Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 17570 2019
Expte. Nº 17570.-
Autos: MORENO CARMEN MABEL C/ MUNICIPALIDAD DE NUEVE DE JULIO S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Octubre de 2019.CS
Estos autos caratulados "MORENO CARMEN MABEL C/ MUNICIPALIDAD DE NUEVE DE JULIO S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 17570, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 21/27 se presenta la Sra. Carmen Mabel Moreno, por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Alberto Noble, promoviendo demanda anulatoria contra la Municipalidad de Nueve de Julio, con el objeto de que se deje sin efecto la ordenanza Fiscal N°5199 e impositiva N°5200 y en consecuencia requiere la anulación de la Multa aplicada en el marco del Expte. Administrativo N°4082-418-2013.-
II. Para ello, refiere que, con fecha 7/3/2013, procedió a presentar ante la comuna demandada, y para su control, los planos correspondientes a una ampliación de la construcción realizada en su propiedad.
Que a raíz de tal presentación se conformó el expediente administrativo N°4082-418-2013.
Refiere asimismo, que a fines del mes de mayo de 2013 recibió en su domicilio el comprobante 005/00000006181 emitido por la Subsecretaria de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio, por el cual se le requiere el pago de la suma de $7.307,60 a vencer con fecha 23/06/2013.
Señala que dicho importe correspondía a la pretensión del municipio de cobrarle una carpeta de planos por un importe de $60,60 y una infracción a las obligaciones fiscales de $7.247,00.
Indica que ante ello, se dirigió a la comuna donde se le informó que la multa se le aplicaba por infracción al Capítulo VIII de la ordenanza fiscal del año en curso.
Manifiesta que analizando la documental obrante en dicho expediente administrativo, advierte que el mismo carece de acto administrativo de alcance particular dictado y rubricado por funcionario legalmente autorizado que dispusiera la sanción pretendida.
Advierte que ante la presentación de su recurso administrativo tal accionar fue medianamente subsanado en tanto que la liquidación practicada fue firmada por el Arq. Moscato, por entonces director del Área.
Asimismo, refiere la falta de Boletín Oficial y por ende de la falta de publicación de la totalidad de las ordenanzas, resoluciones, decretos y demás actos jurídicos y administrativos que el plexo jurídico nacional manda a publicar, como requisito esencial para la vigencia de los mismos.
Continúa su descargo manifestando que con fecha 4/7/2013 realizo ante la Municipalidad accionada una presentación a la que se le adjudicó el N° 1962, solicitando que en aras a las irregularidades de las que adolecía su pretensión, dejaran sin efecto la aplicación de la mentada multa.
Indica que posteriormente, con fecha 22/08/2013 presenta una nueva nota bajo el N° de identificación 2529, donde hacia reserva de derechos por las tasas retributivas de servicios urbanos por todos los períodos no prescriptos y todos los planes de regularización de deuda por el mismo concepto que hubiera suscripto.
Relata que la presentación realizada no obstó para el Municipio mantuviera su planteo, por lo que con fecha 6/9/2013 recibe una nueva intimación a regularizar la supuesta deuda, manifestando que en caso contrario procedería al archivo de las actuaciones, lo que motivó de su parte una nueva presentación que efectuó ante la Subsecretaria de Ingresos públicos con fecha 20/9/2013 bajo el N°2936.-
Sostiene que ante el silencio del ente comunal, con fecha 21/10/2013 presenta pronto despacho respecto al recurso de nulidad que había planteado con fecha 4/7/2013, lo cual motivó la recepción de CD N°911232795 de fecha 13/02/2014 por la cual se le notifica el rechazo al recurso de nulidad interpuesto, fundado en haberse abonado tasas contenidas en la ordenanza cuestionada, en que la tasa fue creada hace más de 20 años por lo que las ordenanzas fiscales e impositivas solo la actualizan y en el hecho de que la legislación que se cuestiona se encontraba publicada en la página web municipal.
Por último, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.
III. Que, habiéndose agregado en autos el Expediente Administrativo N° 4082-418/2013 y que fuera puesto en conocimiento de la accionante mediante acto notificatorio de fs.44/45, la actora se presenta a ampliar demanda conforme luce a fs. 102/106.
A sus efectos refiere que, de la vista del expediente administrativo y adicionado a la falta de vigencia de la ordenanza fiscal cuestionada, solo surge a fs. 24 una determinación de derecho de construcción para obras no declaradas por parte de la Secretaria de Vivienda y Urbanismo, consistente en una simple operación matemática que da por resultado un número que de manera alguna implica una resolución de aplicación de sanción.
En otro apartado, subsidiariamente, refiere que en virtud de las ordenanzas fiscales cuestionadas y de las anteriores sancionadas por la comuna demandada, abonó durante el ejercicio fiscal 2013 y períodos precedentes las tasas retributivas por servicios y en este último año un plan de facilidades de pago por el mismo concepto, indicando que incurrió en un error de derecho al realizar el pago de un tributo sin que se haya configurado la vinculación objetiva del hecho imponible, por lo cual solicita la repetición de los mismos.
En base a ello solicita además, la declaración de falta de vigencia de las Ordenanzas 5199 y 5200 del año 2013.
IV. Con fecha 29/09/2014, se procede a realizar el respectivo examen de admisibilidad, y a correr traslado de la demanda incoada.
V. En consecuencia conforme luce a fs. 124/127 se presenta a juicio la Municipalidad de Nueve de Julio, representada por su letrado apoderado, Dr. Ignacio Abel Palacios, quien tras efectuar la negativa de rigor, argumentó a favor de la legitimidad de la decisión tomada por su mandante, para culminar su conteste solicitando el rechazo de la demanda por carecer de todo sustento factico y jurídico.-
Refiere que, en el ordenamiento jurídico de la comuna las normas adquieren vigencia a partir de su publicación en los modos y tiempos previstos, advirtiendo que las ordenanzas atacadas se encuentran publicadas en la página web de la municipalidad extremo que resulta de fácil comprobación ya que en la pantalla aparece como "Boletín Oficial".
Indica que por lo demás todo el planteo de la actora deviene improcedente.
Señala que su mandante mediante ordenanza 2422 autoriza el Digesto Municipal, que posteriormente se incorpora a la página web oficial.
Menciona, que en diciembre del año 2012 con el dictado de la ley 14.491 que modifica la ley Orgánica de Municipalidades en su art 108 inc.2, e incorpora los inc. 18 y 19, se estableció dentro de los deberes del ejecutivo dar a publicidad en el Boletín Oficial Municipal las disposiciones del consejo y las ordenanzas.
Alude que, tal como consta en el Expte. Administrativo 4082-418/13, en su fs. 42 el presidente del HCD informa que las Ordenanzas 5199 y 5200 fueron aprobadas por el Consejo el 14/01/2013 promulgadas el 17/01/2013 e inmediatamente subidas a la página web municipal, dando cumplimiento con la respectiva publicación.
En otro punto, apela a la doctrina de los actos propios, por cuanto señala que la actora presenta a visación los planos de la ampliación cuando dice desconocer, por supuesta falta de publicación, la ordenanza que establece tal obligación, y más aún que, en la misma nota que da origen al expediente administrativo, textualmente refiere "Se deja constancia que el propietario se hace cargo de los impuestos municipales, provinciales y nacionales que rigen este tipo de trabajos, razón por la cual se firma la presente nota", la cual, indica se encuentra firmada por la Sra. Moreno, de modo tal que no puede alegar que desconocía su obligación de pago.
Finalmente ofrece prueba y peticiona.
Vi.- Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs.134/135, y agregado el alegato presentado electrónicamente por la demandada con fecha 25/02/2019, se llama autos para sentencia.
VII. Que con fecha 09/09/2019, se ordena la suspensión del referido auto para sentencia, ordenando como medida de mejor proveer, la remisión por parte del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Nueve de Julio de las ordenanzas fiscal e Impositiva vigentes durante el año 2013; las que fueron acompañadas por el Municipio demandado con fecha 18/10/2019, ordenando con ello la reanudación de los plazos correspondientes conforme proveído de fecha 22/10/2019 y,
1. Que el accionante de autos, pretende por medio de la presente acción, la nulidad de la "multa" que según refiere, le fue aplicada en el marco del Expte. Administrativo N°4082-418-2013, y funda su petición en la inexistencia de un acto administrativo válido y en la falta de vigencia de la ordenanza fiscal N°5199 e impositiva N°5.200, atento no haber sido publicadas.
Asimismo, al ampliar demanda, solicita la repetición de los pagos de tasas retributivas de servicios urbanos, efectuados en el marco de la ordenanza cuya nulidad se pretende, alegando para ello error de hecho o de derecho.
2. Bajo esta línea y en la tarea de fijar los hechos que basamentan el presente litigio debo señalar:
a) Que conforme luce a fs. 2 del expediente administrativo N°4082-418-2013, la Sra. Carmen Moreno presenta una nota dirigida al Sr. Intendente de la comuna de 9 de Julio, con el objeto de "solicitar la autorización correspondiente para MEDICION E INFORME TECNICO" en su propiedad.
b) A fs. 3 del mencionado expediente, luce agregado informe técnico del Colegio de Arquitectos, en tanto que a fs. 4 se aduna a dicho expediente planilla de estadística de edificación, de la cual se advierte que el trámite por el cual se inicia el expediente administrativo radica en la referida autorización sobre una ampliación a empadronar.
c) A continuación a fs. 5/8 se distinguen planos de la propiedad de la accionante, con sellos que refieren el incumplimiento a la ordenanza 3931 de fecha 26/06/2007 y el incumplimiento a la ordenanza 2249 de fecha 23/05/2013.
Prosigue el mentado expediente, con un pase a la oficina de urbanismo y luego se observan "planillas de cuenta corriente" correspondientes a la Sra. Carmen Mabel Moreno, con todo un detalle que da cuenta de los pagos realizados por la accionante.
d) A fs. 24, en copia fiel se advierte una especie de liquidación, -realizada a mano alzada-, que indica ser una determinación de derechos de construcción para obras no declaradas; y a fs. 25 obra copia de la notificación remitida a la actora, por la cual el Municipio de 9 de Julio le notifica textualmente que ".en el marco del expediente de la referencia (presentación de planos) iniciado por usted en este Municipio hemos detectado que al 04/09/2013 registra deuda en concepto de Tasas Municipales detalladas a continuación: I-3669-$7.648,61 (Planos).". (Sic).-
3. Legitimidad del acto administrativo:
3.1 Tal como han quedado reseñadas las postulaciones de las partes y las piezas relevantes de las actuaciones, la cuestión planteada exige un pronunciamiento acerca de la legitimidad del acto por el cual la Sra. Carmen Moreno ha sido intimada a regularizar su deuda. Ello, amén de adelantar que, del examen de las constancias de autos, tampoco surge prueba alguna de que se haya corrido traslado al actor, en el procedimiento administrativo de determinación de deuda, que con carácter de previo, exige la emisión de ésta.
En efecto, el objeto del acto, es aquello en que él consiste; es, concretamente la decisión, certificación u opinión contenidas en la declaración que el acto implica. Y debe hacer expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones que fueran conducentes a la solución del caso. (El Acto Administrativo. Julio Rodolfo Comadira. La Ley. Pág. 38)
De tal forma, se torna un requisito ineludible la motivación del acto, por la cual se tiende a que la Administración, dé cuenta de sus decisiones, a fin de que las mismas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia, en caso de ser impugnadas y a fin de que el particular pueda ejercer su derecho de defensa. Consistiendo, por ende, la motivación en el sustento del acto administrativo.-
Lo expuesto obliga a detenernos en la determinación de derecho de construcción para obras no declaradas obrante a fs. 24, por el que se pretende determinar la deuda que debería abonar el accionante.
Sin dudas, la irregularidad de dicho acto administrativo es manifiesta, por cuanto el mismo carece de toda motivación, pretendiendo imponer al administrado el pago de una suma de dinero, sin indicar detalle ni concepto alguno que expliciten los antecedentes causales de hecho y de derecho que le sirvieron de sustento.
En este sentido y siguiendo a Bartolomé Fiorini, el problema se vuelve claro cuando la irregularidad es tan patente que no presenta ninguna duda, es decir, cuando el déficit se destaca en forma certera e indiscutible (Teoría Jurídica del Acto Administrativo, pág. 250), siendo un hecho notorio que surge de la mera confrontación del acto con el orden jurídico positivo y su dictado es contra legem superando la interpretación meramente opinable de la norma que se aplica ("D.J.B.A.", t. 120, pág. 334; t. 126, pág. 435).
En suma, a la luz de los lineamientos expuestos, el acto administrativo de fs. 24 -carente de todo antecedente de hecho y de derecho- y que fuera impugnado en estas actuaciones, a todas luces se advierte inmotivado para fundar y legitimar el ejercicio de la potestad del municipio en los escasos términos expresados.
Tal como lo ha afirmado reiteradamente el Alto Tribunal Provincial, la consecuencia jurídica de la ausencia de motivación del acto administrativo, al igual que la aparejada por la distorsión, insuficiencia, inexistencia o mera apariencia del motivo determinante aducido en el acto resolutorio, es su nulidad. Cuando el acto es infundado, malinterpreta, desvirtúa u omite los motivos determinantes comprobados o aducidos, procede, entonces, el control anulatorio de la actuación administrativa enjuiciada (cfr. doctr. causas B. 62.308, "Clemeno", sent. de 3-XII-2003; B. 58.133, sent. de 28-XI-2005; B. 56.550, "Gamboa", sent. de 15-III-2006; B. 57.995, sent. de 30-VIII-2006 y B. 61.402, "Pallardo", sent. de 25-IV-2007).
