Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 15702 2017
Expte. Nº 15702.-
Autos: AMX ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Agosto de 2017.-GP
Estos autos caratulados "AMX ARGENTINA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE MORENO s/ PRETENSION ANULATORIA", expediente Nº 15702, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 30/43 se presentan el Dr. Carlos E. Laborde en carácter de apoderado de AMX ARGENTINA S.A., iniciando demanda contra la MUNICIPALIDAD DE MORENO, pretendiendo la nulidad de la Resolución dictada el 21 de agosto de 2012 por la comuna accionada en el Expte. N° 4078-3986/2009, el cual resuelve imponer una sanción de multa de $8.000 a su representada, por encontrarla incursa en violación a la Ley de Defensa del Consumidor.-
Agrega que el acto cuestionado, se corresponde con el procedimiento administrativo iniciado a raíz de una denuncia realizada por la Sra. Adelia Piñeyro en la Dirección de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones de Moreno.-
Preliminarmente destaca que en la notificación recibida sancionando a su mandante por el supuesto incumplimiento a normas de la Ley 24.240 no se ha hecho mención alguna a los fundamentos fácticos y/o jurídicos que habilitarían la sanción impuesta, sino que el organismo actuante se ha limitado a enunciar los artículos que se encontrarían vulnerados, fundado únicamente en las alegaciones hechas por el reclamante, con prescindencia total de las manifestaciones presentadas por su mandante.-
Como antecedente de los hechos relata, que la Sra. Piñeyro es titular de la cuenta Claro 400161931 a la cual se encuentra asociada la línea 1132976419 activada en fecha 04/07/2008 con abono mensual de $39,15 y el equipo modelo Nokia 2630 IMEI 011400001075505.-
Que en fecha 23/09/2008 la titular se comunica con su representada y solicita la baja del servicio de la línea 1132976419 y en esa oportunidad, un asesor de CLARO le informa de las condiciones para efectuar dicha transacción.-
El pedido de baja fue reiterado por la cliente en fecha 09/10/2008, oportunidad en la que nuevamente se le informa respecto de las condiciones para poder dar de baja la línea.-
Que en fecha 26/12/2008 el equipo de la Sra. Piñeyro ingresa al servicio técnico ubicado en el centro de atención al cliente CLARO ubicado en la localidad de Morón, por inconvenientes con el encendido del equipo, determinándose que el equipo presentaba una falla en la placa lógica por un golpe y el mismo es diagnosticado irreparable y fuera de garantía.-
Finalmente el equipo es entregado al cliente en fecha 11/02/2009.-
En fecha 29/05/2009 su representada recibe notificación desde el organismo con fecha de audiencia a realizarse el día 25/06/2009.-
Ante aquella notificación, su representada, remite informe al organismo ofreciendo a los fines conciliatorios una propuesta.-
Afirma que luego de varias propuestas, finalmente llega a un acuerdo con la clienta la cual consistía en: a) La acreditación del total de la deuda pendiente en la cuenta de la Sra. Pineyro dejando la misma con saldo cero; b) El reintegro vía giro postal, por el monto de $363 enviados al domicilio del solicitante a contra entrega del equipo objeto del presente; c) La cancelación sin costo de la línea 1132976419.-
Continúa relatando, que conforme lo acordado con la titular de la cuenta, en fecha 31/08/2009 su representada procedió a emitir las notas de crédito N° 225293, N°225332; N°22534; N° 225346; N° 225349; N° 225372 y N° 228077 por la suma de $543,17.-
Que en fecha 14/09/2009 su representada da de alta el giro postal por la suma de $363 y el mismo se encontró disponible para su cobro desde la fecha 07/10/2009 bajo el número 264250-1.-
En fecha 20/11/2009 -continúa- un asesor de CLARO se contacta con la Sra. Piñeyro y le informa todos los datos del giro postal para su cobro.-
Señala que en fecha 25/11/2009 un asesor de Claro se comunica con la usuaria pudiéndose corroborar que el giro había sido cobrado y ante ello, con fecha 26/11/2009 su representada remite un escrito al organismo interviniente indicando que el acuerdo se encontraba cumplido en su totalidad.-
Agrega que no hay más registros en la cuenta en relación al reclamo realizado por la Sra. Piñeyro y menciona que no hay registro de reclamo alguno previo a lo mencionado por el mal cobro en la facturación.-
Con fundamento en el relato transcrito, sostiene que en el caso de marras la Dirección se limitó a sancionar a su representada, únicamente por los dichos del reclamante sin tomar en consideración los argumentos expuestos por CLARO, la documentación acompañada, ni la conducta desplegada a través del expediente, lo que demuestra la inexistencia de infracción a los arts.10bis y 19 de la Ley 24.240 y el art.48 de la Ley 13.113.-
En cuanto a la nulidad planteada, sostiene que la resolución atacada carece de causa por ser falsos los hechos invocados y erróneo el derecho aplicado.-
Afirma que el caso se consideró desde un único punto de vista, cuando lo importante es que en ningún momento CLARO incumplió con normativa vigente, ni con las condiciones pactadas con Piñeyro al momento de activar el servicio.-
De igual modo, sostiene que la motivación se encuentra viciada. Afirma, que el organismo decisor no basó sus aseveraciones en elementos concretos que sustenten la base fáctica necesaria como para que se tengan por acreditadas las violaciones imputadas a su mandante.-
Refiere que los hechos de la denuncia deben encontrarse suficientemente demostrados con prueba de cargo contundente y en estas actuaciones solo hay meras alegaciones infundadas por parte del denunciante.-
Por otro lado plantea la incompetencia de la Municipalidad de Moreno para dictar el acto que en esta causa se cuestiona.-
Explica que la Ley 26.361 en su art.17 introdujo una modificación sustancial, al eliminar el último párrafo del art.41 que justamente otorgaba facultad a las provincias de delegar ciertas funciones en los municipios y ello determina, que aquellas no puedan delegar más sus funciones en los Gobiernos municipales, y como consecuencia de ello pierden efectos las delegaciones vigentes.-
Afirma que luego de la reforma de la Ley de Defensa al Consumidor, los únicos organismos que pueden actuar como autoridad de aplicación, son la Secretaría de Comercio Interior a nivel nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias a nivel local.-
Sostiene que la supresión de la autorización a las provincias a delegar la aplicación de la LDC a los municipios se ajusta al esquema de separación de poderes de la Constitución que veda a los municipios a emitir actos de carácter jurisdiccional para resolver conflictos privados entre particulares.-
En ese contexto, entiende que mal puede sostener la Municipalidad, que la facultad de juzgamiento se encuentra plasmada en la Ley 13.133 y que ésta no ha sido modificada, puesto que, dicha norma resulta constitucionalmente de rango inferior a la Ley 24.240 y su reforma 26.361 y por lo tanto, si no ha sido modificada a fin de adaptarse a los nuevos cambios introducidos, resulta evidente que no podrá aplicarse la misma por ser contraria a la Constitución Nacional.-
Asevera que la OMIC ha pretendido sostener infundadamente la existencia de una presunta infracción a los arts. 10 y 19 de la Ley 24.240.-
Afirma que no se dan los requisitos esenciales para configurar un incumplimiento y por lo tanto no corresponde hacer lugar a la imputación recaída contra CLARO. Cita doctrina.-
Explica que como lo indica el art. 10 bis de la Ley 24.240 cuyo incumplimiento pretende imputarse a su mandante, únicamente en caso de "Incumplimiento de la oferta o del contrato" por parte del proveedor podrá el consumidor optar por la manera en la cual pretenderá ejecutar la obligación, pero si no ha habido incumplimiento no cabe tal solución.-
Entiende que optar por una solución diferente importaría brindar al consumidor la posibilidad de apartarse de las normas ante la disconformidad con las mismas.
Explica que la Ley de Defensa al Consumidor justamente procura acercar a las partes, partiendo del supuesto de que las mismas no se encuentran en igualdad de condiciones en el mercado, de modo tal que se produzca un equilibrio, pero ello no puede implicar de ninguna manera que los consumidores puedan optar por cumplir con las previsiones legales o no, así como tampoco podrán hacerlo los proveedores.-
Afirma que en el caso concreto, de la exposición de los hechos se desprende que CLARO en todo momento cumplió con el contrato y previsiones legales.-
Considera que si bien se le debitó al cliente un abono el cual no utilizó, dicha circunstancia se debió a un hecho fortuito del error del sistema y ese hecho imprevisible e inevitable torna la circunstancia descripta irreprochable a su mandante.-
Ello así -agrega- por cuanto la Ley 24.240 establece una responsabilidad del tipo objetiva para los proveedores de bienes y servicios en la relación de consumo y va de suyo que si ha ocurrido un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, no cabe responsabilidad alguna que sea imputable a su mandante y menos aún, teniendo en cuenta que el reclamo de la usuaria ha sido solucionado.-
En relación a la sanción por el supuesto incumplimiento del art. 19 de la ley 21.240, sostiene que su representada cumplió en todo momento con la letra de lo convenido y en las condiciones pactadas.-
En tal sentido, considera que no puede sostenerse válidamente la sanción que pesa sobre CLARO si no existen fundamentos facticos ni jurídicos que le den sustento puesto que resulta contrario al derecho, viciando al acto administrativo y tornándolo nulo.-
Aclara que en ningún momento su mandante incumplió con el plazo, condición o término de la contratación con el cliente, sino que por el contrario, ofreció alternativas para la rápida solución del inconveniente planteado.-
Por ello, encuentra evidente que la Dirección se limitó a aplicar la sanción, considerando únicamente los dichos del reclamante, sin tomar en consideración los argumentos expuestos por CLARO.-
Destaca, que en las oportunidades en que el cliente se contactó con la Empresa, para solicitar información relacionada al cobro de un abono el cual no había utilizado, siempre tuvo una respuesta.-
Dice que excede a su representada los motivos particulares por los cuales el denunciante no solicitó información a su representada a fin de informarse de las posibilidades para poder revisar su equipo.-
Hace hincapié en que en ningún momento la prestataria incumplió con plazo, condición o término de contratación alguno con el cliente, sino que por el contrario, ofreció alternativas para la rápida solución del inconveniente planteado, alcanzando finalmente con fecha 27/08/2009 a un acuerdo con la Sra. Piñeyro, aumentando considerablemente la satisfacción del mismo ante el acuerdo logrado.-
En cuanto a la sanción impuesta por el art. 48 de la ley 13.133 también descalifica a la misma.-
Expone al respecto que no puede interpretarse que la celebración de la audiencia sea el único medio idóneo para llegar a un acuerdo, sino que hay otras alternativas que logran la misma finalidad.-
De ese modo, plantea que la incomparecencia en sí misma no puede constituir un acto pasible de sanción, máxime si se han presentado en forma escrita las propuestas que correspondían al caso en cuestión.-
Agrega que resulta un exceso pretender sancionarla por la incomparecencia, puesto que ello no guarda relación alguna con el perjuicio que podría haber sufrido el reclamante.-
Recuerda al mismo tiempo, que uno de los principios que rige el derecho administrativo es el de informalismo, imponiéndole a la administración sortear todas aquellas vallas que representen un ritualismo exagerado o inconducente para resolver la cuestión, en pos de lograr la finalidad perseguida. Cita doctrina.-
En relación al monto de la multa, explica que la razonabilidad exige una adecuación coherente entre la sanción peticionada y el carácter e importancia de la presunta falta cometida, lo cual en el caso no se cumple.-
Dice que el criterio para pretender la aplicación de la multa debe ser adecuado al fin que se pretende, en este caso, la protección de un consumidor, pues no se ha verificado la violación de norma alguna por parte de la denunciada y por lo tanto, la presunción en contrario viola el principio de inocencia que reconoce la Carta Magna.-
Afirma que permitir que cualquier organismo administrativo, no fundadamente dicte un acto sancionatorio, implica una arbitrariedad manifiesta que impide el control de razonabilidad y viola el derecho de la debida defensa en juicio.-
Sin perjuicio del régimen de sanciones establecido en la Ley 13.133 -continua diciendo- la amplitud de la norma importa la necesidad de justificación razonable y en el caso, en ningún punto de la imputación realizada se hace mención al criterio en base al cual se decide aplicar una sanción de $8.000 -
También mereció un capítulo aparte el análisis respecto de la proporcionalidad de la multa.-
Sostiene que la invalidez del acto que se ataca se sustenta en su manifiesta arbitrariedad al momento de evaluar los dichos y pruebas aportadas y la notable desproporción entre la conducta desplegada por su mandante a lo largo del proceso y la sanción decidida en su contra.-
Con apoyo en la doctrina y jurisprudencia que transcribe, afirma que la sanción aplicada a CLARO no respeta un mínimo de proporcionalidad entre el pretendido ilícito administrativo y la sanción impuesta en este caso, más aun, cuando la conducta de CLARO se encuentra claramente en el supuesto del art. 38 inc.2 del Decreto 1185/90.-
En el caso, afirma, resulta palmario por cuanto la sanción impuesta castiga a su representada, sin considerar la subsanación de su conducta antes de la intimación y/o la sanción y en relación a su quantum, resulta por demás desproporcionada, conculcando de manera directa el principio de proporcionalidad.-
Finalmente funda en derecho, ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona.-
II. A fs.70/75 se presenta la Dra. Cindy Alomai Baca Becerra en carácter de apoderada de la Municipalidad de Moreno.-
En primer término, niega los hechos afirmados por la accionante que no sean objeto de su expreso reconocimiento y desconoce la documentación allegada.-
Apartado seguido contesta el planteo de incompetencia.-
Refiere al respecto que la provincia de Buenos Aires como autoridad de aplicación, ha regulado el procedimiento para la aplicación de la Ley 24.240.-
Que al ser cuestiones de procedimiento temas que en el orden federal han quedado reservados a las provincias, son estas quienes deben establecer las normas procedimentales sin injerencia de la Nación.-
Explica que en ese contexto, los Municipios de la provincia de Buenos Aires poseen diversas atribuciones, como Autoridad de Aplicación local de la Ley de Defensa del Consumidor y normas complementarias, a partir de la sanción de la Ley 13.133, promulgada por Decreto N°64/03, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.-
