Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 29267
Estos autos caratulados "EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS" , que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y los que se encuentran en estado de resolver la medida cautelar peticionada;
I. Que a fs. 322/371 se presenta el Dr. Carlos Laborde, en su doble carácter de apoderado y patrocinante de Embotelladora del Atlántico S.A, solicitando como pretensión de fondo la anulación de la Resolución sin número dictada por la Dirección General de Rentas del Municipio demandado en el mes de marzo de 2017, intimando de pago a su representada por Derechos de Publicidad y Propaganda, correspondientes a los períodos 2012 a 2015.-
II. Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa. Funda su pretensión en derecho y ofrece prueba.-
III. Que, conjuntamente, solicita se ordene como medida cautelar en los términos del art.25 del CPCA, la suspensión de la ejecución y/o la prohibición de innovar prevista en el art.230 del CPCC, respecto de dicha Resolución, a fin de que mientras tramita el proceso judicial ordinario que se inicia, se suspenda preventivamente su ejecución, toda vez que se encuentran plenamente reunidos los presupuestos exigidos para su procedencia.-
En cuanto a la verosimilitud del derecho, dice que las razones que lo sustentan son aquellas que fundamentan la nulidad de la Resolución como el planteo efectuado respecto a la ilegitimidad de la Tasa y que resume en los siguientes puntos a decir: 1.- que la Resolución y el procedimiento que llevó a su dictado adolecen de serios y manifiestos vicios que desvirtúan por completo la presunción de legitimidad de los actos administrativos. La falta de publicación en el Boletín Oficial de las normas que sirven de base a la determinación impugnada, resultan ser - a su entender- un prueba de la ilegitimidad del acto; 2.- se ha violentado el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que su mandante no tuvo la oportunidad de ser oída; 3.- luego que no existe la supuesta publicidad invocada por la demandada en los detalles de medios, demostrando ello la falta de causa; 4.- que la Tasa requerida resulta ilegítima, por cuanto no se han prestado en forma efectiva e individualizada los servicios que justifican su cobro; 5.- finalmente que la determinación practicada por la Municipalidad junto con la sanción impuesta, sin iniciar un sumario administrativo previo afecta gravemente el derecho de propiedad de EDASA.-
Respecto a este último punto refiere que su mandante se encuentra expuesto al riesgo de sufrir un embargo de $ 59.419.939,20 y con al menos $ 11.883.987,84 en concepto de intereses y costas (un 20% del monto reclamado).Es decir, que su mandante vería inmovilizados $ 71.303.927,04 por la sola voluntad del Municipio y a pesar de todas las irregularidades del procedimiento de determinación tributaria.-
Alega que si bien no se debe incluir en esta petición a la multa aplicada, dada su naturaleza penal, dice que la misma no resulta exigible hasta tanto su imposición sea confirmada por el último tribunal competente para entender en la causa.
A su vez, dice que la falta de otorgamiento de la medida cautelar solicitada altera la situación económica de su mandante, en tanto refiere que a consecuencia de ello, sufrirá el embargo de sus cuentas bancarias, con el consecuente corte de la cadena de pagos tanto respecto de los proveedores como del personal.
Luego en cuanto al requisito del peligro en la demora dice que el mismo resulta manifiesto, al exigir la comuna como requisito de admisibilidad formal y sustancial de los recursos administrativos, y que por ello, alega que resulta claro y evidente que de no decretarse la medida cautelar que se solicita, la eventual sentencia que se dicte carecerá de todo sentido práctico.
En tal sentido indica que el peligro en la demora surge de la misma posibilidad de que la Municipalidad ejecute y perciba los accesorios de un tributo, de significativa magnitud sin tener derecho a ello, importando un peligro que no es inminente sino actual.-
Por último dice que el otorgamiento de la medida no afecta el interés público.-
VI. A su vez, solicita la no exigencia del pago previo diciendo, que su mandante solicita la medida cautelar de suspensión de la Resolución, en todos sus términos, y que dicha petición conlleva la exención en el pago de todos los rubros determinados por la comuna (tributo, intereses y multas) y que una vez concedida dicha medida, ello torna innecesario y abstracta la revisión del requisito dle pago previo contemplado en el art.19 del CPCA.-
Que sin perjuicio de dicho fundamento y para el caso de que se rechazara la medida cautelar pedida, sostiene que no resulta razonable que para someterse a derecho, previamente su mandante deba abonar el capital reclamado en la resolución que se impugna.-
En tal sentido sostiene que al cuestionarse la legitimidad del tributo, conforme las circunstancias que expone, debe eximirse del solve et repete.-
Refiere que dado el grado de arbitrariedad con que ha actuado la comuna, es que solicita que se exima a su mandante de cumplir con el pago previo como condición para obtener una revisión judicial de la resolución cuestionada.
Manifiesta que si obstante todo ello, se resolviera cumplir con el requisito del pago previo, solicita que se autorice la constitución de un seguro de caución, en lugar de exigir el pago en efectivo, pretendiendo con ello, no eximirse del cumplimiento, sino a los fines de conciliar los intereses de las partes implicadas en la contienda.-
Por último funda en derecho su pretensión, cita jurisprudencia y ofrece como contracautela caución juratoria.-
IV. Con fecha 13/12/2018 se requiere a la autoridad administrativa accionada, que remita los actuaciones administrativas que dieron origen al reclamo y el informe sobre todo lo relacionado con la cautelar solicitada -art.23 inc 1° del CPCA- .-
V. Que mediante presentación electrónica de fecha 13/12/2018, se presenta la letrada apoderada de la comuna accionada -Dra. Carmen de La Ruina- acompañando las actuaciones administrativas, sin contestar el informe previo requerido.-
VI. Atento el estado de autos, con fecha 11/03/2019 pasan las actuaciones a despacho para resolver.-
En cuanto a la medida cautelar pedida:
1. El Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).-
2. Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr.Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
3. Abordado el examen de la petición cautelar bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.-
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega el actor adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (art. 22º inciso 1º a, C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.-
En efecto y en cuanto al hecho alegado respecto de la inexistencia de publicidad propaganda y por lo tanto, del hecho imponible, sin perjuicio de que el debate sobre este extremo encontrará territorio de decisión en la instancia de la sentencia definitiva, lo cierto es, que los vicios que alega (falta de fundamentación, motivación y violación al derecho de defensa), no resultan de una magnitud tal que permitan sortear el valladar de la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo, presunción que se mantiene inalterable, en la medida que el peticionante no cumpla con su carga de demostrar la verosimilitud del derecho que alega.-
De esta manera, no se verifica con las constancias probatorias arrimadas a la causa, con el título de verosimilitud que se requiere en esta oportunidad -en el conocimiento periférico que permite, reitero, esta instancia preliminar- una demostración que evidencie, al menos en grado mínimo, que el actor no resulte ser el sujeto pasivo de los tributos cuestionados y exigidos por la comuna.-
A su vez, de la resolución cuestionada, se desprende que la misma ha sido dictada en una materia en la que la comuna cuenta con facultades legales propias y en consecuencia, el acto dictado no aparece reñido con un uso razonable de aquellas, las que a su vez, le dan sustento normativo.-
4. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada, ello es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada, excepto en lo que se refiere a la multa impuesta por los motivos que seguidamente expondre.-
5. Sin perjuicio de ello, y respecto del requisito de peligro en la demora, el accionante no ha acreditado de modo particularizado el perjuicio o daño inminente que alega -de gravitación económica o funcional para la empresa- que el periculum in mora involucra a su respecto en el caso.-
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Martín, a los fines fundamentar el rechazo de la medida cautelar de suspensión del acto, dijo respecto del requisito de peligro en la demora que "Los fundamentos invocados no alcanzan para considerar configurado tal requisito. La sola referencia a la existencia de un peligro o grave afectación a una situación de hecho o derecho no resultan suficientes para acceder a lo solicitado, sino se indica, en grado de probabilidad, de qué modo concreto y exacto podría incidir el pago de ese monto al normal desenvolvimiento de la firma... Por lo tanto, al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (cfr. art.22 del CCA), ello es suficiente para revocar la medida concedida..."(CausaNº3199 "Gillette" del 19/06/2012, apart.6).-
6. En efecto, tal como se adelantara precedentemente, distinta suerte ha de correr el pago de la multa que conforma la pretensión tributaria de la comuna demandada, cuya nulidad ha sido articulada por el accionante.-
Al respecto dicha multa, no solo que no es alcanzada por el solve et repete, toda vez que el pago del mismo corresponde al capital e intereses, (ver Art.19 CCA) sino porque conforme los fundamentos que a continuación se detallan y que ya fueron expuestos en antecedentes en trámite por ante este juzgado ( Expte Nº 15600 "PEUGEOT" y 15911 " GENERAL MOTORS" entre otros) -los que he de mantener- no resulta constitucionalmente válido ejecutoriar una sanción, hacerla cumplir efectivamente, sin el debido control judicial previo.-
En tales causas, se hizo referencia que el tributo reclamado por los Derechos de Publicidad y Propaganda se conforma -además del capital y sus intereses- por una multa impuesta por falta de pago del mencionado tributo.
Así se dijo que el examen de la cuestión, lleva a recordar, que la Corte Suprema Nacional ha sostenido reiteradamente la naturaleza penal de las sanciones impuestas por la administración, en uso de su potestad sancionatoria en materia tributaria.
En la especie, el Máximo Tribunal Nacional afirmó que la sanción de clausura aplicada por el ente fiscal, comporta una medida de índole estrictamente penal. Precisando que "... no cabe hablar de 'juicio' -y en particular de aquel que el art. 18 de la Constitución Nacional exige como requisito que legitime una condena- si el trámite ante el órgano administrativo no se integra con la instancia judicial correspondiente; ni de 'juicio previo' si esta instancia no ha concluído y la sanción, en consecuencia, no es un resultado de actuaciones producidas dentro de la misma" (CSN in re "Dumit" del 08/11/1972 (Fallos: 284:150), doctrina reiterada en "Lapiduz, Enrique c/ D.G.I. s/acción de amparo" del 28 de abril de 1998).
En esos precedentes, la Corte reitera su admisión de que órganos administrativos ejerzan funciones "jurisdiccionales" -conforme las pautas esenciales trazadas en "Fernández Arias c/ Poggio" (Fallos 247-646)-, pero siempre bajo condición de que quede abierta la posibilidad de revisión judicial posterior (ver también "Ángel Estrada y Cía. S.A. c/ resol.71/96 - Sec. Ener. y Puertos (Expte. Nº 750-002119/96)" sentencia del 5 de abril de 2005).
Por su parte, la Suprema Corte Provincial, también registra pronunciamientos en que ha calificado la imposición de multas en materia de infracciones provinciales como actividad administrativa punitiva (cfme. SCBA causa B68838 "Mayed S.A." sentencia del 13/06/2007).
A partir de esos antecedentes, la doctrina ha entendido que una multa tributaria no puede exigirse sin juicio previo, ya que tal exigencia viola la presunción de inocencia. Adelanta -se ha dicho- la condena sin proceso (Tozzini, Gabriela Inés, en Revista de Derecho Publico, Ed. Rubinzal-Culzoni, Tº 2011-1, Pág. 219; ver también: Mammoni, Gustavo Antonio, "La inconstitucionalidad del solve et repete en materia de multas administrativas", en LL 2013-C, Sup. Adm. 2013 (junio), 3).
Doctrina tradicional en la materia también ha caracterizado a las infracciones fiscales o tributarias como un ilícito penal administrativo, afirmando que una de sus principales formas, esta dada por la transgresión al deber de colaborar con la administración en la realización de los fines de bien común que ella persigue (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, LexisNexis, Tº1, 8ª ed., Pág. 134).-
Sin embargo -dice Cassagne- el ilícito penal administrativo tiene en común con el delito criminal la aplicación de los principios del Derecho Penal sustantivo, poniendo de relieve, a su vez, el carácter represivo de las sanciones cuando estas no tuvieren carácter resarcitorio (v. Cassagne, op. cit.).-
En autos, del mismo modo que en las causas de mención, se trata el caso de una impugnación judicial respecto de una multa impuesta en ejercicio del poder de policía tributario que asiste a la comuna, multa que, hasta tanto no medie sentencia judicial que resuelva respecto de la ilegitimidad de la que se la acusa, no se encontrara firme y en condiciones de ser ejecutada.-
En definitiva, en tanto se este discutiendo la procedencia de la multa impuesta, por aplicación de los principios de inocencia y debido proceso contenidos en el art.18 de la Constitución Nacional, no aparece constitucionalmente valido pretender ejecutoriar una sanción, hacerla cumplir efectivamente, sin el debido control judicial previo.-
Recuerda en la especie Gordillo que la ejecutoriedad no constituye un carácter propio, permanente, del acto administrativo, sino que puede darse circunstancialmente como una competencia de la administración, independiente del acto, para ejecutarlo por si misma cuando la naturaleza del acto lo permite (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tº3, 5ª Ed. Pág. V-36).-
En consecuencia, no parece jurídicamente admisible que la Municipalidad de Chivilcoy tramite la ejecución de la multa de marras, cuando el contribuyente ha interpuesto oportunamente demanda activando el control judicial que por derecho le asiste.
Tal interpretación es la que mejor armoniza con los principios de defensa en juicio y de tutela judicial efectiva.-
Por lo cual, toda vez que consta acreditado en autos que la Resolución s/n aquí cuestionada, no se encuentra firme y ejecutoriada -en razón que contra el mismo se interpuso la correspondiente demanda contencioso administrativa-, el crédito no resulta exigible y en su mérito, encuentro en la presente causa, suficiente base en la verosimilitud en el derecho que alega la peticionante. (Art. 22º inciso 1º a) C.P.C.A.).
Todo ello, sin que en esta parcela resulte exigible una mayor demostración en la configuración del peligro en la demora, por cuanto la verosimilitud del derecho se revela patente y con afectación directa del derecho de defensa del administrado.-
7. Consecuentemente, corresponde suspender parcialmente los efectos de la Resolución s/n dictada en el mes de marzo de 2017, por el Director de Rentas del Municipio demandado, en cuanto intima a la actora al pago de la multa indicada en el art.4º de la misma, lo que asi habré de decidir.
En relación a ello, corresponde fijar la contracautela exigida por el art. 24 inc.1 del C.P.C.A., a cuyo fin y de acuerdo a las circunstancias del caso, queda fijada en la caución real que deberá proponer la accionante hasta cubrir la suma de $1.000.000.-
En cuanto a la exigencia del pago previo (art.19 del CPCA): I.- Al respecto cabe destacar, que la obligación del pago previo en materia tributaria, constituye un requisito de admisibilidad formal de aquellas pretensiones anulatorias, que se articulen contra actos administrativos que imponen o determinan obligaciones de naturaleza tributaria, cuyo cumplimiento el juez deberá verificar, antes de proseguir el proceso.-
Que al respecto cabe destacar que el accionante, no controvierte la constitucionalidad del art.19 del CPCA, ni esgrime argumentos que pongan en evidencia la desproporción del monto exigido o la falta de los medios necesarios para hacer frente la pago del tributo, como así tampoco aportó elementos de juicio que constituyan indices reveladores de su estado patrimonial, extremos que en el caso hubiesen permitido analizar, si nos encontramos ante el supuesto de excepción previsto por el art. 19 inc.3 apartado "a", o la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio de pago previo, a fin de evitar que ese recaudo se traduzca en un menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional (conf. doctrina fallo SCBA LP 04/08/2016 "Agrotransporte Conesa S.A. s/ Apelación Resolución administrativa. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de Ley").-
II. Por ello, y ante la falta de ofrecimiento de toda prueba que acredite -en el caso concreto de autos- que nos hallamos frente aun supuesto de denegación de justicia, es que corresponde dar cumplimiento con la obligación que impone el art.19 del CPCA.-
III. En cuanto al pedido de constituir un seguro de caución a los fines de dar cumplimiento a la exigencia que impone el art.19 del CPCA, cabe adelantar su rechazo, al respecto tiene dicho Nuestro Superior Tribunal Provincial en tal sentido: " ...debe recalcarse que si la exigencia del pago previo procura la normal y oportuna percepción de los recursos ordinarios del fisco, es obvio que resulta ineficaz a ese fin que la suma sea integrada con un seguro de caución, pues tal procedimiento no constituye siquiera un pago en los términos de
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