Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 37484 2020
Expte. Nº 37484.- Autos: ASOCIACION CIVIL CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS DE LUJAN C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.- Mercedes, de Septiembre de 2020.-ACB
Estos autos caratulados "ASOCIACION CIVIL CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS DE LUJAN C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 37484, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que, RESULTA: I - Que a fs. 318/333 se presenta el Dr. Jorge Eduardo Farran en representación de la Asociación Civil Club Campos de Golf Las Praderas de Luján, promoviendo formal demanda contra la Municipalidad de Luján, solicitando la anulación de la Disposición Nro. 024/2019 dictada por la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales con fecha 12 de abril de 2019, en el marco del expediente administrativo N° 4069-003994/2018 (en adelante, la "Disposición").
Todo ello, en los términos que autoriza el art.70 de la ley 13.133.- En aquella Disposición se le impuso a su mandante una multa de $50.000 con más la obligación de publicar a su costa la parte resolutiva de la Disposición en el bisemanario El Civismo de la ciudad de Luján; todo ello por cuanto la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales entendió que la aquí actora había infringido lo normado en el art. 8 bis de la ley 24.240. De acuerdo con su relato, la sanción le fue aplicada al entender la autoridad administrativa que había habido un incumplimiento al deber de garantizar la libertad de contratar, al establecer un voucher de $500 mensuales a cargo de cada copropietario del Club Campos de Golf Las Praderas (en adelante, el "Club de Campo") para ser utilizado, por valor equivalente y dentro de los 3 meses de su emisión, en cualquiera de los locales cedidos al concesionario gastronómico del Club de Campo.
Aclara que el establecimiento de tal voucher se corresponde con la decisión adoptada por la Asamblea del Consorcio de Propietarios del Club Campos de Golf Las Praderas del 9 de septiembre de 2017, ratificada por Asamblea celebrada el 3 de noviembre de 2018. Sostiene que la antes mencionada Disposición sancionatoria se dictó como consecuencia del procedimiento llevado a cabo ante la denuncia planteada en los términos de la Ley 13.133 por los Sres. Julio César Rivera, Hugo López Castellano y Alejandro César Alfano, todos los cuales, refiere, son copropietarios del mencionado Club de Campo que, disconformes con la decisión asamblearia adoptada, denunciaran a la Asociación Civil aquí demandante.
Aduce que resulta improcedente e irrazonable que por la denuncia de tres copropietarios se pretenda dejar sin efecto la decisión -que considera razonable y equitativa- de más de 450 copropietarios, y que la sanción seguida de la denuncia, en definitiva, desconoce el régimen de propiedad horizontal, provocando un serio daño a la seguridad jurídica. Abocado al desarrollo de los argumentos introducidos, inicia planteando la falta de legitimación pasiva de la Asociación Civil Club Campos de Golf Las Praderas de Luján por cuanto la misma reviste el carácter de Administradora del Consorcio, obligada por ley a ejecutar las decisiones de la Asamblea de Copropietarios. En función de ello y los antecedentes de hecho que sirvieron a la Autoridad Administrativa para el dictado de la Disposición, el sujeto responsable de los mismos es el Consorcio que, a través de su órgano deliberativo (Asamblea) tomó la decisión señalada como violatoria de la normativa de protección del consumidor.
Concluye entonces que la Disposición debe ser anulada por falta de legitimación pasiva. Continúa agraviándose al sostener que la normativa de defensa del consumidor no puede ser aplicada y avasallar el régimen propio de un consorcio de propietarios, no pudiendo considerarse "Consumidor" a quien el régimen de propiedad horizontal determina "Copropietario", ni menos aún aferrarse a tal consideración equivocada para desconocer las decisiones de una Asamblea de Copropietarios. Asimismo, detalla el contexto fáctico en el cual la Asamblea de Copropietarios adoptó la decisión de implementar el antes referido voucher a cargo de los Copropietarios, antecedentes estos que entiende sostienen y justifican suficientemente la decisión tomada.
Seguidamente apunta la obligatoriedad y el carácter vinculante de la decisión adoptada válidamente por la Asamblea de Copropietarios, la cual debe ser respetada por todos los Copropietarios afectados, como así también por la Administradora del Consorcio, por constituir la Asamblea el órgano máximo de un consorcio. Refiere a distintos artículos del Reglamento de Copropiedad del Club de Campo a fin de reforzar los argumentos antes referidos, sosteniendo que nada de ello fue respetado por los Copropietarios quejosos ni por la Autoridad Administrativa que dictó la Disposición avalando una improvisada e improcedente denuncia. Cita jurisprudencia que entiende sostiene su planteo, funda en derecho y peticiona se anule la Disposición, con expresa imposición de costas a la demandada.