En ese orden -continúa- los artículos 79, 80 y 81 de la Ley 13.133 atribuyen a los municipios bonaerenses las funciones emergentes de esa ley y de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y sus disposiciones complementarias, facultándolos para la sustanciación íntegra de los procedimientos administrativos y la aplicación de sanciones en la materia.-
Agrega que conforme lo establecido por el art. 81 inc.a) precitado, corresponde a los municipios ejecutar las funciones emergentes de dicha ley, para lo que podrán crearse estructuras administrativas u organismos especializados, o asignárselas a organismos ya existentes con potestades jurisdiccionales sobre cuestiones afines, instrumentando la estructura correspondiente a la instancia del procedimiento y a la etapa resolutiva, cada una de las cuales tendrá un funcionario competente a cargo.-
En ese entendimiento, solicita el rechazo del planteo efectuado por la actora.-
En cuanto a los hechos, relata que los mismos han sido diametralmente opuestos a lo relatado por el demandante.-
Narra que en fecha 27/03/2009, se presenta ante la Dirección de Defensa del Consumidor la Sra. Adelia Piñeyro instando el procedimiento previsto en los arts. 46 y 47 de la Ley 13.133 en razón de haber contratado la misma un servicio de telefonía celular y la compra de un teléfono celular, refiriendo que el teléfono adquirido a AMX Argentina S.A nunca funcionó, debiendo solicitar reparaciones en reiteradas oportunidades sin tener solución, no pudiendo en consecuencia utilizar el servicio de telefonía celular.-
Que en aquella oportunidad la denunciante acompaño copias de la solicitud de servicio, facturas de pago y comprobantes de órdenes de reparación entregadas.-
Destaca, que abierta la instancia conciliatoria, las partes arribaron al acuerdo que obra a fs. 54 del expediente administrativo.-
Que mediante dicho acuerdo, la empresa accionante se comprometió en fecha 24/08/2009 a: a) la acreditación del total de la deuda presente en la cuenta Nro.400161931 aclarando que el acuerdo servía como libre deuda; b) al reintegro de $363 finales con una demora de 90 días al domicilio del solicitante a contra entrega del equipo en cualquier casa central y c) la cancelación de la línea 11-3297-6419.-
Continúa explicando, que luego la usuaria denunció el incumplimiento parcial del acuerdo, porque continuaba recibiendo intimaciones de Visa Proa a fin de que abone la deuda pendiente por pagos a la empresa de telefonía celular y porque tampoco había recibido el giro postal.-
Que corrido el traslado de lo manifestado a AMX, vencido el plazo, nada manifestó la aquí actora.-
Luego, la Sra. Piñeyro denuncia el cumplimiento parcial, al recibir el giro postal que debía enviar la contraria a su domicilio.-
Pero respecto a la deuda, el Banco HSBC Argentina S.A informó que la empresa CLARO no había realizado reintegro alguno a la tarjeta de crédito titularidad de la denunciante y que la misma seguía siendo titular de una deuda por la compra del celular.-
En ese escenario, entiende que la conducta del accionante ha violado las normas legales vigentes.-
En primer término, no asistió a la audiencia de fecha 13/08/2009 conforme acta de fs. 50, hecho que de por sí, es pasible de ser sancionado conforme normativa vigente.-
Explica que la presentación de un escrito con una propuesta de acuerdo, no puede suplir la inmediación que con la audiencia se obtiene y obliga al órgano administrativo y a quien se ha hecho presente a celebrar una nueva audiencia, con el dispendio procesal, temporal y económico que ello implica para quienes si han cumplido con la norma vigente.-
Entiende que la comisión de un hecho previsto como una infracción no puede ser amparada en el principio de informalismo del derecho administrativo si el legislador ha previsto una sanción para un incumplimiento por generar perjuicios para la Administración y otro administrado como en el presente caso.-
Respecto a los argumentos de la prestataria en justificar su incumplimiento, destaca que la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, no es de aplicación al procedimiento de marras y que la Ley 13.133 sanciona la conducta en la que AMX incurrió.-
Que por otro lado, la sanción impuesta conforme al art. 19 de la ley 24.240, se encuentra justificado porque el servicio fue defectuoso y a consecuencia de ello, la usuaria tenía derecho a rescindir el contrato, debiendo serle restituido lo pagado por el teléfono, a lo que se comprometiera la Empresa mediante acuerdo y que luego incumplió.-
En tal sentido, afirma que es clara la infracción a los arts. 10 bis y 19 de la Ley 24.240 y 48 de la Ley 13.133.-
En relación al monto de la multa, sostiene que la multa aplicada en la escala permitida, no es una multa gravosa para el accionante, teniendo en cuenta que el consumidor no pudo utilizar un s
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.