Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80260
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal para conocer en la litis (arts. 161, Const. prov. y 683, CPCC).
II. Por Secretaría, se devolverá el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial Zárate-Campana para la prosecución de su trámite.
B.80.260 "CARVALLO RODRIGO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. Rodrigo Carvallo, Verónica Santamarina, Javier Wilfredo Coky, María Cristina Rubini, Karin Sofía Martina Argerich Repetto, Romina Gabriela Lence Figueroa y Leopoldo Jésus Salgueiro, todos por derecho propio, promueven una pretensión anulatoria contra la Municipalidad de Escobar y el Concejo Deliberante de dicho partido, con el objeto de que se deje sin efecto la ordenanza 6.350/2024, mediante la cual se habría autorizado la implementación de un emprendimiento comercial, recreativo y sala de bingo en la localidad de Ingeniero Maschwitz.
Aducen que dicho acto exhibe un conjunto de irregularidades. Hacen hincapié en la falta de transparencia en el procedimiento seguido para su sanción, manifestada en la celeridad injustificada de su tratamiento y en la omisión del paso por las respectivas comisiones, que de por sí acarrearía su nulidad al evidenciar la ausencia de participación ciudadana en cuestiones cuya consulta, dada la índole urbanística de la materia, según consideran, deviene inexorable. Además, señalan otras irregularidades vinculadas con la normativa de zonificación vigente en la localidad, toda vez que la mayoría de las parcelas destinadas al emprendimiento estarían ubicadas en una zona residencial, en contravención con la ordenanza 4.812/2010 -la cual, incluso, habría sido citada en la misma norma ahora impugnada-, que regula el Código de Planeamiento Urbano del municipio de Escobar.
Refieren que, una vez promulgada la normativa cuestionada y en atención a los vicios advertidos en su tramitación, dedujeron el 3 de febrero del corriente año una acción de amparo, la cual quedó radicada en el Juzgado de Paz Letrado de Escobar. Comentan, sin embargo, que la magistrada rechazó la pretensión por considerar inadecuado el cauce procesal elegido y que, aun cuando -según puntualizan- la propia jueza había dispuesto su reencauzamiento por la vía contencioso-administrativa, se negó a apartarse de la causa y, finalmente, dispuso el archivo del amparo. Todo ello -sostienen- configuraría un exceso en el ejercicio de sus atribuciones, más allá de los límites fijados en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así, puesto el silencio guardado por parte de las autoridades comunales, entienden que la promoción de una acción como la presente es el último resorte para hacer valer sus derechos como vecinos de la localidad bonaerense.
Fundan su reclamo en los arts. 1, 5, 14, 18, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 15, 57, 58, 59, 61, 163 de la Constitución provincial, como así también en todas aquellas normas concordantes y complementarias.
Finalmente, en virtud de lo expuesto, peticionan el dictado de una medida de prohibición de innovar a fin de que las demandadas "...se abstengan de realizar cualquier acto material o inmaterial tendiente a la ejecución, desarrollo, avance, promoción, tramitación o implementación del proyecto aprobado mediante la mencionada ordenanza" (v. escrito electrónico de fecha 6-VI-2025).
II. A raíz de lo narrado por la parte actora en su presentación postulatoria (v. apdos. VI, VII y VIII), las actuaciones se iniciaron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, cuya titular, previo a proveer la medida cautelar solicitada, requirió la producción de un informe circunstanciado en los términos del art. 23 inc. 1 del código de rito y la remisión de las actuaciones administrativas pertinentes. Esto último, con el apercibimiento previsto en el art. 30 inc. 2 del mismo ordenamiento (v. despacho electrónico de fecha 13-VI-2025).
Presentadas las demandadas al proceso, la jueza se rehusó a seguir interviniendo, reparando en el hecho de que en la controversia los reclamantes "pretenden que se declare la inconstitucionalidad de la norma citada, en forma autónoma y sin cuestionar ningún acto concreto de aplicación". Por esta razón, sumado a la naturaleza medioambiental que revestiría el asunto (con cita de los arts. 41, Const. nac. y 28, Const. prov.), la magistrada concluyó que en el caso se encontraba comprometida la competencia originaria y exclusiva que el art. 161 inc. 1 de la Carta local le asigna a esta Suprema Corte.
No obstante, hizo lugar a la tutela precautoria y ordenó la elevación de los obrados a esta sede para su consideración (v. resol. electrónica de fecha 18-VII-2025).
III. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada. De ello se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento judicial en esta vía reside en la discusión sobre la validez de una norma infra constitucional considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 77.824, "Falconnat", resol. de 23-II-2022; B. 78.229, "Lallo", resol. de 5-IX-2022 y B. 78.627, "Mutilva", resol. de 23-VI-2023, e.o.).
Con ese alcance, cuando ese precepto alude a la "materia regida por esta Constitución" hace alusión a las características de la contienda a dirimir. Ella ha de versar sobre una colisión entre la disposición controvertida por el interesado y la o las normas de la Carta local que se consideren infringidas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001 y B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009; B. 79.608, "Liporace", resol. de 30-XII-2024 y B. 79.796, "Cencosud", resol. de 4-VI-2025).
De allí que, de ordinario, no sean admisibles bajo el régimen del art. 161 inc. 1 y los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial, las demandas que desarrollen infracciones a la Constitución Nacional o, como en este supuesto también ocurre, a leyes o reglamentos dictados por autoridades nacionales o locales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos de esa índole (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006, B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018 y B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018, e.o.).
IV.1. La conclusión anterior se ve reforzada por lo resuelto más recientemente en la causa B. 78.225, "Blasi", resolución de 29-IX-2022, en la cual también se impugnaba ante la justicia de primera instancia una ordenanza municipal invocando una mixtura de argumentos, constitucionales y legales.
Allí esta Corte valoró los contratiempos provocados por la ley 13.101, reformadora del art. 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6.769/58, con múltiples reformas), así como la confusión que su sanción generó; muy especialmente alrededor del sendero procesal apto para la impugnación directa de las normas locales en cuestión. Reñida con elementales pautas de seguridad jurídica, la citada modificación procuraba instaurar, en cuanto aquí importa, una parificación de las ordenanzas municipales con las leyes en sentido formal carente de sostén constitucional.
IV.2. El mencionado precedente ha terminado de descartar la pertinencia de la asimilación antes comentada, conclusión que en manera alguna conspira contra la condición autonómica que debe reconocérsele a todo municipio (arg. art. 123, Const. nac.). A la vez, perfila mejor el campo de incidencia de la demandabilidad contra las ordenanzas, sobre todo cuando se alega la existencia de vicios de legalidad y se lo hace acompasadamente con una inteligencia funcional de los arts. 1, 3, 12, 50 y concs. del Código Contencioso Administrativo, en correspondencia con el modelo, vigente en la Provincia, que admite el carácter difuso de la revisión constitucional (arts. 1, 15, 20 inc. 2, 57, 161 inc. 1 y concs., Const. prov.).
De ese modo puede afirmarse que, si la demanda tiene en mira una o más infracciones atribuidas a una norma local consistentes no ya en su colisión directa con alguna cláusula supralegal, sino en violaciones de leyes, decretos o reglamentos provinciales y/o nacionales (a lo que cabría sumar la contradicción con ordenanzas de alcance general), entonces la vía de la demanda en jurisdicción originaria de este tribunal no podrá ser habilitada.
Este cuadro de situación podría sumar alguna complejidad si el reproche articulado desarrollara distintos vicios que remitieran -aun de modo indirecto- a la inobservancia de preceptos constitucionales. Pero en la especie, resulta claro que la pretensión anulatoria esgrimida por los actores apunta a cuestionar la ordenanza citada dadas "...las flagrantes irregularidades que han caracterizado el procedimiento legislativo correspondiente, así como a las violaciones manifiestas de la normativa de zonificación vigente" (v. apdo. I del escrito postulatorio), sin que se haya ensayado ningún argumento tendiente a confrontar lo dispuesto en esas normas con algún derecho constitucional de titularidad de los actores ni, en particular, con la cláusula ambiental de la Constitución provincial.
Así, es dable concluir que la demanda, bien leída, se funda predominantemente en razones de legalidad, sin configurar una contienda directa con normas o principios de la Constitución de la Provincia, contrariamente a lo sostenido por la magistrada actuante en cuanto afirma "que los actores sustentan su impugnación en la presunta contradicción de la ordenanza con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires", normas que no aparecen siquiera mencionadas en el escrito inicial para fundar la pretensión.
En definitiva, todo ello apuntala la idea de asignar al fuero previsto en el art. 166, último párrafo, el conocimiento de la presente cuestión litigiosa.
IV.3. La posibilidad de enjuiciar la juridicidad constitucional de las ordenanzas ante los estrados contencioso-administrativos (arts. 15 y 166 in fine, Const. prov.; 1, 2, 12 y concs., CCA) mal podría ser neutralizada por la aplicación del aludido art. 77 de la LOM.
Por el contrario, a la hora de ponderar el ámbito de juzgamiento de semejantes asuntos debe evitarse el mecánico descarte de la justicia administrativa. En particular, cuando su denegación pusiera en riesgo la observancia en concreto de la garantía del acceso a la tutela judicial (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.). Aferrarse a ultranza al cercenamiento de esta instancia judicial importaría soslayar que en el contencioso los jueces también ejercen el control difuso de las disposiciones infra constitucionales a la luz de la norma fundamental. Ello se desprende de la lectura del texto enfáticamente expresado en el art. 3 del Código Contencioso Administrativo.
En consecuencia, practicado el balance de efectividad de la tutela judicial reclamada (arg. causas B. 65.637, "López Fernández", resol. de 14-V-2003; B. 66.112, "Torres", resol. de 8-VII-2003, e.o.), cabe asignar al juzgado contencioso administrativo el conocimiento de una pretensión dirigida contra una ordenanza local, sin que a ello obste que los reclamantes formulen una serie de agravios -expuestos en forma escueta y sin mayor desarrollo- de raigambre constitucional.
V. En resumidas cuentas, el análisis del escrito inicial -fundado esencialmente, como se dijo, en vicios de mera legalidad de la ordenanza impugnada- permite concluir que el caso bajo estudio es ajeno a la jurisdicción originaria de esta Corte, motivo por el cual las actuaciones deberán seguir su curso por ante el juzgado remitente (arts. 161 inc. 1 y 166, quinto párr., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal para conocer en la litis (arts. 161, Const. prov. y 683, CPCC).
II. Por Secretaría, se devolverá el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial Zárate-Campana para la prosecución de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/08/2025 15:07:16 hs. bajo el número RR-568-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia