Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 30291 2019
Expte. Nº 30291.-
Autos: DE PRIEGO CLAUDIA DANIELA C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Mayo de 2019.-RA
Estos autos caratulados "DE PRIEGO CLAUDIA DANIELA C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 30291, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. A fs. 16/21 vta. se presenta el Dr. Jose M. Diehl, en su carácter de apoderado de la Sra. Claudia Daniela De Priego, e inicia demanda contra la Municipalidad de General Rodriguez, con el objeto de que se exima a la "Farmacia de Priego" del cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene respecto de las cuotas impagas desde el mes de Junio de 2016 en adelante; y se proceda a anular la habilitación municipal otorgada oportunamente, procediéndose a la baja de la actora como Sujeto Obligado al pago de la Tasa de Seguridad e Higiene respecto a la farmacia de su propiedad.
Refiere que su mandante es propietaria de la "Farmacia de Priego" sita en la calle Di Marco esquina Thompson de General Rodriguez conforme se acredita con la copia de la habilitación otorgada por el Ministerio de Salud de la Provincia conforme a la ley 10.606 de fecha 15 de Julio de 2009, en el marco del expediente 2900-75489/08.
Manifiesta que habiéndosele requerido por parte de las autoridades municipales de General Rodriguez la realización de la habilitación ante dicho Organismo, es que se procedió a tramitar la misma mediante expediente 4050-91075, otorgándose la habilitación municipal en fecha 10 de febrero de 2010, mediante la cual se le asignara el número de partida 4173 correspondiente a la Tasa de Seguridad e Higiene. Abonando periódicamente la referida tasa, hasta que en el mes de Junio de 2016 tomo conocimiento que no correspondía el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, por lo que dejo de abonar la misma.
Afirma que en fecha 05/07/2017, presentó nota en el Expte. N° 4050-91075 requiriendo la eximición del pago de las tasas adeudadas desde Junio de 2016, el cese del cobro de las tasas posteriores que se devengaran y la baja como contribuyente del tributo.
Sostiene que en la nota explicó que la Tasa de Seguridad e Higiene que la Municipalidad de General Rodríguez percibe por la actividad de farmacia que desarrolla la actora, se encuentra excluida de la potestad tributaria del Municipio, atento a violar el art. 42 de la Constitución Provincial. Afirma que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que la regulación de todo lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales es facultad exclusiva de la legislatura (con cita de las causas I. 1240, "Aldazabal", sent. del 30-VI-87; I. 2164, "Gonnet", sent. del 23-IV-03; I 67878 sent: del 54-2006 "Colegio dé Odontólogos Distrito VII c/ Municipalidad de General Villegas s/ Inconstitucionalidad ordenanza 4008/03").
Cita también doctrina de la Cámara de Apelaciones del fuero de La Plata ("Farmacia Lipsten S.C.S.", sent. del 19/02/08).
Sostiene que la pretensión de cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene a una Farmacia por parte de la Comuna transgrede lo establecido en la Ordenanza General 125/77.
Postula también que se contrapone con el art. 1 de la Ley N° 10.606 que establece: "Farmacia es un servicio de utilidad pública para la dispensación de los productos destinados al arte de curar, de cualquier origen y naturaleza, así como la preparación de fórmulas magistrales y oficinales, material aséptico, inyectables, productos cosméticos o cualquier otra forma farmacéutica con destino a ser usadas en seres humanos". Norma que en sus arts. 11 y 14 pone en la órbita del Ministerio de Salud todo lo conducente al funcionamiento y control de la oficina farmacéutica. Así como en el art. 79 se prevee que las inspecciones de las farmacias, droguerías, laboratorios y herboristerías, serán efectuadas por la Autoridad de Aplicación.
Afirma ante lo expuesto que la única autoridad competente para la habilitación y fiscalización de las farmacias es el gobierno provincial, derecho reservado constitucional y legalmente para sí, ya que no delegó el "poder de policía" sobre el ejercicio de las profesiones, ni en el gobierno nacional, ni tampoco en los Municipios.
En tal parcela cita nuevamente doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que en lo atinente al tema de litis dijo:"... la ley prevé una serie de medidas especiales tendientes a la habilitación, distribución, denominación, horarios de turno, servicios nocturnos, dirección técnica, inspecciones, retiros de muestras, publicidad, etc.; que reglamentan su actividad de manera específica..." (SCBA 8 58119, "Phamarka SA", sentencia del 05 de octubre de 2005),
Menciona también que en caso de que la Municipalidad pretenda tomar como originador del hecho imponible de la Tasa por Inspección o de Seguridad e Higiene el rubro de perfumería, el mismo se encuentra -según su postura- comprendido en. las incumbencias profesionales del farmacéutico, por imperio del art. 1 de la Ley 10.606, al incluir en el concepto de "Farmacia" no sólo a "...los productos destinados al arte de curar...", sino también a "...la preparación de fórmulas magistrales y oficinales, material aséptico, inyectables, productos cosméticos o cualquier otra forma farmacéutica con destino a ser usadas en seres humanos".
Afirmando en tal caso que la actividad profesional farmacéutica no encuadra en el art. 86 de la ordenanza fiscal vigente N° 4455 ya que no se perfecciona el hecho generador o imponible que da lugar a la tasa en su aspecto subjetivo, en virtud de que el farmacéutico no encuadra dentro de "...actividad comercial, industrial, de servicios, educativas, sanitarias, financieras, de esparcimiento u otras asimilables a las antedichas así como los profesionales matriculados que desarrollen en los locales utilizados para el desempeño de actividades de incumbencia profesional otras actividades no comprendidas en la misma".
Refiere que su representada realiza una actividad profesional a través del expendio de medicamentos, especialidades medicinales para uso humano y de productos cosméticos o cualquier otra forma farmacéutica con destino a ser usadas en seres humanos, y que no queda duda que hasta la propia normativa de la Municipalidad demandada excluye como sujeto imponible a su representada.
Por otra parte niega que pueda considerarse que el pago de la tasa que obligatoriamente debió efectuar la actora a los fines de ejercer la profesión de farrnacéutica se trate de un "voluntario acatamiento". Pues cuando la accionante habilitó la farmacia a través del Ministerio de Salud, no tuvo otra opción que realizar también la habilitación ante el Municipio pues lo contrario implicaba el impedimento de poder ejercer su profesión.
Por último, solicitó se imprima al presente el trámite del proceso sumario de ilegitimidad previsto en el art. 67 y sgtes del CPCA., y ofreció la prueba documental de su parte.
II. En fecha 26/10/2018, la Dra. Ángela M. Acevedo, contesta demanda en representación de la Municipalidad de General Rodríguez, solicitando sea rechazada la demanda.
Luego de la negativa en general y en particular de los hechos y el derecho que se consignan en la demanda, refiere que la realidad dista mucho de lo que la Sra. Claudia Daniela De Priego manifiesta, atento a que la misma hace referencia a la definición de farmacia (art. 1 de la Ley 10606), así como a las facultades que por dicha ley le corresponden al Ministerio de Salud, sin considerar que no por ello puede obviar el poder de policía local que tiene el Municipio, siendo estas facultades concurrentes.
Refiere que debe considerarse que para el expendio de cualquier producto al público, se debe tener un espacio físico con las condiciones de seguridad correspondientes y es allí donde nace este contralor del Municipio, y en este caso en concreto la misma actora fue la que requirió la habilitación del local.
Sostiene que -a su criterio- también la actividad es comercial.
Pone de manifiesto que de la documental ofrecida como prueba, surge que el día 22 de diciembre de 2009, se le requirió a la actora la luz de emergencia.
Afirma que el objeto de la tasa a abonarse en concepto de pago de Servicio de Inspección de Seguridad e Higiene, es dar garantía de que las instalaciones donde se desenvolverá la actividad cumple con las condiciones edilicias y de seguridad para abrir al público, y que tales condiciones se mantienen a través del tiempo. Potestad esta que es concurrente con la que le compete al Ministerio de Salud, que es a quien le corresponde la del control de los medicamentos, verificación de cadena de frío que le corresponde a ciertos productos, etc.
Refiere que es un servicio que implica un costo de personal, combustible, capacitación, uniforme, etc., ello sin considerar que quienes se dedican a la venta de tales productos se benefician de tal servicio, porque de lo contrario no podrían vender sus productos en otro lugar que nos sea el habilitado, ya que los productos que venden son de tal naturaleza que no pueden ser vendidos en una plaza pública, ni en los domicilios y ni siquiera en los Kioscos.
Manifiesta que la actora ejerció el comercio durante todos estos años desde el año 2010, sin preocuparse por darse de baja y recién cuando deja de pagar en el año 2016, y genera deuda, pretende tachar de inconstitucional el tributo.
Sostiene que la propia actora solicita su habilitación, y abona la Tasa correspondiente hasta que en año 2016, y luego de un año de deuda inicia un expediente administrativo.
Destaca que la actora no acreditó que organismo público inspecciona la Seguridad e Higiene del local comercial (matafuegos, salubridad, etc)., así como tampoco ha adjuntado acta de Inspección por otra autoridad, ni doble imposición de pago de tasa. Por lo que resulta totalmente inoficiosa su pretensión.
