Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 29269 2020
Expte. Nº 29269.-
Autos: TAFURA MARIA CELIA C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Agosto de 2020.-GP
Estos autos caratulados "TAFURA MARIA CELIA C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 29269, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs.30/35, se presenta María Celia Tafura, por medio de su letrada apoderada -Dra. Ivana María Di Santto- promoviendo demanda contra la Municipalidad de San Antonio de Areco, pretendiendo la anulación de la tasa y aumentos normados por la Ordenanza Fiscal 4164/2016 (Ordenanza Fiscal 2017), y Ordenanza 4165/2016 (Ordenanza Impositiva 2017) sancionadas por el Honorable Consejo Deliberante de San Antonio de Areco -y promulgada por el Intendente Municipal mediante decreto 1544 de fecha 27 de diciembre de 2016, por considerarlas contrarias y violatorias de la normativa constitucional nacional y provincial.-
Manifiesta que la actora es copropietaria de las parcelas identificadas como Circunscripción 2, Sección A, Quinta 14, parcelas 2 y 3 de los inmuebles 9036 y 9037 respectivamente del Partido de San Antonio de Areco, cuyas partidas inmobiliarias son 095-13590 y 095-10270.-
Asimismo, sostiene que de acuerdo con la Ordenanza Fiscal, resulta ser contribuyente de la "Tasa por servicios urbanos", como así también por la "Tasa de Servicios Educativos", "Servicios de Salud", "Servicios de Seguridad" y la "Tasa por el Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial".-
Respecto de la Tasa de Servicios Urbanos alega que el incremento que dicha tasa sufrió, de más del 100%, respecto de los montos que se liquidaron en el año 2016, y por lo tanto resulta exorbitante, arbitrario e ilegítimo.-
Refiere al respecto, que se pasó de abonar por la parcela 3 de un monto de $1019 a $2811 para el año 2017 y representa un 450% en relación al año 2014.-
Dice que ese incremento previsto para las tasas por servicios urbanos en la Ordenanza cuya nulidad se pretende, resulta ilegítimo, y arbitrario.-
Destaca, que ningún servicio de riego, limpieza de calle, ni mantenimiento de cunetas presta la municipalidad.-
Cuestiona al mismo tiempo el procedimiento para el cálculo de la tasa, porque resulta indeterminado, puesto que se deja sujeto a tres parámetros diferentes, sin que se explicite en cada una de las liquidaciones practicadas, cual es el criterio utilizado en cada una de ellas, extremo que le impide conocer el monto resultante de la determinación de cada liquidación en particular.-
Agrega que la valuación fiscal, no se respeta como criterio de medición en ninguno de los casos para calcular la imposición, ya que si se tomara ese monto, la tasa seria muchísimo menor.-
Plantea que en el caso de los inmuebles sin construcción o mejoras, es decir los terrenos baldíos, la tasa se incrementa en un 100%, sin que el municipio preste ningún servicio adicional. De manera tal sostiene, que dicho recargo resulta un verdadero impuesto que junto al inmobiliario que cobra la Provincia, configura una doble imposición.-
En relación al alumbrado público, alega que el monto imponible según la ordenanza fiscal se calcula sobre el consumo del inmueble, sin embargo refiere que en la ordenanza impositiva se altera ese criterio y para los terrenos baldíos (que no tienen consumo eléctrico) los equipara a las pequeñas y grandes empresas, estableciendo para la parcela 3 un monto de $360 mientras que la parcela 2 lindera, que tiene consumo eléctrico porque está en construcción, abona por alumbrado público $100.-
Entiende por ello, que ese poder discrecional deviene arbitrario y por lo tanto viola el art. 16 de la Constitución Nacional.-
Continua diciendo respecto de las restantes tasas que integran la Tasa de Servicios urbanos, a saber: Tasa de Seguridad, Tasa por Servicios de Salud, Tasa por Servicio Educativo, que las mismas resultan ser claros tributos de carácter provincial, de impuestos coparticipables y que se corresponden con servicios que presta y cobra la Provincia de Buenos Aires.-
En cuanto a la Tasa de Mantenimiento del Cementerio dice que no se configura el hecho imponible, y que en definitiva resulta ser otro impuesto que no retribuye ningún servicio.-
Respecto al Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial, dice que no existen obras en la zona de los bienes gravados, y que en tal caso, la tasa pasaría a ser una contribución por mejoras y donde están ejecutándose, son financiadas por la Nación y la Provincia. Refiere que aquí la Ordenanza impositiva establece un recargo del 20% sobre la tasa de servicios urbanos.-
Apartado seguido, pone de relieve que las tasas son legítimas, siempre que retribuya la prestación efectiva al sujeto obligado de un servicio público propio y divisible por parte del estado municipal.-
Con cita de doctrina, sostiene que la tasa debe ajustarse a ciertos requisitos, entre ellos, a la existencia de un servicio efectivamente prestado; y que el monto de la tasa no sea confiscatorio, y aun cuando no sea confiscatorio, debe ser discreto y razonablemente en proporción con la actividad desarrollada por el estado para prestar el servicio.-
Afirma que las municipalidades carecen de poder fiscal originario, siendo éste únicamente derivado, y considerando su propio reconocimiento constitucional el derecho a la existencia de los municipios reconoce límites precisos, que son consecuencia del estado de derecho, del sistema de organización institucional y sus diferentes niveles de decisión, además de las limitaciones estrictamente económicas de los contribuyentes.-
Que si se toma en cuenta que lo recaudado por el Municipio en concepto de tasas se debe destinar a financiar el servicio estatal que constituye el presupuesto de hecho de la obligación, podrá deducirse entonces que los incrementos establecidos para la tasa de servicios urbanos en la ordenanza fiscal en cuestión, son exorbitantes e irrazonables.-
Relata que las tasas, por su propia naturaleza, no son fuentes de recurso para el erario, sino que deben ser proporcionales al costo del servicio y para su legitimidad la prestación ha de tener realidad, por lo que no puede concebirse su creación con destinos o fines ajenos al servicio cuyo funcionamiento constituye el presupuesto de la obligación. Cita jurisprudencia.-
Continua diciendo que, cuando existe un exceso en la razonable y prudente proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto de las tasas, podría deducirse de ello que la recaudación, va dirigida en realidad a atender necesidades distintas que las que se tuvieron en cuenta al establecer el servicio señalado como presupuesto del hecho imponible de la obligación tributaria, de modo que se estaría con ello imponiendo a determinados sujetos, la asunción de gastos que por su naturaleza deberían estar a cargo de la generalidad de los contribuyentes, entonces lo que resulta obvio es que dicha imposición deviene ilegal por ser contraria a los principios de igualdad, y de razonabilidad consagrados constitucionalmente, en los artículos 16 y 28. Cita doctrina.-
Luego solicita medida cautelar.-
Finalmente ofrece prueba, y peticiona.-
II. A fs. 40 se presenta nuevamente la actora, en esta oportunidad ampliando demanda, agregando documental y ofreciendo nueva prueba.-
III.-A fs. 51/55, se resuelve el rechazo de la medida cautelar peticionada por la actora.-
IV. Mediante presentación electrónica de fecha 28/11/2018, se presenta contestando demanda el Dr. Daniel Iglesias Berrondo, en carácter de apoderado de la Municipalidad de San Antonio de Areco, solicitando expresamente el rechazo de la pretensión anulatoria, todo ello con costas a la parte actora.-
En primer término y por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos alegados por la actora en su demanda que no fueran de expreso reconocimiento en el presente escrito de responde.-
Luego relata que en fecha 19 de Diciembre de 2016 el Concejo Deliberante de San Antonio de Areco sancionó la "Ordenanza Fiscal para el año 2017", la que fue registrada bajo el número 4.164/16.-
Que en idéntica fecha también se sancionó la "Ordenanza Impositiva para el año 2017", la que fue registrada bajo el número 4.165/16.-
Afirma que las precitadas ordenanzas municipales, en su carácter de actos administrativos de alcance general, fueron debidamente publicadas en el boletín municipal, conforme surge del ejemplar del boletín municipal de fecha 30 de Diciembre de 2017 y de los anexos 1 y 2, cuya copia certificada por la Directora de Registro y Boletín Oficial dice acompañar.-
Posteriormente, la accionante recurrió erráticamente las ordenanzas aludidas ante el Departamento Ejecutivo, ello a los fines de que el Sr. Intendente Municipal reconsidere las mismas y las revoque de acuerdo a sus planteos.-
Pone de resalto al respecto, que el Departamento Ejecutivo no puede revocar los actos emanados del Departamento Deliberativo, y la única oportunidad prevista para expedirse válidamente sobre ordenanzas es la establecida en el artículo 108 inc. 2 del DL 6769/58, ello bajo la posibilidad de incurrir en violación al principio de "paralelismo de las competencias" y provocar un conflicto de poderes.-
Por ello, continua diciendo, los recursos administrativos de la accionante fueron evacuados oportunamente mediante Decretos Municipales, junto a los presentados por otros contribuyentes y que también fueron interpuestos en forma improcedente.-
Hace hincapié, en que el artículo 95 de la Ord. Gral. 267/80 al referirse a los recursos contra actos generales señala que "deberá acudirse individualmente a la misma autoridad que dictó la medida general, reclamando de ella, y solicitando se deje sin efecto la disposición en cuanto al interés a que perjudica o al derecho que vulnera, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la última publicación o de su notificación".-
Y en el particular, la accionante incumplió con el procedimiento administrativo municipal, y pretendió mediante la interposición de un recurso administrativo ante un órgano distinto al que dictó el acto, en el caso "el Departamento Ejecutivo", revocar y/o modificar las ordenanzas emanadas del cuerpo legislativo.-
Pone de relieve que el artículo 107 del DL 6769/58 establece que al Departamento Ejecutivo corresponde exclusivamente la ejecución de las ordenanzas, mientras que el art 24 de la L.O.M dispone que, "la sanción de las ordenanzas y disposiciones del municipio corresponde con exclusividad al Concejo Deliberante" y las ordenanzas así sancionadas por el órgano competente "regirán durante el tiempo que las mismas establezcan o las que no fijen tiempo de duración regirán mientras no sean derogadas por otras que expresamente las mencionen" (art. 281 del DL 6769/58).-
Por tal razón, el Departamento Ejecutivo carecía de facultades para resolver los puntos y planteos introducidos en los recursos administrativos de la actora, estándole impedido por ley expedirse válidamente sobre las ordenanzas en cuestión, pues de otra forma podría dar lugar al conflicto de poderes previsto en el artículo 196 de la Constitución Provincial, vulnerando el principio de división de poderes y la distribución de competencias prevista en la Ley Orgánica de las Municipalidades.-
De allí, que no habiendo la actora impugnado válidamente las ordenanzas municipales N°4164/16 y N°4165/17 dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley 12008 para los actos administrativos de alcance general, el cual a la fecha de interposición de la presente acción se encontraba en extremo vencido desde la publicación en el boletín municipal de la ordenanzas en cuestión, las mismas gozan de las presunción de legalidad, legitimidad y ejecutoriedad propia de todos los actos administrativos, no quedando otra posibilidad que su aplicación por encontrarse vigentes.-
Finalmente, ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona.-
V.-Que una vez transitada la etapa de prueba conforme lo ordenado en la audiencia obrante a fs.60 y agregado el alegato presentado solo por la parte actora mediante presentación electrónica de fecha 19/12/2019, se llama con fecha 11/05/2020 autos para sentencia y;
1. Que la cuestión a resolver estriba en determinar si mediante las tasas cuestionadas, -establecidas en la Ordenanza Fiscal 4164/2016 y Ordenanza Impositiva 4165/2016- la comuna accionada se ha excedido en su poder tributario, de modo que implique menoscabo en los derechos del contribuyente aquí reclamante.-
Que si bien, he de advertir que la demanda adolece de cierta falta de claridad y precisión en cuanto a la pretensión que se plantea, se extrae que la accionante, en definitiva, transita por un carril impugnatorio de las tasas que describe, como consecuencia de actos de aplicación que vienen dados, a partir de la emisión por la comuna, de Boletas en concepto de Tasas por Servicios Urbanos y que la actora adjunta a fs. 26, 27 y 29.-
2. A fin de encuadrar la cuestión conviene recordar que los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, disponen que las provincias deben asegurar un régimen municipal autónomo, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.-
La Constitución de la Pcia. de Buenos Aires, en sus artículos 190 a 197, establece el régimen municipal, disponiendo en el art. 191 que la Legislatura deslindará atribuciones y responsabilidades confiriendo las facultades necesarias para atender a los intereses y servicios locales.-
El art. 192, establece como potestades inherentes al régimen municipal, la de dictar ordenanzas y reglamentos; que comprenden entre otras materias, la creación de los tributos necesarios para financiar el presupuesto (art. 192 inc.5 Const. Prov.).-
De ello se desprende entonces, que en la organización constitucional, las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación, y sobre esa base, el ordenamiento legal y constitucional de la Provincia de Buenos Aires, confiere a los municipios suficientes potestades para disciplinar variados aspectos, incluido el tributario, referentes al desenvolvimiento de diferentes actividades y siempre con el interés general de la comunidad local.-
Por su lado, la Ley Orgánica de las Municipalidades (Dec. Ley 6769/1958) en sentido coincidente, reconoce los poderes locales para crear impuestos, tasas, derechos, contribuciones etc., consagrando un conjunto de normas que, al decir nuestro Máximo Tribunal, no revisten el carácter de enunciados taxativos (L.O.M., arts. 226 y 227; causa I. 1992, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 7-III-2005 y sus citas).-
