Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 13781 2017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la pretensión articulada por el señor Alberto Sergio Fitipaldi contra el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
2Imponer las costas por su orden (art. 51 inc.1º del CPCA - texto según Ley 13.101).-
3Teniendo en cuenta que los honorarios han sido devengados bajo la vigencia del Dec.Ley 8904/77 (SCBA, "MORCILLO", I-73016 del 8/11/17), regular los honorarios del Dr. Marcelo Hugo Monaldi, (T°IV, F° 206 C.A.M.) en su carácter de letrado patrocinante de la actora, teniendo en cuenta lo reclamado en la demanda, en la suma de cuatro (4) Ius, (art.10, 15, 16, 22, 23 y cctes. D. Ley 8904), cantidad a la que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y el I.V.A. en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante.-
En relación al Sr. Representante del Fiscal de Estado y atento a como se distribuyen las costas, no se regulan honorarios en virtud de encontrarse comprendido en el supuesto previsto en el art.18 del Dec.Ley 7543/69 (t.o. Decreto 969/87 y sus modif. posteriores).
Expte. Nº 13781 .-
Autos:"FITIPALDI ALBERTO SERGIO C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTRO/A S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, de Diciembre de 2017.PB
VISTOS Y VISTOS:
Estos autos caratulados "Fitipaldi Alberto Sergio c/ Ministerio de Seguridad y otro/a s/ Pretensión Anulatoria", expediente Nº 13781, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs 52/56 se presenta el señor Sergio Alberto Fitipaldi, por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Hugo Monaldi, promoviendo demanda contra el Ministerio Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la anulación de la resolución 2249, la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 4034/06, y el pago de diferencias de remuneraciones por atribuciones y ejercicio de competencias de mayor jerarquía, con motivo de su desempeño como Jefe de Policía Comunal de la ciudad de Marcos Paz, en el periodo de septiembre de 2008 a enero de 2010.-
A los fines de clarificar su relato, inicia el mismo refiriendo que ingreso como cadete de la escuela Vucetich el día 2 de mayo de 1987, habiéndose desempeñado en las diferentes categorías del escalafón de la policía de la Provincia de Buenos Aires.-
Manifiesta que en el mes de septiembre de 2008, mientras revestía en la categoría de capitán de la fuerza mencionada, fue asignado para el ejercicio de funciones de mayor jerarquía y competencia, es decir como Jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Marcos Paz, asignación de cargo efectuada por el Jefe Departamental de Merlo -comisionado Hugo Luis Lueje- por directivas impartidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.-
Relata que desde el mes de septiembre de 2008 hasta el mes de enero de 2010 el actor se desempeño en el ejercicio de funciones como Jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Marcos Paz, pero percibiendo durante todo el periodo una remuneración correspondiente a la categoría de capitán, es decir inferior a la que le correspondía por la mayor atribución de competencia que le fuera asignada.-
Refiere que en fecha 6 de octubre de 2008 se presento ante el Departamento Fiscalización de Asignaciones Ministerio de Seguridad de La Plata, el correspondiente reclamo administrativo solicitando se le otorgara la diferencia salarial existente como retribución por mayor atribución de competencias según lo estipulado en el Decreto 4034/06 de la legislación policial de la provincia de Buenos Aires, según surge del expediente 21.1003960/08.-
Indica que dicho reclamo no tuvo recepción positiva, toda vez que según resolución 2249, el Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, resolvió desestimar el reclamo por considerar que no se hallaban cumplimentados la totalidad de los recaudos previstos en el Decreto 4034/06.-
Dice al respecto que el Decreto en cuestión, reglamentario de la Ley 13.201, dispone en su art. 1 que para tener derecho a percibir la diferencia de sueldo existente como mayor atribución de competencias, exige que la designación del agente haya sido dispuesta mediante acto administrativo dictado por autoridad competente.-
Y refiere que, si bien no ha existido acto administrativo expreso de designación de funciones como Jefe de la Policía de Seguridad Comunal, lo cierto es que a partir del 18 de septiembre de 2008 y hasta el mes de enero de 2010, el actor ejerció las funciones y desarrollo las actividades propias de dicho cargo.-
