Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80699
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados de esta Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial —arts. 683 a 688—, con apercibimiento de tenerla por no presentada (conf. art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
B.80.699 "AGUILAR FERNANDEZ GERARDO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA S/ PRETENSION ANULATORIA. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. Gerardo Aguilar Fernández, Pedro Aguilar Fernández, Ronal Delgado Ubaldo, Pedro Flores Padilla, Alfredo Guevara Narváez, Ricardo Ibarra Aguilar, Santiago López, Ramón Mendoza Inca, Edson Clever Ovando Rivera, Amílcar Rueda Vilca, Santos Benigno Subelza Cabezas y Humberto Trujillo Vaca, en su carácter de arrendatarios rurales y productores frutihortícolas activos de la localidad de Oliden, partido de Magdalena, promovieron la presente acción contra dicha comuna con el objeto de que se declare la nulidad de la ordenanza 4329/2025 —promulgada por decreto 1005/2025—, por la cual se regula la producción flori-frutihortícola intensiva bajo cubierta y extensiva en ese distrito.
Refieren, en lo sustancial, que la normativa en crisis exige, para el desarrollo de la actividad frutihortícola, la obtención de una "Validación Técnica de la industria Flori-Frutihortícola (CE.VA.TE)" (v. art. 8° de la ordenanza), lo cual —según afirman— constituye un ejercicio irrazonable del poder de policía municipal. En particular, sostienen que "…la vicisitud regulatoria que tiñe a esta normativa es la necesidad de contar [con] un 'título habilitante' para desarrollar una actividad agrícola, lo cual resulta a todas luces ilegítimo y hasta inconstitucional" ( sic ).
A su vez, alegan que la ordenanza impugnada resulta contraria a diversas disposiciones de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Constitución Nacional —en particular, a los arts. 11, 25, 26, 27, 34, 39, 45 y 55 de la primera y 14, 14 bis, 17, 19 y 20 de la segunda—, en tanto implicaría un ejercicio irrazonable de las potestades municipales que afectaría derechos de raigambre constitucional tales como la propiedad, el trabajo, la libertad y el ejercicio de industria lícita. Añaden, además, que la normativa vulnera el principio de igualdad y no discriminación en razón de su condición de extranjeros o descendientes de extranjeros (arts. 11, Const. prov. y 16, Const. nac.).
Por último, a título cautelar, solicitan que se ordene la suspensión de la vigencia de la ordenanza impugnada hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de La Plata, cuya titular, en atención a las circunstancias del caso y con carácter previo a expedirse respecto de la tutela precautoria articulada, requirió a la comuna el informe previsto en el artículo 23, inc. 1, del código de rito (v. resol. de 11-II-2026).
A su turno, la Municipalidad dio cumplimiento al requerimiento efectuado y sostuvo la legitimidad de su actuación (v. presentación electrónica de 5-III-2026).
Con posterioridad, la magistrada interviniente se declaró incompetente para entender en las actuaciones, al considerar que la cuestión planteada resulta propia de la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte de Justicia, conforme lo dispuesto por los artículos 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial. En tal sentido, advirtió que "…la Ordenanza N° 4329/2025 trasunta un inequívoco contenido normativo-regulatorio, la cual es objetada por los accionantes por razones de índole constitucional, y la decisión a recaer en autos involucra el escrutinio constitucional en abstracto de la disposición municipal cuestionada".
En ese marco, y en lo que respecta a la medida cautelar solicitada, estimó que —en atención al plazo establecido en el artículo 10 de la ordenanza impugnada para el cumplimiento de sus exigencias— no se encontraba configurada la circunstancia de excepción prevista en el artículo 196 del CPCC, que según su criterio habilita a los jueces incompetentes a expedirse en materia cautelar.
En consecuencia, dispuso la remisión de las actuaciones a esta Suprema Corte para la prosecución de su trámite (v. sent. interlocutoria de fecha 18-III-2026).
III. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Carta local, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 77.824, "Falconnat", resol. de 23-II-2022; B. 78.229, "Lallo", resol. de 5-IX-2022 y B. 78.627, "Mutilva", resol. de 23-VI-2023, e.o.).
En esa tesitura, corresponde ponderar que en la especie los actores promueven la presente acción con el objeto de obtener la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de la ordenanza 4329/2025, cuestionando en forma directa su validez en cuanto impone —como requisito para el desarrollo de la actividad frutihortícola— la obtención de una "Validación Técnica de la industria Flori-Frutihortícola (CE.VA.TE)", a la que atribuyen carácter irrazonable y lesivo de derechos de raigambre constitucional.
En tales condiciones, la pretensión deducida no se dirige a impugnar un acto concreto de aplicación, sino que se articula de modo autónomo contra una disposición de alcance general, cuyo contenido se reputa contrario a normas y principios de jerarquía constitucional.
Bajo tales circunstancias, toda vez que en autos prevalece el planteo constitucional por sobre cualquier otra cuestión de índole legal, corresponde concluir que la materia introducida versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria encomendada a este Tribunal (doctr. causas B. 67.769, "Bernasconi", resol. de 15-V-2004; B. 68.030, "Bernal", resol. de 13-X-2004; B. 68.483, "Bianchi", resol. de 1-III-2006; B. 69.551, "Saavedra", resol. de 28-V-2008; B. 70.301, "Pernice", resol. de 11-XI-2009; B. 71.586, "Muluche", resol. de 7-IX-2011; I. 72.343, "Meza", resol. de 24-IV-2013; I. 72.719, "Zabaljauregui", resol. de 6-XI-2013; I. 72.986, "Chocrón", resol. de 5-II-2014; B. 73.068, "FECRA", resol. de 30-IV-2014; B. 76.801, "Helacor SA", resol. de 23-XII-2020; B. 77.431, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul" y B. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", ambas resol. de 11-XI-2021 y B. 78.229, cit., e.o.), atribución que, como se ha resuelto, es de orden público e improrrogable (doctr. causas B. 71.250, "Necochea Entretenimientos SA", resol. de 1-XII-2010; I. 71.272, "Garibaldi", resol. de 30-III-2011; I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 17-X-2018 y B. 76.801, cit.).
IV. En consecuencia, corresponde radicar la causa ante los estrados de esta Suprema Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias (arts. 7, 8 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC) y proceder a la recaratulación de las actuaciones (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Atento a ello, debe conferirse a los actores un plazo de diez (10) días para que adecuen su presentación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial —arts. 683 al 688—, con apercibimiento de tenerla por no presentada (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC; doctr. causas B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005; B. 77.431, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul", resol. de 11-XI-2021 y B. 77.485, "Zacarías", resol. de 10-XII-2021 y sus citas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados de esta Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial —arts. 683 a 688—, con apercibimiento de tenerla por no presentada (conf. art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:38:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 12:40:20 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:37:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:42 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:39:09 hs. bajo el número RR-322-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia