Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 37483 2020
Expte. Nº 37483.-
Autos: BBVA BANCO FRANCES S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Septiembre de 2020.-FNB
Estos autos caratulados "BBVA BANCO FRANCES S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 37483, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
Que a fs. 113/121 se presenta el Dr. Francisco José Falabella en carácter de apoderado de BBVA Banco Francés S.A., iniciando demanda contra la Municipalidad de Lujan, pretendiendo la nulidad de la Disposición N° 025/2019, dictada por la Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Lujan (B.A.) en fecha 25 de abril de 2019, en la que se resuelve imponer una sanción de multa de pesos $ 50.000,00 a su representada, por supuesta violación a lo normado en el Art. 10° ter de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la carga del pago del sellado fiscal Municipal por la suma de pesos $36,25 y disponer la publicación de la parte resolutiva (artículo 1°) de la presente disposición a costa del BBVA Banco Francés.-
Relata que, el Sr. Zatko, se apersonó en la sucursal que tiene el BBVA Banco Francés, en la ciudad de General Rodríguez en varias oportunidades, a los fines de hacer distintos tipos de consultas, entre ellas, la de dar de baja un débito automático. Para realizar dicha gestión quería comunicarse con la empresa prestataria que era Google.-
Al respecto apontoca que personal del Banco, le proveyó algunos números telefónicos como así también casillas de correo y bases de datos con las que cuenta para llevar a cabo la diligencia. -
Afirma que luego de ello, el Sr. Zatko interpuso una denuncia ante la Oficina Municipal de Información del Consumidor del Municipio de Luján en fecha 21 de agosto de 2018.-
Arguye que, de la misma denuncia, se desprende que el designio del actor era dar de baja los productos que goza con el Banco, como lo es, la tarjeta de crédito. -
Manifiesta que Zatko, nunca expuso su disconformidad con los servicios que presta la institución, sino que, muy por el contrario, es un usuario que mensualmente utiliza sus productos. -
Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, manifiesta que su mandante no se opuso a la baja y posterior cierre del producto, pero hace saber que la misma está sujeta a que previamente, el usuario, dé de baja todos los débitos automáticos con los que cuenta su tarjeta. -
Al respecto, considera que dicha requisitoria se hace visible en las "Condiciones Generales que Rigen la Operatoria de los Productos y Servicios de BBVA Banco Francés S.A." en su articulado 10° último párrafo. -
Afirma que la posición tomada por el banco no es caprichosa, sino que encuentra sustento en que los montos a abonar por los débitos automáticos son pagados por la propia institución y luego cobrados al usuario al vencimiento del resumen. -
En esta razón, alega que, si no realiza la baja del débito automático, se estaría permitiendo que se dé de baja un producto en el lapso temporal entre que el Banco lo abona y la fecha de vencimiento del resumen, lo que en definitiva provocaría un efectivo desprendimiento económico hasta que el dinero le es devuelto por el usuario. -
Consecuentemente, manifiesta que dicho organismo no puede verse perjudicado por la baja de un servicio en el lapso referido. Este no es el ánimo que tiene la Constitución Nacional, Provincial ni tampoco la Ley de Defensa del Consumidor. -
Sigue su argumento, aseverando que el Sr Zatko así como pudo contratar con Google Tinder, de la misma manera debió suspender el débito automático por ese servicio. Lo cual manifiesta, no haber sucedido.
En este sentido, expone que los problemas entre el consumidor y la empresa contratante deben ser solucionados eventualmente con dicha empresa tal como lo dispone el mismo contrato de Tarjeta de Crédito suscripto por las partes en "Condiciones de uso".
Continua su exposición, alegando que el Sr. Zatko con posterioridad a la denuncia, continúa utilizando la Tarjeta de Crédito que pretende dar de baja y que, a raíz de ello, es que se ha iniciado la denuncia ante OMIC. -
Que considera esto, contrario a la teoría de los actos propios y que a través de ello se vislumbra la intención de continuar con los servicios de la tarjeta de crédito.
Asimismo, recalca que aquel usuario que pretende dar de baja el servicio lo que debe hacer es dejar de utilizarlo, ya que de lo contrario la denuncia seria "un sin sentido".-
Acusa la nulidad del acto administrativo que impone la sanción contra su representada, por no estar acreditado su incumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 10° ter, 2° párrafo de la Ley 24.240.-
Asegura que la resolución es arbitraria, parcial y excesiva.
Reitera que previo a la baja de un producto, en este caso la tarjeta de crédito, el usuario debe suspender y/o interrumpir los débitos automáticos. Ello deriva de los términos de la contratación realizada. -
Que, pese a la intención de continuar utilizando su producto, la administración Municipal imputo una multa de $50.000,00, razón que considera que no corresponde con la circunstancia del caso, sino que trasluce una arbitrariedad violatoria del principio de la razonabilidad de los actos estatales (art 28 CN).-
Luego de ello, manifiesta que en caso de que no se haga lugar a la pretensión, se reduzca la multa al mínimo, por el exceso derivado de la cuantía dineraria entre los hechos y la sanción impuesta.-
Finaliza su exposición, argumentando que una vez que el producto no genere o no registre deuda el mismo puede darse de baja de inmediato, pero para ello no debe poseer débitos o consumos pendientes. Esto se desprende del propio contrato que el Sr Zatko firmó.-
Finalmente funda en derecho, ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona. -
II. En fecha 12/11/2019 se presenta la Dra. Florencia Sandra Noemi Larralde, en carácter de apoderada de la Municipalidad de Luján contestando demanda, negando cada uno de los hechos expuestos en el escrito de inicio. -
Refiere que, las afirmaciones planteadas por el actor respecto a la nulidad de la disposición por considerarla arbitraria, parcial y excesiva, no tienen asidero alguno.-
Manifiesta que del artículo 72 de la Ley 13.133 se desprende el principio de "in dubio pro consumidor" consistente en proteger a la parte que se encuentra en una posición más desventajosa (usuario o consumidor), por lo que en caso de dudas se estará al amparo de este. -
Continúa su exposición afirmando que, la sanción impuesta a la actora, fue producto de las conclusiones vertidas en el procedimiento administrativo, cuya constancia obran en el expediente N° 4069- 5844/2018, imputando por ello la violación del artículo 10 ter de la Ley 24.240.-
Atribuye que el encuadre normativo fue ajustado, en tanto se lo ha sancionado por cobrar al denunciante un canon para la baja del servicio de la tarjeta de crédito.
Relata que, respecto a la desproporción del monto de la multa aplicada, no es más que una sanción proporcional a las características de los hechos. -
Finalmente ofrece prueba y peticiona. -
III. Luego con fecha 29/6/2020 y conforme las reglas procesales previstas en el art. 69 del CPCA, se resuelve pasar los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal facultad la parte actora, y no habiendo presentado en término los alegatos la parte demandada. -
IV. Por último, con fecha 31/07/2020 se llama autos para sentencia y;
1. Tal como fuera expuesto precedentemente, en el presente litigio se ventila la impugnación de una multa que le fuera impuesta al BBVA BANCO FRANCES S.A. por la Municipalidad de Luján -Dirección de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones- en el marco de las actuaciones administrativas N° 5844/2018, mediante la Disposición N°025/2019 del 25 de abril de 2019 dictada por la Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Luján, Ana Rita Sallaberry.-
Que dichas actuaciones se formaron como consecuencia de la denuncia presentada por el Sr. Jorge Martin Zatko, ante el impedimento de la baja de la Tarjeta de Crédito de la cual era titular y que tenia contratada con la entidad aquí accionante. -
2. Corresponde en primer lugar, fijar los antecedentes que le sirvieron de fundamento y precisar las conductas que, en aquella sede, han sido evaluadas para la aplicación de la sanción que aquí se cuestiona. -
Que a fs. 3 del Expte. administrativo N°4069- 005844/2018 se presentó con fecha 21/08/2019, el Sr. Jorge Martin Zatko a fin de radicar, ante la oficina de defensa al consumidor de Luján, una denuncia contra BBVA Banco Francés S.A., por impedirle dar de baja la tarjeta de crédito de la que es titular. -
Asimismo, diserta que el Banco le requiere para su baja que primeramente proceda a cancelar el débito automático que mantiene con Google/pagos, para luego en su consecuencia, proceder a la baja de la tarjeta de crédito. -
A fs. 7, se convoca a las partes, tanto denunciante como denunciada, a una audiencia conciliatoria. -
A fs.26, obra agregada el acta de primer audiencia, de la que se despendre que solo la parte denunciada se ha presentado y dejándose asimismo constancia de la incomparecencia del Sr. Zatko - pese a estar debidamente notificado.-
En ese mismo acto, el denunciado solicita el archivo de las actuaciones, atento a la incomparecencia del accionante. -
A fs. 27, con fecha 03/10/2018, se presenta ante el Área de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones el Sr. Zatko, a confirmar la denuncia en todos sus términos y manifestar que su ausencia se debió a una cuestión de fuerza mayor. Por ello solicita se otorgue una nueva audiencia. -
Que en ese mismo acto se fija una segunda audiencia conciliatoria en fecha 01/11/2018. -
A fs. 36, obra agregada acta de la segunda audiencia de la cual surge la ausencia del BBVA Banco Francés S.A. - pese a estar debidamente notificado-.
En ese acto el denunciante ratifica su reclamo. Visto ello se fija un plazo de 10 días a los efectos de que el denunciado se expida sobre el objeto de la denuncia. -
A fs. 43, habiendo vencido el plazo para ello, se intima nuevamente para que en el plazo de 5 días, se manifieste al respecto, bajo apercibimiento de proceder con la formulación del auto imputatorio. -
A fs.46, obra descargo de la empresa, solicitando que previo a dar de baja la tarjeta de crédito deberá peticionar la interrupción de los débitos automáticos ante las emisoras. -
A fs.58, obra en acta la comparecencia del Sr. Zatko ante el Área de Defensa al Consumidor, tomando conocimiento del descargo presentado por la empresa y ratificando su denuncia en los mismos términos. -
A fs.60/61, luce la imputación a BBVA Banco Francés S.A. por violación al artículo 10 ter, al impedir la baja de la tarjeta de crédito, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para presentar el descargo y ofrecer prueba. -
A fs. 64/65 se dicta el acto final - por la Secretaría De Gobierno y Relaciones Institucionales- sancionando a la empresa BBVA Banco Francés S.A. con una multa de pesos cincuenta mil ($50.000,00) por haber infringido el art 10 ter de la Ley 24.240, bajo el fundamento de que la misma Institución no procedió a dar de baja la tarjeta de crédito, sino que "por el contrario le establece al consumidor la condición previa de dar de baja débitos automáticos...", acarreando ello, un camino equivoco que debió atravesar el Sr. Zatko, revelándose así contrarias a los principios que tiene en miras el régimen protector del consumidor.-
3. El embate contra el acto administrativo se centra básicamente en lo que la actora considera una arbitrariedad, alegando la falta de prueba y fundamentación jurídica razonable respecto del incumplimiento de su parte, en particular con relación al art. 10 ter segundo párrafo de la ley 24.240.
Que ya tuve oportunidad, en anteriores precedentes, de fijar el ámbito de actuación en esta materia, resultando oportuno determinar el marco normativo aplicable al caso. Así, es dable mencionar lo dispuesto en el art. 42 de la Constitución Nacional, en el cual se estableció que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno...". Protección vigente también prevista por el art. 38 de la Constitución Provincial.
Por su parte la ley 24.240 en su art. 1° refiere claramente que la ley tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios; mientras que su art. 3° dispone que en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor.
Aunque a ello, y en este caso en especial, debo agregar que para la empresa sancionada, el derrotero procedimental de la actuación administrativa, también le marca el camino de impugnación, ya que si bien por ley resulta ser la presente una instancia de juicio pleno, la misma resulta acotada a los planteos defensistas realizados en la etapa anterior; es decir no puede admitirse ahora defensas que no tuvo oportunidad de analizar el juez administrativo cuya decisión se impugna.
Tiene dicho nuestro Máximo Tribunal Provincial al respecto que: "La omisión probatoria del accionante limita el alcance de la decisión final del Tribunal, ya que teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisible todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras esta no los excluya expresamente, incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición, no solo por el carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración ( SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Alvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007).
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires rige la ley 13.133, conocida como el Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, norma que diseña los mecanismos instrumentales para la efectiva implementación de los derechos de los consumidores y usuarios.-
El legislador provincial, ha establecido un procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a los Derechos del Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires, que -conforme su art. 36- habrá de ajustarse a las normas allí previstas, siendo de aplicación supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo provincial y sus leyes modificatorias (v. Título VIII "Prevención y solución de conflictos en ámbito administrativo").-
Por su parte, el artículo 19 de la ley 24.240 establece que: "En los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos ...".-
En tal sentido, como el potencial consumidor se encuentra en una situación desventajosa con respecto al prestador de servicios, el derecho específico, en términos generales, intenta remediarlo, por lo que es correcto exigirles a aquéllas una mayor diligencia, asegurándole al primero el cabal cumplimiento de lo convenido.-
4. Es por lo expuesto que, frente a los antecedentes precedentemente aludidos y merced de los argumentos con que las partes sustentan sus posiciones, la cuestión radica - en primer lugar- en determinar si el acto recurrido se ajusta a las previsiones normativas atinentes al caso, para luego examinar si la sanción fue correctamente aplicada. -
Es decir, si la decisión de la autoridad administrativa resultó infundada respecto a la trasgresión del art. 10 ter de la Ley 24.240, esto es, en relación a los modos de rescisión del contrato. -
En esta dirección, la norma de mención articula: "Modos de Rescisión. Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario".-
Asimismo, el artículo 11 de la Ley de Tarjeta de Crédito - Ley 25065-, se manifiesta respecto a los modos de conclusión/resolución de la relación contractual. Dice ".Concluye la relación contractual cuando: a) No se opera la recepción de las Tarjetas de Credito renovadas por parte del titular. b) El titular comunica su voluntad en cualquier momento por medio fehaciente." (el subrayado es propio).-
Todo ello fue ponderado en el acto administrativo atacado.
En el análisis de estas actuaciones, se verifica que no solo el aquí actor no efectuó la baja de la Tarjeta de Crédito cuando le fue requerida por el interesado, sino que para ella estableció una condición previa, que era que el titular de la tarjeta de crédito diera de baja todos los débitos automáticos que tenía.-
Y en tal parcela, ello también fue parte de la motivación del acto administrativo.
Ante lo cual, me permito resaltar, que el propósito de las normativas antes mencionadas, es otorgarle a la parte más vulnerable del contrato, la posibilidad de rescindir el mismo en cualquier momento, no constando expresamente en la normativa legal el requisito que quizo imponer el accionante.
Y a esta altura, resulta oportuno destacar, que tal como expuse supra, la autoridad administrativa, al momento de dictar el acto sancionatorio, tuvo en cuenta "...como fue descripto en el relato de los hechos y de conformidad con la documentación acompañada en el expediente bajo análisis ..."(textual), por lo cual el argumento vertido en esta instancia judicial respecto a la aplicación de lo convenido por las partes en el art. 10 del contrato suscripto entre el denunciante y el Banco Frances -"Condiciones generales que rigen la operatoria de los productos y servicios de BBVA Banco Frances S.A."- (fs. 105/112), resulta extemporánea su agregación, pues en su caso debió probar tal circunstancia en el procedimiento administrativo, lo cual no realizó, y por ello no pudo ser merituado por la autoridad sancionante.
Es por ello, que me impide analizarla dentro del contexto que propone la actora, ello sin perjuicio de advertir que en esa documental citada está previsto que respecto a los débitos automáticos en Tarjeta de Crédito, el cliente pida al banco que suspenda un débito hasta el día hábil anterior inclusive a la fecha de vencimiento (ver último párrafo art. 10 citado). Ello, sin dejar pasar por alto que el propio acto administrativo pondera que el denunciante Sr. Zatko los desconoce.
Ante lo expuesto, no se advierte que la baja de los débitos automáticos , tal como fue dispuesto en el acto cuestionado, sea impedimento legítimo para dar de baja la Tarjeta de Crédito. Motivo central de la sanción impuesta.
5. Al respecto, y como ya adelantara, no podemos dejar de soslayar, que de las constancias que obran en el expediente administrativo, se desprende que a fs.60/61, en el auto de imputación se le otorgó un plazo de 5 días hábiles para que presente el descargo y ofrezca prueba ante la Dirección de Defensa al Consumidor, lo cual no mereció respuesta ni objeción alguna por parte del Banco actor.-
Sobre este punto, la jurisprudencia ha entendido que la motivación de lo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.