Manifiesta que el Decreto 4034/06, en cuanto impone que hubiera acto administrativo expreso de designación para acceder a la remuneración por el ejercicio de mayores competencias resulta inconstitucional por cuanto vulnera el principio de igualdad ante la Ley (art. 16 Constitución Nacional), así como el principio establecido en el art. 14 bis del texto constitucional, que exige igual remuneración por igual tarea.-
Finalmente solicita se declare inconstitucional el Decreto 4034/06 y se decrete la nulidad de la resolución 2249, en cuanto se fundamenta en una norma inconstitucional.-
Luego, en capítulo aparte, práctica liquidación en concepto de diferencia de remuneración, la que asciende a la suma de $ 14.177,85.- Seguidamente, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
II. Que a fs. 63 el actor presenta escrito ampliando demanda y acompañando documental.-
III. Que mediante al resolutorio de fs 75, se declara admisible la demanda interpuesta, procediendo a correr traslado de la misma.-
IV. Que a fs 97/104 se presenta el Dr. Juan Pablo Portesi, apoderado de Fiscalía de Estado en representación de la demandada y contesta demanda.-
Destaca que en autos no se reúnen los requisitos establecidos por la ley para otorgar la bonificación por mayor función, resultando inadmisibles e improcedentes los planteos de inconstitucionalidad que formula el actor, debiendo por ello rechazarse la pretensión en todos sus términos.-
Refiere que con la entrada en vigencia de la Ley 13.201 y su decreto reglamentario se determina un nuevo régimen salarial para el personal de la policía, el cual inicialmente no contemplaba la bonificación en cuestión.-
Agrega que recién con el Decreto 4036/06 se incluyo la bonificación en cuestión, pero el nuevo régimen mantiene como condición para el reconocimiento de la bonificación referida, la exigencia de un acto administrativo de designación formal por parte de la autoridad competente, así como con el régimen general que rige para todo el personal de la administración publica, donde también se contempla la exigencia de un acto administrativo de designación formal para habilitar el pago del adicional por mayor función.-
Refiere que, la actora no tuvo un acto de designación formal en la mayor función que invocara a los fines de promover su reclamo salarial. Esta circunstancia descarta objetivamente la procedencia de la demanda intentada, acercándola a un supuesto de improponibilidad objetiva de la pretensión, que justifica su rechazo.-
En cuanto a la inconstitucionalidad, señala que resulta infundado el reproche de la actora, ello así porque dicha exigencia -universal e imperativa para todos los empleados públicos- no responde a ninguna finalidad discriminativa o persecutoria, sino que tiene su razón de ser en la necesidad de resguardar la formalidad en el desempeño de la administración pública y en la justificación de sus erogaciones.-
Y resalta que, no existe violación alguna al principio de igualdad (16 CN), ni tampoco al principio de igual remuneración por igual tarea (14 bis CN), sino regulación razonable del régimen de empleo público (art. 28 CN).-
Refiere que, si bien el actor señala que la ley aplicable viola la garantía de igualdad (16 CN), no explica cual es la discriminación que hace la ley, ni cual es el distingo o privilegio que otorga a unos y que niega a otros. Ocurre que la ley es pareja y exige el acto de designación formal para habilitar las mayores funciones al universo de agentes públicos provinciales, no solo policiales (art. 1 Dec. 4036/06).-
Tampoco resulta acertado el reproche que se formula con base en el principio de igual remuneración por igual tarea (14 bis CN), y refiere que en el presente caso no existen diferenciaciones arbitrarias sino fundadas en la forma de acceso a la mayor función que legitiman establecer una distinción.-
Por último ofrece prueba y peticiona.-
V. Una vez producidas las pruebas ordenadas a fs. 112, y presentados los alegatos por la demandada con fecha 11/07/2017, se llama autos para sentencia y;
1. Que el actor solicita en autos la nulidad de la Resolución N° 2249/10, acto mediante el cual el Ministro de Seguridad rechaza el pedido de bonificación por mayor función peticionado por el accionante, durante el periodo que ejerció la función de Jefe de Policía Comunal de Marcos Paz, solicitando en consecuencia el pago de la diferencia de haberes entre el cargo de Capitán y el de Jefe de Policía Comunal.-
El acto administrativo suscripto por el Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires rechaza la petición por no hallarse reunidos en autos la totalidad de los recaudos exigidos por el Decreto N° 4036/06.-
2. La demandada por su parte invoca la validez del acto administrativo aquí cuestionado, manifestando que en el caso no se reúnen los requisitos establecidos por ley para otorgar la bonificación por mayor función.
3. En principio se impone destacar que no existe controversia entre las partes en cuanto a que la designación del actor como Jefe de la Policía Comunal de Marcos Paz, no fue hecha conforme lo establece el artículo 1 del Decreto 4036/06, es decir, mediante acto administrativo emanado de autoridad competente.
Véase que la actora misma reconoce este hecho en su escrito de demanda al decir, ".que si bien no ha existido acto administrativo de designación de funciones como Jefe de Policía de Seguridad Comunal." (v. fs. 53 escrito demanda).-
Para mayor claridad cabe realizar una breve reseña de las actuaciones administrativas (21.100-393.060/08) tramitadas al respecto y que culminan con la resolución atacada por el actor.
a.- Que con fecha 6 de octubre de 2008 el señor Sergio A. Fitipaldi presenta nota solicitando se le otorgue la diferencia salarial existente como "Retribución por mayor atribución de competencias", según lo estipulado en el artículo 1 y 2 del Decreto 4034/06 de la Legislación Policial de la Provincia de Buenos Aires.-
b.- A fs. 2 luce fotocopia del acta donde consta que el Jefe Departamental de Merlo, Hugo Luis Lueje designa como Jefe Comunal de Marcos Paz al capitán Sergio Alberto Fitipaldi.-
c.- A fs. 8 obra constancia del Departamento de Movimiento de Personal, el cual informa que según los registros obrantes no hay constancia que designara al causante en el cargo citado en autos.-
d.- A fs. 10 obra dictamen de la Dirección de Asesoría Letrada, que refiere que se ve impedida de aconsejar tramite favorable al pago de las diferencias salariales en los términos del art. 45 de la Ley 13.201 y concordantes del Decreto 4034/06, por cuanto no existe acto administrativo expreso de designación dictado por autoridad competente, tal como lo requiere la norma reglamentaria citada.-
e.- A fs. 13 obra dictamen de Asesoría General de Gobierno y considera que corresponde desestimar la petición impetrada por el capitán Sergio Alberto Fitipaldi.-
f.- A fs. 31 la Contaduría General emite dictamen, por el cual entiende que la situación del interesado no se encuentra alcanzada por los lineamientos del Decreto 4034/06, correspondiendo el rechazo de su pretensión.-
g.- A fs. 33 la Fiscalia de Estado refiere que, en sentido concordante con lo manifestado por los organismos preopinantes, considera que no corresponde hacer lugar al pago de la bonificación pretendida, a cuyo efecto deberá dictarse el pertinente acto administrativo desestimatorio.-
h.- A fs. 36 obra resolución 2249/10 por la cual se resuelve desestimar el reclamo formulado por el peticionante.-
4. Expuestos los antecedentes del caso y tal como se desprende de las posiciones expuestas por las partes, el tema se centra en resolver respecto de la legitimidad de la resolución cuestionada -resolución del 16 de noviembre de 2010 (V. fs. 36 del expte. adm.), para lo cual habrá de analizarse si a la luz de la normativa vigente, la aquí actora, debía percibir la bonificación por función de mayor jerarquía.-
A tal efecto, juzgo necesario efectuar una reseña de las normas legales invocadas.-
La ley 13.201, en su art. 45 dispone que "La remuneración deberá compensar la responsabilidad inherente al grado, al desempeño del cargo, la mayor atribución de competencias y el rendimiento efectivo en la tarea asignada, para lo cual la reglamentación podrá establecer un segmento de remuneración fija y otro variable"
