Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 15774 2020
Expte. Nº 15774.-
Autos: OTERMIN MARCELA ALEJANDRA C/ PODER JUDICIAL DE LA PCIA. DE BS.AS. S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Febrero de 2020.-ACB
Estos autos caratulados "OTERMIN MARCELA ALEJANDRA C/ PODER JUDICIAL DE LA PCIA. DE BS.AS. S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 15774, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 76/105 se presenta la Dra. Marcela Alejandra Otermin en causa propia, en incompatibilidad, promoviendo formal demanda contra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la anulación de la Resolución SCBA N° 846 por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires le hubo aplicado la sanción de "Prevención" en su carácter de titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mercedes.
Luego de hacer un breve racconto de su larga trayectoria como integrante del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires sin que su actuación haya sido merecedora de sanción alguna, relata que, producto de la deficiente atención telefónica en el Juzgado a su cargo, la Suprema Corte de Justicia provincial le aplicó la sanción de "Prevención" prevista por el Acuerdo SCBA N° 3354 por cuanto, a entender del máximo tribunal, tal deficiencia habría producido un evidente y grave perjuicio al prestigio y eficacia de la administración de justicia.
Continúa ilustrando que el expediente administrativo que concluyera con la sanción mencionada se formó como consecuencia de las peticiones realizadas por la Juez de Menores de Moreno, Dra. Guarino, el Defensor Oficial de Mercedes, Dr. Juan Mahiques, el Juez de Garantías del Dpto. Judicial de San Martín, Dr. Schiavo, como así también producto de un informe de la Jefe del Conmutador del que surgía el estado de los teléfonos del Juzgado a su cargo.
Sostiene que al momento de sentenciar, la Suprema Corte de Justicia provincial entendió que se había comprometido el prestigio y eficacia de la administración de justicia, resultando ella responsable de tal anomalía; sin embargo, a su entender el máximo órgano provincial omitió las explicaciones y argumentos aportados por la magistrada ahora recurrente, como así también la prueba por ella aportada al sumario administrativo.
Luego entonces adelanta que su recurso contra la sanción se fundará en la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta del acto recurrido por la falta de valoración de la prueba presentada en su descargo (solicita inconstitucionalidad de los arts. 6 y 9 del Acuerdo 3354/08 y de las resoluciones 845 y 1995 de SCBA), como así también la arbitrariedad del acto por falta de causa al encontrarse en un estado de necesidad exculpante.
En lo que hace a los antecedentes de hecho que sirvieron de base a la sanción aplicada, menciona que la Dra. Guarino en su carácter de titular del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Moreno, comunicó al Presidente de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías Departamental de Mercedes que durante los días 12, 13, 14 y 17 de noviembre de 2008 no le fue posible comunicarse telefónicamente con el Juzgado a cargo de la actora, imposibilitando el envío de un fax urgente en el marco de la causa N° 8497, por el que solicitaba el traslado de una menor detenida, menor que a su vez registraba una causa en el juzgado a cargo de la Dra. Otermin.
Pese a la imposibilidad de comunicarse denunciada, cuando el día 25 de noviembre de 2008 se comunicaran la Actuaria del Juzgado a cargo de la Dra. Otermin con la Auxiliar Letrado del Juzgado a cargo de la Dra. Guarino, la primera le informó a la segunda que el traslado solicitado ya había sido ordenado por la Dra. Otermin con fecha 19 y 21 de noviembre de 2008, lo que supone la efectiva recepción del pedido.
Sostiene entonces que, en función de lo antedicho y más allá de un eventual inconveniente que hubiera podido tener la Dra. Guarino en comunicarse con el Juzgado a su cargo, sus deberes como titular del Juzgado de Ejecución no habrían sido incumplidos, toda vez que se logró el objetivo requerido por la Juez denunciante resolviéndose sin dilación la situación de la menor conforme fuera requerido.
En lo tocante a la presentación efectuada por el Dr. Schiavo, la misma tuvo como objetivo solicitar a la Excma. Cámara de Apelación y Garantías Penal Departamental de San Martín (departamento en el que, en la época, tenía jurisdicción la Dra. Otermin) disponga los medios técnicos mediante el cual pudiera contactarse a la diciente para resolver cuestiones de urgencia. Ello por cuanto el mencionado Dr. Schiavo se vio en la necesidad de dar tratamiento a un habeas corpus interpuesto toda vez que la Dra. Otermin no estaba disponible al momento de la interposición del mismo.
Explica entonces la actora que al momento en que fuera interpuesto el mencionado recurso de habeas corpus (esto es, el día sábado 31 de mayo de 2008) el Juzgado a su cargo no se encontraba obligado a cumplir turnos o guardias, razón por la cual fue el Juzgado a cargo del Dr. Schiavo el que debió resolver la solicitud, puesto que era tal Juzgado a su cargo el que se encontraba de turno conforme lo dispuesto por el Acuerdo SCBA N° 3360 del 5 de diciembre de 2007.
Abocada a desarrollar los antecedentes de la presentación efectuada por el Dr. Juan Mahiques, la actora adelanta la existencia de un cierto conflicto personal con el presentante, lo que llevó a este último a realizar numerosas denuncias en su contra, por lo que lo entiende comprendido en las generales de la ley.
Sin perjuicio de ello, manifiesta que el por entonces interino Defensor General realizó su presentación a la Excma. Cámara Departamental de Mercedes a fin de que esta tome la debida intervención por cuanto no era posible contactar al Juzgado a cargo de la recurrente luego de las 13:30 horas (horario en el que, por la época de la presentación del Dr. Mahiques, finalizaba la atención al público en los juzgados de la Provincia de Buenos Aires) para realizar presentaciones de urgencia de quienes se encuentran privados de libertad.
Continúa reiterando lo antedicho, esto es que a la fecha de la denuncia el Juzgado a su cargo no se encontraba de turno ni guardia conforme lo dispuesto por la Excma. Cámara Departamental, por lo que cabe regirse por el Estatuto establecido por la Suprema Corte de Justicia provincial en lo que atañe a la actuación de los agentes judiciales, el cual disponía en aquel momento que la atención al público finalizaba a las 13:30 hs.
Asimismo y sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que los teléfonos celulares particulares tanto de la actora, como de diversos agentes a su cargo estaban a disposición de diferentes organismos y autoridades, a fin de que pudieran contactarlos en todos aquellos casos en que dada la naturaleza de los mismos requiriesen de una urgente intervención, como con anterioridad lo hubo realizado la Defensoría de Mercedes. También refiere que los domicilios de los mismos agentes son conocidos en esta ciudad de Mercedes, por lo que de ser necesario también podía contactárselos en ellos.
Finalmente refiere que la queja efectuada por el Dr. Mahiques no refiere a un caso concreto, generalizando y sin referir a sustento fáctico alguno, lo que imposibilitó a la actora ejercer su derecho de defensa adecuadamente.
En lo que hace al informe de la Jefa del Conmutador de fecha 6 de marzo de 2008, en donde se hace referencia a que algunas líneas de la dependencia a cargo de la Dra. Otermin se encontraban descolgados, otras no eran atendidas y que el fax se encontraba en automático, afirma la recurrente que ninguna de las líneas informadas pertenecía a su despacho.
Asimismo, destaca que en el mes de marzo de 2008 la ahora recurrente remitió oficio al Presidente de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías Departamental por el que se anoticiaba que la línea telefónica nro. 439365 pertenecía al despacho de la Secretaria del Juzgado, despacho este que se encontraba vacío por cuanto la mencionada Secretaria se encontraba en uso de licencia desde noviembre de 2007; luego tal línea le fue asignada a la nueva Secretaria el 24 de junio de 2008.
Agrega que en aquel oficio también se informaba que el personal de mesa de entradas del Juzgado había hecho conocer sus números celulares al conmutador para una comunicación más ágil. Abunda sobre este último punto agregando que el día 11 de junio de 2008 libró un oficio al Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal del Dpto. Judicial de San Martín remitiendo su propio celular, como el de la Secretaria y la Oficial Mayor del Juzgado a su cargo, números que también fueros informados a la Jefe del Conmutador de San Martín.
Sin perjuicio de lo anterior, destaca durante todo su escrito el estado de emergencia en que se encontraba el Juzgado a su cargo, por cuanto desde su creación en septiembre de 2005 hasta diciembre de 2008 fue el único juzgado de ejecución penal para dos populosos departamentos judiciales como lo son el de Mercedes y el de San Martín, sobre los cuales tenía jurisdicción. Tal circunstancia, entiende, se ve reflejada en el número de causas ingresadas para su conocimiento, el que llegó al momento de la sanción recurrida a un total de 11.326 y 1023 detenidos a disposición de aquella magistratura. Adiciona que, con posterioridad, en el mes de diciembre de 2008 se creó un segundo Juzgado de Ejecución Penal en Mercedes, como así también en abril de 2010 se crearon dos Juzgados de Ejecución Penal en San Martín, pero que a pesar de aquellas creaciones el volumen de trabajo no disminuyó.
Entiende asimismo que tal situación de sobrecarga de trabajo no podía ser compensada con el esfuerzo del personal, toda vez que a noviembre de 2008 el Juzgado a su cargo contaba con 7 personas para atender la totalidad de causas anteriormente referida. Luego tal plantilla se vio reducida por el pase de gran parte del personal al nuevo Juzgado de Ejecución Penal creado en San Martín, con más las distintas licencias que tomó el personal restante.
En atención a la desproporción entre el volumen de trabajo y el personal a su cargo, informa la magistrada sancionada que en distintas oportunidades dispuso la habilitación de horario especial para todo el personal durante el transcurso de cuatro años, a fin de no retrasar el debido trámite de las causas bajo su conocimiento, comunicándose tal disposición a las autoridades correspondientes. Asimismo informa la magistrada que todo el personal dedicaba parte sustancial de su tiempo libre, tanto en días de semana luego del horario laboral como los fines de semana, para continuar con la atención de las tareas a su cargo, desatendiendo consecuentemente los deberes familiares y el tiempo destinado a descanso, con las consecuencias lógicas que de ello se derivó.
Ilustra la situación detallando las condiciones en las que desarrollaba el personal a su cargo las tareas diarias, no contando con sistema de computación alguno para el registro de causas, debiendo realizar también las tareas propias del cargo de ordenanza, toda vez que carecían de uno, todo lo cual redundaba en la distracción del tiempo útil del personal en muy diversas tareas, algunas de ellas debiendo realizarse fuera del Juzgado, tales como el retiro de útiles o envío y recepción de causas.
Relata que, sin perjuicio de las circunstancias anteriormente detalladas, no recibió queja alguna por retardo de justicia durante la tramitación de las causas.
Aquellas circunstancias que, sostiene, sobrepasaban su capacidad de gestión y desembocaban en un estado de emergencia operativa y colapso del Juzgado a su cargo, fueron debidamente anoticiadas al superior, requiriéndole la recurrente en varias oportunidades que se dispusieran los recursos técnicos y humanos que le permitieran un mejor ejercicio de la magistratura de su titularidad, como así también la apertura de nuevos Juzgados de Ejecución Penal que descomprimieran el volumen de causas que arribaban a su entendimiento, pedidos todos estos que, afirma, fueron desoídos e ignorados.
Concluye entonces que, al no meritarse las circunstancias operativas en las que desarrollaba su quehacer diario, la mera circunstancia de una atención deficitaria de los teléfonos no resulta lógica ni justa como determinante de la sanción impuesta, máxime cuando la circunstancia apuntada no derivó en un perjuicio cierto y concreto conforme su entendimiento.
II. A fs. 137/145 se presenta a contestar demanda la Fiscalía de Estado por medio de la Dra. Mónica Alicia Tisnes, quien luego de reiterar los fundamentos de la demanda de la parte actora, se opone a que prospere la misma por cuanto entiende que no se encuentra demostrado un ejercicio arbitrario o ilegítimo de la autoridad demandada.
Así, se opone al planteo radicado en la inconstitucionalidad de los arts. 6 y 9 del Acuerdo SCBA 3354 por cuanto el mismo no abastece el recaudo de suficiencia exigido para la declaración de inconstitucionalidad solicitado, al haber la actora omitido la realización de un análisis circunstanciado y pormenorizado de cada uno de los puntos de la normativa que le causan agravio por resultar contrarios al texto constitucional.
Ello por cuanto entiende que los principios del derecho penal no son de aplicación al procedimiento disciplinario administrativo, sosteniendo que cada uno de ellos opera en un campo diferente, teniendo presupuestos diferentes y diversos extremos que permiten tener por tipificada una conducta. Así, concluye, tratándose de un procedimiento disciplinario en el marco de actuaciones administrativas, el análisis de la conducta administrativa lesiva debe realizarse a la luz de los principios y pautas que rigen la materia administrativa, y no la penal.
Luego entonces, partiendo de la apertura del tipo estipulado por el inc. f del art. 9 del Acuerdo 3354, entiende no vulnerado el derecho de defensa de la actora por cuanto el mencionado tipo abierto del inciso en cuestión fue cerrado por la Instrucción al precisar cuáles eran las conductas lesivas reprochadas, con carácter previo a otorgarse la oportunidad de descargo a la instruida.
Abocada la demandada a analizar la razonabilidad de la sanción impuesta a la Magistrada, califica como evidente la falta administrativa imputada, por cuanto a su entendimiento la dificultad de comunicarse telefónicamente con la dependencia a cargo de aquella resulta probada en el expediente administrativo, y que tal circunstancia no aparece controvertida en el escrito postulatorio, sino que la actora encaminó su reclamo a justificar el hecho que sirvió de base a la sanción.
En relación a esto último, entiende que los argumentos esgrimidos por la actora no resultan suficientes para desvirtuar la razonabilidad de la sanción impuesta, afirmando que el colapso que sufre el sistema de justicia en su totalidad no puede ser esgrimido como justificativo suficiente y que la eventual inexistencia de daño concreto no resulta óbice para sancionar la falta cometida.
Abunda en la cuestión sosteniendo que de atenderse a los justificativos de la actora se neutralizaría el poder disciplinario inherente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que tendría por efecto inmediato agravar el estado crítico en que se encuentra el poder judicial provincial. Sin perjuicio de ello, entiende que la SCBA tuvo en cuenta la situación de colapso del Juzgado a cargo de la actora, como así también los esfuerzos realizados por todos sus integrantes, al momento de graduar la sanción impuesta.
Afirma finalmente que la sobrecarga laboral no ostenta la gravedad necesaria como para tener por configurado un eximente de responsabilidad. Considera inverosímil que el exceso de trabajo haya sido de tamaña envergadura para impedir a la actora impartir ordenes e instrucciones al personal con el objetivo de optimizar la atención de las llamadas telefónicas, particularmente teniendo en cuenta que estaba a su cargo "una dependencia relativamente pequeña", por lo que no puede sostenerse que fuera imposible controlar el cumplimiento de las actividades funcionales de los empleados.
A su turno, sostiene la innecesariedad de perjuicio concreto como resultado del hecho sancionado, por cuanto el poder disciplinario se ejerce en razón de una falta de servicio en sí misma, y con independencia del daño concreto que ésta pueda haber generado, daño que eventualmente será tenido en cuenta al momento de graduar la sanción a aplicar. Afirma que el bien jurídico protegido por la potestad disciplinaria es el buen funcionamiento de la administración de justicia.
En función de tales argumentos es que solicita el rechazo de la demanda.
III. Producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs. 156, agregado el alegato de la demandada, finalmente se llaman estos autos para dictar sentencia con fecha 12/09/2019; y
I. El tema central de la litis traída a conocimiento del suscripto consiste en dilucidar si la aplicación de la sanción a la actora por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en razón de haberse detectado una deficiente atención telefónica en el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mercedes a cargo de la magistrada actora, puede ser anulada.
La sanción tuvo su origen en las denuncias efectuadas por la Juez de Menores de Moreno, Dra. Guarino, el Defensor Oficial de Mercedes, Dr. Juan Mahiques, el Juez de Garantías del Dpto. Judicial de San Martín, Dr. Schiavo, denuncias que dieron origen al expediente administrativo N° C.J. 474/08, el cual tramitó de conformidad con lo establecido en el Acuerdo SCBA 3354.
II. El Acto Administrativo cuestionado fue dictado por un poder público, en este caso por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en materia de control disciplinario, en el ejercicio de una potestad administrativa, mediante el cual impuso su voluntad sobre los derechos o intereses del magistrado sancionado, al entender que la conducta de esta última ha producido un evidente y grave perjuicio al prestigio y eficacia de la administración de justicia.
En función de la naturaleza del acto administrativo, el mismo resulta enjuiciable ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por haberse actuado en función administrativa.
Sentado ello, cabe poner de relieve que la revisión judicial de los actos administrativos dictados por el órgano jurisdiccional ha sido receptada por autorizada doctrina y jurisprudencia, que sostiene como argumento esencial que todo habitante tiene derecho a la defensa en juicio y esta garantía comprende también la supervisión de los actos del Poder Judicial, cuando este actúa en ejercicio de la función administrativa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que "Los actos emanados de este cuerpo en ejercicio de las funciones típicamente administrativas que le reconoce la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias, están sometidas al control de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Nación, con igual alcance al que lo están los actos de naturaleza análoga llevados a cabo por los otros departamentos del gobierno federal" (CSJN Sentencia Nº C 3378. XXXVIII). Esta doctrina fue oportunamente receptada por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en la causa "Spina, Domingo Vicente c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contenciosa Administrativa", B 50101, entre otros.
La "actividad administrativa" que realiza el Poder Judicial -al igual que la desempeñada por el Poder Ejecutivo, de conformidad con el art. 166 de la Const. Prov.-, debe regirse por los principios del derecho administrativo. Por ende, es carácter esencial de aquella su impugnabilidad, puesto que el acto irrecurrible no puede existir en un Estado de Derecho.
III. Resulta necesario precisar que la validez del acto administrativo depende del cumplimiento de los elementos esenciales que lo caracterizan: competencia, causa, ob
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.