Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 34786
AUTOS Y VISTOS: A los fines de resolver la medida cautelar peticionada por el accionante en su escrito postulatorio.-
RESULTA: I.- Que a fs.76/94 se presenta el Dr. Héctor Claudio Rosenblat, en su carácter de letrado apoderado del Club Atlético All Boys Asociación Civil, junto al patrocinio letrado de la Dra. Marcela A. Munarriz, promoviendo demanda anulatoria contra la Municipalidad de la ciudad de Mercedes, solicitando que se anule el Decreto n° 940 dictado por el Intendente municipal de fecha 19.06.2018, por medio del cual se decide revocar el convenio de uso gratuito suscripto entre la comuna accionada y el Club Atlético All Boys, aun cuando dicho convenio se encontraba en plena etapa de ejecución.-
Relata que su representada y la comuna suscribieron un convenio con fecha 05.05.2016 por el cual, el Club expresa la necesidad de contar con un espacio físico en la ciudad de Mercedes para la práctica de deportes y el Municipio reconoce el importante rol que el Club y las entidades deportivas en general tienen para la comunidad mercedina, en cuanto genera un espacio de contención para niños y adolescentes, propendiendo ello a una mejora en la política de salud pública.
Continúa diciendo que fue en ese marco y con esa motivación, que la comuna otorgó un permiso de uso gratuito al Club, para desarrollar sus actividades en un sector del Parque Municipal Independencia de esta ciudad.
Conforme a ello refiere que a la par de las obligaciones generales asumidas por el Club (responsabilidad por daños a terceros, obligación de mantener el predio, pago de servicios, indemnidad al Municipio, etc.), la única obligación de hacer fue la construcción de una cancha de hockey profesional, la que debía ser construida en el plazo de un año desde la fecha de firma, tal como surge de la cláusula sexta. A su vez destaca que en dicho convenio se estableció que el incumplimiento por parte del Club de los compromisos asumidos, daría derecho al Municipio a rescindir de pleno derecho y de forma inmediata el convenio, sin derecho a indemnización alguna.-
Relata que a partir de la firma del convenio su representada se puso a trabajar incansablemente en el predio cedido, haciendo tareas y obras que no eran su obligación contractual, pero que tendían a lograr el objetivo mutuo tenido en cuenta a la hora de celebrar el acuerdo, cual fue la realización de prácticas deportivas que mejoraran la política pública municipal de salud a través del deporte.
Conforme a ello refiere que con el esfuerzo de los socios, hinchas y simpatizantes, se realizaron obras en el predio cedido por una inversión de aproximadamente tres millones de pesos ($ 3.000.000).-
Continúa diciendo que en relación a la construcción de la cancha de hockey, el Club nunca se desentendió de su obligación, y que a diferencia de los que surge del decreto que se cuestiona, siempre actuó con total diligencia y apuro, a fin de poder dar cumplimiento con el compromiso asumido, y que si bien a la fecha del acto administrativo la cancha no estaba construida, ello fue por exclusiva responsabilidad del Municipio.
En relación a tal circunstancia dice que en primer lugar, el espacio físico destinado a la construcción de la cancha fue asignado unilateralmente por el Municipio según surge de la cláusula sexta del convenio (lote ubicado al oeste del lote A y al norte del predio Rugby Club Mercedes), pero cuando el Club comenzó con las tareas previas de relevamiento del terreno se encontró con dos dificultades o impedimentos de carácter insalvables para el éxito de la construcción y utilización de la cancha: 1) el terreno asignado para el emplazamiento se encuentra en una zona fácilmente inundable por su cercanía con el Río Luján, resultando necesario la elevación de la cota actual mediante la construcción de un terraplén a fin de que impida el avance del agua y evite así la continua inundación de la cancha; y 2) la existencia de un tendido de media tensión de energía eléctrica que atraviesa justo el lugar donde debería emplazarse la cancha de hockey.
Refieren que estas dos circunstancias limitantes para la construcción de la cancha, fueron informadas en varias reuniones que el Club tuvo con la comuna, antes del vencimiento del plazo de un año acordado para la finalización de la obra, diciendo además, que le fue solicitado que se disponga la reubicación del espacio asignado para la construcción de la cancha.
Comenta que fue ante la falta de respuesta del municipio que su representada se vio obligada a realizar presentaciones formales por escrito informando de esta situación, lo que fue llevado a cabo mediante las notas de noviembre de 2017 y marzo de 2018, alegando que nunca fueron respondidas.-
Continúa diciendo que luego de una presentación que efectuara su mandante en abril del año en curso, mediante la cual se adjuntaron nuevamente los planos de obra, la demandada dirigió todo su accionar a la revocación del convenio como única respuesta a las necesidades planteadas por el Club.-
Sostiene que teniendo en cuenta el actuar del municipio, están ante verdaderas vías de hecho de la administración, ante un fraude a la buena fe, ante actos que violan las más elementales reglas de convivencia y los preceptos legales, que intentan justificarse en supuestos incumplimientos de parte de su representada que no son tales, puesto que el Municipio estuvo en todo momento al tanto de que la cancha de hockey era material y legalmente imposible construirla en el lugar asignado.
En capítulo aparte y en el análisis de los Decretos n° 650 y 940, luego de relatar nuevamente los antecedentes que dieran lugar a tales actos, dice que los citados decretos se limitan a insistir en que el plazo estipulado para la construcción de la cancha venció y que por tanto, procede la revocación.-
Alega que el Decreto n° 940 no dice una sola palabra respecto a las dos causales invocadas y probadas por el Club, que justifican la falta de construcción: la asignación de una zona inundable y el cruce de una línea de media tensión, con la prohibición que al respecto establece el ENRE. Nada, ni una sola mención a estas limitantes.-
Por todo ello reafirma que se está frente a actos administrativos viciados de nulidad, pues no resuelven una cuestión claramente planteada por el administrado, esto es, la existencia en el caso de dos causales exculpatorias que justifican la no realización de la obra comprometida: una material (zona inundable) y otra legal (cruce de una línea de media tensión por el perímetro de la futura cancha).
En cuanto a la restante causal mediante la cual la demandada motiva su rescisión, esto es, que no se respetaron los límites del predio cedido al momento de alambrar, dice que se conversó con el Municipio de manera informal en varias oportunidades, y las autoridades siempre supieron cuál era el perímetro que se alambró, el que además se desmalezó, limpió y que actualmente se mantiene en perfecto estado.
En cuanto a la tercera causal que esgrime el Decreto que se impugna, al decir que se realizaron construcciones en un lugar no autorizado a tal fin, dice que se trata de la construcción de instalaciones deportivas imprescindibles (vestuarios, baños y secretaría) que no serán de uso exclusivo del Club, sino de la comunidad toda y que se construyeron dentro del predio habilitado a tal fin por el convenio.
Al respecto dice que los actos administrativos cuestionados, ni siquiera describen qué tipos de construcciones son las que habrían sido realizadas en lugares no permitidos. No hay nada al respecto. Sólo la imputación genérica de que "se constató construcciones en un lugar no autorizado a tal fin".-
Dice que renglón aparte merece la referencia en cuanto a la disconformidad de la demandada con el alambrado olímpico perimetral, y que en tal sentido, dicha imputación no resiste el menor análisis, en tanto no solo se trata de un alambrado superior en calidad y costo al que parece requerir el Municipio, sino que precisamente es el requerido por razones de sentido común en lugares donde se instalan canchas para jugar deportes con pelotas, lo cual necesita ese tipo de contención.
Por todo ello, concluye diciendo que los actos impugnados se apartan de un principio básico y elemental de nuestro ordenamiento constitucional: el principio de razonabilidad, porque se sustentan en hechos que no se verifican en la realidad, y porque eluden dar cuenta de las razones puestas en conocimiento por el Club sobre la imposibilidad de construir la cancha de hockey.-
Por lo tanto dice, sustentar los actos administrativos que revocan el permiso del Club en hechos inexistentes los ubican en la categoría de actos administrativos nulos de nulidad absoluta, ya que contienen un vicio de origen.
En capítulo aparte reclama los daños y perjuicios que alega fueron causados por el accionar municipal en cuanto sin sustento legal, se ha apropiado indebidamente de los bienes de su mandante y que fueran construidos en el predio ubicado en el Parque Independencia de la ciudad de Mercedes, cuyo permiso de uso fuera concedido y luego ilegítimamente revocado, privando absoluta e ilegalmente a su mandante del uso del mismo.