A su vez el art. 1 del Decreto 4034/06, decreto reglamentario del art. 45 de la ley 13.201, establece que "El agente policial que se desempeñe en algunos de los cargos previamente establecidos por el nomenclador de funciones aprobado por el Ministerio de Seguridad y que se encuentre previsto en la estructura orgánica de las policías de la provincia de Buenos Aires, en un grado superior al de su situación de revista, tendrá derecho a percibir la diferencia de sueldo existente como retribución por mayor atribución de competencias, siempre que su designación haya sido mediante acto administrativo dictado por autoridad competente, y su desempeño sea superior a treinta día corridos, no computándose a esos fines la suplencia del titular del cargo en uso de las licencias ordinarias previstas por la legislación respectiva".-
Como se desprende de las normas citadas, el art. 45 de la ley 13.201 establece la remuneración a la mayor atribución de competencias, y el Decreto 4034/06 procede a reglamentar dicha compensación.
El art. 1 del Decreto citado establece los requisitos que debe cumplir el agente policial para poder gozar del beneficio aludido. Al efecto dispone como uno de los requisitos, que la designación en el cargo haya sido dispuesta mediante acto administrativo dictado por autoridad competente.-
En este punto es donde la actora yerra en su pretensión, ya que como se expuso precedentemente es ella misma quien reconoce en el escrito de demanda que no ha existido acto administrativo expreso de designación de funciones como Jefe de Policía de Seguridad Comunal de Marcos Paz, y es lo que me conduce a concluir que no existe razón a la actora en el reclamo que intenta.-
Siguiendo el análisis propuesto, la norma en cuestión otorga un beneficio, que es el de bonificación por mayor función, pero a su vez, para acceder a dicho beneficio establece ciertos requisitos, uno de los cuales dispone que dicha designación debe efectuarse mediante acto administrativo emanado de autoridad competente.-
Es decir, que el texto de la norma resulta claro en cuanto al reconocimiento del derecho, como así también a los requisitos que debe cumplirse para acceder a dichos beneficios.
Ahora bien y conforme surge del expediente administrativo allegado el señor Fitipaldi fue designado en el cargo de Jefe de la Policía Comunal de Marcos Paz por el Jefe Departamental de Merlo, comisionado Hugo Luis Lueje con fecha 18 de septiembre de 2008 (v. fs. 2 expte. Adm. Acta de designación).-
Que a esa altura de las cosas, ya estaba vigente el Decreto 4034/06 reglamentario del art. 45 de la Ley 13.201, por lo que entiendo que se debía tener conocimiento de los requisitos legales establecidos por la norma y del mecanismo que imponía la misma para la designación de personal policial nuevos cargos.-
Y es bajo el examen de las coordenadas hermenéuticas precedentes sobre las que cabe concluir por lo hasta aquí analizado, que el acto administrativo cuestionados resulta legítimo, lo que me conduce inevitablemente a rechazar así, la pretensión anulatoria entablada.-
5. Por último, queda por resolver el planteo de inconstitucionalidad del Decreto 4034/06 efectuado por la actora en su escrito inicial (v. fs. 53 Pto. IV), cuestión que corresponde desestimar, en la medida que el accionante no ha explicado ni acreditado, de que forma y con que alcance, resulta agraviado con la aplicación de dicha norma.
