Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78873
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida con fecha 30 de junio de 2023 (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684 del CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del doctor Mariano Ernesto Scheverin en la suma equivalente a … Jus (arts. 1, 2, 9, 16, 22, 24 y 54, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
I.78.873 "BLANC, PIERRE LOUIS Y OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSIÓN ANULATORIA - OTROS JUICIOS S/ INCONSTITUCIONALIDAD"
I. Pierre Louis Blanc, Adriana Margarita Rey, Héctor Raúl Masoni, Patricia Mariel González, Laila Goldfeder, Heidi Goldfeder y Guillermo Romero Villanueva, a través de apoderado, promueven –según surge de su escrito inaugural- acción de amparo, demanda de nulidad de actos administrativos y/o declaración de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires y/o el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y/o el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y/o el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y/o la Dirección Provincial de Catastro Territorial, con el objeto de que esta Suprema Corte deje sin efecto aquellos actos que dieron origen al Plano 110-010-2010, aprobado con fecha 28 de enero de 2010 por el Departamento de Fiscalización Parcelaria de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires y registrado catastralmente como Circunscripción VI, Sección H, Manzana 55 y Parcela 12a.
Explican que la demanda se interpone a efectos de interrumpir la prescripción “dada la urgencia por el transcurso de los plazos y la complejidad del asunto”, la cual derivaría del cúmulo de pruebas documentales e instrumentales que deben reunirse. En virtud de ello, solicitan que momentáneamente no sea ordenado su traslado (v. punto II del escrito electrónico de fecha 30-VI-2023).
II.1. En su postulación inicial, los actores alegan ser titulares dominiales de una serie de inmuebles linderos ubicados en la Circunscripción VI, Sección H y Manzana 55 del Partido de Vicente López.
Luego, brevemente, relatan que la Municipalidad de Vicente López inició el expediente administrativo N°4.419-003.139/2021 y sancionó el decreto 1.563/23, que le fuera notificado el día 22 de marzo de 2023. Frente a ello, exponen que interpusieron un recurso administrativo que fue rechazado.
Respecto al fondo del asunto, sostienen que se encuentra vulnerado su derecho de propiedad, toda vez que a través de las normas genéricamente cuestionadas el municipio y la Provincia de Buenos Aires habrían incluido dentro del régimen del dominio público bienes que le pertenecerían a ellos. Además, arguyen que la comuna se atribuye la administración, uso y goce de determinados predios como derivación de ciertos actos administrativos que datan de los años 2006, 2007 y 2008, pero que la parcela que se denuncia ilegítimamente ocupada recién habría sido demarcada en el año 2010, al aprobarse el plano 110-010-2010 cuestionado.
II.2. En relación a la competencia de este Tribunal, los actores manifiestan que el planteo principal versa sobre la inconstitucionalidad de los distintos actos administrativos citados.
No obstante, también afirman que “entiende esta parte actora que en el asunto que se trae a debate existe un claro conflicto de poderes por lo que a la luz de lo normado por el artículo 689 del CPCC” esta Corte tendría jurisdicción.
Posteriormente, aclaran que “por el principio iuria curia novit , en su momento VE determinará si corresponde la acción originaria interpuesta y, de no ser así, se deja solicitado se giren las actuaciones al fuero en lo contencioso administrativo y/o el que VE considere corresponder” (v. punto III de la demanda).
III. Con fecha 5 de julio de 2023, se requirió a los demandantes que precisaran con la mayor exactitud posible el objeto del juicio, a fin de evaluar y establecer si la pretensión entablada se encontraba comprendida en la competencia originaria de este Tribunal.
III.1. En cumplimiento de lo solicitado, los actores reiteraron lo ya manifestado en torno a su legitimación y a la pretensión esgrimida, sin añadir nuevos argumentos.
En esa oportunidad, manifestaron no tener acceso al expediente administrativo que dio origen al Plano 110-010-2010, razón por la cual peticionaron –como medida previa- que fueran remitidas las actuaciones ad effectum videndi et probandi . Dejando, a todo evento, planteada la ampliación de su demanda.
IV. El 28 de julio de 2024, el apoderado de la parte actora adjuntó una copia en formato PDF del expediente N°2360-014-3737-2018, el cual –a su criterio- forma parte inescindible de este proceso. Asimismo, adujo que la presentación efectuada en dichos obrados por uno de los aquí actores se encontraba a la espera de lo que resuelva la Autoridad del Agua en las actuaciones administrativas N°2360-374646-2011, que también pidió con fines probatorios.
Concluyó aseverando que “en base a las resultas del referido expediente administrativo la parte actora podrá determinar el curso futuro de este proceso (nulidad de acto/s administrativo/s y/o declaración de inconstitucionalidad) dando cumplimiento a lo requerido por VE con fecha 5 de julio de 2023”.
V. En primer término, cabe recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; e.o.).
Al respecto, es útil recordar que es doctrina reiterada de esta Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa existente entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado s/ inconstitucionalidad de la ley 12.313", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López, Ariel Claudio", sent. de 23-XI-2016; e.o.).
Bajo tales premisas, se advierte que la demanda deducida en autos carece del minimum de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la competencia que le acuerda el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial.
V.1. En efecto, si bien la parte actora expresa que la postulación fue incoada a los meros fines interruptivos de la prescripción, lo cierto es que tras haber pasado más de un año desde su interposición los demandantes –conforme sus propios dichos- aún no se encuentran en condiciones de dilucidar el tipo de pretensión que desean esgrimir y contra quien se dirige (v. último párrafo del punto “A” del escrito electrónico de fecha 28-VII-2024).
Así pues, teniendo en consideración lo señalado, los argumentos expuestos en torno a los eventuales actos que atentarían contra el derecho de propiedad de los demandantes resultan en extremo genéricos y, en consecuencia, el caso luce insuficientemente fundado. Esto, no sólo porque los actores no logran identificar las cláusulas superiores que se dicen transgredidas –más allá de la promiscua mención a la propiedad privada- sino que tampoco especifican cuáles serían las disposiciones en pugna que provocarían los agravios invocados como fundamento de su pretensión. En consecuencia, al no haberse acreditado con sucinta claridad el nexo existente entre dichos elementos, no cabe más que concluir que en la especie no se ha planteado adecuadamente un caso constitucional.
V.2. No altera lo dicho el hecho de que la demanda fuera interpuesta a efectos de interrumpir la prescripción.
Atento el estado de autos, no corresponde examinar la eficacia de la manifestación de voluntad de los actores para desvirtuar la presunción de abandono del derecho por parte del interesado, de conformidad con lo previsto en el art. 2.546 del Código Civil y Comercial. Esto, por cuanto se advierte la existencia de un presupuesto estructural que impide la prosecución de la contienda ante esta sede. Es que, aunque se alegue la intención de interrumpir el curso de la prescripción de la acción, es necesario ponderar que tal acción todavía no ha sido siquiera definida por quienes aquí se presentan.
Al respecto, cabe reparar en que la manifestación de una voluntad interruptiva no puede conllevar a que se prolongue sine die el estado de incertidumbre respecto a la suerte que habrá de correr el presente pleito, en tanto son los propios actores los que manifiestan que esta dependerá de lo que se resuelva en el expediente administrativo N°2360-374747-2011 (v. presentación electrónica de fecha 28-VII-2024).
De modo que no puede soslayarse que, tras un año del inicio de la causa y habiéndosele requerido a la parte actora que precisara el objeto de esta litis (v. proveído de fecha 5-VII-2023), no se ha registrado ningún avance sustancial en estos obrados que justifique la prosecución de su trámite. Así pues, la demanda resulta prematura en tanto aún restan por verse los efectos de las decisiones administrativas sobre los pretensos derechos esgrimidos por los demandantes, tal como ellos afirman.
VI.1. Para más, pese a la vaguedad del planteo, de la documentación adjunta al escrito inaugural se desprenden ciertos elementos útiles que, igualmente, obstarían la admisibilidad del embate traído a conocimiento de esta Corte. Así pues, de la lectura de las constancias arrimadas surge que mediante el decreto 1.563/23 controvertido se declaró ilegítima la ocupación de las tierras objeto de esta litis . Esto por cuanto se concluyó que se hallaba comprometido el cumplimiento de lo dispuesto en los decretos provinciales 2.479/07 –que convalidó la modificación al Código de Ordenamiento Urbano comunal- y 3.603/07 –que autorizó el “Convenio de Transferencia de Administración, Uso y Goce de los Bienes del dominio público del Partido de Vicente López”-, la resolución 333/08 de la Autoridad del Agua –por la que se delimitó la nueva línea de ribera- y el decreto municipal 3.438/08 –que afectó a la Parcela 12a a la traza del camino público ribereño-.
Por tal razón, en el art. 1° de aquel decreto se intimó a los titulares y/o responsables de las parcelas 1, 11, 10a, 9a, 8a y 7 de la Manzana 55, Circunscripción 6, Sección H, a que en el plazo perentorio e improrrogable de cinco (5) días corridos, contados desde su notificación, procedieran a su desocupación pacífica, bajo apercibimiento de recurrir al auxilio de la fuerza pública (v. documentación adjunta a la presentación de fecha 3-VII-2023, a las 10:48:57 am).
También se observa que los demandantes impugnaron el acto que les fuera comunicado, esbozando argumentos de diversa índole, destacándose –en lo que aquí interesa- que existirían controversias pendientes en donde se dirime la titularidad de las tierras (v.gr. cartas documento N°44339947, 44339955, 44339956, 44339963 adjuntas al escrito electrónico de fecha 3-VII-2023, a las 10:48:57 am). Finalmente, luce agregado el decreto 2.761/23, mediante el cual se rechazan los recursos deducidos.
A su vez, se advierte que el señor Guillermo Romero Villanueva se presentó en el expediente N° 2360-014-3737/2018 y solicitó al Director de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires que anulara la inscripción de la Parcela 12a, mensurada mediante Plano 110-010-2010. La última actuación allí registrada es la notificación el día 12 de abril de 2024 del proveído emitido por el Departamento de Actuaciones Administrativas Catastrales y Geodésicas mediante el cual se le informa al peticionante que en el expediente administrativo N°2360-374646/2011 la Autoridad del Agua, como organismo competente en la materia, se está regularizando la situación dominial de la referida parcela.
Finalmente, cabe señalar que la relevancia de aquella definición es tal, que –en palabras de la parte actora- permitirá “determinar el curso futuro de este proceso”.
VI.2. Ahora bien, esta Suprema Corte ha señalado que en la acción originaria de inconstitucionalidad resultan improcedentes los planteos que no consisten en la validez constitucional de una norma -general y abstracta- sino que versan sobre la aplicación de ella al interesado (doctr. "Acuerdos y Sentencias" 1960-VI-244; 1962-II-84; 1962-III-384; 1972-II-571; 1977-II-88; I-64 del 5-VIII-80; I-945 del 17-XI-81; causas I. 1308, "Abasto Mar del Plata SA", sent. de 28-VI-1994; I. 1616, "Marsiglia", sent. de 8-IX-1998; I. 2171, "Bayón", resol. de 2-V-1999), de manera que en principio no resultan atendibles los agravios ajenos al contenido regulatorio de las medidas impugnadas (doctr. causas I. 1335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994 e I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de mayo SRL", resol. de 21-IX-2005). En tales condiciones, se ha resuelto que las demandas así fundadas resultan formalmente improcedentes (doctr. causas I. 2018, "Club de Campo San Diego SA", sent. de 14-XI-2001; B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; B. 68.048, "Asesor General de Gobierno", resol. de 20-X-2004; B. 73.041, "Supermercados Mayoristas Yaguar SA", resol. de 5-III-2014; B. 73.734, "C., A. V.", resol. de 12-VIII-2015; B. 73.956, "Alfani SA", resol. de 22-XII-2015 e I. 76.485, “Flores Pirán”, 11-XI-2021).
En este esquema, a pesar de la imprecisa redacción del escrito inicial -en extremo conjetural- a la que se hiciera referencia, puede concluirse que en este pleito mal podría impugnarse adecuadamente la validez constitucional de alguna norma susceptible de ser cuestionada por conducto de la acción originaria de inconstitucionalidad consagrada por el artículo 161 inc. 1° de la Constitución provincial y reglada por los artículos 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial. Ello, toda vez que, a todo evento, se perseguiría la declaración de inconstitucionalidad de preceptos que ya han sido aplicados e incluso impugnados en el ámbito que le es propio.
VII. Por todo lo expuesto, se impone rechazar en esta instancia la demanda promovida con fecha 30 de junio de 2023 (arts. 161 inc. 1º, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas para la protección de los derechos que considera conculcados (arg. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
VIII. Finalmente, en virtud del modo en que ha sido resuelta la cuestión y la naturaleza sui generis de la pretensión incoada, corresponde fijar la retribución por la actuación profesional en autos en el umbral regulatorio establecido por el art. 22 de la ley 14.967.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida con fecha 30 de junio de 2023 (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684 del CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del doctor Mariano Ernesto Scheverin en la suma equivalente a … Jus (arts. 1, 2, 9, 16, 22, 24 y 54, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2024 12:59:14 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2024 14:06:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2024 06:40:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:34:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 14:11:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/08/2024 14:17:03 hs. bajo el número RR-666-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia