Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 37829 2020
Expte. Nº 37829.-
Autos: METALURGICA CAMPISI SRL C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, 7 de Mayo de 2020.CS
Estos autos caratulados "METALURGICA CAMPISI SRL C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 37829, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 58/62 se presenta el Dr. Lorenzo Luis Lahitte en su carácter de apoderado de METALURGICA CAMPISI SRL, iniciando demanda contra la MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO, pretendiendo la nulidad de la Resolución dictada el 13 de Junio de 2019 en el Expte. N° 4102-0052 S/19, la cual resuelve imponerle a la citada metalúrgica, una sanción de multa de $100.000, por infracción a los arts. 19 y 46 de la Ley 24.240 (47 inc. b y 49 de la ley 24.240 y art. 48 ley 13.133).-
En el relato de los hechos explica que, su mandante se dedica a la fabricación e instalación de galpones y tinglados para la industria y comercios.
Refiere que el Sr. Maximiliano Stupiello les compró un galpón con determinadas características, mediante orden de compra que acompaña y que si bien no fue firmada por las partes, fue reconocida por el comprador en la carta documento remitida tres años y medio después.
Señala que efectivamente el galpón fue encargado en abril de 2015 y que el comprador lo pagó anticipado con los cheques cuyas copias también acompaña, todos con fecha de emisión 24/04/2015 y pagos diferidos.
Indica que su mandante fabricó el galpón (hizo las correas y las columnas y cortó las chapas), pero que por razones que desconoce nunca pudo instalarlo, teniéndolo guardado durante tres años y medio en sus instalaciones de Ruta 8 Km. 112.500.
Expresa que en abril de 2018 las partes contratan una ampliación de la obra, conviniendo como fecha de entrega 45 a 60 días sujeto a variación por inclemencia climática, aclarando que en esta nueva contratación no hubo por parte del comprador ningún reclamo ni comentario respecto a la supuesta demora en la entrega.
Considera oportuno aclarar que, para la instalación del galpón, previamente los albañiles debían realizar las bases (hierro y cemento) donde van instaladas las columnas de hierro del galpón, para lo cual debían ingresar a la propiedad, tomar las medidas, cavar y hacer las bases, lo cual requería acordar con el propietario días y horarios lo cual refiere que no fue fácil porque el Sr. Stupiello -probablemente molesto u ofuscado- no atendía el teléfono.
Hace saber que la demora en la hechura de las bases generó una nueva demora por parte de ambos contratantes que no dio lugar a ningún reclamo hasta que intempestivamente el Sr. Stupiello envía carta documento dando un plazo de cinco días para la instalación del galpón, a lo que su mandante contestó que le resultaba imposible cumplir en esos términos y mucho menos si no podía ingresar a la propiedad y las bases no estaban hechas.
Señala que dicho conflicto dio lugar a un reclamo ante la OMIC por parte del comprador, acordándose un plazo de entrega, el cual se cumplió y no obstante el señor Juez de Faltas sancionó a su mandante con la multa de $100.000,00.
Indica que su mandante manifestó oportunamente la imposibilidad de abonar dicha suma de dinero, acompañando el resumen de los tres últimos balances que así lo acreditan.
Refiere que con esta presentación, se plantea la nulidad del acto administrativo por el que se impone una injusta, arbitraria y excesiva sanción ya que no existe prueba, ni fundamento jurídico razonable que acredite el incumplimiento por su parte de los art. 19 y 46 de la ley 24.240.
A modo de conclusión manifiesta que su mandante tiene más de cuarenta años en el mercado y jamás tuvo ninguna denuncia ni demanda judicial por incumplimiento de contrato, haciendo saber que, en esta construcción no ha tenido ningún beneficio, sino todo lo contrario, ya que durante tres años tuvo guardadas las correas, columnas y chapas en su taller ocupando un voluminoso espacio, esperando pacientemente que el comprador se dignara a avisarle cuando quería el galpón.
En subsidio, se agravia del monto de la sanción por considerarla excesiva y no derivar de un análisis serio y razonado de la cuestión debatida omitiendo tener en cuenta la conducta maliciosa del adquirente y su obrar de mala fe, por lo que solicita la reducción de la multa en el mínimo.
Ofrece prueba y peticiona.
II. Conferido el traslado de rigor, con fecha 28/11/2020 se presenta el Dr. Martín Leonardo Bettaglio, en su carácter de apoderado del Municipio de San Antonio de Areco, quien luego de la negativa de rigor, procede a contestar demanda, solicitando el rechazo de la misma.
Al respecto refiere que la sanción impuesta a la actora ha sido la conclusión del procedimiento administrativo llevado a cabo mediante el expediente Nro. 4102-0052 S/19, de fecha 13 de Junio de 2019, en dónde se le imputó la violación del artículo N° 19 y 45, 47, inc. B y 49 de la Ley 24.240.