II. Mediante presentación electrónica de fecha 15 de julio de 2019 se presenta el Dr. Horacio Deluca en representación de Julio César Rivera, copropietario denunciante en sede administrativa, a fin de manifestarse espontáneamente en relación a la pertinencia de la denuncia realizada y la razonabilidad de la sanción decidida. Con fecha 9 de marzo de 2020 se declara inadmisible la intervención intentada por no abastecer los requisitos previstos en el art. 10 del CPCA para admitir al solicitante como coadyuvante, ni tampoco su intervención como tercero en los términos del art. 90 del CPCC. III - Mediante presentación electrónica de fecha 15/10/2019 se presenta la Municipalidad de Luján por medio de su letrada apoderada Dra.
Florencia Sandra Noemí Larralde, y contesta demanda solicitando se rechace la misma con expresa imposición de costas. Ello por sostener la validez del procedimiento administrativo que dio origen a la Disposición ahora cuestionada, y afirmando que, en caso de duda, debe siempre privilegiarse el interés del consumidor. Afirma el correcto encuadre jurídico de la cuestión ventilada en las actuaciones administrativas, el haberse otorgado y respetado el derecho del denunciado de hacer su descargo y ofrecer prueba. Ofrece prueba, y solicita el rechazo de la acción intentada, con costas a la actora. IV - Requeridas que fueron -en los términos del art. 120 del CPCC (conf. tercer párrafo del art. 4° y art. 5° del Anexo Único de la Ac. 3886/18)- la documental aportada en formato electrónico por la demandada, al no ser debidamente presentadas, se hizo lugar al apercibimiento de tenerla por no presentada, se agregaron los alegatos de la actora y la demandada, y finalmente se llamaron estos autos para dictar sentencia con fecha 6/12/2019; y
I. El tema central de la litis traída a conocimiento del suscripto consiste en dilucidar si debe ser anulada la sanción impuesta a la actora por parte de la Dirección de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales del Municipio de Luján, al haber determinado esta última que la implementación de la decisión de la Asamblea de Copropietarios consistente en la imposición de un voucher de $500 mensuales a cargo de cada copropietario del Club de Campo para ser utilizado en cualquiera de los locales cedidos al concesionario gastronómico del Club de Campo era violatoria de lo previsto por el art. 8 de la ley nacional de Defensa del Consumidor Nro. 24.240.
La sanción tuvo su origen en las denuncias efectuadas por los Sres. Julio César Rivera, Hugo López Castellano y Alejandro César Alfano, copropietarios del mencionado Club de Campo. II - El Acto Administrativo cuestionado fue dictado por un poder público, en este caso por la Dirección de Defensa al Consumidor y Control de Concesiones, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales del Municipio de Luján, en el ejercicio de una potestad administrativa -poder de policía del consumo-, mediante el cual impuso su voluntad sobre los derechos o intereses de la asociación sancionada, al entender que la conducta de esta última había configurado una violación al deber de libertad contractual.
En función de la naturaleza del acto administrativo, el mismo resulta enjuiciable ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por haberse actuado en función administrativa. III - Resulta necesario precisar que la validez del acto administrativo depende del cumplimiento de los elementos esenciales que lo caracterizan: competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación, finalidad y forma, los que deben concurrir simultáneamente de acuerdo con el modo requerido por el ordenamiento jurídico. La existencia de vicios en alguno de los elementos constitutivos acarrea la nulidad del acto administrativo. La nulidad es la sanción legal contra actos que nacieron viciados. Se trata de actos que cumplen con todos los requisitos para su constitución, pero que por algún vicio se ven perjudicados en su validez, es decir, se ven privados de sus efectos propios.
IV. En materia de Derechos del Consumidor, sobre la cual tiene jurisdicción la mencionada Dirección municipal, se impone la norma del art. 38 de la Constitución Provincial, el cual reza que "Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz (.)", el cual guarda correlato con lo establecido por el art. 42 de la Constitución Nacional. De allí que, en lo que aquí importa, deberá ante todo estarse frente a una "relación de consumo", pues sin la presencia de tal relación de consumo la Autoridad de Aplicación de la ley 13.133 no tiene jurisdicción para entender los conflictos que a ella se le presenten.
Consecuentemente, deberá definirse qué caracteriza a una relación para que pueda ser categorizada como "de consumo". A tales fines, deberá recurrirse al marco normativo nacional, esto es la Ley 24.240 en cuyo art. 3 establece que "Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario", para luego definir al consumidor o usuario como aquel que "adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social", a la vez que determina al proveedor como aquel que "desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, (...) distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios".
Luego pues, deberá analizarse cuál es el bien o servicio debido por la Administración de un Consorcio para de allí derivar cuáles incumplimientos podrán reclamarse bajo la órbita de la normativa de Defensa del Consumidor, y quién podrá denunciarlos. V - Ante todo, dadas las particularidades del caso traído a conocimiento, no huelga aclarar a modo introductorio que la relación entre las partes actuantes en sede administrativa tiene su germen primigenio en el derecho real de propiedad sobre bienes afectados al régimen de propiedad horizontal. De allí que tal relación tenga un régimen jurídico que le es propio y especial, determinado en la actualidad por el Código Civil y Comercial de la Nación ("CCyC"), que en su artículo 2044 determina que "el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio.
Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador." En relación con ello y, en particular, la especial figura del administrador, tiene dicho la jurisprudencia que "El consorcio posee todos los atributos propios de una persona jurídica: a) Sus órganos, que son el administrador y la asamblea de copropietarios, y b) Su patrimonio propio distinto del de cada uno de sus integrantes, constituido por los fondos aportados por los consorcistas y por los créditos por expensas comunes. Se trata, así, de una persona jurídica restringida sujeta al mecanismo de la ley 13512 integrada por distintos propietarios de pisos o departamentos en cuanto son condóminos sobre el terreno y de las partes comunes del edificio, que están en condominio de indivisión forzosa entre todos los propietarios de las unidades.
Y precisamente, para atender adecuadamente a la satisfacción de las necesidades e intereses comunes a todos aquéllos la ley impone un sistema de administración del edificio de propiedad horizontal y obliga a colocar a su frente a un administrador, que puede o no ser uno de los condóminos y al que le son aplicables las normas del mandato." (CC0101 MP 119805 RSI-899-4 I 20/05/2004; Carátula: Consorcio Propietarios Edificio Moreno 2244/66 c/Kleiman, Moisés y Ot. s/Ejecución.) Avanzando en la línea de análisis, corresponde remitir a lo dispuesto por el art. 2065 CCyC por el que se puede comenzar a caracterizar los servicios debidos por el Administrador en tanto es impuesto como "representante legal del consorcio con carácter de mandatario." Entonces y como ya indicaba la jurisprudencia citada, deberá estarse a la figura del mandatario para un mejor acercamiento al servicio debido por el Administrador en su obligación contractual de realizar uno o más actos jurídicos en interés del Consorcio (conf. art. 1319 CCyC).
Recurriendo a lo previsto por el art. 1324 CCyC, que detalla las obligaciones del mandatario, en lo que aquí interesa, lo fuerza a "a) cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las instrucciones dadas por el mandante y a la naturaleza del negocio que constituye su objeto, con el cuidado que pondría en los asuntos propios o, en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, o por los usos del lugar de ejecución". Y puesto que en este mandato particular se incluye la representación del mandante, es de aplicación lo previsto por el art. 366 CCyC al establecer que "cuando un representante actúa dentro del marco de su poder, sus actos obligan directamente al representado y a los terceros.
El representante no queda obligado para con los terceros, excepto que haya garantizado de algún modo el negocio". Es por ello de vital importancia, y así lo previó el legislador, que los deberes del Administrador sean claros y específicos, y estén incluidos en el Reglamento de Propiedad Horizontal, el cual deberá ser elevado a escritura pública e inscripto ante el registro de la propiedad inmueble que corresponda, y se integrará al título de propiedad de la unidad funcional del copropietario (conf. arts. 2037 y cctes. CCyC). En aquel Reglamento, por expresa disposición legal, deberá incluirse la "designación, facultades y obligaciones especiales del administrador" (art. 2056 inc. r). Asimismo, el Reglamento de Copropiedad constituye lisa y llanamente el contrato al cual las partes integrantes del Consorcio, esto es los copropietarios, someten sus voluntades ordenándolas en pos del bien de la comunidad que libremente eligen conformar.