II. Luego y conforme los fundamentos brindados solicita como medida cautelar la suspensión de los efectos del acto administrativo que dispone la revocación del permiso de uso.-
En tal sentido, alega que se encuentran plenamente acreditados todos los requisitos de procedencia establecidos en el art. 25 del CCA para que V.S. disponga la medida que se requiere.
Dice que lo resuelto por el Municipio ocasiona a su mandante perjuicios graves de imposible reparación ulterior.
Manifiesta que la revocación priva sin fundamento alguno al Club del ejercicio del derecho de uso emergente del convenio regularmente firmado y convalidado por el Concejo Deliberante, privándolo no sólo de poder realizar en el futuro las actividades deportivas proyectadas a largo plazo, sino también del despojo de los bienes instalados y construidos en el predio, medida que el Municipio ya ha materializado.
Pero además, el perjuicio se verifica, esencialmente, en el vicio de origen que contiene la revocación que se cuestiona, y que si no fuera suspendido el acto administrativo impugnado derivará en la continuidad del ilegal actuar municipal, convalidando una verdadera vía de hecho.
En cuanto a la verosimilitud del derecho dice que se encuentra acreditada y que deriva de la ostensible sin razón de la demandada de revocar un permiso de uso con fundamento en un hecho inexistente: la falta de construcción de la cancha de hockey.
Finalmente dice que no existe perjuicio para el interés público.-
III. Con fecha 28/11/2018 se presenta el Dr. Luis A. Costilla en su carácter de letrado apoderado de la comuna accionada, junto al patrocinio del Dr. Roberto E. Flores, contestando el informe respecto de la medida cautelar pedida.
Refiere que a los fines de abastecer el informe el requerido, acompaña copia del Expediente Nº 6837/2017, detallando cada una de las actuaciones allí llevadas a cabo.-
Alega que de las actuaciones administrativas referidas surge demostrado que se comprobó fehacientemente los incumplimientos en que incurriera la institución deportiva al no realizar las obras a su cargo dentro del plazo establecido y no haberse respetado los límites del predio al momento de alambrar.-
Que en relación a la presentación de los planos, puntualmente se les exigió que previo al inicio de las obras, debían estar presentados, lo que fue realizado en forma muy tardía (principios de Abril de 2018).-
Que el modo impuesto en la cláusula décima para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del permisionario, resulta un condicionante de la eficacia del convenio en cuestión, pues no sólo obliga, sino que su incumplimiento da lugar a la ineficacia del permiso por voluntad del Municipio mediante el ejercicio de la facultad revocatoria.-
En efecto expresa que la Cláusula Décima del Convenio suscripto establece que, en caso de verificarse el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Club, la Municipalidad se reserva el derecho de rescindir de pleno derecho y en forma inmediata el convenio, sin derecho a reclamo o indemnización alguna.-
En tal sentido dice que la revocación del convenio del permiso de uso gratuito, se fundó en un doble orden de consideraciones. Por un lado, se hizo mérito del incumplimiento por parte del Club del plazo de construcción establecido y al mismo tiempo, se ponderó que, conforme las inspecciones efectuadas por la comuna no se habían respetado los límites del predio al momento de alambrar, efectuándose construcciones en un lugar no autorizado a tal fin.-
Sostiene que los incumplimientos de las obligaciones a cargo del permisionario y las transgresiones verificadas, no deja márgenes dubitables del deber oportuno y jurídico de la administración para revocar la concesión otorgada.-
Destaca el carácter precario del derecho al uso de un bien de dominio público, tal como ocurre en la especie, pudiendo ser revocado por la administración en cualquier momento. Que al adoptar dicha figura jurídica la Municipalidad se reservó la facultad de revocación, en su caso, de acuerdo con la aplicación del Decreto-Ley 9533/80.-
Dice que fue en dicho marco jurídico-fáctico, que se procedió a la revocación del convenio mediante el dictado del correspondiente acto administrativo.-
Que la concesión de uso gratuito del predio municipal ha sido otorgada en el marco de la competencia atribuida por el Decreto-Ley 6769/58, que estipula expresamente la autorización del Concejo Deliberante para efectuar todo tipo de transferencias, enajenaciones, gravámenes o concesiones de uso de bienes municipales (artículos 55 y 56 y cc Decreto-Ley citado), por lo que su sanción se traduce en un requisito de validez previo a la celebración del correspondiente contrato que efectúe el departamento ejecutivo a tal fin, a través de la figura jurídica pertinente.
