Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 20373 2017
Expte.Nº 20373.-
Autos: "BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS SA C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS".-
Mercedes, de Septiembre de 2017.PB
Estos autos caratulados "BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS SA C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 20373, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 13/22 se presenta el Dr. Matias H. Ferrari en carácter de apoderado de Banco de Servicios Financieros S.A., iniciando demanda contra la Municipalidad de Lujan, pretendiendo la nulidad de la Resolución N° 258/2015, dictada el 02 de julio de 2015 por la Dirección de Defensa del Consumidor y Control de Concesiones de la Municipalidad de Lujan, por la cual resuelve imponer una sanción de multa de $10.000 a su representada, por supuesta infracción a lo normado en el Art. 10 ter y 35 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y lo normado en el art. 11 de la Ley 25065 de Tarjetas de Credito, ordenar la publicación a costa del Banco de Servicio Financiero y fijar en concepto de daño directo la suma de $716,21 a favor del Sr. Hector Osvaldo Pagani.-
Agrega que el Sr. Pagani se vinculo con Banco de Servicios Finacieros (BSF) a través de contrato de emisión de tarjeta suscripto en el año 2006, dando plena conformidad con las clausulas allí insertas, tomando cabal conocimiento de su contenido y habiendo recibido una copia del mismo.-
Relata que al momento de iniciarse las actuaciones administrativas, el Sr. Pagani registraba una deuda, que a esa fecha ascendía a la suma de $886,45, la cual tenia origen en la conducta irregular de pago mantenida por el denunciante durante la relación contractual.-
Refiere que de la simple lectura del art. 10 ter de la ley 24240, se advierte que la misma esta delimitada a las contrataciones realizadas en forma telefónica, electrónica o similar, los contratos celebrados a través de tales medios, podrán ser rescindidos de la misma manera.-
Al respecto manifiesta que el denunciante contrato los servicios de su mandante en forma presencial en el stand de BSF ubicado en el supermercado Norte de Lujan (hoy Carrefour), y que la supuesta solicitud de baja , habría sido cursada en forma telefónica, es decir por un medio distinto al utilizado para la contratación del servicio. A todas luces, lo razonable hubiera sido que el denunciante acreditara en forma alguna la existencia de la comunicación rescisoria, o bien, la realización de reclamos posteriores por ese motivo. Lo señalado pone de manifiesto la insalvable arbitrariedad del acto administrativo atacado, razón por la cual solicita se declare la nulidad del mismo.-
En cuanto a la supuesta infracción al art. 35 de la ley 24240 refiere que, no puede argüirse que BSF impuso unilateralmente el seguro de vida y seguro de Salud Plus, toda vez que los mismos están expresamente contemplados en el contrato de emisión de tarjeta de crédito, contrato que el denunciante consintió y suscribió.-
En cuanto a la contravención al art. 11 de la ley 25065 (LTC) Ley de Tarjetas de Créditos, refiere que, el contrato quedó perfeccionado desde el año 2006, cuando el señor Pagani suscribió el mencionado instrumento, y a partir de entonces el mismo se ha venido renovando en forma anual, de conformidad con lo oportunamente pactado, dice que, esta previsión es perfectamente licita y se encuentra autorizada por el art. 10 de la LTC.-
Manifiesta que es evidente que ante tal estado de cosas, la Dirección de Defensa al Consumidor de Lujan ha forzado una interpretación del principio "in dubio pro consumidor", que excede los limites de la razonabilidad, y por esto solicita la nulidad del acto administrativo atacado.- En relación al monto de la multa, explica que la misma resulta desproporcionada y violatoria de los parámetros impuestos por la LDC (art. 49), ya que se intenta multar a su mandante, con base en unas supuestas infracciones ya negadas y por las que, por otro lado, su mandante no obtuvo, ni podría haber obtenido beneficio patrimonial alguno.-
Indica que la resolución impugnada fija una indemnización por daño directo de $716,27, y la multa impuesta es de $10.000, en otras palabras, el perjuicio fue cuantificado en un monto más de 10 veces menor al de la sanción de la multa. Es por ello que solicita se declare la nulidad de la sanción económica impuesta a BSF.-
Finalmente funda en derecho, ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona.-
II. A fs. 37/40 se presenta el Dr. Claudio A. Ubertino Rosso en carácter de apoderado de la Municipalidad de Lujan contestando demanda, niega cada uno de los hechos expuestos en el escrito de inicio.-
Refiere que con fecha 11/06/2014 se presenta el Sr. Hector Osvaldo Pagani DNI 4.749.101 como denunciante ante la Dirección de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones, contra la firma Banco de Servicios Financieros S.A. de Carrefour por cobros indebidos, aludiendo que en el mes de julio del año 2013 sin deuda alguna dio de baja la tarjeta de dicha empresa.-
Refiere que ante dicha presentación se forman las actuaciones administrativas 4069-3929/14, el denunciante adjunta a su presentación fotocopias simples de las liquidaciones o resúmenes de la tarjeta, y se fija audiencia para el 1/07/14 a las 10:20 hs., notificando a la firma denunciada mediante carta documento.-
Manifiesta que ante la incomparecencia de la empresa denunciada a la primer audiencia se fija una nueva para el 16/07/14 a las 10:40 hs.
A su vez refiere que la entidad financiera se presenta con un escrito de fecha 14/07/14, suscripto por el representante de la firma pretendiendo con ello reemplazar la concurrencia a la audiencia, en la citada nota, el apoderado niega los hechos alegados en la denuncia, confirma la vinculación con el señor Pagani desde diciembre de 2006, alude la existencia de un saldo deudor de $727,28.-
Relata que con fecha 12/11/14, el denunciante se presenta y formula aclaraciones y alude haber dejado sin deuda la tarjeta y pedido su baja. De dicha presentación se corre traslado a la empresa denunciada, la cual ofrece la posibilidad de cancelar la deuda en cuotas.
Indica que con fecha 28/01/15 la Dirección de Defensa al Consumidor dicto la imputación al Banco de Servicios Financieros S.A. por la presunta infracción al Art. 10 Ter de la ley 24.240, por la presunta infracción al art. 35 de la misma norma, por la presunta infracción al art. 11 de la ley 25.065, otorgándole el plazo de 5 días para su descargo.-
Que con fecha 24/02/15 la denunciada contesta imputación, se tiene por presentado el descargo y se ordena la apertura a prueba, fijando audiencia para el 30/03/15, a la cual la empresa denunciada no compareció, dándole por perdida la prueba ofrecida.
Refiere que con fecha 2/07/15 la Municipalidad de Lujan dicta la disposición que impone la multa, la reposición de la tasa de actuación y la publicación a su costa de la citada disposición. Que con fecha 11/09/15 se recepciona el pago de $10.337,34.-
Refiere que la comuna ha cumplido con los recaudos procesales previstos en la Ley 13.133, por ende lo actuado reviste validez, y remarca el comportamiento procesal del Banco de Servicios Financieros que no asistió a las 3 audiencias fijadas, ofrece prueba y no la produce, por eso entiende que la autoridad de aplicación actuó en forma justa y equitativa.
Por último refiere que el criterio de razonabilidad de la sanción ha sido teniendo en cuenta la importancia y características económicas de la empresa y el principio de protección al consumidor, que en ningún caso debe entenderse que fue desmesurado.-
Finalmente ofrece prueba y peticiona.-
III. Luego con fecha 31/05/2017 se resuelve pasar los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal facultad la parte demandada, y por último con fecha 12/07/2017 se llama autos para sentencia y;
1. Que en el presente litigio se ventila la impugnación por BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. de una multa que le impusiera la Municipalidad de Luján -Dirección de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones- en el marco de las actuaciones administrativas N°4069-003929/2014 y mediante la Disposición N°258/2015 del 2 de julio de 2015 dictada por el Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Farm. Nestor H. Luciani.-
Que las actuaciones administrativas se formaron como consecuencia de la denuncia presentada por el Sr. Pagani por los perjuicios ocasionados a raíz de los cargos cobrados indebidamente por la empresa Banco de Servicios Financieros S.A. (Carrefour).-
2. Abordando ahora la evaluación del acto administrativo cuestionado, corresponde en primer lugar fijar los antecedentes que le sirvieron de fundamento y precisar las conductas que en aquella sede, han sido merecedoras de la sanción impuesta.-
a) Que a fs. 3 de las actuaciones administrativas N°4069-3929/2014 se presentó con fecha 11/06/2014 el Sr. Hector Pagani realizando denuncia ante la Municipalidad de Lujan -Dirección de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones- contra Banco de Servicios Carrefour (BSF) manifestando que la denunciada había efectuado cobros indebidos y que en julio de 2013, sin deuda alguna había dado de baja la tarjeta de crédito de dicha empresa.-
b) A fs. 16 se convoca a las partes denunciante y denunciado, a una audiencia conciliatoria.-
c) A fs. 21 obra agregada acta de primer audiencia de la cual se desprende, que solo se ha presentado el denunciante, y se deja asentada la incomparecencia de BSF S.A. -pese a estar debidamente notificada.-
En ese mismo acto, el denunciante ratifica su denuncia y solicita se fije nueva audiencia, convocándose a las partes a una nueva audiencia de conciliación.-
d) A fs. 33 obra agregada acta de la segunda audiencia de la cual se desprende, que nuevamente solo se ha presentado el denunciante, y se deja asentada la incomparecencia de BSF S.A. -pese a estar debidamente notificada.-
En ese acto el denunciante toma conocimiento de la presentación realizada por la denunciada enviada vía correo electrónico y que luce a fs. 28/30. Visto ello el denunciante ratifica la denuncia en todos sus términos y aclara que con fecha 18/06/2013 abona el monto de la tarjeta, dejando su cuenta en $ 0 y solicita la baja de la tarjeta de crédito y de todos los seguros.-
e) A fs. 54/56 la denunciada presenta escrito ratificando lo expuesto anteriormente y ofreciendo planes de pago a efectos de que el sr. Pagani cancele su deuda.-
f) A fs. 60/62 obra agregado el acto de imputación formulado por la administración por presunta infracción a los arts. 10 ter y 35 de la Ley 24.240 y art. 11 de la ley 25.065.-
g) A fs. 65/69 la empresa hace su descargo, solicitando se deje sin efecto la imputación efectuada y ofrece prueba.-
h) A fs. 81 luce acta de audiencia de la cual se desprende, que solo se ha presentado el denunciante, y no habiendo comparecido la imputada para la producción de la prueba ofrecida, se tiene por perdido el medio probatorio y se resuelve continuar las actuaciones según corresponda.-
h) A fs.82/85 se dicta el acto administrativo final -por el Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, sancionando a la empresa BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A con una multa pesos diez mil ($10.000,00) por haber infringido los arts. 10 ter y 35 de la ley 24.240 y art.11 de la ley 25.065.-
3. Que de manera preliminar, resulta oportuno determinar el marco normativo aplicable al caso. Es dable mencionar lo dispuesto en el art. 42 de la Constitución Nacional, en el cual se estableció que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno...".-
Por su parte el art.4 de la Ley 24.240 t.o. según Ley 26.361 dispone: "Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión".-
Sobre el particular, la razón de esta normativa se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, permitiéndole efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio en relación al cual pretende contratar, otorgándole al consumidor la posibilidad de reflexionar adecuadamente al momento de la celebración del negocio.-
De esta manera el deber de información encuentra su fundamento en la desigualdad que presupone que solo una de las partes se encuentra informada sobre un hecho que puede gravitar o ejercer influencia sobre el consentimiento de la otra, de modo tal que el contrato no hubiera llegado a perfeccionarse o lo habría sido en condiciones más favorables. Así la protección en favor del consumidor se sustenta en una suerte de "presunción de ignorancia legitima" (Ley Defensa del Consumidor 24.240 Comentada; Jorge Mosset Iturraspe - Javier H. Wajntraub; Editorial Rubinzal-Culzoni, pág.64/74).-
Ha dicho la jurisprudencia que "El derecho de información que el art. 42 de la Constitución Nacional reconoce al consumidor encuentra su correlato en el deber impuesto por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 a los proveedores de bienes y servicios. La finalidad perseguida por el art.4 de la Ley 24.240 consiste en buscar la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto de las ventajas y desventajas de los servicios que contrata y encuentra su razón de ser en la necesidad de suministrar a aquél conocimientos de los cuales legítimamente carece, con la finalidad de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio que pretende contratar. (CNFed.CAdm., sala II 4-11-97 "Diners Club Argentina S.A.c/ Secretaria de Comercio e Inversiones).-
3.1. Ahora bien, bajo tal contexto corresponde tratar los agravios del accionante dirigidos a cuestionar la primera de las imputaciones que la autoridad administrativa le formuló, referida a la transgresión del art. 10 ter de la ley 24.240, esto es modos de rescisión del contrato.-
Establece la norma "Modos de rescisión. Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario".-
Entendió el aquí actor, que la norma se encuentra delimitada a las contrataciones realizadas en forma telefonica, electrónica o similar, y que los contratos celebrados a través de tales medios podrán ser rescindidos a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación y dice que tales extremos no están presentes en la cuestión en debate, ya que el denunciante contrató la tarjeta en forma presencial en el stand de BSF, ubicado en el entonces supermercado Norte de Lujan (hoy Carrefour), y la supuesta baja que alega el señor Pagani habría sido por un medio distinto al utilizado para la contratación del referido servicio.-
A tal efecto sostengo lo señalado por la autoridad administrativa en relación a la carga de la prueba, es decir de poner el peso de la prueba en cabeza de quien se encuentra en mejores condiciones de acercar prueba a la causa, sin importar si es actor o demandado "la superioridad técnica, la situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole o complejidad del hecho de acreditar en la litis, generan el traslado de la carga probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar" Marcelo Lopez Mesa; "La doctrina de las cargas probatorias dinámicas" Tomo Zeus N° 76, pag. 1.-
Y es la actora quien tenía mejores posibilidades de probar si el denunciante había llamado o no para dar de baja la tarjeta de crédito, y es más, es la actora quien ofreció audios telefónicos como prueba para desacreditar lo alegado por el señor Pagani en su denuncia. Cuestión que no pudo ser probada ya que la misma se cayo por la inasistencia de la actora a la audiencia fijada para la producción de dicha prueba.-
Respecto de lo alegado por la actora en cuanto a que este no era el medio para dar de baja el servicio, es obligación de la empresa informar al usuario cual es el medio indicado a efectos de poder dar de baja la tarjeta de crédito en cuestión (art. 4 de la Ley 24.240).-
En el caso en cuestión, el señor Pagani había solicitado la baja del servicio, lo cual es un derecho que tiene como consumidor o usuario y la empresa, en este caso BSF tenía la obligación de otorgar la baja solicitada o en su defecto informar fehacientemente el modo para lograr tal cometido.-
Bajo tal derrotero, considerando que asiste razón a la autoridad administrativa cuando imputa a la aquí actora infracción al art.10 ter de la ley 24.240 por no haber rescindido el contrato de tarjeta de crédito conforme fuera solicitado por el usuario.
3.2.-Por otro lado, corresponde tratar la crítica relativa al incumplimiento del art.35 de la ley 24.240.-
Refiere la mencionada norma: "Prohibición. Queda prohibida la realización de propuestas al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos".-
En relación a ello el accionante señaló que los seguros de vida y de Salud Pluss, estaban incluidos en el contrato de emisión de la tarjeta. De ninguna manera puede argüirse que BSF impuso tales seguros, ya que los mismos están contemplados en el contrato de emisión de tarjeta de crédito, y que el denunciante solicitó, consintió y suscribió dicho contrato y que tales seguros son típicas contrataciones requeridas en la operatoria de tarjeta de crédito.-
Al respecto, si bien la empresa indica que dichos seguros están incluidos en el contrato de emisión de la tarjeta de crédito, lo cierto es que, en contraposición de lo expuesto por la actora, no encuentro en la presente causa, ni un elemento que me permita afirmar, que efectivamente la empresa al momento de convenir con el usuario, haya informado sobre los cargos que iban a cobrarles por dichos seguros, y también advierto que la actora ha omitido acompañar el contrato suscripto por el usuario a efectos de poder conocer los términos de contratación.-
Que sumado a ello, cabe poner de resalto que de los resúmenes de tarjeta acompañados en el expediente administrativo a fs. 13, resumen del mes de julio de 2013, no surge ningún cobro por seguros, y en los siguientes meses si hay un item de cobro por seguro de vida y seguro Salud Pluss, por lo que indica que los mismos comenzaron a debitarse desde el mes de septiembre de 2013 y no desde el origen del contrato como lo alega la empresa.-
En ese entendimiento tampoco encuentro que el caso cuestionado se encuentre viciado de nulidad por la sanción impuesta a la infracción del art.35 de la ley 24.240.-
3.3.-Corresponde continuar con la critica relativa al incumplimiento del art. 11 de la ley 25.065.-
El mismo estable
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.