Tiene dicho la jurisprudencia que "El reglamento de copropiedad y administración de un consorcio constituido según lo dispuesto por la ley de propiedad horizontal del título de dominio de cada uno de los propietarios y constituye la ley a la que deben ajustar a sus derechos y obligaciones; al mismo tiempo representa el vínculo que liga entre si a los miembros del consorcio, siendo de naturaleza contractual o convencional. Atento ello, sus alcances dependen de la voluntad de los interesados, en cuanto no sea restringida por la ley, y su incumplimiento debe juzgarse en el ámbito de la responsabilidad contractual; con lo cual, tratándose de una acción personal, y no existiendo un plazo específico de prescripción, corresponde aplicar el término general del art. 4023 del Cód.
Civ." (CC0001 SM 52215 RSD-88-4 S 30/03/2004 Carátula: Datri, Jorge Luis c/Legnazzi, Daniel y otros s/Daños y Perjuicios). Luego entonces, y así como en una sociedad comercial los socios delegan en la Asamblea de Accionistas la toma de decisiones y en el Directorio la administración cotidiana, en la figura del Consorcio los copropietarios delegan la toma de decisiones en la Asamblea de Copropietarios y encargan a la Administración la ejecución de tales decisiones y administración cotidiana. Y la voluntad de la Asamblea de Copropietarios se gestará mediante la celebración de reuniones en el seno de las cuales los copropietarios adoptarán las decisiones que luego deberá forzadamente ejecutar el Administrador.
Ello por expresa disposición normativa: así, el art. 8 de la ley 14.701 establece con prístina claridad que el Administrador del Consorcio deberá, en el ejercicio de sus funciones, "ejecutar fielmente las decisiones adoptadas por la asamblea de copropietarios", lo que guarda correlato con lo previsto por el art. 2067 del CCyC en cuanto reza "El administrador tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios. En especial debe: (.) b) ejecutar las decisiones de la asamblea." Como derivación lógica de lo anterior, la ley establece que corresponderá al mandante (o consumidor del servicio de mandato) "indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato, no imputables al propio mandatario" (conf. art. 1328 inc. b) CCyC.
De allí se concluye necesaria la existencia de un incumplimiento culpable a los actos comprendidos en el mandato (que en el caso que nos ocupa estará definido por el Reglamento de Propiedad Horizontal, con más lo establecido en el art. 2067 CCyC) para que el mandatario pueda activar los mecanismos resarcitorios correspondientes, entre los cuales podrían incluirse los previstos por la normativa de Defensa del Consumidor. Por el contrario, si es el fiel cumplimiento del mandato el generador de daño, no es el mandatario el responsable de resarcirlo sino el mandante. Entonces, se impone una correcta configuración de los sujetos involucrados en esta particular relación de consumo y el alcance de los derechos y obligaciones de cada uno.
Será entonces el Consorcio el "consumidor" del servicio prestado por el Administrador en su carácter de "proveedor", debiendo el consumidor definir el alcance de las obligaciones del Administrador en el Reglamento de Propiedad Horizontal y las distintas Asambleas celebradas y el proveedor del servicio de administración de consorcio dar fiel cumplimiento a ellas. VI - Encuadrado el caso conforme lo anterior, surge que quien tiene -en principio- legitimación activa para reclamar por el servicio debido por el Administrador del Consorcio es el Consorcio de Propietarios, en su carácter de mandatario y consumidor de los servicios provistos por el Administrador, y no los Copropietarios que componen el Consorcio de conformidad con lo previsto en el art. 2044 CCyC, cuestión que debió ser atendida por la Autoridad de Aplicación de la ley 13.133.
Adicionalmente, habrá de tenerse en cuenta que el Administrador, conforme los elementos aportados a esta causa, limitó su ejercicio al cumplimiento de lo establecido por la Asamblea de Copropietarios, por lo que, de aceptarse la legitimación activa de los Copropietarios para denunciar una eventual irregularidad de la decisión adoptada, la denuncia debió haberse dirigido contra el propio Consorcio, pues fue tal persona jurídica la que, mediante sus Asambleas de Copropietarios del 9 de septiembre de 2017 y del 3 de noviembre de 2018, adoptó la decisión cuestionada. Por aplicación de las normas antes referidas, una solución distinta conduce al absurdo de agravar el daño sufrido por los Copropietarios.
Ello, por cuanto el mandante está obligado por ley a mantener indemne al mandatario por la ejecución del mandato (conf. art. 1328 inc. b CCyC). Luego entonce
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.