Señala que, en el mismo se evidencia la predisposición conciliatoria del órgano que dictó la resolución sancionatoria y las condiciones de legalidad y debido proceso, dándole la oportunidad de efectuar descargo y ofrecer prueba, así como llegar a una solución para el fin del asunto.
Indica que, ante la denuncia efectuada en contra de Metalúrgica Campisi SRL, se lo citó y dentro del marco y prescripciones que otorga la ley 24.240, con fecha 19-02-19, se llegó a una conciliación, mediante la cual el denunciante tenía la oportunidad de cumplir debidamente con las obligaciones asumidas.
Manifiesta que la parte imputada, se comprometió a efectuar las tareas en las fechas denunciadas en el acuerdo, acción que nunca efectuó, lo cual derivó en la nueva denuncia por parte del Sr. Maximiliano Stupiello del incumplimiento de acuerdo, el cual a todo efecto fuera oportunamente notificado a Metalúrgica Campisi SRL.-
Hace saber que, como respuesta a ello, el imputado se presentó y esgrimió razones dilatorias e infundadas sobre el motivo de su nuevo incumplimiento, pretendiendo de esta forma eludir infundadamente las obligaciones asumidas en el acuerdo homologado con fecha 29-04-19.-
Refiere que ello, fue razón suficiente para que la Dirección dependiente de su mandante entendiera que se encontraba configuraba la infracción a la ley 24.240 rigiendo el principio de "in dubio pro consumidor".-
Destaca que, del análisis del escrito por el cual la actora hiciera su descargo, se llega a la conclusión que no existe ni un párrafo que tienda a desvirtuar el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el acuerdo de fecha 19-02-19, ni tampoco se explica el porqué del nuevo incumplimiento una vez efectuado el acuerdo homologado, lo que concluye y determina en una actitud por parte del aquí accionante, como abusiva que lo hace ser perjudicial para los usuarios.
Finalmente, respecto a la desproporcionalidad de la multa indica que, la Dirección de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones no ha hecho más que aplicar una sanción proporcional y adecuada teniendo en cuenta las características del hecho denunciado por el Sr. Maximiliano Stupiello y las infracciones a los arts. N° 19 y 45, 47, inc. B y 49 de la Ley 24.240.
Finalmente, ofrece prueba y peticiona.
III. Con fecha 03/12/2019 se resuelve pasar los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal facultad ambas partes, lo cual motiva que con fecha 07/02/2020 se llama autos para sentencia y;
I. Así, tal como fuera expuesto precedentemente, en el presente litigio se ventila la impugnación por parte de Metalúrgica Campisi SRL, de la multa que se le impusiera, en el marco de las actuaciones administrativas N°4102-0052 S/19, mediante resolutorio de fecha 13 de Junio de 2019 dictado por el Juez del Juzgado de Faltas N°2 de San Antonio de Areco.
Que dichas actuaciones se formaron como consecuencia de la denuncia presentada por el Sr. Maximiliano Stupiello, ante el incumplimiento basado en la falta de entrega y armado de una estructura encargada y abonada a la empresa Metalúrgica Campisi SRL.
II. Abordando ahora, la evaluación del acto administrativo cuestionado, corresponde en primer lugar fijar los antecedentes que le sirvieron de fundamento y precisar las conductas que en aquella sede, han sido merecedoras de la sanción impuesta.-
Que a fs. 1 del Expte administrativo N°4102-0052-S-19, se presentó con fecha 10/01/2019, el Sr. Maximiliano Stupiello a fin de radicar, ante la oficina de defensa al consumidor de San Antonio de Areco, una denuncia contra Metalúrgica Campisi SRL, en virtud de que, conforme el mismo señalara, con fecha 24/04/2015 firmó una orden de compra mediante la cual Metalúrgica Campisi SRL se comprometió a fabricar un tinglado, a armar y entregar el mismo en el predio que el denunciante tiene en San Andrés de Giles dentro de los 60 días a partir de dicha fecha.
Asimismo señala que con fecha 11/04/2018, adquirió el cerramiento de los dos laterales, de acuerdo a las condiciones que surgen de la orden de compra obrante en su poder y que pese a las innumerables gestiones extrajudiciales tendientes a lograr que se le entregue la estructura adquirida y abonada, no obtuvo resultados.
