Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 11790 2017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la pretensión anulatoria deducida por la firma FIAT ARGENTINA S.A., anulando el acto administrativo dictado con fecha 22 de diciembre de 2009 por el Sr. Intendente Municipal del Partido de Chivilcoy.
2Imponer las costas al vencido conforme lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A. (Ley 14.437).-
3Merituando los trabajos realizados, y acorde al resultado del pleito (art. 26 D. Ley 8904/77) regúlanse los honorarios de la Dra. Maria Alcira Rocca en su carácter de letrada apoderada de la parte actora en la suma de pesos dos mil trescientos sesenta y cuatro ($2.364) (art.10, 15, 16, 21, 22, 28 inc. a y cctes. D. Ley 8904), con mas los aportes que fija el art.12 de la ley 6716 y el I.V.A. en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante. Conforme lo dispuesto en el art. 57 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficarios, y al obligado a su pago con los recaudos y transcripción del art. 54 de la misma ley, en su domicilio real.
No correspondiendo - salvo que acrediten no estar comprendidos en la normativa de los arts.203 y 274 L.O.M., y Dec. Ley 8838/7, la regulación de los honorarios de los letrados apoderados del Municipio demandado, conforme a la imposición de costas que precede.
Expte. Nº 11790.-
Autos: FIAT ARGENTINA S.A.C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Agosto de 2017.-POB
Estos autos caratulados "FIAT ARGENTINA S.A.C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 11790, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 51/68 se presenta la Dra. María Alcira Rocca en su carácter de letrada apoderada de FIAT ARGENTINA S.A., iniciando demanda contra la Municipalidad de Chivilcoy, con el objeto de obtener la nulidad del acto administrativo de fecha 22 de diciembre de 2009, por el cual se le reclama a su mandante, una deuda por la suma de nueve mil doscientos setenta y uno con 25/00 ( $ 9.271,25) en concepto de "Derechos de Publicidad y Propaganda" -en adelante DPP-, y derechos de ocupación o uso de espacios públicos, correspondientes a los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.-
Refiere la actora que ante este reclamo de deuda, (el cual es recibido mediante liquidaciones DPP n° 38508, 38758, 39007, 39256, 39508 y 39744 con fecha 18 de diciembre de 2008), en fecha 22 de diciembre del mismo año, su mandante envía cartas documento, mediante las cuales negó la existencia de la deuda y de la publicidad en el Municipio de Chivilcoy, como así también su falta de responsabilidad tributaria, entre otros argumentos.-
Refiere que a pesar de lo expuesto, con fecha 22 de diciembre de 2009 se dicta la resolución por la cual se intima a esta parte a ingresar a las arcas del municipio la suma de $9.271,25.-
En cuanto al planteo de nulidad del acto administrativo, expone que el atacado padece de severísimas anomalías, a saber:
1. En la causa: refiriendo que el Municipio al dictar la resolución impugnada no tuvo en cuenta ninguna de las cuestiones planteadas por su mandante, muy por el contrario actuó de manera dogmática y arbitraria, violentando el derecho que le asiste a todo acto administrativo de obtener una resolución ajustada a derecho.
2. En el derecho: Aduce que el Municipio violentó de manera palmaria el derecho al debido proceso, a la audiencia previa y a la producción de la prueba, señalando que no se le corrió traslado de las actas labradas en ningún momento del desarrollo de las actuaciones, cuando este resulta ser un requisito esencial del procedimiento para el dictado del acto que el Municipio pretende ejecutar, resaltando que su parte quedó en un completo estado de indefensión, provocando una violación al derecho de defensa en juicio.-
3. En la motivación: Refiriendo que el Municipio desconoce, sin fundamento alguno, la presentación oportunamente efectuada por su parte, toda vez que en ningún momento hace mención a las causas que motivaron a ignorar totalmente el descargo presentado por su mandante.-
4. En la forma: Refiere en relación a este requisito vale la pena recordar que cuando se trate de formas exigidas por la ley como requisito de validez, su omisión o errónea configuración traerá aparejada la nulidad absoluta del acto.-
5. En la finalidad: aduciendo que es improcedente el reclamo practicado, toda vez que FIAT ARGENTINA S.A. no posee ningún vínculo con los supuestos locales en donde se exhiben las publicidades de su marca, con lo que los comerciantes realizarían la actividad sin ningún tipo de pertenencia, subordinación, control o dirección por parte de su representada. Dice que por dicha razón, si existiere algún tipo de beneficio derivado de la supuesta publicidad, recaería directamente sobre ellos. Refiere también que, si el Municipio pretende cobrar el DPP por las publicidades que exhiben determinados comerciantes, estaría vulnerando no solo la normativa legal, sino que también la carta magna, por cuanto bajo una supuesta apariencia de cobro de una tasa, se estaría cobrando un impuesto encubierto. Ello, en virtud de no existir prestación de servicio por parte de la Comuna ni a favor de su parte ni a favor de nadie, por lo que cualquier pretensión al respecto se torna confiscatoria y por ende inconstitucional.-
En subsidio solicita revocación del acto administrativo por inexistencia de deuda y al respecto refiere que Fiat Argentina S.A. no debe tributo en concepto de publicidad por cuanto no realiza publicidad en el partido de Chivilcoy y además, no reviste la calidad de beneficiario, dado que ninguna relación existe con los supuestos locales que exhibirían la publicidad cuya tasa se le pretende hacer pagar a su parte.-
Finalmente y en subsidio, plantea la inconstitucionalidad de la tasa, por cuanto la misma es confiscatoria e irrazonable, pues caso contrario, se estarían vulnerando garantías constitucionales como ser la igualdad ante la ley, de la propiedad privada, de la razonabilidad, de no confiscatoriedad, de libre comercio y del sistema Republicano Federal, entre otros.-
Por último solicita medida cautelar de no innovar, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que a fs. 71/72 y con fecha 23 de junio de 2010, se rechaza la medida cautelar peticionada.-
III. A fs. 81/82 la Excma Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirma la resolución que rechaza la cautelar peticionada por la accionante.-
IV. Que a fs. 114/115 se dispone correr traslado de la demanda interpuesta a la municipalidad de Chivilcoy, notificada según constancias de cédula obrante a fs. 127/28, sin que se verifique responde alguno por parte de la comuna accionada.-
V. Que a fs. 146, se presenta en el acto de la audiencia de apertura a prueba el Dr. Jorge Panayotidis, apoderado de la municipalidad de Chivilcoy.-
VI. Que habiéndose agregado el alegato presentado por la parte actora a fs. 211/214 con fecha 23/02/2017, se llama - en fecha 03/03/2017- autos para sentencia y ,
VII. Que con fecha 12/06/2017 se resuelve suspender autos para sentencia y solicitar como medida para mejor proveer al municipio demandado la remisión del expediente administrativo 81878.
VIII. Que a fs. 223/232 la municipalidad de Chivilcoy contesta oficio e informa que no pudieron encontrar el expediente solicitado y remiten fotocopias de actas de relevamiento que referidas a la firma Fiat, y con fecha 14/08/2017 se ordena reanudar el llamado de autos para sentencia y,
1. La accionada aduce que el citado acto administrativo adolece de vicios en la motivación, objeto y finalidad, y que se ha violentado la garantía de defensa.-
De las actuaciones administrativas remitidas (expte- 4031- 84745-2009) por el municipio se advierten que las mismas se tratan de fotocopias de presentaciones efectuadas por Fiat Argentina S.A., con las que se forman un expediente administrativo, en el que no luce trámite, dictamen o resolución alguna -previo o posterior- referente al planteo.-
2. Que el fuero Contencioso Administrativo provincial, registra antecedentes en los que juzgó, en casos análogos al presente, que el procedimiento determinativo de oficio de la tasa en cuestión resultaba inválido.
En oportunidad de resolver en los autos "SFK Argentina S.A. c/ Municipalidad de Moreno s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" (causa 10.217 sent. del 24/08/2010), la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata, puso de resalto que el procedimiento administrativo "...se inicia con la impugnación de la empresa demandante a la liquidación ya efectuada por la Municipalidad de Moreno y en respuesta a la intimación de pago que esta última le cursara en consecuencia. Esa sola circunstancia es suficientemente demostrativa de la ausencia de intervención de parte interesada en el trámite de determinación tributaria de oficio, relativo a la constatación de espacios de publicidad atribuidos a la actora" (CCALP causa 10217 cit).
Dijo también aquel tribunal, que la falta de constancia idónea referida a la individualización suficiente de lugares y/o espacios en los que se constataran los actos de publicidad, potencia el vicio de procedimiento, pues solo a partir de la correcta y precisa indicación puede el contribuyente hacer posible su réplica, pues de otro modo, aquel se ve impedido de su cabal ejercicio de defensa, pues carece del conocimiento de los antecedentes que habilitan la labor a la que tiene derecho.
Tal ausencia -siguió afirmando- "...quita fuente causal al acto administrativo, de manera que aquel que sobrevenga resulta perjudicado de manera plena e insanable. De allí en adelante no existe variable posible para purgar un acto que, nacido irregular y nulo, sólo se reporta para su total extinción".
Continuó señalando, en cuanto a las atribuciones del municipio para establecer el monto del gravamen, que esa posibilidad como variante del estado para ejercer su deber de policía tributaria frente a la renuencia del obligado a satisfacer sus declaraciones juradas regulares y aportar elementos suficientes de determinación, no significa sin más que ese procedimiento pueda llevarse a cabo sin intervención ninguna del afectado.
Expresó asimismo, que la presunción de legitimidad de los actos jurídicos, como principio general, cede en el caso frente a las carencias causales y de procedimiento que de manera manifiesta ha expuesto un trámite administrativo desarreglado a la citada garantía constitucional (art 18 CN) y a los principios sobre los cuales se vértebra el acto administrativo, entre los cuales la causa como relación de antecedentes fácticos, ha quedado desprovista de presencia reinante (v. CCALP causa 10217 "SKF Argentina S.A" sent. 24/08/2010, voto Dr. De Santis).-
La solución precedentemente expuesta registra similares pronunciamientos de la misma Alzada recaídos en casos similares (CCALP Nº 9800-M "RAYOVAC ARGENTINA S.R.L c/ Municipalidad de Berazategui s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" del 12/08/2010; CCALP Nº 9853 "OSRAM ARGENTINA SACI c/ Municipalidad de Moreno s/ pretensión anulatoria" del 28/10/2010 y demás allí citadas) lo que conforma una doctrina ya consolidada.
3. Como ya se adelantó, los extremos fácticos y jurídicos del presente caso resultan análogos a los indicados en el considerando que antecede.
Sobre el particular, se advierte -tal como se desprende del relato efectuado- que el procedimiento administrativo que informa el caso, se inicia con el recurso interpuesto por la actora, verificándose la falta de previa intervención de parte interesada en el trámite de determinación tributaria de oficio, relativo a la constatación de espacios de publicidad y propaganda.- Como surge de las actuaciones administrativas reseñadas, en el presente supuesto siquiera se ha realizado algún tipo de procedimiento administrativo, no obran agregadas actas de relevamiento y/o constatación suscriptas por funcionarios públicos, ni declaraciones juradas, como tampoco se ha dado participación previa del contribuyente afectado, ni siquiera el Acto Administrativo que afecta al accionante, de cuya existencia solo puede darse cuenta por la documentación allegada a fs. 9/10.-
Y esa falta de intervención de parte interesada en el trámite de determinación tributaria de oficio, habilita a la aplicación de la doctrina elaborada por la Alzada, por ser el caso bajo análisis de idéntico tenor a lo allí resuelto.
