Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 27387 2020
Expte. Nº 27387.- Autos: ACEVEDO ELISA NILDA C/ MUNICIPALIDAD DE VEINTICINCO DE MAYO S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS.- Mercedes, de Julio de 2020.-ACB RESULTA: I - Que a fs. 110/119 se presenta el Dr. Gustavo Armando Farina, en su carácter de apoderado de la Sra. Elisa Nilda Acevedo, promoviendo formal demanda contra la Municipalidad de 25 de Mayo a fin de que se reestablezca y/o reconozcan los derechos que entiende le corresponden, solicitando la anulación del Decreto N° 065/2017 dictado por el Sr. Intendente Municipal, y que dispuso su cesantía. Como corolario de ello, solicita se la reincorpore a la planta permanente de la Municipalidad demandada y se establezca un resarcimiento por percepción de salarios caídos y daño moral.
Inicia el relato de los hechos que sirven de antecedentes a la acción intentada mencionando que ingresó a trabajar en la Municipalidad ahora demandada el día 20/03/2000, revistando al momento del cese la categoría de "Obrero 5", estando afectada al servicio de barrido y limpieza de las calles de la ciudad de 25 de Mayo, aunque aclara que durante 2016 se desempeñó en el Palacio comunal. Manifiesta que durante los últimos dos años y medio la salud de la actora se deterioró notoriamente por lo que debió ser asistida en numerosas oportunidades. Así, manifiesta haber presentado una neuropatía compresiva del nervio mediano con "disminución de funciones en términos de movilidad y fuerzas y presencia de dolor permanente que impide las actividades de la vida diaria", la que fuera resuelta mediante intervención quirúrgica practicada en el mes de junio de 2016.
Sin perjuicio de comentar que tras ser evaluada por el médico municipal el día 16/08/2016 continuó sus labores habituales, agrega que los estudios de diagnóstico por imágenes realizados el mes anterior (18/07/2016) indicaban con relación a su columna lumbosacra "alteraciones morfológicas y estructurales óseas y fenómenos productivos/degenerativos de articulaciones inter apofisiarios como traducción de espondiloartrosis. Signos degenerativos/desecación discal, manifestación de pérdida de altura y/o en su intensidad de señal en secuencia ponderadas en T2.protusión discal.". Por su parte, refiere los resultados de una resonancia magnética de rodilla derecha de la misma fecha, en donde se informan "signos de gono-artrosis.
Imagen e aspecto pseudoquístico. ligamento cruzado anterior con al menos signos de injuria. al menor grado se afecta el ligamento cruzado posterior, el cual tiende a verticalizarse. meniscos con signos de degeneración hialino intra sustancia. signos de condromalacia rotuliana grado I". Concluye entonces que a mediados del año 2016 comenzó a evidenciarse un avanzado deterioro general de su salud, incompatible con las labores que realizaba en la vía pública, barriendo las calles de la ciudad. Adiciona que en noviembre del mismo año su médico tratante comenzó a sospechar que la actora padecía una hernia epigástrica, por lo que con fecha 16/12/2016 le indicó reposo laboral por 8 días. Posteriormente, el día 21/12/2016 en oportunidad de su atención en el Centro Municipal de Atención Primaria de la Salud, se le indicó nuevo reposo laboral por el plazo de 10 días.
Luego, el día 26/12/2016 un nuevo especialista le indicó reposo laboral de 7 días y la derivó al servicio de cirugía del hospital municipal. Entonces, manifiesta, durante los meses de enero y marzo del año 2017 alternó días de trabajo con ausencias que se indican en certificados médicos: el 02/01/2017 se le indicaron 30 días de reposo laboral y el día 31/01/2017 nuevo reposo por 30 días. Finaliza comentando que el día 17/05/2017 fue internada para ser operada el día 22/05/2017. Sostiene que no existe obligación legal a cargo del trabajador de justificar su imposibilidad de concurrir al trabajo con la presentación de certificado médico que prescriba reposo, sino que, si con motivo de un accidente o enfermedad se está imposibilitado de concurrir a trabajar, el empleado solo debe avisar al empleador, con indicación del lugar donde se encuentra.