En cuanto a las tasas, como especie de los tributos, su nota distintiva radica "en la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público. La imposición de una tasa supone que la actividad involucrada responda al ejercicio de una atribución inherente a la municipalidad, pues el monto recaudado debe ser en retribución de la prestación de un servicio local (conf. art. 52, L.O.M.)" SCBA: "Conciencia Ciudadana de Campana ONG c/ Municipalidad de Campana s/ Inconstitucionalidad de las Ordenanzas 3359, 4031 y 4318" 04/05/2016".-
Es dable puntualizar que el principio de legalidad en materia impositiva no se limita a que la norma contenga directivas generales de tributación, sino que la ley -en el caso, la ordenanza fiscal- debe contener los elementos básicos del tributo, a saber: configuración del hecho imponible; determinación del sujeto pasivo (contribuyente); elementos necesarios para la determinación del quantum -base imponible y alícuota- (Villegas, Héctor B.; "Curso de Derecho Tributario y Financiero", pág. 193; Giuliani Fonrouge, Carlos M., "Derecho Financiero", vol. I, pág. 300).-
3. En primer lugar, he de abocarme al tratamiento de las Tasas por Servicios de Salud, "Fondo Educativo", Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial y la Tasa por Derechos de Cementerio, implementadas en los arts. 235/237; 286/288; 255/257 y 220/227 de la Ordenanza Fiscal 2017 y arts. 23, 36, 27, 21/22 -respectivamente- de la Ordenanza Impositiva 2017.-
Argumenta el actor su embate alegando que las nombradas tasas son tributos de carácter provincial de servicios prestados por la Provincia de Buenos Aires, y por tanto, considera que no hay una efectiva prestación por parte de la comuna. Achaca que con ellas se configura una violación a la Ley de Coparticipación Federal.-
a) En cuanto a la Tasa por Servicios de Salud, se limitó a indicar que esta tasa no retribuye un servicio prestado al contribuyente, sino un claro impuesto.-
Agregó a lo expuesto que el Departamento Ejecutivo en el mensaje de elevación al Concejo Deliberante de la Rendición de cuentas del ejercicio 2016, manifestó que había mejorado sus ingresos por coparticipación dado el servicio de salud que presta a través del Hospital Municipal Emilio Zerboni.-
b) En cuanto al Fondo Educativo, restringió su defensa a indicar solamente que son tributos de carácter provincial.-
c) Respecto al Fondo Master Plan Cloacal y Pluvial, refirió que son obras que no existen en la zona de los bienes gravados, y por lo tanto la tasa pasaría a ser una contribución por mejoras y donde sí se ejecutan son financiadas por la Nación y la provincia.-
d) En cuanto a la tasa por "Derechos de cementerio" indica que la misma no corresponde al hecho imponible determinado en la Ordenanza Fiscal cuyos importes se fijan en el art.21, y considera que tampoco retribuye ningún servicio.-
Ahora bien, precedentemente he mencionado la facultad que poseen los municipios de crear y percibir tasas, ello a la luz de lo dispuesto por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades, lo que resulta indudable (art. 192 inc.5, inc. 6, Const. Provincial; arts. 226, 227 y ccs. Dec. Ley 6796/58).-
He de señalar en este punto que la prueba producida en autos, no alcanza para generar convicción respecto de la extralimitación de la comuna en el uso de sus facultades impositivas.-
La falta de prestación del servicio por parte de la comuna, constituye una cuestión que -en principio- corresponde a la actora dejar demostrada, no bastando para ello, sus solas afirmaciones de que la comuna no presta servicio alguno (art. 375 CPCC y su doc.).-
En ese orden de ideas, -falta de prestación de servicio y su correlato con la prueba-, debo destacar que la actora no ha acreditado circunstancia fáctica alguna que perjudique el derecho de la comuna a percibir una tasa.-
Tal orfandad probatoria por parte de quien acciona, que ni en un mínimo umbral ha podido comprobar aquello que alega, impide -en el caso- la activación de las cargas dinámicas de la prueba, en tanto no es posible pretender que la demandada deba defenderse de alegaciones que ni mínimamente ha logrado probar el demandante.-
Por otro lado y sin perjuicio de tal orfandad probatoria, respecto a la "Tasa por Servicio de Salud", cabe dejar aclarado que el Hospital Emilio Zerboni, no se halla incluido dentro de la nómina de los centros de salud pertenecientes a la Provincia de Buenos, ello atento el carácter municipal del mismo, lo que justifica -en el caso- la adopción por parte de la comuna de políticas tributarias a los fines de su desarrollo y funcionamiento.-
En torno al argumento que el accionante no resulta ser sujeto pasivo de los servicios que presta la comuna, traigo a colación lo que al respecto tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación ". la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del estado, que si bien tiene una estructura análoga a la del impuesto, se diferencia de este por el presupuesto de hecho adoptado por la ley que consiste en el desarrollo de una de una actividad estatal que atañe al obligado, y, por ello, desde el momento en que el estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.