Reiteradamente ha afirmado el Máximo Tribunal local que la atribución de decidir la inconstitucionalidad de preceptos legales sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (cfr.: SCBA, I 1494 S 23-12-1997, "López"; SCBA, I 1496 S 23-12-1997, "Caussanel"; SCBA, I 2169 S 3-12-2003, "Almirón"; SCBA, I 2223 S 4-6-2008, "Medipharma S.A."; SCBA, Ac 87787 S 15-3-2006, "Codarín", entre otras). De allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Un planteo de esta índole, para ser atendido, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con un no menos sólido fundamento que se apoye en las probanzas de la causa (SCBA, I 2027 S 27-12-2000, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea"; SCBA, I 2169 S 3-12-2003, "Almirón").
En el caso de autos el actor dice verse agraviado por cuanto el Decreto 4036/06 vulnera el principio de igualdad ante la Ley (art. 16 C.N.) y el principio de "igual retribución por igual tarea" (art. 14 bis C.N.). Conforme lo expuesto precedentemente el actor no pudo probar fehacientemente como es que el requisito establecido por la norma, que establece que la designación tiene que efectuarse por acto administrativo emanado de autoridad competente, vulnera o lesiona los derechos de este, ya que se entiende que dicho requisito es de aplicación para todos los agentes que conforman la Institución a la que él pertenece.-
Por lo demás, la exigencia de que medie en la especie un acto administrativo de autoridad competente, no se revela como un medio desproporcionado frente a la presencia del principio de jerarquía, que atraviesa la relación jurídica administrativa interna, en un organización estatal como la que involucra el caso y que permite, sin menoscabo del derecho del agente a la remuneración por mayor cargo, ejercer al superior sus deberes de control, tanto de legitimidad, como de oportunidad sobre la actuación del inferior.
Al respecto tiene dicho la SCBA en casos de cierta analogía al presente que, "La exigencia de un acto de designación viene impuesta por la norma del art. 120 del decreto ley 9550/1980. En ausencia de aquél, resulta inviable hacer lugar a la pretensión de cobro de diferencias salariales derivadas del desempeño de funciones de mayor jerarquía por el tiempo por el cual no fue expresamente reconocido a través de un acto de la autoridad competente, no siendo posible admitir la asignación de las tareas de un cargo superior mediante órdenes informales, toda vez que el principio en la materia es precisamente el contrario." DLEB 9550 Art. 120 Año 1980. (Causa A. 72.025 "Klappenbach, Santiago Miguel" 21/12/16).-
Por lo expuesto es que cabe desestimar el pedido de inconstitucionalidad efectuado.-
6. Costas: Imponer las costas por su orden (art. 51 inc.1º del CPCA - texto según Ley 13.101).
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 163, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 1, 2 inc.4°, 12 inc.1°, 51 del CPCA (ley 12.008 y sus modif.); art.163, 384 y cctes. CPCC y demás citas legales dadas;
1. Rechazar la pretensión articulada por el señor Alberto Sergio Fitipaldi contra el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
2. Imponer las costas por su orden (art. 51 inc.1º del CPCA - texto según Ley 13.101).-
3. Teniendo en cuenta que los honorarios han sido devengados bajo la vigencia del Dec.Ley 8904/77 (SCBA, "MORCILLO", I-73016 del 8/11/17), regular los honorarios del Dr. Marcelo Hugo Monaldi, (T°IV, F° 206 C.A.M.) en su carácter de letrado patrocinante de la actora, teniendo en cuenta lo reclamado en la demanda, en la suma de cuatro (4) Ius, (art.10, 15, 16, 22, 23 y cctes. D. Ley 8904), cantidad a la que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y el I.V.A. en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante.-
En relación al Sr. Representante del Fiscal de Estado y atento a como se distribuyen las costas, no se regulan honorarios en virtud de encontrarse comprendido en el supuesto previsto en el art.18 del Dec.Ley 7543/69 (t.o. Decreto 969/87 y sus modif. posteriores).
NOTIFIQUESE a sus beneficiarios y a los obligados a su pago con los recaudos del art. 54 de la Ley 14.967 y en los domicilios que en cada caso corresponda.-
Teniendo presente que los emolumentos de los peritos deben gu
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