Así, una vez fijada, para el dia 19/02/2019, la primer audiencia ante la oficina de defensa al consumidor, surge del acta de la misma que, ante el reclamo por parte del denunciante respecto a la entrega y armado inmediato de la estructura adquirida y abonada en la cual, reclamó, asimismo, la indemnización correspondiente por la mora y/o incumplimiento; la parte denunciada manifiesta que no armó el galpón por así haberse convenido por pedido expreso del requirente, y que Metalúrgica Campisi tenía el galpón pre armado en el taller, agregando que está dispuesto a armarlo en un tiempo prudencial y teniendo en cuenta otros compromisos asumidos. Señala asimismo la parte denunciada que el adquirente después de dos años, no puede pretender el armado del galpón de un día para el otro. (v. fs. 7).-
Se cierra la audiencia, con el compromiso de la parte denunciada, de que en el transcurso de los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de febrero del año 2019 iniciará los trabajos de armado de la obra contratada de manera ininterrumpida hasta su conclusión, siempre y cuando las inclemencias del clima lo permitan.
A fs. 13, obra nota presentada ante la OMIC por el denunciante (fechada el 27/04/2019 pero sin cargo de recepción), en la cual manifiesta que, habiendo transcurrido más de 30 días desde el inicio del armado, a la fecha no se concluyó con la tarea, no existiendo inclemencia de tiempo que lo justifique, por lo cual, solicita la urgente intervención de la OMIC a fin de que se intime por única y última vez para que cumpla con su obligación bajo apercibimiento de aplicar la multa correspondiente.
A fs. 16, obra carta documento fechada el 01/04/2019 y recibida el 03/04/2019, la cual fuera dirigida por la OMIC a Metalúrgica Campisi, en la que se le comunica ".no estando acreditado en el expediente N°4102-0052 S/19 y habiendo expirado el plazo allí establecido de "iniciar los trabajos de armado de la obra contratada de manera ininterrumpida hasta su conclusión", lo intimamos que en el plazo de 72 hs. acredite en el expediente de referencia el cumplimiento de lo acordado."
Con nota de fecha 05/04/2019 (sin cargo de recepción), el Dr. Lorenzo Lahitte, representante de la metalúrgica denunciada, manifiesta que el galpón ya está armado, faltando solamente el techado que se realizara cuando los albañiles finalicen sus tareas. (v. fs.17).-
A fs. 18, se le dio traslado al Sr. Maximiliano Stupiello de los términos esbozados por el representante de Metalúrgica Campisi, quien responde mediante nota presentada a fs.19, manifestando que, a casi 2 meses de haber dado inicio a las tareas, la obra no está terminada, que el trabajo no es ininterrumpido sino por el contrario esporádico y con períodos de semanas que no va nadie. Asimismo agrega fotografías en las que indica que en los últimos 5 días, nadie se presentó a trabajar y que lejos está de estar terminada. Ante ello, solicita se disponga el cumplimiento imperativo en un plazo no mayor a 10 días imponiéndose las sanciones previstas en la ley de defensa al consumidor.-
A fs 21/24, obran las fotografías a las que hace referencia el denunciante a fs. 19.-
A fs. 26 y con fecha 29/04/2019, se homologa el acuerdo conciliatorio celebrado con fecha 19/02/19 y se manda a notificar el mismo, intimando al denunciado a que en el plazo de 5 días acredite el cumplimiento del mencionado acuerdo bajo apercibimiento del art. 46 ley 24.240.
A fs. 30, obra cedula de notificación a Metalúrgica Campisi SRL recibida en fecha 20/05/2019.-
Con fecha 13/06/2019 obra acto administrativo final del Sr. Juez de Faltas de la Municipalidad de San Antonio de Areco, por el cual se sanciona a Metalúrgica Campisi SRL con multa por el importe de $100.000, por infracción a los arts. 19 y 46 ley 24.240, disponiendo asimismo el cumplimiento conforme acuerdo de fecha 19/02/19 en el plazo de 15 días hábiles.-
Con fecha 14/06/2019, Metalúrgica Campisi acompaña fotos del galpón terminado refiriendo haber dado cumplimiento con el acuerdo homologado.
La cedula de notificación de la sanción impuesta fue notificada conforme obra a fs. 40.-
III. Frente a tales antecedentes y merced a los argumentos con que las partes sustentan sus posiciones, la cuestión radica -en primer lugar- en determinar si el acto recurrido se ajusta a las previsiones normativas atinentes al caso para luego analizar, si la sanción fue correctamente aplicada.
1. Abocándome a tal faena, he de efectuar algunas precisiones acerca del marco normativo aplicable a esta litis.
Debo señalar -de modo introductorio- que, la consagración en nuestro ordenamiento de los Derechos del Consumidor ostenta rango constitucional de conformidad con los artículos 42 de la Carta Magna Nacional y 38 de la Constitución Provincial, que expresamente instituyen la protección del consumidor y usuario en la relación de consumo.
En el ámbito de la provincia de Buenos Aires rige la ley 13.133, conocida como el Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, norma que diseña los mecanismos instrumentales para la efectiva implementación de los derechos de los consumidores y usuarios.