Continua diciendo que en el caso, no existe acción u omisión arbitraria o ilegítima alguna, toda vez que el acto administrativo que llevara al Departamento Ejecutivo a revocar la concesión de uso gratuito, encuentra justificación en la falta de cumplimiento del objeto del convenio atribuible a la entidad deportiva y a las irregularidades verificadas.-
Que el Decreto Nº 650 se encuentra debidamente motivado y cuenta con sustento legal y fáctico, surgiendo del mismo las razones en que se fundó la Administración Municipal para adoptar la decisión de revocar el convenio de Permiso de Uso gratuito.-
No hay elemento alguno en autos que afecte la legitimidad de tal decisión.-
Sostiene que para acceder a cualquier medida precautoria debe evidenciarse fehacientemente el peligro en la demora que la justifique, el que debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros. Nada de eso acontece en autos.
Finalmente dice que el procedimiento administrativo que determinó la revocación del convenio de uso gratuito no adolece de vicios y por lo tanto lo torna legítimo.-
IV. Que con fecha 03/12/2018 ingresan los autos a despacho para resolver.-
1. Solicita el actor cautelarmente la suspensión de los efectos del acto administrativo - Decreto n°650- que dispone la revocación del permiso de uso precario de un predio ubicado en el Parque Municipal Independencia de esta Ciudad (Decreto n° 315/16).-
2. El Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).-
3. Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr.Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
4. Abordado el examen de la petición cautelar bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.-
En tal camino y en el análisis de los presupuestos de admisibilidad de la medida cautelar, cabe señalar que, con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por el actor, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo alegado adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa. (Art. 22º inciso 1º a, C.P.C.A.).-
Dice el actor, respecto de dicho requisito, que el mismo se encuentra acreditado y que ello, deriva de la ostensible sin razón de la demandada de revocar un permiso de uso con fundamento en un hecho inexistente.-
Como primera cuestión cabe apuntar que toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto jurídico público, exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de la que aquellos gozan (SCBA, B 65.727, "Kel Ediciones S.A" I del 4 de julio de 2007. CCSMA causa n° 3759/13 "Veneciano" del 02/09/2013).
En tal sentido, no surge del acto cuestionado una irregularidad manifiesta que "prima facie" amerite el apartamiento de tal criterio, en definitiva surge que el Decreto n°650 cuya suspensión se requiere aparece dictado con sustento legal, por autoridad competente y conforme las facultades propias de la administración, en el ejercicio de la potestad revocatoria del Departamento Ejecutivo Municipal (art. 62, 63, 64, 103, 104, 110 y conc. de la Ordenanza General 267/80).-
Ahora bien, más allá de la aludida presunción de legitimidad, en el caso de autos, la pretensión cautelar necesariamente incluye en el análisis de su procedencia aspectos vinculados a la debatida cuestión de fondo, en un asunto complejo, que requiere para su decisión un examen que sólo puede ser llevado en un estadio procesal con mayores elementos de convicción que los tenidos al tiempo de dictarse la presente resolución (arg. CCASM in re: "Márquez, Ángel Osvaldo c/ Estado Provincial de Bs As. y otro" expte n° 15/2004, I. 7-IX-04).-
Al respecto cabe señalar que de las actuaciones administrativas allegadas (Expte n° 6837/2017) surgen las intimaciones practicadas por la comuna - respecto de varias cuestiones- ello en el marco del convenio celebrado con la actora, y en definitiva conforme los términos del convenio, también surgen constatados los incumplimientos que motivaran tales intimaciones (v. fs.1, 9, 14 y 18).-
Entre las cuestiones incumplidas por la actora se encuentra la construcción de la cancha de hockey. Se comprometía la actora conforme surge de la cláusula Sexta del convenio suscripto entre las partes (v. fs 6/7 del expte. adm. n°6837/2017) construir/ instalar en el parque municipal, en el término de un año desde la firma del convenio (05/05/2016), y en el sector indicado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad, una cancha de hockey profesional.-
A la fecha del dictado del Decreto n°650 y habiendo transcurrido en exceso el plazo fijado convencionalmente, la cancha de ho
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.