Finaliza sosteniendo que es más que evidente que a través de su reclamo, lo que en realidad la actora pretende es cubrir y justificar su morosidad, injustificada e infundada.
III. Presentado el alegato de la parte actora, se encuentra en estado de dictar sentencia; y
I. Que con fundamento en expresas disposiciones constitucionales (arts.41 y 42 Const. Pcial.) el Máximo Tribunal local registra precedentes que informan, que la regulación de todo lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales es facultad exclusiva de la legislatura y que el ejercicio de una profesión reglada por una ley, supone la existencia de un complejo de deberes y derechos, mucho más si a través de ella se crean órganos con atribuciones de las que, normalmente, pueden ser ejercitadas con exclusividad por el Estado, como la de aplicar sanciones disciplinarias que llegan hasta la máxima de cancelación de la matrícula. Tales atribuciones configuran un verdadero poder de policía que abarca todos los aspectos inherentes al ejercicio profesional, de modo que la intervención del poder comunal (en forma de ejercicio del poder tributario) produciría un quebrantamiento legal con la consiguiente lesión de una norma superior de derecho público (cfr. SCBA causas I. 1240, "Aldazabal", sent. del 30-VI-87; I. 2164, "Gonnet", sent. del 23-IV-03; I 67878 sent. del 5-4-2006 "Colegio de Odontólogos Distrito VII c/ Municipalidad de General Villegas s/ Inconstitucionalidad ordenanza 4008/03").
En materia de los profesionales farmacéuticos, se ha dicho que es incuestionable el carácter liberal de la actividad de los farmacéuticos -regulada en lo que al ejercicio profesional se refiere por la ley provincial 6682- y la naturaleza legalmente atribuida de servicio publico impropio que importa la farmacia como extensión del sistema de salud provincial (art.1 y 3 ley 10.606) (CCAMdP, causa "Farmacia Española S.C.S. C/ Munic. Bahía Blanca s/ Pretensión declarativa de certeza" sent. del 08/09/09). Agregando, el citado Tribunal de Alzada, que no es posible separar el ejercicio de la actividad profesional del lugar o ámbito físico donde esta se realiza para justificar la causa de la imposición tributaria local en la seguridad, salubridad e higiene de tal espacio (v. pto II, 3, de la resolución citada).
En el mismo sentido, la Cámara del fuero con asiento en La Plata, ha expresado que lo referido a la seguridad e higiene de los locales de farmacia también es un aspecto sobre el cual recae la potestad reglamentaria del art. 42 de la Constitución Provincial. Afirmando que, "... Se trata, en suma, de un servicio público provincial librado a la iniciativa y actividad de los profesionales matriculados y, como tal, sujeto al poder de regulación del estado provincial. No admite, así, atribuciones concurrentes ni excepciones que autoricen un criterio a favor de los gobiernos comunales, ajenos a esa competencia constitucional" (CCALP, "Farmacia Lipsten S.C.S. C/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Pretensión anulatoria", sent. del 19/02/08).
A su vez, conforme se desprende de la ley 10.606, la practica del profesional farmacéutico matriculado (cfr. ley 6682), involucra la titularidad y dirección técnica de la actividad de farmacia, que como se anticipo precedentemente, se encuentra legalmente definida como un servicio de utilidad pública para la dispensación de los productos destinados al arte de curar, de cualquier origen y naturaleza, así como la preparación de fórmulas magistrales y oficinales, material aséptico, inyectables, productos cosméticos o cualquier otra forma farmacéutica con destino a ser usadas en seres humanos (cfr. Arts. 1, 14 y 21 de la ley 10.606).
II. Que he tenido oportunidad de pronunciarme en un antecedente similar -causa "Luciani", n° 5657-, y reproduciendo argumentos allí vertidos, he de propiciar respuesta al planteo de la actora centrando el punto de inflexión para la solución del caso en el análisis de la obligación de pago de la Tasa de Seguridad e Higiene cuestionada en función de una previa habilitación como " Farmacia" -obrante en el expte. administrativo n° 91075, agregado a fs. 30/79-, y por otra parte en la situación fáctica de la actividad desplegada por la actora, en la que tiene especial incidencia la prueba aportada en autos.
Es decir, resolver si la pretensión tributaria comunal en este caso en particular, se fundamenta en el desarrollo de la profesión de farmacéutico -cuyo ejercicio reglamenta la normativa provincial-, o en una actividad comercial ajena a la dispensación de productos farmacéuticos, pues según sostiene la autoridad administrativa demandada, la actividad realizada por las farmacias es mucho mas amplia que el ejercicio profesional que regula la ley 10.606.
Y aquí debo resaltar, que no existe dictamen ni menos acto administrativo que permita dilucidar cual es el aspecto comercial por el cual se fundamenta el Municipio para sostener la negativa a la baja solicitada respecto a la inscripción como sujeto pasivo de la Tasa de Seguridad e Higiene, así como de la deuda por ella generada a partir del mes de junio del año 2016. Ello, mas allá de los tibios argumentos expuestos en la contestación de demanda, no sostenidos por prueba documental alguna.
Así, el nudo de la controversia conduce entonces a determinar, si en la farmacia de la actora se desarrolla una actividad ajena a los contornos que define el ejercicio profesional de aquella.
III. Analizada la prueba, a mi juicio no asiste razón a la comuna demandada en su pretensión tributaria, en razón que de las constancias obrantes en el expediente administrativo allegado, no se desprenden elementos suficientes que arrojen como resultado el despliegue de una actividad que extralimite el ejercicio de las incumbencias profesionales de los farmacéuticos.
En efecto, el argumento sostenido por la comuna no encuentra correspondencia fáctica en el tramite administrativo. Por el contrario, del expediente administrativo de habilitación n° 91075 -y a excepción de una inspección realizada en fecha 22 de diciembre de 2009 que luce a fs. 46, en la que el Inspector vuelca en el acta como actividad comercial "Farmacia y Perfumería"-, lo cierto es que la habilitación otorgada por la Comuna es para la explotación comercial en el rubro "FARMACIA" -el resaltado me pertenece-.
Por otro lado, y como bien manifiesta la actora, amén de la solicitud que realizó en su hora y de los pagos realizados respecto a la Tasa en cuestión, nada permitía al Municipio en base a aquella habilitación otorgada para un rubro ajeno a sus incumbencias, a mantener cautiva a la actora respecto del pago de la Tasa en cuestión, cuando normativa de jerarquía superior sujeta esa actividad profesional a la competencia de la autoridad provincial.
Ante lo expuesto, claro resulta que la postura del Municipio resulta huerfana de todo fundamento, jurídico y fáctico. IV.- A esta altura debo traer a colación lo dispuesto por la Ordenanza General N° 125/71 -que destaco no se encuenta discutida en autos su vigencia- que dispone en su artículo 1° que "La actividad desarrollada por las farmacias, en cuanto constituya el ejercicio de una profesión liberal, no se considerará comprendida en el hecho imponible determinado por las ordenanzas tributarias municipales para el pago de la tasa por habilitación de comercio e industria y de la tasa por inspección de seguridad e higiene".
También que el artículo 2° de la misma norma dispone que "Las tasas referidas en el artículo anterior serán percibidas por las municipalidades, respecto de las actividades que desarrollen las farmacias, únicamente en cuanto sean rubros anexos y ajenos al ejercicio profesional, tales como perfumería, cosmética, artículos de goma o similares".
Ello sin dejar de tener presente que la Ley Orgánica de las Municipalidades (Dec.Ley 6769/58) estatuye respecto a las atribuciones deliberativas del Municipio de donde surge la de reglamentar: "La radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la provincia y que atribuyan competencia a organismos provinciales " (art. 27 inc. 1 de la LOM).
Para cerrar la cuestión me apoyo en lo decidido por la Alzada propia de este órgano a mi cargo, que fijo su postura respecto al tema, exponiendo: "... Es que, teniendo en cuenta los principios de legalidad, certeza y simplicidad, como así también el tema sustancial debatido - exención tributaria - y la normativa citada, la Ordenanza General Nº 125/71 se encuentra vigente en lo que respecta a la exención en cuestión y, por lo tanto, la Farmacia Central Morón S.R.L. está exenta de la Tasa Municipal por Inspección de Seguridad e Higiene en lo que se refiere a la actividad de farmacia...(Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín, causa n° 2223/10, "ANTIGUA FARMACIA ROSSI DE CASTELAR", sentencia confirmada por la SCBA, en la causa A-74349 del 21/06/2018).
Adicionando que en la misma línea, reiterada y actual doctrina del Superior Tribunal Provincial pone claridad al tema, al referir que : " ... En tal contexto, la interpretación y aplicación que ha realizado la Cámara de las disposiciones legales en cuestión (ordenanza general 125/71 y ley 10.606), se corresponde con lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite (B. 66.027, "Antigua Farmacia Cravena S.C.S.", sent. de 10-VII-2013; A. 73.303, "Farmacia Central Morón SRL", sent. de 22-XI-2017), lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Allí se estableció que la actividad de dispensación de productos farmacéuticos en el marco de las específicas incumbencias profesionales resulta exenta de la tasa por inspección en seguridad e higiene (conf. arts. 1 y 2, ord. gral. 125/71), y se puntualizó que ello es así con total independencia de la forma jurídica bajo la cua
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