Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 31059
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la medida cautelar peticionada en cuanto intima al pago de la tasa con más sus intereses (v. pto 2 del Resolutorio de fs.136 del Expte. Administrativo).-
2Dar cumplimiento con el pago previo conforme ordena el art.19 del CPCA, rechazando la constitución de un seguro de caución.-
3Imponer las costas a la actora en su calidad de vencida. (Cfme. doctrina causa: "DOMATO" (Expte. 26271) en trámite ante este Juzgado y CCASM causa 6480 "RACCO").-
Estos autos caratulados "EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE ALBERTI S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 31059, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
I. Que a fs. 123/158 se presenta el Dr. Carlos Laborde, en su doble carácter de apoderado y patrocinante de Embotelladora del Atlántico S.A, solicitando como pretensión de fondo la anulación del Decreto N° 732/17 dictado por el Intendente de la Municipalidad de Alberti en fecha 22/08/2017 y de los actos que lo precedieron, y que determinó que su mandante debía abonar por Derechos de Publicidad y Propaganda, correspondientes al período 2010, la suma de $20.720 con mas los intereses devengados hasta la fecha de pago.-
II. Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa. Funda su pretensión en derecho y ofrece prueba.-
III. Que, conjuntamente, solicita se ordene como medida cautelar en los términos del art.25 del CPCA, la suspensión de la ejecución y/o la prohibición de innovar prevista en el art.230 del CPCC, respecto de dicha Resolución, a fin de que mientras tramita el proceso judicial ordinario que se inicia, se suspenda preventivamente su ejecución, toda vez que se encuentran plenamente reunidos los presupuestos exigidos para su procedencia.-
En cuanto a la verosimilitud del derecho, dice que las razones que lo sustentan son aquellas que fundamentan la nulidad del Decreto N°732 como el planteo efectuado respecto a la ilegitimidad de la Tasa y que resume en los siguientes puntos a decir: 1.- que la Resolución y el procedimiento que llevó a su dictado adolecen de serios y manifiestos vicios que desvirtúan por completo la presunción de legitimidad de los actos administrativos. La falta de publicación en el Boletín Oficial de las normas que sirven de base a la determinación impugnada, resultan ser - a su entender- un prueba de la ilegitimidad del acto; 2.- se ha violentado el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que su mandante no tuvo la oportunidad de ser oída; 3.- que la Tasa requerida resulta ilegítima, por cuanto no se han prestado en forma efectiva e individualizada los servicios que justifican su cobro; 5.- finalmente que la determinación practicada por la Municipalidad afecta gravemente el derecho de propiedad de EDASA.-
Alega que, la falta de otorgamiento de la medida cautelar solicitada, altera la situación económica de su mandante, en tanto refiere que, a consecuencia de ello, sufrirá el embargo de sus cuentas bancarias, con el consecuente corte de la cadena de pagos tanto respecto de los proveedores como del personal que en la actualidad supera los 3.000 empleados.
Luego en cuanto al requisito del peligro en la demora dice que el mismo aparece acreditado con el hecho de que el Decreto 732 confirma la determinación de la supuesta deuda intimando a su mandante a cancelar la deuda, y que por ello, alega que resulta claro y evidente que de no decretarse la medida cautelar que se solicita, la eventual sentencia que se dicte carecerá de todo sentido práctico.
En tal sentido indica que el peligro en la demora surge de la misma posibilidad de que la Municipalidad ejecute y perciba los accesorios de un tributo, de significativa magnitud sin tener derecho a ello, importando un peligro que no es inminente sino actual.-
Finalmente destaca que, si se negara la medida solicitada, basada en la solvencia patrimonial de la empresa, se configuraría una grave violación al principio de igualdad contemplado en el art. 16 de la CN pues solo tendrían acceso a las medidas cautelares las personas sin capacidad económica.
Por último dice que el otorgamiento de la medida no afecta el interés público.-
IV. A su vez, solicita la no exigencia del pago previo diciendo, que su mandante solicita la medida cautelar de suspensión de la Resolución, en todos sus términos, y que dicha petición conlleva la exención en el pago de todos los rubros determinados por la comuna (tributo, intereses y multas) y que una vez concedida dicha medida, ello torna innecesario y abstracta la revisión del requisito de pago previo contemplado en el art.19 del CPCA.-
Que sin perjuicio de dicho fundamento y para el caso de que se rechazara la medida cautelar pedida, sostiene que no resulta razonable que para someterse a derecho, previamente su mandante deba abonar el capital reclamado en el decreto que se impugna.-
En tal sentido sostiene que al cuestionarse la legitimidad del tributo, conforme las circunstancias que expone, debe eximirse del solve et repete.-
Refiere que dado el grado de arbitrariedad con que ha actuado la comuna, es que solicita que se exima a su mandante de cumplir con el pago previo como condición para obtener una revisión judicial de la resolución cuestionada.
Manifiesta que si a pesar de todo ello, se resolviera cumplir con el requisito del pago previo, deja solicitado, que se autorice la constitución de un seguro de caución, en lugar de exigir el pago en efectivo, pretendiendo con ello, no eximirse del cumplimiento, sino a los fines de conciliar los intereses de las partes implicadas en la contienda.-
Por último funda en derecho su pretensión, cita jurisprudencia y ofrece como contracautela caución juratoria.-
V. Con fecha 11/12/2018 se requiere a la autoridad administrativa accionada, que remita los actuaciones administrativas que dieron origen al reclamo y el informe sobre todo lo relacionado con la cautelar solicitada -art.23 inc 1° del CPCA- .-
VI. Que con fecha 03/04/2019, se presenta el Dr. Daniel Oscar Palazzo, apoderado de la Municipalidad de Alberti, y procede a contestar el informe solicitado.
VII. Atento el estado de autos, pasan las actuaciones a despacho para resolver.-
En cuanto a la medida cautelar pedida:
1. El Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).-
2. Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
3. Abordado el examen de la petición cautelar bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.-
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega el actor adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (art. 22º inciso 1º a, C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.-
En efecto y en cuanto al hecho alegado respecto de la inexistencia de publicidad propaganda y por lo tanto, del hecho imponible, sin perjuicio de que el debate sobre este extremo encontrará territorio de decisión en la instancia de la sentencia definitiva, lo cierto es, que los vicios que alega (falta de fundamentación, motivación y violación al derecho de defensa), no resultan de una magnitud tal que permitan sortear el valladar de la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo, presunción que se mantiene inalterable, en la medida que el peticionante no cumpla con su carga de demostrar la verosimilitud del derecho que alega.-
De esta manera, no se verifica con las constancias probatorias arrimadas a la causa, con el título de verosimilitud que se requiere en esta oportunidad -en el conocimiento periférico que permite, reitero, esta instancia preliminar- una demostración que evidencie, al menos en grado mínimo, que el actor no resulte ser el sujeto pasivo de los tributos cuestionados y exigidos por la comuna.-
A su vez, de la resolución cuestionada, se desprende que la misma ha sido dictada en una materia en la que la comuna cuenta con facultades legales propias y en consecuencia, el acto dictado no aparece reñido con un uso razonable de aquellas, las que a su vez, le dan sustento normativo.-
4. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada, ello es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.-
5. Sin perjuicio de ello, y respecto del requisito de peligro en la demora, el accionante no ha acreditado de modo particularizado el perjuicio o daño inminente que alega -de gravitación económica o funcional para la empresa- que el periculum in mora involucra a su respecto en el caso.-
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Martín, a los fines fundamentar el rechazo de la medida cautelar de suspensión del acto, dijo respecto del requisito de peligro en la demora que "Los fundamentos invocados no alcanzan para considerar configurado tal requisito. La sola referencia a la existencia de un peligro o grave afectación a una situación de hecho o derecho no resultan suficientes para acceder a lo solicitado, sino se indica, en grado de probabilidad, de qué modo concreto y exacto podría incidir el pago de ese monto al normal desenvolvimiento de la firma... Por lo tanto, al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (cfr. art.22 del CCA), ello es suficiente para revocar la medida concedida..."(CausaNº3199 "Gillette" del 19/06/2012, apart.6).-
En cuanto a la exigencia del pago previo (art.19 del CPCA):
I. Al respecto cabe destacar, que la obligación del pago previo en materia tributaria, constituye un requisito de admisibilidad formal de aquellas pretensiones anulatorias, que se articulen contra actos administrativos que imponen o determinan obligaciones de naturaleza tributaria, cuyo cumplimiento el juez deberá verificar, antes de proseguir el proceso.-
Asimismo, se advierte que, el accionante, no controvierte la constitucionalidad del art.19 del CPCA, ni esgrime argumentos que pongan en evidencia la desproporción del monto exigido o la falta de los medios necesarios para hacer frente al pago del tributo, como así tampoco aportó elementos de juicio que constituyan indices reveladores de su estado patrimonial, extremos que en el caso hubiesen permitido analizar, si nos encontramos ante el supuesto de excepción previsto por el art. 19 inc.3 apartado "a", o la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio de pago previo, a fin de evitar que ese recaudo se traduzca en un menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional (conf. doctrina fallo SCBA LP 04/08/2016 "Agrotransporte Conesa S.A. s/ Apelación Resolución administrativa. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de Ley").-
II. Por ello, y ante la falta de ofrecimiento de toda prueba que acredite -en el caso concreto de autos- que nos hallamos frente a un supuesto de denegación de justicia, es que corresponde dar cumplimiento con la obligación que impone el art.19 del CPCA.-
III. En cuanto al pedido de constituir un seguro de caución a los fines de dar cumplimiento a la exigencia que impone el art.19 del CPCA, cabe adelantar su rechazo, al respecto tiene dicho nuestro Superior Tribunal Provincial en tal sentido: " ...debe recalcarse que si la exigencia del pago previo procura la normal y oportuna percepción de los recursos ordinarios del fisco, es obvio que resulta ineficaz a ese fin que la suma sea integrada con un seguro de caución, pues tal procedimiento no constituye siquiera un pago en los términos de las normas que rigen el instituto. Es que como tiene dicho este Tribunal el principio de que el pago de un gravamen debe necesariamente ser previo a toda acción judicial que lo cuestione, halla su fundamentación jurídico- política en la necesidad de que el Estado recaude inmediatamente sus rentas. Por lo que diferir el pago de un gravamen a la decisión de los tribunales constituiría un inconveniente peligroso, pues dejaría a la Administración Pública en condiciones de no atender sus obligaciones, tendientes todas a la satisfacción del intereses de la colectividad (cfr. doctr. causa B 64768 "Aguas Argentinas S.A contra Provincia de Buenos Aires del 27/09/2006).-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los art. 166 últ. párrafo, 171, 190 y 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
1. Rechazar la medida cautelar peticionada en cuanto intima al pago de la tasa con más sus intereses (v. pto 2 del Resolutorio de fs.136 del Expte. Administrativo).-
2. Dar cumplimiento con el pago previo conforme ordena el art.19 del CPCA, rechazando la constitución de un seguro de caución.-
3. Imponer las costas a la actora en su calidad de vencida. (Cfme. doctrina causa: "DOMATO" (Expte. 26271) en trámite ante este Juzgado y CCASM causa 6480 "RACCO").-
NOTIFIQUESE. REGISTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia interlocutoria registrada bajo el n°...........2019.-
Fin de la sentencia