Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 36760
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 166 último párrafo, 171, 190 y 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 22, 23, 24, 25, 53 y concordantes de la Ley 12.008 y modificatorias; arts. 161 y cctes. CPCC; y demás citas legales dadas.
Estos autos caratulados "COLICIGNO HORACIO RAUL C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION ANULATORIA", expediente Nº 36.760, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y de los que;
I. Que a fs. 90/102 se presenta Horacio Raúl Colicigno, con el patrocinio letrado del Dr. Pablo Guidi, solicitando la nulidad y resarcimiento de los daños y perjuicios causados por los Decretos 286, Folio 347/347 del libro 52; Decreto 383 Folios 465/507 del libro 52 y Decreto N°2246 Folios 2725/2725 del Libro 52 emitidos por el Intendente Municipal de Mercedes.-
Explica que resulta ser poseedor, entre otros, de los inmuebles ubicados en la localidad de Agote, identificado catastralmente como Circ. IX Secc. B, Manzana 60; Circ. IX Secc. B, Manzana 70; Circ. IX Secc. B, Manzana 75; Circ. IX Secc. B, Manzana 84 y Circ. IX Secc. B, Manzana 90.-
Que dichos inmuebles fueron adquiridos oportunamente por su padre -que actualmente vive en su propiedad-, y desde, hace más de veinte años está llevando un emprendimiento rural en el lugar.-
Dice que dicha tarea, la realiza con dedicación, y es pública y notoria, ya que la mayor parte de los habitantes de Agote lo conocen, por ser uno de los primeros emprendedores del lugar.-
Refiere que esa posesión a título de dueño (animus domini) fue ejercida en forma pública, pacifica, ininterrumpida y sin oposición de terceros durante todos estos años y ha realizado mejoras, como el alumbramiento y cuidado del terreno, sin que nadie haya siquiera intentado acercarse para alegar algún derecho sobre el inmueble.-
Que sin perjuicio de ello, a inicios del mes de diciembre de 2018, ha notado que se encontraban los alambrados rotos en el sector del predio que posee, específicamente frente a la nueva vía asfaltada de la cárcel federal en construcción, a lo cual había ahorrado dinero para cambiar los mismos, a los fines de que no se le escapen los animales.-
Que sin llegar a la reparación, al día siguiente advierte que en el lugar se encontraban distintas personas, a lo cual se acercó y preguntó que estaban haciendo, refiriéndole que eran una comisión de padres, y que la intendencia iba a realizar una escuela en el lugar y que el agrimensor Oscar Aschero, se encontraba realizando los trámites correspondientes, y dicha situación era conocida por la Municipalidad de Mercedes.-
Pone de resalto que lo referido, resulta claramente conocido por las autoridades, público y notorio en el lugar, pues se puede corroborar la veracidad de sus dichos con las investigaciones penales preparatorias n° 09-00002570-18/00 y 09-00013850-18/00.-
Asimismo, dice que se encuentran tramitando expedientes administrativos, tanto en el Consejo Deliberante, como en la Administración de la Intendencia (como por ejemplo el Exp. Municipal N° 1531/2018).-
Agrega que el terreno se encontraba debidamente registrado en el folio 201 a 208 del Protocolo correspondiente al año 1948 del Registro de Contratos Públicos del Escribano Boca José y ya desde esa fecha, se encontraban tratando de regularizar la situación del dominio del inmueble, pero reitera que en forma ininterrumpida detenta correctamente la posesión desde hace más tiempo, no pudiendo hacer los pagos de los correspondientes impuestos municipales por la negativa del Municipio a ello.-
Continúa relatando, que al iniciar la denuncia penal por usurpación en el mes de diciembre de 2018, con el trascurso de la investigación penal preparatoria, se anoticiaron por medio del aporte de la Municipalidad, de distintos decretos emitidos por su Intendente -Decreto 286, Decreto 383 y Decreto N° 2246- los cuales en apenas solo algunos renglones de argumentación, refieren que la Municipalidad de Mercedes ha sido poseedora por más de veinte años de los inmuebles que detenta.-
Pone de resalto, que el municipio trata de utilizar un procedimiento administrativo nacional de manera ilegal, invocando cuestiones de hecho que jamás sucedieron, pues el Municipio nunca detentó la posesión de las tierras que manifiesta en sus decretos y ello es fácilmente comprobable ya que fue corroborado por los testigos que declararon, por los planos satelitales agregados y por toda la documentación adjuntada a la causa penal iniciada.-
Agrega que, estas serias irregularidades administrativas, de las cuales llegó a tomar conocimiento ante la presentación del apoderado de la Municipalidad en la IPP N° 17967/18, eran desconocidas por su persona y nunca imaginó que el propio Municipio trataría de realizar documentación a espaldas de su condición de ciudadano.-
Pone de resalto, que los actos cuestionados fueron emitidos sin la intervención del Consejo Deliberante y por lo tanto sin competencia propia del Ejecutivo o sobrepasando potestades.-
Que no han sido dictados con sustento en hechos o antecedentes debidamente probados y acorde a la normativa legal vigente para la validez de los actos administrativos y tampoco fueron notificados debidamente, encontrándose frente a ello con, vicios que afectan su legitimidad.-
De igual modo sostiene que los actos administrativos no poseen una justa causa y a su vez, se ven afectados sus derechos subjetivos entre otros, la posesión y la igualdad en su condición de ciudadano.-
Dice que si bien el Sr. Intendente Municipal reviste la potestad discrecional de la Administración, su actuar debe ser estricto a lo normado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Procedimientos Administrativos, y nunca deben vulnerarse las garantías constitucionales, como el derecho de propiedad, y la posesión enunciada en el Código Civil y Comercial..-
Destaca que los actos administrativos N° 286 y Decreto N° 383, se realizan con una fundamentación legal genérica, que no relaciona lo decidido con la norma individualizada, omitiendo realizar una descripción clara, precisa y valorativa o circunstanciada de modo, tiempo y lugar, que determina llevar adelante la decisión administrativa, afectando ello la garantía constitucional del debido proceso, en cuanto impide ejercer los derechos de defensa en juicio y a una decisión fundada.-
Al mismo tiempo, peticiona el dictado de una medida cautelar de no innovar.-
En cuanto a la verosimilitud del derecho, expone que la documentación que adjunta son instrumentos públicos, por la cual prime facie determinan que desde hace años se encuentra en la posesión de los inmuebles que la Municipalidad de Mercedes pretende adquirir administrativamente y ello demuestra claramente que se han basado en hechos falsos e inexistentes.-
Suma a lo expuesto que, teniendo en cuenta las distintas irregularidades que presentan los actos administrativos del Intendente, son factibles de nulidad absoluta, con la sola lectura de su inexistente fundamentación.-
Por otro lado, hace hincapié en la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho. Y que el caso de autos, tal perjuicio, se encuentra cabalmente acreditado con los antecedentes y hechos narrados, pues se ve impedido de trabajar en las tierras que son de su propiedad y le permiten subsistir.-
De igual modo, entiende que no hay afectación grave al interés público, porque se entregó las tierras a un institución llamada "Escuela Pública Municipal", que no ha sido creada por el Consejo Deliberante, encontrándose frente a una actuación irregular, ilegítima y arbitraria de la administración, ello por cuanto el Intendente de la Municipalidad, hace uso de la Administración Pública dictando decretos, que se basan en hechos falsos, sin la competencia para realizarlos, y con vicios fácilmente comprobables respecto a su legitimidad. Cita doctrina y jurisprudencia.-
Al mismo tiempo, ofrece caución juratoria, a los efectos de cumplir con lo establecido en el art. 24 del CCA.-
II. Que en fecha 15/05/2019 se cita a la autoridad accionada para que dentro del plazo de cinco días, acompañe informe previo respecto de todo aquello que se relacione con la medida cautelar peticionada en el escrito de inicio (art.23 inc.1 CPCA-
Que en fecha 23/05/2019, se presentó el apoderado de la Municipalidad de Mercedes -Dr. Luis Alberto Costilla- contestando el informe cautelar.-
En primer lugar, sostiene que los inmuebles que surgen referidos en los decretos en cuestión por Prescripción Administrativa, se encuentran a nombre de la Municipalidad de Mercedes.-
Que conforme la Ley 24.320, la posesión puede ser ejercida por la administración provincial o municipal o sus reparticiones descentralizadas o autárquicas y en su caso por sus antecesores y de tal forma, el sujeto que prescribe es el Estado en sus tres dimensiones.-
En relación al caso de autos, destaca que se formaron los Expedientes Administrativos Números: 4075-768/2017 y 4075-790/2017, con intervención del área técnica municipal competente (Departamento de Tierras), para el cumplimiento de los recaudos de la Ley 24.320 y que las mencionadas actuaciones en la actualidad se encuentran con escritura notarial en proceso de inscripción, llevada a cabo por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por ante Registro de la Propiedad de la misma provincia.-
Pone de relieve, que previo al dictado de los actos administrativos, se cumplimentaron los requisitos procesales a tales efectos, entre ellos la publicación de edictos tanto en el Boletín Oficial Municipal, con fecha 5-12-2017, como en el Diario "El Oeste" de esta ciudad, con fecha 7-12-2017, donde se citó a aquellos interesados que quieran hacer valer sus derechos dentro del plazo de 3 días.-
Que habiendo vencido el término de emplazamiento, sin que se haya ejercido derecho alguno o formulado observaciones y/o impugnaciones, se dictaron los actos administrativos correspondientes declarando la prescripción adquisitiva administrativa.-
Y en tales condiciones, afirma, se encuentran debidamente garantizados todos los extremos del debido proceso administrativo, porque se obró en forma regular y conforme a derecho, sin que se haya impugnado en tiempo y forma tal actividad estatal por parte del aquí actor.-
Destaca que la Escribanía General de Gobierno realiza una doble tarea: reviste al acto de matricidad, legalidad, validez, eficacia, configuración técnica y autenticidad como también realiza un control del procedimiento administrativo, pues controla que se hayan cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley para declarar la prescripción.-
Finalmente pone de resalto que los Decretos 286/18 y 383/18 fueron publicados en Boletines Oficiales del Municipio que adjunta, lo que por otra parte y no obstante el presente informe, afecta la admisibilidad de la demanda toda vez que la misma resulta interpuesta fuera del término previsto en el C.P.C.A.-
Por ello sostiene, que se ha garantizado el debido procedimiento administrativo y que la publicación de edictos garantizó que pudieran intervenir aquellas personas que se hubieran considerado con derechos respecto de los inmuebles, derecho que no fuera ejercido por el aquí actor.-
Respecto de la medida cautelar, manifiesta que no se acredita en el presente caso ilegalidad o irrazonabilidad alguna que en forma idónea, permita abastecer la procedencia de la medida.-
En ese contexto, continua, la formación de actuaciones administrativas y en particular las publicaciones efectuadas, aseguraron el debido proceso administrativo y por otra parte, la intervención de la Escribanía General de Gobierno posterior al dictado de los decretos en cuestión, configura un control a la legalidad de los mismos.-
Que conforme a tales lineamientos y los antecedentes del caso, no permite tener por acreditados los presupuestos que tornan procedente la misma.-
Respecto al recaudo de la verosimilitud del derecho, los supuestos vicios denunciados por el actor con relación a lo actuado por el Municipio, no tienen entidad alguna y las alegaciones vertidas por el actor respecto a la verosimilitud del derecho no tienen en los elementos agregados respaldo, como para enervar la presunción de legitimidad de los actos administrativos cuestionados.-
Destaca finalmente, que en relación a las parcelas referenciadas como 2ª, 4ª, 6ª y 8ª en plano de mensura que pretende prescribir N° 71-33-2008, los peticionantes resultan JUAN IGNACIO CUNNINGHAM y MIRTA ESTER BIGONGIARI, quienes promovieron acción judicial caratulada: "Bigongiari Mirta Ester y Cunningham Juan Ignacio s/Prescripción Adquisitiva" (Expediente N° 86211), por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 de este Departamento Judicial de Mercedes, careciendo en consecuencia de legitimación por el supuesto ejercicio de la posesión.-
Agrega que tampoco aporta elemento alguno, que permita validar la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho, limitándose a constituir una mera manifestación lo expresado en tal sentido por el actor.-
Por las razones expresadas, solicita el rechazo de la medida cautelar.-
1. El régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo (Titulo I, cap. IV) dispone los requisitos que el peticionante debe cumplimentar para la obtención de las medidas cautelares: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (peliculum in mora); c) no afectación del interés público.-
2. Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí. Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pag. 1163).-
3. Que asimismo, tratándose en sustancia la medida cautelar peticionada de una medida de no innovar, el examen de los recaudos de admisibilidad precedentemente indicados, se ha de llevar adelante con especial prudencia, en tanto se verifica que la pretensión cautelar implica la suspensión de los efectos del decreto cuestionado, y en su consecuencia, lo pretendido cautelarmente colisiona directamente con la presunción de validez que acompañan los actos de los poderes públicos.-
4. Ahora bien, abordado el examen de la petición cautelar bajo tales coordenadas interpretativas, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.-
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega el actor adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.).-
5. En primer lugar, advierto que lo narrado por el actor, respecto a los emprendimientos rurales que realiza, resulta un relato impreciso, pues ni siquiera individualiza que actividad desarrolla, es decir no explica de qué manera lleva adelante la posesión de los inmuebles.-
Por otro lado, la documentación allegada junto a la demanda resulta inconexa, por cuanto no es posible relacionarla con precisión y claridad, a los hechos alegados.-
Nótese al respecto que el acta de constatación a fs. 60, no puede relacionarse a los inmuebles que dice el actor poseer, toda vez que el documento hace referencia al Cuartel XI de Agote, pero en ningún lugar menciona a las parcelas identificadas en el primer párrafo del apartado II del escrito de demanda. Lo mismo sucede con el acta de constatación de fs.62.-
De igual modo, la constancia de servicio eléctrico de fs.61 no solo no evidencia vinculación con los dominios involucrados en autos, sino que aun cuando corresponda a alguno de los inmuebles, por sí sola, resultaría insuficiente -en soledad- para acreditar el derecho subjetivo que pretende probar el actor.-
A igual conclusión arribo, respecto de los planos de mensura agregados a fs. 79/79vta, pues versan sobre un dominio -Circ. IX, Sección B, Manzana 89- que no está involucrado en autos, en tanto y por cuanto no se trata de uno de los inmuebles que el actor en su escrito de demanda dice poseer.-
Lo mismo se advierte de la documentación agregada a fs.67/75 que se relacionada también a la manzana 89.-
Por lo expuesto, del análisis de las constancias de autos, hasta el momento, no se encuentran reunidos los elementos sumarios necesarios, que respalden las afirmaciones vertidas por el actor en su escrito de demanda, con el grado necesario para tener por configurado el presupuesto de verosimilitud del derecho.-
En definitiva, los extremos fácticos que abastezcan la posesión que aquí enarbola el actor, requieren para su verificación, recorrer indudablemente la oportuna etapa ordinaria de prueba.-
6. Por otro lado, el decreto cuestionado, evidencia el ejercicio de una potestad reglada en materia de prescripción adquisitiva.-
Que en el caso, la Ley nacional 24.320 modificatoria de la Ley 21.477, establece el procedimiento a seguir en los casos, de dominio de inmuebles que hubieren adquirido o adquieran los estados provinciales y las municipalidades por el modo establecido en el artículo 4015 del C.C.-
Y en cuanto al cuestionamiento dirigido al procedimiento administrativo, y sin perjuicio de que el debate sobre este extremo encontrará territorio de decisión en la instancia de la sentencia definitiva, lo cierto es que los vicios que alega -hasta el momento- no permiten sortear el valladar de la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo, presunción que se mantiene inalterable, en la medida que el peticionante no cumpla con su carga de demostrar la verosimilitud del derecho que alega.-
Todo ello, sin perjuicio de lo que pueda decidirse respecto de los defectos legales denunciados -irregularidad del procedimiento administrativo-, una vez transitada la etapa ordinaria de debate y prueba.-
De esta manera, no se verifica con las constancias probatorias arrimadas a la causa, con el título de verosimilitud que se requiere en esta oportunidad -en el conocimiento periférico que permite, reitero, esta instancia preliminar- de una forma manifiesta y notoria, una demostración que evidencie, al menos en grado mínimo, vicios de irrazonabilidad o ilicitud que afecten los actos cuestionados.-
7. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.) ello, es suficiente para denegarla (cfr. Cámara Cont. Adm. La Plata, causa Nº 2054 del 08/09/05 "Pyzynsky" y demás allí citadas).-
POR ELLO, y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 166 último párrafo, 171, 190 y 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 22, 23, 24, 25, 53 y concordantes de la Ley 12.008 y modificatorias; arts. 161 y cctes. CPCC; y demás citas legales dadas.
2. Imponer las costas a la actora en su calidad de vencida. (cfme. doctrina causa: "DOMATO" (expte n°26.271) en trámite por este Juzgado y CCASM causa 6480 "RACCO").-
NOTIFIQUESE. REGISTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el Nº ............../19.-
Fin de la sentencia