Es decir, sostiene que basta con dar cumplimiento a este aviso y someterse al control médico, en caso que su empleador desee llevarlo a cabo, sin que exista norma que obligue al trabajador a justificar sus inasistencias con la presentación de un certificado médico. Agrega que, en cualquier caso, la falta de aviso debe ser sancionada con la pérdida del derecho a percibir remuneración y no con la cesantía incausada y arbitraria. Sostiene no haber incurrido nunca en cinco inasistencias consecutivas sin previo aviso. Afirma que los Dres. Pedelaborde y Morosi, previamente mencionados como tratantes de la actora en distintas oportunidades, comunicaban a la Municipalidad las licencias que otorgaban a la actora, toda vez que los mismos son empleados de la Comuna; a la vez que la misma actora comunicaba las licencias a sus superiores inmediatos.
Afirma haber gozado de licencia médica desde el día 16/12/2016 hasta el momento de haber sido intervenida quirúrgicamente en el mes de mayo de 2017. Menciona a continuación haber recibido el 25/01/2017 una carta documento por parte del municipio en donde se la intimaba a reintegrarse a sus tareas en el plazo de 24hs., bajo apercibimiento de cesantía. Dicha carta documento es contestada por la actora el día 03/02/2017, oportunidad en la que manifiesta encontrarse en uso de licencia médica, poniéndose a disposición para ser evaluada por un médico perteneciente al municipio. Señala que al momento de comunicar a sus superiores la evolución de su tratamiento clínico y quirúrgico, los mismos la derivaban a la abogada comunal, Dra.
María Villavicencio, la que se negaba a recibirle los certificados médicos y se mofaba de ella, y a quien sindica como responsable de la suspensión en el pago de salarios a la actora desde el mes de diciembre de 2016. Luego con fecha 19/04/2017 la actora envió un telegrama a la Municipalidad en donde la intimaba a abonarle los salarios correspondientes a los meses de diciembre 2016, enero, febrero y marzo de 2017, como así también las asignaciones familiares correspondientes a su hija discapacitada. A la vez, reiteraba que se encontraba en uso de licencia médica. Finalmente, informa que con fecha 27/04/2017 recibió una carta documento remitida por la Municipalidad ahora demandada en donde, luego de rechazar todos los dichos de la actora, le informaba que, habiendo sido intimada a reintegrarse a su puesto de trabajo y no habiéndolo hecho, transcurrido el plazo de ley se decretó su cesantía mediante Decreto 065/2017.
Sostiene que el aviso que la norma reclama no implica necesariamente una carta documento ni un certificado médico, puesto que rige, a su criterio, el principio del informalismo moderado a favor del interesado, por lo que deben soslayarse ciertos reparos formales. Concluye su argumento afirmando que la falta de mención del expediente en la notificación de cese y en el Decreto son demostrativos de la inexistencia de actuaciones y, en consecuencia, de un procedimiento administrativo, requisito esencial de todo acto administrativo. En función del perjuicio que dice haber padecido a nivel patrimonial, moral y psicológico, reclama los siguientes rubros indemnizatorios: Daño material: por cuanto, a su criterio, el obrar malicioso de la demandada le produjo la falta de percepción de los salarios devengados desde el momento del cese hasta la reincorporación que solicita, por lo que reclama bajo este rubro el 100% de los salarios devengados y dejados de percibir, con más los intereses correspondientes, que solicita sean a tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
A su vez, reclama la suma de $2.300 en concepto de gastos de traslado que dice haber tenido que incurrir para asistir desde su domicilio particular hasta el hospital local y hasta el lugar donde prestaban servicios. Daño psíquico: menciona la actora que consecuencia de los perjuicios denunciados, ha sufrido depresión y retraimiento, insomnio, variación de carácter, disminución de autoestima, inseguridad y angustia, por lo que reclama la suma de $80.000 como resarcimiento de tal rubro. Daño moral: luego de citar jurisprudencia que entiende aplicable, por el padecimiento moral derivado del perjuicio sufrido, demanda bajo este rubro la suma total de $80.000. Funda en derecho, ofrece prueba y finalmente peticiona.
II. Mediante presentación electrónica de fecha 16 de marzo de 2018, se presenta a contestar demanda la Municipalidad de Veinticinco de Mayo, mediante su apoderado Dr. Rodrigo Tosto, negando en general y particular todos y cada uno de los hechos denunciados por la actora y solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas. Sostiene inicialmente la falsedad de los hechos denunciados por la actora toda vez que, manifiesta, la misma no tenía una conducta responsable con relación a sus deberes laborales, no presentándose a trabajar con frecuencia. En función de tales antecedentes es que se dispuso el traslado a prestar servicios en el Palacio Municipal, sin que dicho traslado surtiera un efecto positivo en la actitud de la actora, quien continuó ausentándose, justificándose en supuestos dolores en las piernas que le impedían el desplazamiento.
Es por ello, continúa su relato, que se la deriva a ser atendida por el Dr. Luis Bonabelli, quien le otorgó el alta médica en diciembre de 2016. Sin perjuicio del alta médico recibido, la actora continuó ausentándose de su puesto de trabajo sin presentar certificado médico alguno al área de Personal. Así, e intimada a reincorporarse a su puesto de trabajo, ausentada que fuera se dispuso su cesantía conforme lo prevé la normativa que entiende aplicable. Se expide también sobre la innecesariedad de sumario alguno para el caso de abandono del puesto de trabajo, en función de lo dispuesto por la ley 11.757 y conforme fuera reafirmado por la Asesoría General de Gobierno en reiteradas ocasiones. Por todo ello se opone al progreso de la acción, entiende improcedente la pretensión indemnizatoria y el pago de daño moral.
Ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona; y
I. La actora solicita la nulidad del Decreto Nº 065/2017 dictado por el Intendente de la Municipalidad de Veinticinco de Mayo el día 30/01/2017 el que dispusiera su cesantía con fundamento en la figura de abandono del cargo. Conforme dicho planteo de nulidad peticiona su reincorporación en el cargo que ocupaba al momento de disponerse la sanción y que se le abonen los salarios caídos. Por último, solicita el resarcimiento del daño moral sufrido con motivo del accionar ilícito de la comuna. II - Por su parte la comuna sostiene la legitimidad del decreto cuestionado con fundamento en las inasistencias de la actora que no fueron debidamente justificadas. III - Del Legajo Personal de la actora Nº 1283 y de las actuaciones administrativas agregadas en dicho legajo surgen los siguientes elementos útiles para la decisión de la causa: Del legajo personal se desprende que la actora ingresó a la Municipalidad de Veinticinco de Mayo con fecha 20/03/2000 y que a la fecha de disponerse la cesantía integraba la planta permanente de la mencionada Municipalidad, bajo la categoría "Obrero 5".
Obran allí los distintos registros de inasistencias correspondientes a los años 2000 a 2009, de los que surge que durante tales años la actora se ausentó 259 días a causa de enfermedad. A fs. 164 figura nota de la Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires en la que se determina una incapacidad jubilatoria de la actora del 11,25%, considerando oportuno aconsejar que la misma realice tareas livianas, sin bipedestación ni marcha prolongada del 29/09/2009 al 31/12/2010. Asimismo, constan agregados al legajo referido unos certificados médicos de fechas 27/10/2008, 03/11/2008 y 23/11/2008 (fs. 161 y 162) en los que se indica una incapacidad primero del 75%, luego del 80% y finalmente la imposibilidad de realizar tareas, indicándose asimismo realizar Junta Médica.
A fs. 173 figura agregado el Decreto 714/2011 del 30/12/2011 mediante el cual se incorpora a la actora a la planta permanente municipal. A continuación obran a fs. 178 a 200 distintos certificados médicos que dan cuenta de los padecimientos de la actora y mediante los cuales se dispusieron las distintas licencias médicas que de manera ininterrumpida la mantuvieron al margen del cumplimiento de las tareas a su cargo desde el día 17/11/2014 hasta el día 16/07/2015. A fs. 201 obra el pedido de Junta Médica efectuado por la Municipalidad a los fines de evaluar a la actora, fechado en junio de 2015. Finalmente, en lo que aquí interesa, obra agregado en el legajo de la actora, a fs. 226 de estas actuaciones, el dictamen al que arribara la mencionada Junta Médica el día 07/08/2015, que estableció que, producto de los padecimientos que aquejaban a la actora, la misma poseía una incapacidad del 83%, por lo que aconsejaba elevar el dictamen a la Junta de reconocimientos médicos provincial a fin de que dictaminen el grado de incapacidad jubilatoria que la misma poseía en aquel momento.
Obran a continuación en el legajo personal de la actora la carta documento por la cual se la intimó a reintegrarse en su puesto de trabajo con fecha 15/06/2016, la reasignación de tareas en el Palacio Municipal de fecha 21/11/2016, una nueva intimación a reintegrarse al puesto de trabajo del 15/01/2017 y el decreto de cesantía del 30/01/2017. IV - Habiendo efectuado un pormenorizado detalle de las constancias obrantes en el legajo personal de la actora y que da basamento documental acerca de cuál ha sido la situación de hecho, el asunto materia de decisión se circunscribe a establecer la legitimidad de la sanción impuesta a la entonces agente municipal, puntualmente con relación a si se ha configurado la figura del abandono del cargo prevista en el art. 108 de la ley 14.656.
El Decreto Municipal N° 065/2017, dictado con fecha 30 de enero de 2017, reza: "VISTO: Que la agente municipal Elisa Nilda Acevedo, Legajo N°: 1283, se encuentra inasistiendo a su lugar de trabajo, en el Palacio Municipal sin causa justificada y;
Que ante las faltas reiteradas, sin causa justificada, a su lugar de trabajo, se intima a la agente municipal por Carta Documento, para que se reintegre a sus tareas laborales, de acuerdo a lo estipulado en el art. 108 de la Ley 14.656. Que dicha agente municipal no se ha presentado a desarrollar tareas laborales, ni ha justificado sus inasistencias laborales. Por ello: EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA ARTICULO 1°.- DECRETASE la CESANTIA de la agente municipal Sra. ACEVEDO ELISA NILDA, Legajo N°: 1283, D.N.I. N°: 13.755.706, a partir del día 27 de enero de 2017, de acuerdo a lo normado en art. 108 de la Ley 14.656. ARTICULO 2°: Dispónese, por intermedio de la Oficina de Personal, se liquiden los haberes devengados si hubiera lugar.
ARTICULO 3°.- El presente será refrendado por la Sra. Secretaria de Gobierno y Hacienda y por el Sr. Secretario de Coordinación y Gestión Pública. ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese." Abordando el marco jurídico aplicable, tenemos que, en autos, rige la ley 14.656 que regula el vínculo de empleo público del personal de las municipalidades. Dicha norma dispone en su art. 103 inc. a) que es obligación de los empleados "Prestar los servicios en forma regular y continua." prescribiendo consecuentemente la sanción de cesantía para el supuesto de que el agente incida en abandono del servicio sin causa justificada (art. 107 inc. 1). Con relación al abandono del cargo, el art. 108 determina que ".el agente que incurra en cinco (5) inasistencias consecutivas, sin previo aviso, será considerado incurso en abandono de cargo.
Se lo intimará para que se reintegre a sus tareas dentro del término de un día hábil subsiguiente al de la notificación y si no se presentare, vencido el plazo, se decretará su cesantía, salvo cuando pudiere justificar valedera y suficientemente la causa que hubiere imposibilitado la respectiva comunicación". De igual modo, con alusión a las licencias médicas, el régimen referido establece que ".el agente, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir." Así tenemos que la comuna encuadró la situación fáctica en la figura de "abandono de cargo" al considerar que la agente no había asistido sin justificación alguna, por lo que, previa intimación a reincorporarse, dispuso su cesantía.
V. Yendo ahora al nudo de la cuestión, no debe perderse de vista el basamento fáctico anterior al acto que dispuso la cesantía, esto es, que la actora padecía una enfermedad invalidante, circunstancia esta que fuera relevada por la Junta Médica municipal, quien había determinado para la actora un grado de incapacidad del 83%. Luego entonces la administración, lejos de ponderar la circunstancia y dictamen emanado de la Junta Médica a fines de una mejor resolución por parte del titular del Poder Ejecutivo local, hizo caso omiso, demostrando una actitud totalmente indiferente a la situación médica existente y disponiendo sin más la cesantía. En este punto debo destacar que aun cuando la actora no presentara oportunamente los certificados médicos que dieran cuenta de la supervivencia del padecimiento que la aquejaba, la contundencia del dictamen médico de la Junta Médica Municipal obligaba al Municipio demandado a seguir los pasos allí dispuestos, debiendo elevar el caso a la Junta Médica Provincial a fin de determinar la incapacidad jubilatoria de la actora, impulso al que se hallaba compelida en función de lo dispuesto por los arts. 48 y 50 de la Ordenanza General 267/80, máxime cuando la propia ley 14.656 establece en su art. 82 que la "Autoridad Municipal deberá elevar en un plazo no mayor de treinta (30) días los antecedentes de cada caso a la junta médica provincial" cuando la junta médica local comprobare la existencia de incapacidad y aconsejare acoger al agente al beneficio jubilatorio, y más particularmente cuando, como el caso de autos, el porcentaje de invalidez es tan elevado que debe ser considerado total conforme lo establece el art. 29 del Decreto-Ley 9650/80.
En definitiva, el proceder de la comuna intimando a la actora bajo apercibimiento de abandono de trabajo, alegando inasistencias injustificadas, muestra a las claras que el dictamen de la Junta Médica Municipal fue totalmente ignorado por la Municipalidad, actitud que también se ve reflejada en el Decreto que dispuso sin más la cesantía de la actora, en donde no se hace ninguna referencia a la enfermedad de la actora, ni al dictamen médico del que fuera objeto. De allí que solo quepa concluir que la Municipalidad entendió superada la enfermedad invalidante padecida por la actora, aun cuando no contara con elemento alguno para arribar a tal conclusión, por lo que la actora se habría encontrado en condiciones de seguir trabajando.
Coadyuva a tal conclusión, la falta de acreditación alguna respecto de la alegada alta médica que habría recibido la aquí accionante por parte del médico auditor en materia laboral, Dr. Luis María Bonabelli, tal como lo afirma en su responde la comuna. Ello, en tanto y en cuanto, ningún documento se desprende del legajo que así lo revele, ni ninguna referencia expresa dió en ese sentido el propio Dr. Bonabelli en la audiencia de fs. 378. Es clara la prescindencia de la circunstancia que afectaba a la agente - debidamente probada en su legajo- a la hora de resolver la situación de aquella por parte de la autoridad administrativa. De tal modo, el desconocimiento incurrido se traduce en una clara arbitrariedad que se dimensiona aún más en la especie, al soslayar de modo patente el régimen protectorio del que constitucionalmente resulta acreedor todo trabajador (arts. 39 y 40 Constitución Provincial), maximizado por la inequívoca situación de vu
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.