4. Siendo ello así, entiendo que ante los eficaces argumentos que se desprende de la doctrina judicial precedentemente referenciada, la misma resulta de plena aplicación al caso bajo examen y consecuentemente corresponde descalificar como actos válidos las determinaciones de deuda en los términos que han sido concebidas.
5. Finalmente, debo destacar el énfasis puesto por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín, en relación al carácter esencial de la vista inicial en el marco de un procedimiento de oficio. En efecto, tuvo la Alzada en ocasión de decidir que: "Vista la violación de la norma que regía la actuación de la demandada, destaco que tal como lo señala Linares, el debido proceso surge como garantía innominada de los artículos 18, 16, 17, 28 y 33 de la Constitución Nacional; y fundamentalmente, a partir de la reforma constitucional de 1994, integra expresamente los derechos y garantías constitucionales con la incorporación que el art. 75 inc. 22 hace de Tratados que lo reconocen como derecho fundamental humano.
La garantía de audiencia en la determinación de los derechos es uno de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del debido proceso legal en sede administrativa (cfr. C.I.D.H. Informe de fecha 7/9/07 sobre "El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales"). Por su parte, la Constitución de la Provincial, en su artículo 15, estipula -en lo que aquí importa- que "La provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial." La doctrina ha expresado que "...si no se ha podido otorgar el derecho de defensa al contribuyente mediante la pertinente corrida de vista, también carecerá de validez el acto, por cuanto constituiría una violación de las formas procesales que están instituidas en forma inexcusable por la ley, originando así el incumplimiento de sus objetivos y dando lugar a un estado de indefensión del contribuyente." (cfm.
"Tratado de Tributación", Tº 1, pág. 233, Dr. Horacio Ziccardi, Director Horacio A. García Belsunce, Ed. Astrea, año 2003). Asimismo, que la inobservancia de las formas esenciales vicia el acto administrativo incidiendo en su validez (cfm. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tº II, pág. 536). Además, que "El incumplimiento grave del debido procedimiento previo a todo acto administrativo -en el cual, vale la reiteración, procede incluir al debido proceso adjetivo como especie- debe ocasionar la nulidad absoluta del acto pertinente." (Cfm. Julio Rodolfo Comadira, "La Licitación Pública. Nociones, principios, cuestiones.", Pág. 39, Ed. Depalma) (cfme. CCASAM causa "Establecimiento Elaborador de Alimentos Sacaan Argentina S.A.c/ Municipalidad de Moreno s/ Pretensión Anulatoria, causa n° 3767/13, del 28/10/13).-
6. Por ello, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, con fundamento en lo dispuesto por artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 1, 2 inc.1°, 12 incs. 1º, 51, 77 y cctes. del C.P.C.A. (ley 12.008 y sus modif.); art.163 del C.P.C.C.; y la doctrina judicial indicada;
1. Hacer lugar a la pretensión anulatoria deducida por la firma FIAT ARGENTINA S.A., anulando el acto administrativo dictado con fecha 22 de diciembre de 2009 por el Sr. Intendente Municipal del Partido de Chivilcoy.
2. Imponer las costas al vencido conforme lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A. (Ley 14.437).-
3. Merituando los trabajos realizados, y acorde al resultado del pleito (art. 26 D. Ley 8904/77) regúlanse los honorarios de la Dra. Maria Alcira Rocca en su carácter de letrada apoderada de la parte actora en la suma de pesos dos mil trescientos sesenta y cuatro ($2.364) (art.10, 15, 16, 21, 22, 28 inc. a y cctes. D. Ley 8904), con mas los aportes que fija el art.12 de la ley 6716 y el I.V.A. en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante. Conforme lo dispuesto en el art. 57 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficarios, y al obligado a su pago con los recaudos y transcripción del art. 54 de la misma ley, en su domicilio real.
No correspondiendo - salvo que acrediten no estar comprendidos en la normativa de los arts.203 y 274 L.O.M., y Dec. Ley 8838/7, la regulación de los honorarios de los letrados apoderados del Municipio demandado, conforme a la imposición de costas que precede.
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo en n° /2017.-
Fin de la sentencia