En efecto, la accionada a través de un acto administrativo, pretendió el cobro de una suma de dinero, que estimo deviene de los derechos de construcción. Aclaro, que utilizo el termino estimar, a fin de denotar la imprecisión que deviene de dicha liquidación, de la cual no puedo siquiera corroborar que es lo que efectivamente se pretende cobrar (ya sea una tasa u otros importe que responda a una sanción en materia urbanística), puesto que como adelanté, carece de todo fundamento de hecho y de derecho, sin poderse precisar de manera alguna de que conceptos derivan los cálculos aritméticos que lucen a fs. 24, y cuyo monto final se pretende endilgar como deuda al administrado.-
3.2 Ahora bien, sentado ello, no pasa desapercibido en la especie la falta de participación en este proceso administrativo de determinación de deuda, por parte del contribuyente.-
En este escenario, se advierte que los extremos precedentemente relevados, contrastan inequívocamente con el derrotero procedimental a la que debe sujetarse la comuna en general (arts.103, 106 y ccts. Ord. Gral. 267/80) y en particular en materia tributaria.
Me permito recordar a esta altura que el principio de la defensa en juicio o debido proceso, luce como un principio general del derecho, de carácter universal, que en nuestro medio reconoce sus raíces en el derecho constitucional local (art.15), nacional (art.18) y supranacional (art.75 inc.22 CN, arts. 8 y 25 CADH), tanto en sede administrativa como judicial, por lo que aún, en el caso de falta de previsión de la norma local en relación a la intervención del administrado, el derecho a ser oído -el que presupone entre otros aspectos, una leal información al interesado de las actuaciones vinculadas a la cuestión que le incumbe- resulta un principio de ineludible observancia en los supuestos de ejercicio de una potestad estatal que afecte sus derechos (v. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, 9° ed., T°2, pag.IX-20).
Y en esta línea de pensamiento, cabe destacar la relevancia puesta de manifiesto a los derechos involucrados, por el Máximo Tribunal Provincial, al manifestar en innumerables supuestos similares, entre los cuales me permito citar el siguiente, que: "La exigencia del debido proceso constituye un requisito formal de razonabilidad del actuar administrativo y una derivación necesaria del art. 15 de la Constitución Provincial y se integra con el derecho a obtener un control judicial suficiente ...El debido proceso se especifica y concreta en la oportunidad que deben tener los administrados de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que los afecten. Además, en el necesario carácter previo del procedimiento legal para la decisión de todo acto administrativo. En tal procedimiento previo se asientan los principios de la verdad material, la razonabilidad y el ejercicio del derecho de defensa. Así, el derecho de defensa comprende, entre otros, el derecho a ofrecer pruebas y controlarlas, el derecho de recurrir y el de acceso a los actuados" (SCBA, B 60253, del 30-3-2010".
3.3 Publicidad de las ordenanzas:
Finalmente, corresponde tratar el planteo referido a la falta de publicidad de las ordenanzas municipales que darían origen al pago de los derechos por construcción.
Al respecto, la SCBA, emitió pronunciamiento en la causa "Municipalidad de Chivilcoy c/ Unilever Bestfoods de Argentina S.A. s/ Apremio" (causa C. 115.942). Allí, se discutía la inhabilidad de un título ejecutivo, planteándose la inexistencia de la deuda o inoponibilidad de la ordenanza fiscal en razón de que la misma no había sido puesta en conocimiento de los accionados con antelación a la configuración del hecho imponible.-
Al momento de resolver, dispuso que las ordenanzas que crean una tasa en el ámbito territorial del Municipio deben -necesariamente- llegar a conocimiento de los obligados al pago, a través de un medio razonable (arts.1, 5 y 28, Const. nacional; 193 inc. 1, Const. Provincial) y que en aquel caso, no se verificaba tal extremo en razón de que no surgía que la ordenanza haya sido publicada en el Boletín Oficial, ni en ningún otro medio de comunicación con cobertura en el domicilio de la demandada.-
Refirió con aquello, que la deuda no podía ser reclamada y desestimó la ejecución promovida por el Municipio por el entonces actor. (causa C. 115.942 "Municipalidad de Chivilcoy contra Unilever Bestfoods de Argentina S.A. s/ Apremio", Sent. del de 09/03/2016, Ver además "Municipalidad de Chivilcoy contra Akapol S.A. s/ Apremio" de fecha 14/10/2015; entre otras).-
Derivando lo expuesto en el presente caso, entiendo que resulta aplicable la doctrina legal reseñada, toda vez que en autos no se ha acreditado que la Ordenanza Fiscal e Impositiva cuya vigencia correspondía al año 2013 de la Municipalidad de Nueve de Julio, se encontrare publicada en el Boletín Oficial, ni en ningún otro medio de comunicación respecto del cual pudiere la accionante tomar conocimiento.-
Véase, que la comuna demandada no ha producido ningún tipo de prueba que demuestre lo contrario, a excepción de la sola manifestación en su contestación de demanda.-
Es que el requisito de la publicación de las leyes y de toda norma de alcance general, para su plena vigencia y aplicación a sus destinatarios, es una derivación de la forma republicana de gobierno que todas las Provincias debe garantizar (arts. 1, 5 y 6 C.N.), exigencia que, naturalmente, alcanza a los municipios, aún con la consagración de su autonomía por la reforma de 1994
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.