El legislador provincial, ha establecido un procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a los Derechos del Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires, que -conforme su art. 36- habrá de ajustarse a las normas allí previstas, siendo de aplicación supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo provincial y sus leyes modificatorias (v. Título VIII "Prevención y solución de conflictos en ámbito administrativo").
Dicho ello, el sistema consagra que el sumario administrativo podrá iniciarse de oficio o por denuncia del consumidor o usuario (art. 37), supuesto en el cual, una vez recepcionada ésta, se abrirá una instancia conciliatoria, a cuyos fines se celebrará una audiencia con la comparecencia de las partes, en la cual se labrará un acta (arts. 45, 46 y 47 -primer párrafo- de la ley citada).
En este encuadre, el artículo 19 establece que: "En los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos ...".
En tal sentido, como el potencial consumidor se encuentra en una situación desventajosa con respecto a las empresas, el derecho específico, en términos generales, intenta remediarlo, por lo que es correcto exigirles a aquéllas una mayor diligencia, asegurándole al primero el cabal cumplimiento de lo convenido.
Que, adentrándonos en el caso que se debate, no se encuentra controvertido que el consumidor, contrató con fecha 24/04/2015, un servicio de construcción, y pese a haber cumplido con el pago del mismo, por razones que no fueron alegadas ni mucho menos probadas en autos, no se procedió a la entrega del tinglado en el tiempo estipulado para ello, conforme a ese contrato original.
Luego se convino con fecha 11/04/2018 una ampliación que reedita el plazo de entrega (45 a 60 días), sin aclarar nada respeto de las anteriores demoras. Es decir, hasta aquí las partes, al parecer, habían saneado las diferencias que pudieran mantener respecto al negocio.
Que una vez en sede administrativa, con fecha 19/02/2019, se efectuó un acuerdo conciliatorio en el cual la Metalúrgica se comprometía a iniciar durante los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de febrero de 2019 la construcción ininterrumpida de la obra hasta su conclusión.
En este orden cronológico, no puedo eludir, la carta documento remitida por la oficina de defensa al consumidor (v. fs. 16), intimando a la mentada metalúrgica a que en el plazo de 72 hs acreditara en el expediente el cumplimiento con lo acordado en el acta labrada en fecha 19/02/2019. Carta documentó que ameritó que con fecha 05/04/2019 el Dr. Lahitte, en su carácter de apoderado de la empresa metalúrgica, reconociera no haber cumplido, puesto que el trabajo no se hallaba finalizado.
Continuando con este relevamiento, con fecha 20/05/2019, se le notificó a la denunciada la homologación del acuerdo y la intimación a terminar la obra en el plazo perentorio de 5 días. Sin embargo, fue recién con fecha 14/06/2019, que la señalada metalúrgica dio cuenta del trabajo terminado, es decir muy tardíamente y una vez dictado el acto administrativo sancionatorio.
En suma, desde la fecha del acuerdo conciliatorio transcurrieron casi cuatro meses más, para que la aquí accionante cumpliera con un trabajo que había sido encargado y abonado en su origen en abril del año 2015 y cuyos términos de entrega no podían superar los 60 días de acuerdo al compromiso asumido, todo lo cual me inclina a considerar la legalidad del acto atacado.-
Considero, que de la prueba aportada y analizada, se desliza una conducta reticente y de falta de colaboración por parte de la metalúrgica, que no hizo más que fortificar la legitimidad del acto impugnado.
Véase, que dicho comportamiento reprochable, radica primero, en la conducta negocial desplegada ante los reclamos del consumidor (v. carta documento fs. 74/75) y luego en sede administrativa, donde la empresa no demostró haber actuado de modo razonable, previsible y regular, conforme las pautas que surgen del standard del "buen proveedor profesional", basamentado en un trípode compuesto por la confianza del consumidor en la marca y el producto que encarga, en la buena fe negocial y en la expectativa de cumplimiento, todo ello, reitero, atendiendo al hecho, que el proveedor se encuentra en mejores condiciones fácticas y jurídicas para garantizar el cumplimiento de la tarea y/o el servicio encomendado.
En todo este derrotero, -tanto en el espacio transitado en sede administrativa y luego judicial- la aquí actora no logró justificar la demora achacada y de allí que el acto administrativo no se encuentra reñido con los antecedentes de hecho y de derecho que le sirvieron de causa (Arts. 103 y su doctrina Ord. General 247/80)
2. Resuelto lo anterior, corresponde acometer el análisis del planteo de la accionante vinculado con la graduación de la multa, campo en el que -adelanto- el órgano administrativo posee un prudente margen de arbitrio.
En este contexto hermenéutico, corresponde tener en cuenta el art.49 de la Ley de Defensa del Consumidor, que -en su parte pertinente- dispone que "En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intenciona
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.