Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79828
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar, por las razones expuestas, que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal para conocer en la constitucionalidad de las ordenanzas municipales impugnadas (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
II. Por Secretaría, se devolverá el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes, para la prosecución de su trámite.
B.79.828 "CENCOSUD S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ PRETENSION ANULATORIA. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. La firma Cencosud SA promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Luján, con miras a que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 14 de las ordenanzas municipales 8.625/24 y 8.626/24, respectivamente, mediante las cuales la comuna creó la Tasa de Protección Ambiental.
Alega que el cobro de dicho tributo vulnera los arts. 4, 5, 14, 16, 28, 33, 42, 75 inc. 13, 75 inc. 18 y 123 de la Constitución nacional y 1, 25, 26 y 38, 103 inc. 1 y 193 inc. 2 de la Constitución provincial.
Asimismo, requiere el dictado de una medida cautelar de no innovar a través de la cual se ordene provisoriamente a la demandada abstenerse de exigirle el pago de la tasa impugnada hasta el momento en que se dicte sentencia definitiva.
Por último, solicita que se cite al Ministerio de Economía de la Nación como tercero interesado, en tanto la normativa atacada tendría un impacto significativo en la política macroeconómica llevada adelante por el gobierno nacional.
II. En lo que respecta a los argumentos vertidos, aduce -en lo que aquí interesa- que no es posible identificar con claridad cuál es la contraprestación o servicio que la comuna demandada brindaría a cambio del pago de la Tasa de Protección Ambiental. En este orden de ideas, sostiene que esta no es más que un impuesto encubierto, violentándose así el régimen de repartición de competencias dispuesto por la Constitución provincial.
Afirma, además, que las normas impugnadas afectan la garantía de igualdad ante las cargas públicas. Ello, en tanto los criterios empleados para definir las categorías de contribuyentes -supermercados, hipermercados y minimercados con una superficie superior a 250 mts. ( sic )-, serían irrazonables y arbitrarios, sin que exista una estricta correspondencia lógica entre dicha categorización y el hecho generador del tributo.
Por otro lado, aduce que la Municipalidad de Luján, mediante las ordenanzas atacadas, estaría violando la Ley de Coparticipación Federal, la cual prohíbe la doble imposición tributaria a las provincias y sus municipios (art. 9 inc. "b"). Con relación a este punto -al que le asigna particular relevancia- destaca que el cobro de la tasa -que, tal como se dijera, a juicio de la actora no sería más que un impuesto encubierto al no haber un servicio identificable como contraprestación-, implicaría la imposición de un gravamen análogo a otros tributos nacionales que forman parte del régimen de coparticipación, tales como el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias (v. escrito de fecha 5-XII-2024).
III. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes.
No obstante, el juez de ese órgano se rehusó a intervenir, reparando en el hecho de que en el pleito la demandante "pretende la inconstitucionalidad de las nomas citadas, en forma autónoma y sin cuestionar ningún acto concreto de aplicación". Por esta razón -concluyó el magistrado- en el caso se encontraba comprometida la competencia originaria de esta Suprema Corte (conf. arts. 161 inc. 1, Const. y 683 y sigs., CPCC).
Frente a este escenario, elevó los obrados a este Máximo Tribunal provincial, quedando así radicados en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (v. resol. de 4-II-2025).
IV. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada. De ello se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento judicial en esta vía reside en la discusión sobre la validez de una norma infra constitucional considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 77.824, "Falconnat", resol. de 23-II-2022; B. 78.229, "Lallo", resol. de 5-IX-2022 y B. 78.627, "Mutilva", resol. de 23-VI-2023, e.o.).
Con ese alcance, cuando ese precepto alude a la "materia regida por esta Constitución" hace alusión a las características de la contienda a dirimir. Ella ha de versar sobre una colisión entre la disposición controvertida por el interesado y la o las normas de la Carta local que se consideren infringidas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001 y B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009 y B. 79.608, "Liporace", resol. de 30-XII-2024, e.o.).
De allí que, de ordinario, no sean admisibles bajo el régimen del art. 161 inc. 1 y los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial, las demandas que desarrollen infracciones a la Constitución Nacional o, como en este supuesto también ocurre, a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos de esa índole (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006, B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018 y B. 79.608, "Liporace", resol. de 30-XII-2024).
V.1. La conclusión anterior se ve reforzada por lo resuelto más recientemente en la causa B. 78.225, "Blasi", resolución de 29-IX-2022, en la cual también se impugnaba ante la justicia de primera instancia una ordenanza de naturaleza impositiva invocando una mixtura de argumentos, constitucionales y legales.
Allí esta Corte valoró los contratiempos provocados por la ley 13.101, reformadora del art. 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6.769/58, con múltiples reformas), así como la confusión que su sanción generó; muy especialmente alrededor del sendero procesal apto para la impugnación directa de las normas locales en cuestión. Reñida con elementales pautas de seguridad jurídica, la citada modificación procuraba instaurar, en cuanto aquí importa, una parificación de las ordenanzas municipales con las leyes en sentido formal carente de sostén constitucional.
V.2. El mencionado precedente ha terminado de descartar la pertinencia de la asimilación antes comentada, conclusión que en manera alguna conspira contra la condición autonómica que debe reconocérsele a todo municipio (arg. art. 123, Const. nac.). A la vez, perfila mejor el campo de incidencia de la demandabilidad contra las ordenanzas, sobre todo cuando se alega la existencia de vicios de legalidad y se lo hace acompasadamente con una inteligencia funcional de los arts. 1, 3, 12, 50 y concs. del Código Contencioso Administrativo, en correspondencia con el modelo, vigente en la Provincia, que admite el carácter difuso de la revisión constitucional (arts. 1, 15, 20 inc. 2, 57, 161 inc. 1 y concs., Const. prov.).
Si la demanda tiene en mira una o más infracciones atribuidas a una norma local de esa índole, consistentes, no ya en su colisión con alguna cláusula supralegal, sino en violaciones de leyes, decretos o reglamentos provinciales y/o nacionales, entonces la vía de la demanda en jurisdicción originaria de este tribunal no podrá ser habilitada.
Este cuadro de situación se torna más complejo si, para fundar la violación de la Constitución provincial, el reproche articulado desarrolla distintos vicios centrados en la inobservancia de tales preceptos.
Pero en la especie, resulta claro que la pretensión esgrimida por la actora apunta a cuestionar la doble imposición tributaria que traería aparejada la aplicación de la cuestionada Tasa de Protección Ambiental, circunstancia que se evidencia en los argumentos por ella vertidos, en los que se pone de resalto que la creación del referido tributo contraría las normas fijadas en la Ley de Coparticipación Federal relativas a la superposición fiscal y prohibición de analogía (conf. art. 9 inc. "b", ley 23.548).
De ahí que la demanda, bien leída, se funda predominantemente en razones de legalidad, sin configurar una contienda directa con normas o principios de la Constitución de la Provincia. Todo lo cual, apuntala la idea de asignar al fuero previsto en el art. 166, último párrafo, el conocimiento de la presente cuestión litigiosa.
V.3. La posibilidad de enjuiciar la juridicidad constitucional de las ordenanzas ante los estrados contencioso-administrativos (arts. 15 y 166 in fine , Const. prov.; 1, 2, 12 y concs., CCA) mal podría ser neutralizada por la aplicación del aludido art. 77 de la LOM.
Por el contrario, a la hora de ponderar el ámbito de juzgamiento de semejantes asuntos debe evitarse el mecánico descarte de la justicia administrativa. En particular, cuando su denegación pusiera en riesgo la observancia en concreto de la garantía del acceso a la tutela judicial (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.). Aferrarse a ultranza al cercenamiento de esta instancia judicial importaría soslayar que en el contencioso los jueces también ejercen el control difuso de las disposiciones infra constitucionales a la luz de la norma fundamental. Ello se desprende de la lectura del texto enfáticamente expresado en el art. 3 del Código Contencioso Administrativo.
En consecuencia, practicado el balance de efectividad de la tutela judicial reclamada (arg. causas B. 65.637, "López Fernández", resol. de 14-V-2003; B. 66.112, "Torres", resol. de 8-VII-2003, e.o.), cabe asignar al juzgado contencioso administrativo el conocimiento de una pretensión dirigida contra una ordenanza local -en el caso, contra dos-, sin que a ello obste que la reclamante desarrolle una serie de agravios de raigambre constitucional.
VI. En resumidas cuentas, el análisis del escrito inicial -fundado esencialmente, como se dijo, en la presunta violación de normas de naturaleza intrafederal por parte de la comuna de Luján- permite concluir que el caso bajo estudio es ajeno a la jurisdicción originaria de esta Corte, motivo por el cual las actuaciones deberán seguir su curso por ante el juzgado remitente (arts. 161 inc. 1 y 166, quinto párr., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Kohan, dijo:
Adhiero a lo manifestado en el punto IV del voto de mis colegas preopinantes, razón por la cual corresponde devolver el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes para que siga conociendo en las presentes actuaciones (conf. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar, por las razones expuestas, que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal para conocer en la constitucionalidad de las ordenanzas municipales impugnadas (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
II. Por Secretaría, se devolverá el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mercedes, para la prosecución de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2025 15:07:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2025 14:10:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/06/2025 09:32:30 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 10:35:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 13:46:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/06/2025 13:50:14 hs. bajo el número RR-294-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia