribuidas a una norma local de esa índole, consistentes, no ya en su colisión con alguna cláusula supralegal, sino en violaciones de leyes, decretos o reglamentos provinciales y/o nacionales, entonces la vía de la demanda en jurisdicción originaria de este tribunal no podrá ser habilitada.
Este cuadro de situación se torna más complejo si, para fundar la violación de la Constitución provincial, el reproche articulado desarrolla distintos vicios centrados en la inobservancia de tales preceptos.
Pero en la especie, resulta claro que la pretensión esgrimida por la actora apunta a cuestionar la doble imposición tributaria que traería aparejada la aplicación del cuestionado aumento de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, circunstancia que se evidencia en los argumentos por ella vertidos, en los que se pone de resalto que el referido incremento contraría las normas fijadas en la Ley de Coparticipación Federal relativas a la superposición fiscal y prohibición de analogía (conf. art. 9 inc. "b", ley 23.548).
De ahí que la demanda, bien leída, se funda predominantemente en razones de legalidad, sin configurar una contienda directa con normas o principios de la Constitución de la Provincia. Todo lo cual, apuntala la idea de asignar al fuero previsto en el art. 166, último párrafo, el conocimiento de la presente cuestión litigiosa.
IV.3. La posibilidad de enjuiciar la juridicidad constitucional de las ordenanzas ante los estrados contencioso-administrativos (arts. 15 y 166 in fine, Const. prov.; 1, 2, 12 y concs., CCA) mal podría ser neutralizada por la aplicación del aludido art. 77 de la LOM.
Por el contrario, a la hora de ponderar el ámbito de juzgamiento de semejantes asuntos debe evitarse el mecánico descarte de la justicia administrativa. En particular, cuando su denegación pusiera en riesgo la observancia en concreto de la garantía del acceso a la tutela judicial (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.). Aferrarse a ultranza al cercenamiento de esta instancia judicial importaría soslayar que en el contencioso los jueces también ejercen el control difuso de las disposiciones infra constitucionales a la luz de la norma fundamental. Ello se desprende de la lectura del texto enfáticamente expresado en el art. 3 del Código Contencioso Administrativo.
En consecuencia, practicado el balance de efectividad de la tutela judicial reclamada (arg. causas B. 65.637, "López Fernández", resol. de 14-V-2003; B. 66.112, "Torres", resol. de 8-VII-2003, e.o.), cabe asignar al juzgado contencioso administrativo el conocimiento de una pretensión dirigida contra una ordenanza local, sin que a ello obste que la reclamante desarrolle una serie de agravios de raigambre constitucional.
V. En resumidas cuentas, el análisis del escrito inicial -fundado esencialmente, como se dijo, en la presunta violación de normas de naturaleza intrafederal por parte de la comuna de Lanús- permite concluir que el caso bajo estudio es ajeno a la jurisdicción originaria de esta Corte, motivo por el cual las actuaciones deberán seguir su curso por ante el juzgado remitente (arts. 161 inc. 1 y 166, quinto párr., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
Así lo votamos.
La señora jueza doctora Budiño, dijo:
Adhiero a lo manifestado en el punto III del voto de mis colegas preopinantes, razón por la cual corresponde devolver el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para que siga conociendo en las presentes actuaciones (conf. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar, por las razones expuestas, que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal para conocer en la constitucionalidad de la ordenanza municipal impugnada (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683, CPCC).
II. Por Secretaría, se devolverá el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, para la prosecución de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2025 15:07:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2025 14:10:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/06/2025 10:39:08 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 10:35:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 13:46:35 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/06/2025 13:50:11 hs. bajo el número RR-292-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia