Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 34797
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar -previa caución juratoria que deberá prestar el peticionante- a la medida cautelar solicitada, suspendiendo cautelarmente, los efectos de la resolución Nº 0188/18 del Directorio del Organismo de Control de Energía Electrica de la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este juicio.
Comuníquese mediante oficio, cuya confección y diligenciamiento estará a cargo del interesado.
II. No habiendo mediado oposición expresa de la contraparte, entiendo justo imponer las costas de la incidencia en el orden causado (art.51 inc 1º ult. Part. CPCA- texto según ley 14.437).
Estos autos caratulados "COOP. DE ELECTRIFICACION Y TECNIFI. AGROP. SOLIS Y AZCUENAGA LTD C/ ORGANISMO DE CONTROL DE LA ENERGIA (O.C.E.B.A.) S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 34797, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
I. Que a fs. 81/90 se presenta el Sr. Manuel Osvaldo Fernandez, en su caracter de Presidente de la Cooperativa de Electrificación y Tecnificación Agropecuaria, Solís y Azcuénaga Limitada (en adelante, C.E.T.A.S.A. Ltda.), con el patrocinio letrado del Dr. Enrique Domingo COARASA, solicitando la anulación del acto administrativo n° 0188/18 dictado por el OCEBA y como consecuencia de ello el dictado de una medida cautelar, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
II. Relata la actora los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.
En tal sentido, manifiesta que la Cooperativa de Electrificación y Tecnificación Agropecuaria, Solís y Azcuénaga Limitada es distribuidora municipal de energía eléctrica en el Partido de San Andrés de Giles, desarrollando su actividad en el marco de la Ley 11.769, sus normas reglamentarias y el contrato de concesión suscripto con la Municipalidad de San Andrés de Giles.-
Dice que en el año 2.016 el Señor Fernando Adrián Laurito, (usuario de energía eléctrica) se presenta al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos, reclamando por daños en artefactos eléctricos en su propiedad, los que le habrian sido provocados -según expone- por una "alegada" mala calidad de producto suministrado en su establecimiento fabril.-
Arguye que, ante ello, el Organismo de Control a través de la Gerencia de Control de Concesiones, dicta el 18/08/17 la Disposición CAU Nº 129/17 donde deja sin efecto la respuesta denegatoria brindada en primera instancia por su parte y hace lugar al reclamo por daños en artefactos eléctricos efectuados por el usuario y ordena compensar los daños de conformidad con la instrumental oportunamente presentada.
Expone que, notificada la Disposición nº 129/17, se interpone Recurso contra la misma por ante el Directorio del Organismo, quien no hace lugar al mismo mediante el dictado de la Resolución OCEBA nº 188/18, dejando en consecuencia, expedita la acción contenciosa administrativa.-
Expone las razones que a su entender fundaron el reclamo del Sr. Laurito frente al OCEBA y refiere que dicho organismo al dictarla, repugna la más elemental definición de justicia, toda vez que no se ha indagado sobre la verdad material acaecida.-
Luego de ello, analiza la resolución Nº 188/18, diciendo que se trata de un acto administrativo de alcance individual (que resuelve sobre la validez de la Disposición CAU nº 129/17),ordenando a su parte a compensar de inmediato los daños denunciados de conformidad con la instrumental oportunamente presentada con más los intereses calculados a partir de la presentación del reclamo previo ante la Distribuidora, hasta la fecha de su efectivo pago.-
Plantea que es en la motivación de la Resolución 188/18 donde se advierte el primer vicio de entidad suficiente que afecta la legitimidad del acto, su "juridicidad" y su "razonabilidad" de las relaciones jurídicas, puesto que se motiva para rechazar lo peticionado por su parte, en que la distribuidora no aporta nuevos fundamentos de convicción, cuando se señaló la ausencia del informe técnico necesario, tendiente a determinar la relación causal entre la falla en la calidad técnica del suministro y los daños producidos como así la valorización económica, estando ello a cargo del personal técnico de la Gerencia de Control de Concesiones.-
Aduce incongruencia del accionar del Organismo al dictar el acto que clausura la esfera de la Administración, para exponer que es la manifestación clara de una desviación de poder en la finalidad del acto que se cuestiona.-
Por otra parte, expone que la resolución atacada presenta vicios en varios de sus elementos esenciales, lo que provoca, la nulidad absoluta del mismo, diciendo que la mención normativa que hace la Administración del artículo 42 de la Constitución Nacional,a todas luces no es el fundamento jurídico de la decisión recurrida, quedando así clarificada la inexistencia de fundamentos de derecho en el acto atacado, toda vez que se torna arbitraria si desde la dogmática jurídica, se pretende tutelar los intereses económicos de los usuarios de servicios públicos de ese modo.-
En cuanto los antecedentes de hecho, dice que el Organismo dió una mala o directamente nula relación de los hechos y el derecho en el caso, al no fundarse el acto en un dictamen técnico, elaborado en base a datos que puedan ser constatados, que indique el nexo causal que vincule con el daño alegado, no acreditadose los hechos conforme las previsiones que establece el procedimiento establecido por el propio Organismo para sustanciar las controversias en el dictado de la Resolución OCEBA nº 49/98 y sus modificatorias Resolución OCEBA 216/01 y Resolución OCEBA nº 210/02.-
Finalmente, dice que la resolución se trata de un acto incausado, como también que presenta un vicio en el elemento esencial del procedimiento, puesto que en el presente caso no se ha cumplido con el procedimiento establecido para la formación de la voluntad del Administrador, por haberse simulado el procedimiento y las situaciones fácticas expresadas en el considerando del acto administrativo atacado.-
III. Que a fecha 10/12/2018 se cita a la autoridad publica accionada para que, dentro del plazo de 5 días, acompañe informe previo respecto de todo aquello que se relacione con la medida solicitada en el escrito inicial (art. 23 inc. 1º CPCA).
IV. Que a fs. 22/02/2019 se presenta el Dr. Ricardo G. Uncal en representación de la Fiscalía de Estado, acompañando las actuaciones administrativas requeridas en la providencia inicial, pero sin contestar el informe requerido.-
V. Que la causa se encuentra en estado de resolver la medida cautelar peticionada, y
1. El régimen cautelar regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo (Titulo I, cap.IV) dispone los requisitos que el peticionante debe cumplimentar para la obtención de las medidas cautelares: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (peliculum in mora); c) no afectación del interés publico.
2. Calificada doctrina y jurisprudencia coinciden en afirmar que para acceder a la tutela cautelar ha de verificarse el cumplimiento de los tres recaudos a los cuales el artículo 22 del CPCA condiciona la procedencia de aquella (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L. B.A., 1998, pag. 1151/1193), sin perjuicio que, tal exigencia, ha sido interpretada con un criterio de apreciación que ha atenuado aquella presencia conjunta, sosteniendo que corresponde interrelacionar los dos primeros presupuestos dando a la cuestión cierta flexibilidad.
En este sentido, se ha sostenido que, cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado, y a la inversa, cuando mas evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (ver Logar, op. cit, pág. 1163; Cfr, doctrina SCBA Causa B-61456 "PRIEU" - especialmente voto Dr. Soria considerando 2º).
3. Abordado entonces el análisis de la cautela requerida, en los extremos hermenéuticos fijados precedentemente, resultan -en el conocimiento periférico que permite este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto positivo de la petición de fondo- suficientemente configurada la verosimilitud del derecho y demás presupuestos exigidos para su procedencia.-
Con referencia al "fumus bonis iuris" ha dicho el Máximo Tribunal de Nación que "[...] como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad" (Fallos 306:2060).
En el presente caso, las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires se regirán por las normas contenidas en la Ley 11759, conforme lo dispone su art. 1.
Por su parte, el art. 3 de la citada norma, establece que, la Provincia de Buenos Aires ajustará su política en materia de energía eléctrica a ciertos objetivos, tales como proteger los derechos de los usuarios de conformidad con las disposiciones constitucionales y normativas vigentes (art. 3 inc.a Ley 11759).-
El mismo artículo, pero del decreto reglamentario (Dec. n° 2479/04), dispone que toda la normativa vigente de carácter general, referida a los Derechos del Consumidor, y la que en el futuro se dicte, será aplicada a la protección de los usuarios del servicio público de electricidad en forma supletoria a lo contemplado en el Capítulo XV de la Ley 11.769 y sus modificatorias (T.O. según Decreto Nº 1868/04).
Dispone también, que la Autoridad de Aplicación, a través de la Dirección Provincial de Energía y el Organismo de Control deberán asegurar el acceso directo, simple y gratuito al procedimiento para la defensa de los derechos de los usuarios, adoptando para ello, " todas las medidas conducentes para reafirmar la garantía de los derechos de los usuarios contemplados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires...".-
En cuanto a las controversias, el art. 68 de la Ley 11.769, dispone que "toda controversia entre los agentes de la actividad eléctrica en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con las limitaciones que surgen del Artículo 1° segundo párrafo de esta Ley, en materia de prestación de servicios públicos de electricidad o actividades eléctricas, deberá ser sometida previa y obligatoriamente, para su resolución, al Organismo de Control el que deberá expedirse en el término de sesenta días hábiles de la presentación del reclamo. El procedimiento administrativo se regirá por la ley de procedimientos administrativos. Los usuarios deberán efectuar en todos los casos reclamo previo ante el agente prestador. Contra la resolución denegatoria o silencio, el usuario podrá optar entre recursos ante el Organismo de Control o la justicia. Los usuarios y terceros interesados tendrán el derecho de solicitar la intervención del Organismo de Control en toda materia vinculada con la actuación de los agentes de la actividad eléctrica, sometiéndose en este caso a la jurisdicción del mismo...." (subrayado propio).-
Entonces, en la especie nos encontramos que la resolución cuestionada deriva de un reclamo efectuado inicialmente por un particular ante la aquí accionante, respecto de la cual, la demandada dicta la resolución n°0188/18, acta 938, ahora cuestionada. Dicha resolución , rechaza el recurso de revocatoria impuesto en sede administrativa contra la CAU 129/17, rechaza la suspensión de los efectos del acto administrativo dictado y ordena a la CETASA compensar de inmediato los daños denunciados por el usuario (Adrian Laurito) de conformidad con la prueba instrumental oportunamente presentada con más sus intereses.-
4. De esta manera, se desprende que el Organismo de control ordenó a la Cooperativa una compensación económica por los daños al Usuario Fernando Laurito, ejerciendo, funciones conferidas por la Ley 11769.-
Al respecto, el Máximo Tribunal Nacional, en la causa "Dumit" (del 08/11/1972, fallos: 284:150), reitera su admisión de que órganos administrativos ejerzan funciones "jurisdiccionales" -conforme las pautas esenciales trazadas en "Fernández Arias c/ Poggio" (Fallos 247-646)-, pero siempre bajo condición de que quede abierta la posibilidad de revisión judicial posterior (ver también "Ángel Estrada y Cía. S.A. c/ resol.71/96 - Sec. Ener. y Puertos (Expte. Nº 750-002119/96)" sentencia del 5 de abril de 2005).
Así las cosas, el artículo 40 bis de la Ley 24240, establece el concepto de daño directo, consignandolo como todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios. Refiere que, los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo, pero que esta facultad, sólo puede ser ejercida por organismos de la administración que reúnan ciertos requisitos, entre ellos el de las decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.
Por dicha razón, entiendo que encontrándose pendiente la resolución de la nulidad interpuesta respecto del acto administrativo, activándose, de esta manera, el control judicial que por derecho le asiste al accionante, la resolución 0188/18, aún no se encuentra firme como para ser eventualmente ejecutada. Por ello, es que encuentro en la presente causa, suficiente base en la verosimilitud en el derecho que alega la peticionante (Art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.).
5. En cuanto al recaudo del peligro en la demora se advierte particularmente abastecido en la especie, en razón de que es la propia autoridad administrativa quien en su resolutorio, rechaza la suspensión de los efectos del acto administrativo dictado, quedando de ese modo abierta la posibilidad de ejecución del acto.-
6.-Toda vez que tengo por acreditado -conforme los extremos desarrollados precedentemente- el fumus bonis iuris y el peliculum in mora, corresponde a esta altura ponderar, el perjuicio que la medida solicitada puede originar a la demandada como a los terceros y al interés publico.
En este sentido, de lo actuado hasta el momento en autos no se advierte que la medida pedida produzca respecto al interés publico, un daño mayor que el que se pretende evitar con su dictado. Tampoco, ninguna afectación grave a un interés concreto y especifico ha invocado la administración, en oportunidad de requerírsele informe previo (cfr. art.23 inc.1º CPCA) sobre las medidas peticionadas.
7. Que finalmente, corresponde fijar la contracautela, a cuyo fin, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a lo dispuesto el art. 24 inc.3 del C.P.C.A., queda fijada en la canción juratoria de deberá prestar el accionante ante el Actuario.
Por ello, y en merito de lo dispuesto por los arts. arts.15, 166 últ. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 22, 23, 24, y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
I. Hacer lugar -previa caución juratoria que deberá prestar el peticionante- a la medida cautelar solicitada, suspendiendo cautelarmente, los efectos de la resolución Nº 0188/18 del Directorio del Organismo de Control de Energía Electrica de la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este juicio.
Comuníquese mediante oficio, cuya confección y diligenciamiento estará a cargo del interesado.
II. No habiendo mediado oposición expresa de la contraparte, entiendo justo imponer las costas de la incidencia en el orden causado (art.51 inc 1º ult. Part. CPCA- texto según ley 14.437).
NOTIFÍQUESE -REGÍSTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el Nº ............../19-
Fin de la sentencia